Posicionamiento de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados ante actos de discriminación hacia personas con discapacidad

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados manifiesta su profunda indignación y rechazo hacia los recientes actos de discriminación en contra de personas con discapacidad, perpetrados por empresas que vulneran los principios de igualdad y no discriminación consagrados en nuestro marco legal.

Ratificación de hechos Los incidentes denunciados, en los que personas con discapacidad fueron impedidas de acceder a estos servicios, representan una clara violación a los derechos y las libertades fundamentales de este grupo en situación de vulnerabilidad. Estos actos no sólo reflejan una falta de sensibilidad social, sino también un incumplimiento de las obligaciones legales que garantizan la accesibilidad y el respeto a la autonomía de las personas con discapacidad.

Ya que como implica nuestro Marco legal aplicable La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su Artículo 2, establece que las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y al goce pleno de sus derechos humanos, en un entorno accesible y libre de discriminación. Asimismo, el Artículo 11 de esta ley obliga a las autoridades y empresas a implementar medidas para garantizar la accesibilidad universal.

Por su parte, la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su Artículo 58, disponeque los proveedores de bienes y servicios tienen la obligación de garantizar condiciones de acceso equitativo y no discriminatorio para todos los consumidores.

El incumplimiento de estas disposiciones constituye un acto de discriminación sancionable bajo la legislación vigente.

Posicionamiento:

Desde la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables reiteramos que no permitiremos que estas situaciones se repitan. Actos como estos representan una grave afrenta a los principios de inclusión y equidad que deben regir nuestra sociedad. Nuestro compromiso es firme en:

1. Supervisar e implementar mecanismos de vigilancia que garanticen el cumplimiento efectivo de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

2. Exhortamos a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva sobre estos hechos y a aplicar las sanciones correspondientes para evitar la impunidad. Asimismo, hacemos un llamado a las empresas de este mismo rubro y a todos los proveedores de servicios a respetar los derechos de las personas con discapacidad, implementando las medidas necesarias para garantizar entornos accesibles, incluyentes y dignos.

Pues en una sociedad inclusiva e igualitaria, no hay lugar para la discriminación ni para la indiferencia hacia los derechos de las personas con discapacidad. Desde nuestra área legislativa correspondiente en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, reafirmamos nuestro compromiso de generar el cumplimiento de la ley y de trabajar incansablemente para construir un país más inclusivo y respetuoso con la diversidad.

La Comisión continuará legislando y actuando con determinación para que hechos como estos no vuelvan a repetirse y para que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones.

Atentamente:

Casandra Prisilla de los Santos Flores

Cámara de Diputados modifica denominación de Comisión de Atención a Grupos Vulnerables por Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad

* El documento fue aprobado por 445 votos a favor; se remitió al Senado de la República

* Mesa Directiva turna a comisiones reportes de las secretarías de Bienestar y de Hacienda

La Cámara de Diputados aprobó, con la unanimidad de 445 votos a favor, el proyecto de decreto que reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, para cambiar la denominación de la “Comisión de Atención a Grupos Vulnerables” por “Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad”.

El propósito del documento, enviado al Senado de la República, es alinear la terminología con las recomendaciones de organismos nacionales e internacional de derechos humanos, las mejoras prácticas en políticas públicas, y refleja una visión más inclusiva y precisa.

La iniciativa presentada por la Diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores (PVEM), y suscrita también por diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de MORENA, PAN, PVEM, PT, PRI y MC se consideró de urgente resolución, se le dispensaron todos los trámites y se sometió a discusión y votación de inmediato.

De los Santos Flores argumentó que la reforma pretende transformar el legado de las personas en situación de vulnerabilidad, no solo en términos legislativos sino trascender desde una perspectiva humana, pues se modifica la denominación de la Comisión,

“No se trata de palabras, la reforma en el nombre es un mensaje muy poderoso, un reconocimiento de que la vulnerabilidad no define a las personas, sino que es un producto de las condiciones estructurales que debemos transformar. Como legisladores tenemos la responsabilidad no solo de nombrar las cosas con precisión, sino combatir las raíces de desigualdad y exclusión.

