IMSS e ISSSTE atenderán a toda parturienta

LA CRÓNICA A partir de este viernes los prestadores de servicios de salud, así como los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) están obligados a dar atención médica a las embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, independientemente de que sean o no derechohabientes.

Así lo establece un decreto publicado ayer en el (DOF), concerniente a reformas a las leyes General de Salud y del IMSS e ISSSTE, aprobadas por el Congreso en octubre pasado. La reforma a la Ley General de Salud adiciona el artículo 64 bis 1, que ahora establece lo siguiente: “Los servicios de salud a que hace referencia el artículo 64 bis 1(los destinados a la atención materno infantil) prestarán atención expedita a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento”. El decreto, de fecha 15 de octubre de 2015, está rubricado por los diputados Jesús Zambrano y María Eugenia Ocampo Bedolla, y los senadores Roberto Gil Zuarht y Rosa Adriana Díaz, en su carácter de presidentes y secretarios de las dos cámaras del Congreso. En el dictamen del Senado aprobado por unanimidad el 15 de octubre se asentó que a pesar de que el marco jurídico vigente prevé la atención de las urgencias obstétricas y a pesar de las acciones del gobierno federal para reducir la mortalidad materno-infantil, ésta continúa siendo un problema de salud pública importante. “La mortalidad materna afecta principalmente a mujeres embarazadas, que no cuentan con seguridad social, en condiciones de pobreza y que residen en zonas de marginación, razón por la que es necesario fortalecer el marco normativo, a fin de garantizar el acceso a toda mujer a la atención médica ante una urgencia obstétrica”. Al presentar el dictamen ante el pleno, el presidente de la Comisión de Seguridad Social, el perredista Fernando Mayans Canabal, resaltó que según datos del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, en la actualidad a nivel nacional se registran 2.1 millones de embarazos por año y alrededor de 300 mil mujeres presentan complicaciones obstétricas. “El impacto que estas complicaciones obstétricas tienen, es enorme. Treinta mil mujeres quedan con secuelas obstétricas, convirtiéndose en discapacitadas y mil 100 mujeres fallecen, dejando una secuela social de 3 mil huérfanos cada año”, dijo por su parte la panista Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Salud. Añadió que este el dictamen “se promueve la cooperación entre instituciones, para el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada en materia de prestación de servicios de salud y se garantiza la prestación de servicios médicos de urgencias, de acuerdo a la normatividad vigente”. “La atención que se brinda a las mujeres en esta situación, no siempre es la adecuada, oportuna y eficiente. Derivado de ello, se obtuvo un promedio de 931 casos de mujeres que dan a luz fuera de los hospitales”. Las panistas Martha Elena García Gómez y Sonia Rocha Acosta, destacaron que la muerte materna por urgencias obstétricas, deja manifiesto que las mujeres siguen enfrentando situaciones de riesgo y desigualdad que les impiden ejercer plenamente su derecho a la salud. Por lo que se refiere a la Ley del Seguro Social, el decreto aparecido ayer en el Diario Oficial incorpora una adición a la fracción V del artículo 89, el cual se reproduce la adición ya citada en la Ley General de Salud: “Para el Instituto será obligatoria la atención de las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en términos de las disposiciones aplicables para tal efecto, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento”. El decreto expedido está firmado asimismo por el Presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, para efectos de publicación en el Diario Oficial.