Nuño: mando único falló porque era 'voluntarista'

MILENIOMéxico La estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para fortalecer la seguridad y el estado de derecho apuesta no solo a la implementación de un mando único policial, también a garantizar la gobernabilidad en entidades con menor índice de crecimiento y así detonar su industrialización, aseguró el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño.

En entrevista con Carlos Marín, en El asalto a la razón de MILENIO Televisión, Nuño reconoció que el mando único era "voluntarista" y dependía del modelo que cada entidad adoptaba. "Algunos lo hacían, otros no; unos iban a medio camino, otros no. Con las reforma impuladas por el Presidente, ahora se vuelve obligatorio y bajo los mismos parámetros para las 32 policías que existirán", expresó. Al detallar el contenido del decálogo Por un México en Paz con Justicia, Unidad y Desarrollo, que presentó Peña Nieto el jueves pasado, dijo que en materia de seguridad se han hecho esfuerzos importantes; sin embargo, han quedado cortos y adelantó que en un periodo máximo de dos años estará en funcionamiento el mando único de la policía municipal. "El tema de seguridad se ha abordando desde administraciones anteriores, que han hecho esfuerzos importantes al igual que esta administración; sin embargo, han quedado cortos y por ello la importancia de esta nueva agenda", declaró. En ese sentido, Nuño comentó que se hará un análisis de las necesidades financieras y organizacionales de la policía municipal y detalló que para el funcionamiento se contará con recursos locales, aunque los alcaldes no tendrán el mando de la corporación. Habrá coordinación La reforma se implementará gradualmente en Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Jalisco. "En esas cuatro entidades se está dando un periodo máximo de dos años para que esten listas las policías estatales; se les pedirá que hagan un análisis de las necesidades financieras y organizacionales que requerirán para reestructurar a esas policías. En ese caso, las policías estatales abrirán sus procesos de reclutamiento", dijo. El jefe de la Oficina de la Presidencia añadió que, en el caso de los estados donde hay policías comunitarias legalmente reconocidas, se deberán de implementarse mecanismos para que haya coordinación. "Las policías comunitarias no riñen con el hecho de tener un mando único, y eso se tendrá que ir abordando en la realidad de cada estado; será un proceso en el que el objetivo es que puedan estar perfectamente coordinadas; tendrá que ser un proceso que se analice y se lleve a cabo de acuerdo con la particularidad de cada estado y cómo se pueda estructurar el mando único en cada entidad", expresó. Se pretende que parte del financiamiento de la policía esté a cargo de los municipios, aunque no tengan a su cargo el mando. Otra parte de los recursos vendrán del estado y de la Federación. Sobre el contenido de la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, indicó que implementará mecanismos, a través de una investigación encabezada por la PGR, para identificar nexos de autoridades con el crimen organizado. La Secretaría de Gobernación será la responsable de solicitar al Senado la disolución de parte o de la totalidad de la autoridad del municipio en cuestión. "En caso de que haya una disolución, se tendrá que convocar a nuevas elecciones", destacó. Respecto al Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que se propone fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que no solo haga auditorías, sino también investigaciones. Será independiente del Ejecutivo. Además, para que sancione a empresas que incurran en actos de corrupción. Otra de las medidas anunciadas por el presidente Peña Nieto, contempla una estrategia de reducción de la pobreza a través del corredor industrial interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Puerto Chiapas y los municipios colindantes al puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán y Guerrero. Nuño explicó que para detonar el crecimiento económico en esas entidades, donde hay desigualdad y pobreza, habrá acciones que fortalezcan la gobernabilidad para dar garantías para mejorar las condiciones para la inversión y el desarrollo.