El cambio es importante, dijo, porque detrás de cada palabra está la historia de alguien que ha enfrentado barreras que no eligió y cuya vida ha sido marcada por la indiferencia y el estigma. Al cambiar la denominación estamos diciendo: “Las personas no son vulnerables por quienes son, lo son por la sociedad, las estructuras y las políticas los han colocado en esa situación”.

Las personas en situación de vulnerabilidad, argumentó, son los protagonistas del cambio de denominación, el cual es un medio para afirmar que el respeto a su dignidad y sus derechos debe ser un eje del trabajo legislativo.

El documento expone que se busca la armonización de la Comisión, pues el concepto de discapacidad es complejo y multifacético. Su construcción ha pasado por un proceso largo de evolución, desde una visión estrecha y limitada, médicamente determinada e individualista, hasta una conceptualización más amplia construida socialmente e incluso lingüísticamente.

De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) los “grupos en situación de vulnerabilidad son aquellos que debido al menosprecio generalizado de alguna condición especifica que comparten, a un prejuicio social erigido en torno a ellos o por una situación histórica de opresión o injusticia, se ven afectados sistemáticamente en el disfrute y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales”.

Comenta que ni las personas ni los grupos son en sí mismos “vulnerables”, sino que pueden estar sujetos a condiciones de vulnerabilidad, y son esas condiciones las que los sitúan en desigualdad de oportunidades frente a los demás y limitan o impiden el pleno ejercicio de sus derechos.

La vulnerabilidad se entiende, por consiguiente, como un fenómeno condicionado por el desarrollo de las relaciones sociales, y para comprenderla, prevenirla y atenderla, es necesario considerar cómo se vinculan éstas con los sucesos que generan la vulnerabilidad.

Hace mención que afirmar lo contrario implicaría calificar a las personas como objetos, en lugar de respetarlas como sujetos de derechos, mediante adjetivos que equivocadamente las califican de “incapaces” por sus condiciones particulares y que, por tanto, las etiquetan y discriminan.

Comunicaciones

En la sesión, la Secretaría de Bienestar dio cuenta del informe anual sobre la transferencia, asignación y destino de los bienes a los que se refieren el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Asimismo, los bienes asegurados, abandonados y decomisados en procedimientos penales federales, así como las actividades y reuniones del Gabinete Social de la Presidencia de la República del periodo 2023-2024. Se turnó a la Comisión de Bienestar.

A su vez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicó que se encuentran disponibles en su portal los reportes de información específicos correspondientes a los financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (RPU), reportados con corte al 30 de septiembre de 2024.

También adjunta un reporte que incluye la relación de los financiamientos y obligaciones inscritos en el RPU. Se canalizó a la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación organiza foro sobre los retos del desplazamiento forzado interno

• Piden que el Senado apruebe la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno

La Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación realizó en la Cámara de Diputados el foro “Los retos del desplazamiento forzado interno en México”, con el objetivo de abordar esta problemática y las propuestas para combatirla desde el Legislativo. 

El diputado Alfredo Vázquez Vázquez (MORENA), presidente de la Comisión Bicamaral, indicó que el objetivo de este encuentro es visibilizar la agenda pendiente, ya que la justicia para las personas desplazadas es una deuda que se tiene y saldarla es un acto que no se puede postergar.

 “Desde el Poder Legislativo debemos impulsar una reforma legal que ayude, de alguna manera, a pacificar las regiones que presentan conflictos por diversas razones en donde impera la ingobernabilidad y la inseguridad. Son muchos los retos y desafíos, pero es momento de sentar las bases legales para el reconocimiento del desplazamiento”, puntualizó.   

