Sonora castiga a exfuncionarios; caso Guillermo Padrés

EXCELSIOR HERMOSILLO. Un grupo de diez colaboradores de Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, fue inhabilitado por diez años.

La Secretaría de la Contraloría General del estado no dio nombres de los sancionados, pero expuso que se trata desde secretarios hasta directores de área de las secretarías de Salud, Educación y Hacienda. El titular de la contraloría estatal, Miguel Ángel Murillo Aispuro, destacó que se han integrado más de 500 expedientes relacionados con el gobierno de Padrés, en el cual se generó daño patrimonial al gobierno de Sonora superior a 30 mil millones de pesos. El funcionario explicó que, además, están canalizando los expedientes de los exfuncionarios para su proceso penal en la Fiscalía Anticorrupción. Murillo Aispuro explicó que la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le impide dar detalles sobre las anomalías encontradas contra los exfuncionarios, pero dijo que los sancionados tendrán que pagar el doble de la cantidad de recursos públicos que no están debidamente comprobados. Castigan en Sonora
a 10 exfuncionarios Hay un daño patrimonial al gobierno estatal por más
de 30 mil millones de pesos, afirma contralor general. La Secretaría de la Contraloría General del Sonora inhabilitó a 10 colaboradores del exgobernador panista Guillermo Padrés Elías por diversas irregularidades. Las inhabilitaciones para ejercer cualquier cargo público serán por 10 años e incluyen desde secretarios hasta directores de área de las secretarías estatales de Salud, Educación, Hacienda e Infraestructura Educativa. La Contraloría estatal integra más de 500 expedientes relacionados con el pasado sexenio, en el cual se generó daño patrimonial al gobierno de Sonora superior a 30 mil millones de pesos, aseguró el titular de esa dependencia, Miguel Ángel Murillo Aispuro. Sin dar nombres ni mencionar qué irregularidades fueron cometidas, el contralor detalló: “Vamos bien, estamos trabajando, hemos consignado algunos expedientes de funcionarios del gobierno anterior, llevamos más de 10 resoluciones donde estamos sancionando desde el punto de vista económico y, desde luego, inhabilitando a los funcionarios que incurrieron en irregularidades. Además, canalizando los expedientes para su proceso penal en la Fiscalía Anticorrupción”. Murillo Aispuro se negó a ofrecer más detalles acerca de las inhabilitaciones por respeto a la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pero dijo que los funcionarios sancionados tendrán que pagar el doble de la cantidad de recursos públicos que no están debidamente comprobados o que existe sospecha que se haya desviado. “Son muchos miles de millones de pesos (faltantes de la administración de Padrés), cantidades para el asombro. Estamos hablando de que no encontramos comprobantes por más de 25 mil a 30 mil millones de pesos. “Por supuesto que el daño patrimonial causado al gobierno de Sonora fue muy grande y tendría que ser sancionado: primero, desde el punto de vista administrativo; después o simultáneamente, desde el punto de vista penal.” Fuentes detallaron que en total hay más de 500 expedientes y denuncias, además de que los montos de las sanciones económicas superan dos mil millones de pesos. Uno de los colaboradores más polémicos en el sexenio del panista Guillermo Padrés Elías fue su secretario de Salud, Bernardo Campillo García, quien protagonizó una decena de escándalos por corrupción, enriquecimiento inexplicable y una afición por los caballos finos. En silencio Jorge Morales Borbón, vocero gubernamental durante el sexenio de Guillermo Padrés e inculpado por el delito de extorsión, decidió no responder al secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, en la declaración preparatoria realizada ayer en las ventanillas del Centro de Readaptación Social Hermosillo Uno. Además, solicitó careos con el empresario de los medios de comunicación que lo acusa de extorsión por un millón de pesos. Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, Morales pedía dinero a directivos de medios para pagarles servicios prestados al gobierno estatal.