miércoles, 9 de noviembre de 2022

Concluye primera jornada del foro de consulta de la Ley General de Educación sobre educación inclusiva


• Solicitan mejor normatividad, infraestructura para personas con discapacidad y planes de estudio en sistemas braille y LSM
• El foro se realizó en cumplimiento a sentencia de la SCJN


Noviembre del 2022. Al finalizar la primera jornada del foro de consulta de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva, organizado por las Comisiones Unidas de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables, docentes, especialistas, padres y madres de familia, educandos con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil solicitaron una mejor normatividad para la inclusión educativa de las personas con discapacidad.


El foro se realizó en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por invalidar el capítulo de educación inclusiva en la Ley General de Educación, que entró en vigor en septiembre de 2019, debido a que no se consultó a las personas con discapacidad durante su proceso de análisis, discusión y aprobación.


La diputada Gabriela Sodi (PRD), presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, destacó la importancia de que las participaciones se expongan en el micrositio de la Comisión para que “podamos abrevar a las siguientes legislaturas en las necesidades de la educación inclusiva”. 


También asistieron las diputadas Flora Tania Cruz Santos (Morena), presidenta de la Comisión de Educación; Norma Angélica Aceves García (PRI), secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y Sayonara Vargas Rodríguez (PRI), secretaría de la Comisión de Educación. 


Docentes de varios estados de la República demandaron un mayor esfuerzo de autoridades y gobierno para que la inclusión educativa se materialice en todas las comunidades, así como en planteles regulares y de educación especial.


Plantearon la importancia de capacitar a las y los maestros, solicitaron presupuesto para contratar especialistas y que el espectro autismo se catalogue como discapacidad, debido a la necesidad de realizar diagnósticos claros a quienes padecen esta condición para que les permita ser incluidos en la educación.


Se abordó el tema de los censos municipales de la población en condiciones de discapacidad para garantizar su derecho a la educación, derribar las barreras de aprendizaje y equipar los centros escolares con infraestructura, libros en braille, materiales didácticos, intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) y especialistas, así como impulsar la inclusión en el nivel medio superior que asegure la estadía y permanencia de las y los educandos en la preparación de habilidades y competencias.


Familiares de personas con discapacidad pidieron que los planteles para dicho sector sean atendidos por personas con limitaciones, con la finalidad de contar con una mayor comprensión, ya que la mayoría de estas instalaciones están a cargo de personas sin discapacidad.


Solicitaron autobuses adaptados a personas con discapacidad que usan sillas de ruedas, modificar las leyes a partir de consultar a los pueblos y comunidades indígenas, así como a las personas con discapacidad. Asimismo, se pronunciaron por un Diseño Universal para el Aprendizaje, y que el sector de salud elabore un diagnóstico que valore las capacidades de aprendizaje.


Opinaron que se debe dar prioridad a los servicios de apoyo especializados, con capacitación de personal en escuelas de todos los niveles educativos, que la currícula de las escuelas normales abarque materias de inclusión, LSM o braille, que los planteles cuenten con infraestructura y se fortalezca la cultura de respeto a esos espacios por la seguridad de las personas con discapacidad.


Se resaltó la urgencia de contar con transporte y escuelas habilitadas a fin de evitar riesgos a este sector; de no ser así continuará la desigualdad. Se propuso la eliminación de barreras, a través de la constante capacitación de los docentes y, en este sentido, que la Secretaría de Educación Pública elabore un libro para que se incluya la cultura de respeto hacia las personas con discapacidad. 


Puntualizaron que el Estado debe garantizar el acceso a la educación para todas las alumnas y los alumnos, independientemente de su condición, con especial atención a personas vulnerables en riesgo de exclusión y promocionar un sistema flexible, es decir que utilice estrategias de enseñanza amplias y variadas que transformen la cultura de las escuelas.


Se solicitó que los profesores sean capacitados sobre lectoescritura braille y LSM, crear un departamento psicopedagógico en cada escuela que atienda de forma especializada a los alumnos, e impulsar prácticas, políticas y culturas inclusivas que fomenten la educación igualitaria y equitativa.


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