• Participaron jueces, magistrados, académicos y representantes de la barra de abogados.
El Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, llevó a cabo su
tercer foro “Hacia la construcción del Código Nacional de Procedimientos
Civiles y Familiares. Retos y Análisis”, en Chetumal, Quintana Roo, con el tema
presupuestos procesales y acceso a la justicia: acciones y excepciones;
supletoriedad, en el que participaron jueces, magistrados, académicos y
representantes de la barra de abogados.
La diputada Aleida Alavez Ruiz, coordinadora del Grupo, dijo
que cada foro busca colocar un tema central que contiene el proyecto del Código
Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con la finalidad de dar
secuencia lógica y sistemática a su análisis.
Expresó que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), “la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos
Civiles se produce exclusivamente cuando la ley específica contempla la
institución, pero no se señalan algunas o todas las reglas de su aplicación”,
de ahí la importancia de analizar estos temas y, con ello, eliminar
discrepancias que afecten el adecuado desarrollo de la vida en sociedad.
Comentó que uno de los aspectos de la resolución de la SCJN
que obliga al Congreso de la Unión a eliminar la omisión legislativa del Código
Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también busca que se armonice
el marco jurídico con la legislación mercantil y otras tantas normas que se
vinculan a esta ley adjetiva.
El Código debe respetar derechos humanos y hacer justicia
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), presidente
de la Junta de Coordinación Política, dijo que en el Senado hay una iniciativa
que está sirviendo de base para estos trabajos y que salió de muy buena fe de
la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos (CONATRIB) de los magistrados y jueces, y sobre ella se está
nutriendo con la opinión de todas y todos.
Señaló que espera que con las particularidades buenas que
tienen muchas entidades se puedan sumar y tengamos un Código con las siguientes
características: la primera, que sea de consenso; la segunda, con horizonte de
tiempo, es decir que no se tenga muy pronto que hacer modificaciones.
La tercera es que sea un Código de avanzada que respete las
singularidades de todas y todos; la cuarta, que genere justicia rápidamente y,
la quinta es que respete los derechos humanos de las y los mexicanos y propicie
mejores condiciones de justicia en nuestra nación.
Los juzgadores deben velar por los derechos humanos
La diputada del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, destacó la
importancia de que se detonen las herramientas adecuadas para que la labor de
las y los juzgadores se ejecute bajo los más altos estándares de los derechos
humanos.
Enfatizó que el nuevo sistema debe homologar figuras
procesales, revaluar y revisar los tiempos de los mismos, la implementación de
la justicia digital para que esta llegue a todos aquellos que la necesitan.
Aseguró que su fracción parlamentaria harán suyas las dudas y observaciones que
se presenten en estos foros.
Se deben aplicar derechos humanos y la perspectiva de género
Virginia Leticia Lizama Centurión, magistrada presidenta del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de
Campeche, celebró que exista una coincidencia en este tema, y que en
concordancia y juntando los esfuerzos tanto del Senado, de las y los diputados,
poderes judiciales y de lo que se aporte, se pueda lograr un buen instrumento
que efectivamente aplique los derechos humanos y la perspectiva de género e
infancia.
Dijo que cuando se habla de la prevención del delito en
diferentes aristas, no se ocupan del área familiar. “Con qué cara le vamos a
exigir a una persona que está recluida, pues si nos ocupamos de ver su historia
familiar, seguramente se va a encontrar falta de atención, cuidado y omisión;
por ello, la legislación está lista y tenemos 5 años esperando que se
implemente este proyecto”.
Simplificar requisitos para la procedencia de la acción
Raúl Pérez Johnston, representante del Instituto Mexicano
por el Estado de Derecho A.C., indicó que el Código debe considerar la
simplificación de requisitos para la procedencia de la acción, que permitan la
resolución y reparación integral de los derechos violados, con el objeto de
asegurar una tutela judicial efectiva. Además, revisar los presupuestos
procesales para la interposición y resolución no sólo de las acciones que
inician el procedimiento, sino todo su proceso.
Roger Celerino Nanguyasmu Vicente, abogado y diputado
suplente, comentó que con este Código se trata de homologar en toda la
República la forma de procurar y administrar justicia en materia civil y
familiar. “Hay muchas cosas en el Código que se tienen que enriquecer y estos
foros ayudarán para que se tenga una ley más aplicable”.
Martha Medina Lozano, de la Asociación Mujeres Transformando
México AC, dijo que se debe legislar con una visión científica, política y
analítica que propicie igualdad, justicia, elimine las inequidades,
desequilibrios y logre armonizar una legislación que pueda analizar con
perspectiva de género los desequilibrios, las discriminaciones y violencias que
sufren las mujeres.
Por su parte, Leticia Pérez López, jueza en el Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, afirmó que
el Código debe cambiar la visión de que solo se llenen expedientes y se tengan
archivos, por uno que se base en los presupuestos procesales, lo cual
contribuiría a realizar un examen previo y llevar a juicio lo que se tiene que
resolver, a fin de cumplir con la anhelada justicia establecida en el artículo
17 constitucional y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Conclusiones
Al dar a conocer las conclusiones, la diputada Aleida Alavez
Ruiz dijo que los especialistas y demás involucrados en la impartición de
justicia, expresaron la necesidad de invertir en los tribunales, sobre todo los
de carácter familiar, para propiciar mejores condiciones de justicia.
Asimismo, que de forma complementaria a la expedición de
este Código se adecue todo tipo de legislación, a fin de que sea congruente
todo el sistema de presupuesto procesal que incluya los medios de defensa tanto
en el juicio como fuera de éste y la eventual reparación de los derechos
involucrados en cada proceso.
De igual manera, agregó, se propuso acercar la justicia cotidiana a las mujeres, por lo que la violencia y la perspectiva de género se debe analizar con detalle, mejorar la efectividad de las medidas precautorias o de protección en los casos de violencia familiar. Además, que la crianza compartida sea obligatoria para ambos progenitores.
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