Policía de Nezahualcóyotl fue detenido por secuestro y robo

En el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, el Representante Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) acreditó la probable responsabilidad de José Manuel Palma Zúñiga, en los delitos de secuestro y robo con violencia, ilícitos por los que la Autoridad Judicial con sede en esta localidad, lo vinculó a proceso. Palma Zúñiga se desempeñaba como elemento de Seguridad Pública municipal de Nezahualcóyotl y fue detenido en la colonia Campestre Guadalupana, en cumplimiento de una orden de aprehensión que fue girada en su contra, por un Juez Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión. Debido a que el pasado 25 de septiembre, cuando una persona circulaba a bordo de su camioneta en la colonia Valle de Aragón, fue interceptada por varios elementos de la policía municipal, entre ellos Palma Zúñiga, quienes le realizaron una revisión. En la camioneta, los policías municipales encontraron dos armas de fuego, una escopeta calibre 20 mm y una pistola calibre .22 mm, propiedad de la víctima y de las cuales se estableció que cuentan con la documentación expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para su portación y traslado, pues son utilizadas en un club de caza, como ya lo había comentado la víctima. Pero, los servidores públicos presuntamente amenazaron a la víctima con remitirla al Ministerio Público, por tener ambas armas, además supuestamente lo despojaron de dinero en efectivo, y obligaron a comunicarse con su esposa para exigirle una suma económica para dejarlo en libertad. Ante estos hechos fue iniciada una denuncia, y policías de la PGJEM recabaron los datos para que el Ministerio Público solicitara a un juez librar una orden de aprehensión en contra de José Manuel Palma Zúñiga, como probable responsable de los delitos de secuestro y robo. El sujeto fue ingresado al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl, en donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial, quien lo vinculó a proceso y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación.