“Ineludible la revocación del mandato y la segunda vuelta”: Octavio Martínez Vargas, Secretario Electoral del CEN del PRD

La Procuraduría General de la República debe de actuar con rapidez, eficacia y sin dilaciones en el caso del Secretario de Seguridad Pública de Veracruz. El Estado Mexicano y la sociedad deben de apremiar la discusión sobre la segunda vuelta y la revocación del mandato de los servidores públicos, particularmente de los Ejecutivos locales y el Federal.

Tras afirmar que en este país es inaplazable la entrada en vigor de la segunda vuelta, el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato, el Secretario Electoral del CEN del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Octavio Martínez Vargas, aseveró que si esto estuviera vigente, sin duda alguna el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, no habría concluido la administración, lo hubieran destituido del cargo y no habría llegado a los niveles de excesos que se están observando en esta entidad. El integrante del Secretariado Nacional del partido del sol azteca, Martínez Vargas, indicó que la Procuraduría General de la República (PGR), el sistema de seguridad de este país, fue vulnerado con la información del patrimonio tan basto que se le descubrió al Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, quien una vez que se difundió este tema en los medios de comunicación se retiró del cargo para ser investigado. Aseguró que es inaudito que se pueda construir en tan poco tiempo un patrimonio de 2.4 millones de dólares, que se estima es el costo de las cinco residencias que adquirió Bermúdez Zurita en Texas, Estados Unidos “un funcionario que gana 70 mil pesos mensuales, tendrá que explicar el origen del dinero, si estableció vínculos con el crimen organizado o si es un prestanombres del Gobernador Javier Duarte”. Martínez Vargas reconoció que el pueblo de Veracruz ha sido sumamente violentado por toda la inseguridad, el rezago social y los excesos de los gobernantes, pero lo que parece ser la punta del iceberg es que se habla de un problema de grandes dimensiones de corrupción, de complicidades y presumiblemente de nexos con el crimen organizado. De tal forma, advirtió, que se tiene que investigar, la Procuradora General de la República, Arely Gómez, tiene que actuar y hasta en tanto no se determine el origen del recurso, debe de ser firme e iniciar la congelación de cuentas bancarias, el arraigo domiciliario y el embargo precautorio de estos bienes. En caso de ser inexplicable su adquisición y de comprobarse el uso indebido de recursos públicos, subrayó, el gobierno tiene que proceder y garantizar, como lo establece la Ley, que Bermúdez Zurita responda hasta con su patrimonio si se comprueba el desvío de recursos públicos o cuando haya peculado en la administración, como parece ser este caso; esta podría ser una línea de investigación, aclaró. Acentuó que el Partido de la Revolución Democrática teme que en el caso de Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Chihuahua y en muchos otros estados donde habrá alternancia, todo parece indicar que sucederán temas similares, donde la Auditoria Superior de la Federación y los propios órganos de fiscalización local tendrán la tarea de investigar si existe la posibilidad de algún quebranto al erario público. Enfatizó que en el marco de la entrada en vigor de la Ley Anticorrupción sería un buen ejercicio que la Procuraduría y el estado mexicano actúen contra estos ex servidores públicos y contra los gobernadores en referencia, de constituirse actos que contravengan el derecho. Finalmente expresó que lo que está sucediendo en el estado de Veracruz va en detrimento de los avances democráticos de este país, no corresponde a los objetivos que se plantean los partidos políticos y particularmente el PRI cuando va y pide el voto, porque no rinde cuentas a la ciudadanía.