España inicia la expulsión de ancianos con papeles a los que niega la tarjeta sanitaria

RT Multitud de ancianos extranjeros se enfrentan a diario en España a notificaciones del Gobierno que les advierten del inicio de los trámites para extinguir sus permisos de residencia por carecer de cobertura sanitaria privada, requisito que no se les exigió en el momento de otorgarles los papeles.

El Gobierno de España ha iniciado un proceso para expulsar ancianos extranjeros que poseen permiso de residencia y a los que la Seguridad Social les niega la tarjeta sanitaria por no carecer de cobertura sanitaria privada en su país de origen, elemento que no se les exigió en el momento de que se les concedieron los papeles, informa eldiario.es. "Más que una cuestión de dinero, es de derechos humanos, de justicia. Lo que está pasando es inhumano. Que vayan a expulsar a una persona de 86 años, que tiene a toda su familia aquí...", afirma Nuria (nombre ficticio), nuera de Estela, una mujer argentina que llegó a España hace tres años. En mayo de este año la familia recogió la notificación de la Delegación del Gobierno en Madrid en la que amenazaba con expulsar a la anciana por no haber llegado con un seguro privado. Tras recurrir la notificación, este mes han recibido una resolución del Gobierno en la que se reitera la postura: Estela no tiene derecho a la tarjeta de residencia –expedida hasta diciembre de 2017– por carecer de seguro médico. Debido a la reforma sanitaria del Gobierno de 2012, el Ejecutivo español entiende que estas personas, que no han cotizado antes en el país, no tienen derecho a la sanidad pública porque no pueden suponer "una carga" para el Estado. Francisco Solans, especialista en Derecho de Extranjería, sostiene que la Administración "está abusando de la figura de la extinción" y que, aunque se tratara de un error al haber otorgado los permisos, "es muy discutible que se extingan las tarjetas de residencia". Hasta el momento, la justicia ha considerado que el Instituto Nacional de la Seguridad Social no puede negar la tarjeta sanitaria a un familiar reagrupado con la excusa de que debería tener un seguro médico, ya que este criterio no fue requerido previamente para autorizar su residencia.