El Gobierno federal vendió en 1994 mil 700 hectáreas de la Bahía de San Quintín, en Baja California en 74 pesos. Los títulos de propiedad fueron finalmente expedidos en el año 2015.
Pero desde el año 1947 esas hectáreas pertenecieron a integrantes de la familia Orendain, en esa época, el presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, se las entregó a cambio de predios ubicados en el municipio de Magdalena, Jalisco, que repartió a campesinos como parte de la Reforma Agraria.
A partir de este tiempo, la tierra fue cambiando de manos dentro de la misma familia, situación que consta en una cadena de escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad.
En 1994, los beneficiados por la expedición de títulos de propiedad en el año 2015 habían hecho un primer intento por quedarse con la tierra de los Orendain.
Los beneficiados son Francisco Sesma Vázquez, exdirigente de la CNC del PRI y exdiputado local, además de Héctor Bojórquez Quintero, Miguel Valadez Ríos, Manuel Fernández Ramírez, Guadalupe Díaz Castellanos, Daniel Salazar Goyry, Everardo Bayón Barrios, Mario Gerardo Rivera Garza y Juan Manuel Cota Pérez quienes argumentaron que esos predios habían dejado de ser propiedad privada porque Orendain no vendió a terceros en los 10 años siguientes, como condicionó el presidente Alemán Valdés, sin embargo, ninguna autoridad le notificó la pérdida de la propiedad a Orendain.
Luego el 27 de septiembre de 2001 la Secretaría de la Reforma Agraria emitió una resolución en la que rechazó su solicitud de hacerse dueños y eso implicó el reconocimiento de la propiedad privada a favor de Orendain, por lo que los 9 interesados se ampararon y el caso llegó la juez María Guadalupe Rivera González, conocida, por frenar el desafuero contra Carlos Romero Deschamps, líder sindical petrolero, entre otros casos polémicos.
La juez dictó cuatro sentencias a favor de los 9, pero finalmente el primer tribunal colegiado sobreseyó el amparo y reafirmó que los terrenos eran propiedad privada, por lo que Rafael Orendain tomó la decisión de construir un fraccionamiento en sus hectáreas, al enterarse, la asociación Terra Peninsular, integrada por mexicanos y extranjeros dedicados a la conservación natural en Baja California ofreció 9 millones de dólares para comprar el predio.
Orendain aceptó y Terra Peninsular convirtió el espacio en un área destinada voluntariamente a la conservación, con el visto bueno de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
No obstante, a finales de 2014, los 9 personajes que querían la tierra, solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano una revisión de la resolución de septiembre de 2001 que les negó la propiedad.
La oficina aceptó y su titular en ese entonces, Jorge Carlos Ramírez Marín, emitió un acuerdo en el que anuló la resolución, a pesar de lo que había dictado el tribunal colegiado.
Ramírez Marín, dejó el cargo a Jesús Murillo Karam durante siete meses y luego llegó Rosario Robles procedente de SEDESOL en agosto de 2015, que continuó el proceso que inició Ramírez Marín y entregó los 10 títulos de propiedad a los 9 personajes que pagaron en 1994 los 127 mil pesos en total por las mil 700 hectáreas a 74 pesos la hectárea. Actualizado con la inflación de hoy sería a 450 pesos la hectárea.
De esta manera, César Guerrero, director ejecutivo de “Terra Peninsular señaló que de entrada es un absurdo, es un abuso y es un robo. "En el caso particular estas eran tierras privadas, esto ya no era terreno de la nación, pero si estuviéramos hablando de terrenos nacionales y alguien destina estos espacios con este valor para la nación a esos precios ridículos, es un robo a la nación, es un robo a los mexicanos”.
Ante estos señalamientos, habló Luis Armando Bastarrachea, director general de la Propiedad Rural en Sedatu, quien también fue parte del equipo de Ramírez Marín. Él asegura que los títulos de propiedad se dieron a los 9 beneficiados porque en 1994 pagaron por las tierras sustentados en que estaban dentro del del triángulo Tecate-Tijuana-Ensenada y eran propiedad de la nación.
La Sedatu considera que los terrenos sí eran propiedad de la nación, como argumentan los beneficiados.
“Esa superficie de la que estamos hablando nunca quedó en un plano definitivo, hay un plano definitivo. El plano definitivo de Orendain no llega hasta aquí”, concluyó Carlos Quintanilla Verena, defensor de beneficiados.
Anexo a ese plano definitivo hecho en 1946 aparece un reporte en el que el topógrafo asegura que no incorporó los terrenos hoy disputados porque la zona era de difícil acceso, pero aclara que sí son parte de la propiedad de Orendain. Tres peritajes más de las autoridades lo confirman y solo el de los beneficiados lo contradice.
En la Actualidad Terra Peninsular ya interpuso una denuncia penal y un nuevo amparo ante la titulación de sus terrenos. Su defensa aseguró que, al solicitar copias de los expedientes anteriores, el décimo cuarto tribunal administrativo de la Ciudad de México respondió que algunos de los tomos desaparecieron, no se sabe de la ubicación de los documentos y se desconoce qué sucedió con ellos.
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