Condenan a dos jóvenes a ser violadas

LA CRÓNICA Más de 200 mil personas de todo el mundo han firmado en los últimos días una petición de Amnistía Internacional (AI) para denunciar el caso de dos jóvenes indias "intocables", el eslabón más bajo de la escala social en la India, condenadas por un consejo tribal a ser violadas y paseadas desnudas.

Hace tres semanas, Meenakshi Kumari, de 23 años, decidió revelarse contra el rígido sistema de castas indio y denunciar su caso ante el Tribunal Supremo, logrando captar la atención de la organización internacional y de decenas de miles de personas, explicó a Efe la activista que lidera la campaña, Gopika Bashi. El 30 de julio pasado, un consejo tribal o "khap panchayat" del estado norteño de Uttar Pradesh había condenado a Meenakshi y a su hermana menor a ser violadas como castigo porque su hermano se había fugado con una chica de casta superior a la suya, explicó a Efe el abogado de las jóvenes, Vivek Singh. Las arraigadas costumbres indias prohíben las relaciones entre miembros de castas o religiones distintas, dejando a muchos jóvenes con la huida como única opción para poder mantener un idilio que la sociedad considera inmoral y es castigado a menudo por los consejos tribales. Los Kumari son dalits o intocables, el eslabón más bajo del espectro social indio y tan inferior a los demás que se queda fuera del sistema de castas, relegado a desempeñar las tareas menos decorosas. Pero en un gesto muy poco habitual entre los intocables, Meenakshi llevó su caso al Supremo indio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Castas Desfavorecidas, dijo la activista de AI. Estos pasos sirvieron para captar la atención de la organización internacional, que se enteró de su existencia cuando el Supremo se pronunció sobre el caso por primera vez el pasado 18 de agosto. AI lanzó una llamada de acción urgente para dar visibilidad al caso, que generó "un inmenso interés global", manifestó Bashi. En apenas dos semanas, decenas de miles de personas de todo el mundo han elevado sus voces para denunciar una injusticia que en muchas áreas rurales de la India no sorprendería demasiado. "Gente de todo el mundo quiere que la familia permanezca segura y apoya (...) que se realice una investigación rápida, completa e imparcial sobre las órdenes dadas por el 'khap panchayat' de violar a las hermanas", comentó la jefa de la campaña de AI. De acuerdo con la denuncia presentada ante el Supremo por Meenakshi Kumari, la condena del "khap panchayat" tenía como objetivo restablecer el honor que la comunidad jat, a la que pertenece la novia fugada, perdió con el escándalo. El consejo ordenó además que los miembros de la familia Kumari abandonaran el pueblo para siempre, lo que les obligó a irse a Delhi, donde residen desde entonces, según detalló su abogado. "El amorío entre Ravi y Krishna provocó la ira de la Policía de Uttar Radesh y de la comunidad jat, como consecuencia de lo cual los miembros de la familia de la demandante fueron secuestrados y torturados por policías", según la demanda ante el Supremo, a la que ha tenido acceso Efe. El letrado dijo que incluso los parientes de Krishna han involucrado a Ravi en un "caso falso" de posesión de drogas y que el joven no ha podido dejar la cárcel a pesar de tener la libertad condicional, ya que su familia "podría ser asesinada" si vuelve a Uttar Pradesh para presentar los documentos requeridos. A los Kumari les preocupa también el destino que le espera a Krishna, embarazada con una hija de Ravi. "Ha sido entregada a su familia por la Policía, en contra de su voluntad, y la han torturado y confinado en paradero desconocido", según la petición judicial, que advierte: "muy probablemente se enfrenta a un asesinato por honor". Las relaciones por amor acarrean a menudo en la India el repudio de los familiares de la pareja, una oposición cuyo extremo se manifiesta en los llamados "crímenes de honor", con los que se pretende recuperar la honra perdida. Aunque no existen datos oficiales sobre el número de "crímenes de honor" que se cometen en la India, la Asociación de Mujeres Democráticas los sitúa en unos mil anuales.