En un año, la extorsión ataca a casi 6 millones

Mónica Villanueva . El delito, que no ha dejado de presentar un incremento desde 1997 en México, presentó una alza de 818% en 16 años

Cerca de 6 millones de personas son víctimas, cada año, de la extorsión. Pocos de esos casos se reportan, la mayoría, 97.8% permanece sin conocerse y mucho menos se denuncian ante las autoridades. Esa es la realidad este delito que aumentó 818% de 1997 a 2013. Estas y otras cifras reveladoras dio a conocer ayer el Observatorio Nacional Ciudadano en el documento Análisis de la Extorsión en México 1997-2013 Retos y Oportunidades presentado ayer por Francisco Rivas, director general del organismo. La extorsión, que el año pasado se contó en 22 al día, es un delito que no suele denunciarse debido al temor que infunde y a la poca confianza que las autoridades generan para hacerlo, agregó por su parte la directora de México Evalúa, Edna Jaime. En sus tres modalidades, engaño telefónico, amenaza telefónica y derecho de piso, el crimen, que sigue en aumento, “vulnera la percepción de seguridad social y bienestar de las personas que inhiben la inversión formal principalmente de pequeños y medianos empresarios”, afirmó Rivas. El documento presentado es un diagnóstico sobre la evolución de la extorsión como una problemática de seguridad pública en México desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, que toma en cuenta información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) , de las procuradurías y fiscalías estatales, así como de una revisión bibliográfica y hemerográfica. De acuerdo con los datos presentados, 53.2% de las extorsiones reportadas no fueron denunciadas. La mayoría son cometidas por un hombre sobrio de entre 26 y 35 años que no portaba un arma, mientras que las principales víctimas son mujeres que posteriormente presentan daños psicológicos y emocionales. El delito ocurre sobre todo en la tarde, entre las 12 y las 18 horas, en los hogares. Sobre las amenazas contra los negocios, 51.9% no fueron denunciadas debido a causas atribuibles a la autoridad y 46.8% por miedo al agresor, carencia de pruebas o por ser un delito de poca importancia. Además, entre el 43% y el 52% consideran que podrían ser víctimas de extorsión. Al respecto, Rivas indicó que en los negocios la cifra negra alcanza el 95%y son las pequeñas empresas son las más afectadas. “Sabemos que definitivamente el tema de corrupción autoridad con extorsionadores es uno de los grandes motivos por los cuales los comerciantes no se sienten con la seguridad de poder denunciar”, indicó Rivas. Más del 60% vienen de dos regiones específicas el norte y occidente del país, las que presentaron un mayor aumento en los casos son Colima, Hidalgo, Jalisco, Campeche y Yucatán. “Hay que recalcar un dato importante en el tema de Campeche, durante la mayor parte no ha reportado estas cifras porque no tenía tipificado este delito. A mediados del 2012 se empiezan a subir estas cifras y por eso, comparándolo con 2011, la escalada aparece muy alta”, aclaró Francisco Rivas. En cuanto a los estados que presentaron mejoras están Querétaro, Aguascalientes, Puebla, Veracruz y Michoacán, aunque el director del ONC hizo ver que en el caso de las últimas dos entidades se denotaba una inconsistencia en el registro de los casos. El documento señala una serie de hallazgos entre los que destacan la falta de reconocimiento del cobro de derecho de piso como uno problema, que las acciones de la autoridades son del tipo preventivo y dirigidas sólo a la extorsión telefónica, la debilidad del sistema bancario para enfrentar el problema y que no se ha bloqueado la señal de celulares en los penales. RECOMENDACIONES 1. Las procuradurías deberías aplicar mecanismos internos para registra, contabilizar y analizar las modalidades de la extorsión. 2. Las políticas públicas deben tener un enfoque criminológico y victimológico. 3. Los gobiernos deben aprovechar fuentes de información y experiencia de la sociedad civil. 4. Se requiere efectividad en el combate a la corrupción. 5. Debe implementarse tecnología para bloquear señales de celular y avanzar en la reforma integral del sistema penitenciario. 6. Las autoridades deben impulsar la creación e implementación de sistemas de control en las estructuras financieras. 7. Deben existir mecanismos coordinados entre la CNBV, el IFE y las instituciones bancarias y comerciales. 8. Impulsar la denuncia y la corresponsabilidad ciudadana. El ejemplo de Michoacán El cobro de derecho de piso es una de las modalidades de extorsión que más lacera la integridad de las personas y la permanencia de las empresas, y es en Michoacán donde este delito se ha impuesto, por parte del crimen organizado, para tener un dominio territorial. Es por ello que el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) tomó esta entidad como ejemplo de cómo crece y las consecuencias que tiene en la sociedad el cobro de derecho de piso. Incluso, es la entidad que en 2007 tuvo un repunte abrupto previo al alza nacional, que ocurrió en 2008. Sin embargo, para 2013 el registro disminuyó, lo que el Observatorio atribuye a la falta de buenos registros y de condiciones óptimas para que el ciudadano pueda denunciar. “Michoacán vivió el año pasado uno de los peores momentos de toda su historia el tema de derecho de piso, de extorsión, el control de la criminalidad organizada estaba desbordado, sin embargo, los datos que presentaba la autoridad eran de mejora constante, lo que nos decía que por ahí había una falla importante en el tema de registros”, dijo Francisco Rivas director del ONC. Michoacán, indica el documento Análisis de la Extorsión en México 1997-2013 Retos y Oportunidades, es sitio estratégico para el tráfico de estupefacientes y precursores, especialmente el puerto de Lázaro Cárdenas; de hecho en el estado se tienen registros sobre este delito desde 1996 ejercido no sólo sobre empresarios, sino contra ganaderos, campesinos y sociedad en general. Son Los Zetas, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios los que realizan esta práctica y contra quienes un grupo de pobladores, que se conformaron como autodefensas, surgieron para enfrentar la extorsión y otros delitos de alto impacto. “El caso de Michoacán es paradigmático puesto que fue la primera entidad federativa en la que fue implementado un operativo conjunto durante la administración del ex Presidente Calderón. Si tomamos en consideración esto y lo que ha sucedido durante el primer año de gobierno del presidente Peña Nieto, podemos expresar que se trata de la primera entidad federativa en la que cada una de las administraciones ha probado instaurar programas en materia de seguridad pública”, se afirma en el documento. Al ser cuestionado sobre la eficacia del operativo aplicado en Michoacán y se veía factible que se tuviera una mejora como en el caso de Ciudad Juárez, dijo que puede ser posible pero sobre todo con la participación ciudadana. “La razón de generar este combate especial contra la delincuencia es recuperar las condiciones de seguridad, llevarlo a una situación como Juárez, donde hay que recordar que ahí la ciudadanía tuvo una gran participación”, indicó Rivas.