Familias temen perder sustento familiar por amenazas de Antorcha Popular

Por David Esquivel Chimalhuacán- Edoméx.-La Presidenta municipal de Chimalhuacán, Rosalba Pineda Ramírez y su grupo político Antorcha Popular (AP), son acusados de pretender despojar a 27 familias de igual número de locales comerciales ubicados dentro del mercado Ignacio Zaragoza, sólo porque se niegan afiliarse a dicha organización social, que con 85 millones de recursos públicos construye un nuevo mercado a través de la actual administración municipal, la cual se niega a cobrar derechos de la concesión otorgada a los locatarios desde hace 40 años, mismos que temen por su vidas y ser despojados. “No nos afiliamos a Antorcha Popular porque no queremos ser esclavos como lo son quienes militan ahí; quienes bajo amenaza son obligados a participar en marchas y mítines”, expresó Guadalupe Castro Aparicio, Presidenta de la mesa directiva del mencionado mercado, cuyo predio será ocupado para la construcción del nuevo mercado. En conferencia de prensa, Castro Aparicio, explicó que sin mediar derecho de audiencia, previo aviso o notificación oficial por escrito, en la tesorería municipal de Chimalhuacán se niegan a recibir los pagos del derecho de concesión con que cuentan desde hace 40 años, bajo el argumento que deben de pagar en vía pública, pero ahí tampoco les reciben el pago, sino que les dicen que desalojen los puestos porque serán otorgados a militantes de A.P. Luego que sea terminada la construcción del nuevo mercado el costo de locales será de entre cien mil a 200 mil pesos por tres metros cuadrados, lo que, a decir de los denunciantes, es una estafa, porque, por muy moderno que vaya a ser el nuevo centro de abasto, no funcionará debido a la competencia que representan las de tiendas de conveniencia como 3B y Oxxo, entre otras. Argumentaron que de 65 mercados que hay en la localidad sólo funcionan, si a lo mucho, siete, entre ellos el Ignacio Zaragoza, y eso parcialmente, aunque la denunciante dijo que ellos, en realidad, no se niegan a ser parte del nuevo proyecto, pero el problema es que la administración municipal quiere obligarlos a afiliarse a A.P. y como se negaron, desconocieron la mesa directiva, la Alcaldesa no les da audiencia, cortaron el suministro de agua, no dan mantenimiento al drenaje y de plano los tienen amenazados con del desalojo, sino se afilian a A.P; “pero no queremos ser esclavos”, concluyó Castro Aparicio.