El legislador Octavio Martínez Vargas demanda sancionar anomalías de fondo de Seguridad Pública‏

Demanda presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso mexiquense, Octavio Martínez, sancionar deficiencias, transferencias y subejercicios del Gobierno estatal por más de mil 768 millones de pesos del Fondo Nacional en la materia.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró anomalías en el manejo de estos recursos en las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado de México correspondientes a los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013. Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, demandó que se investiguen y sancionen las transferencias a cuentas bancarias ajenas, la aplicación en acciones distintas y los subejercicios de mil 768 millones 851 mil 300 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) en el Estado de México. En la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que la administración del gobernador Eruviel Ávila usó mil 768 millones 851 mil 300 pesos del FASP de forma deficiente y sin controles estrictos. Esto permitió que parte de ese dinero se traspasara a cuentas bancarias ajenas al Fondo, se destinara a acciones que no correspondían con sus objetivos, se gastaran inadecuadamente o simplemente no se usaran. El legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtió que una entidad con tan elevados índices delictivos no se puede dar el lujo de aplicar los recursos que tiene para combatir el crimen con otros fines y menos puede siquiera pensar en no utilizarlos. Tan sólo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubica al Estado de México en los primeros lugares de extorsión y robo de vehículo (con y sin violencia). Las reglas de operación establecen que los recursos del Fondo deben emplearse en equipamiento de las policías judiciales, peritos, ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros penitenciarios. También deben emplearse en la construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, cárceles e instalaciones de los cuerpos de seguridad pública. Además, pueden usarse en el establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y sus centros de capacitación, y el seguimiento y evaluación de todos estos programas. Tratándose de la demanda más sentida de la población en estos momentos, alertó, es estrictamente urgente y necesario que se investiguen los malos manejos, se sancionen sin tráfico de influencias ni complicidades, y se rescaten los recursos que no se emplearon correctamente para atender la problemática.