 Enfatizó que es necesario seguir haciendo visibles estos temas, pues la manera de solucionar la violencia es dialogando y encontrando una paz duradera. “Abriremos las puertas para seguir buscando la ruta de solución y lograr una ley que acuda y proteja a los desplazados. Es un tema que no se aguanta más”

Existen grupos vulnerables en el desplazamiento

Por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, su presidenta, diputada Gabriela Sodi (PRD), expresó que en el tema de desplazamiento forzado salen a flote grupos vulnerables, así como niñas y niños en fase de tránsito con tutela y sin ella, pues ese fenómeno ha sido una problemática que se ha incrementado en las últimas décadas, principalmente por la violencia generalizada que atraviesan los estados y municipios. 

Mencionó que la vulnerabilidad y la pobreza estructural agravan las condiciones de las personas víctimas de desplazamiento forzado y afectan derechos civiles, constitucionales, políticos, sociales y culturales, además de la seguridad y la libertad de residencia. También ha impactado en la vida de quienes migran por cuestiones de seguridad, para obtener mejores condiciones de vida o buscar refugio humanitario.

Aplaudió el trabajo de la Comisión Bicamaral para abordar este asunto, e hizo votos para que el Senado apruebe la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, a efecto de emitirla y avanzar, y para que en el Presupuesto 2024 se contemplen recursos dirigidos a la protección y reparación del desplazamiento. “Exigimos hacer el esfuerzo para que quede el presupuesto integrado en este nuevo ciclo”.

Realizan en la Cámara de Diputados el foro “Madres, Mujeres y Personas con VIH-Sida; Realidad y Retos”

• Necesario, garantizar su derecho a la salud en los centros penitenciarios: diputada Sodi Miranda 

• De los más de 250 mil pacientes en México, 30 por ciento son mujeres: diputada García Moreno (MORENA) 

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside la diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), llevó a cabo el foro “Madres, Mujeres y Personas con VIH-Sida; Realidad y Retos”, para conocer las problemáticas y necesidades que afectan a quienes viven con esta enfermedad, entre ellas las mujeres recluidas en el sistema penitenciario, a fin de garantizar sus derechos fundamentales y coadyuvar a la eliminación de estigmas y discriminación. 

La diputada resaltó que esta Legislatura ha insistido en la vida de mujeres en reclusión, a fin de que tengan medicamentos y espacios para sus hijas e hijos, y expresó la importancia de realizar este tipo de eventos donde se comparten experiencias y conocimientos para tener otra visión, la de quienes viven con dicha enfermedad, y que “nos darán luces sobre estos temas, conocer los impactos y alcances de nuestras decisiones”.

Consideró que “no estamos cumpliendo con lo establecido como Estado”; además, la decisión de no destinar recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil provocó que se dejaran de implementar campañas y políticas de prevención y detección de VIH, las cuales aún se realizan sin apoyo.

Añadió que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, del INEGI, el 17 por ciento de las mujeres que viven con VIH-Sida no tiene tratamiento, y carece de un diagnóstico temprano. “El derecho a la salud de quienes viven con Sida en las cárceles es vulnerado y transgredido debido a la inexistencia de una atención integral”.

Precisó que el rechazo y la discriminación se suman a la falta de servicios, insumos y materiales de higiene personal, lo que hace invivible esta situación. “Uno de los temas que será fundamental para que podamos entender los alcances de esta condición, será la criminalización del mismo espectro”.

Señaló que, según el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida, siete de cada 10 personas con VIH sí saben que tienen el virus, pero el resto de las personas infectadas lo ignoran y, por lo tanto, no tienen tratamiento, lo que, aunado al desabasto de medicamentos, la interrupción de pruebas y tratamientos coloca a los portadores en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, la diputada María Clemente García Moreno (Morena), coordinadora de la Subcomisión de Atención a Personas con VIH, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, refirió que hay más de 250 mil pacientes en México atendidos en el IMSS, ISSSTE y otras instituciones, donde las mujeres, mujeres heterosexuales, madres y trans, representan al 30 por ciento. 

Destacó que actualmente impulsa una iniciativa para eliminar el concepto de “riesgo de contagio” del Código Penal Federal, ya que es un tema de justicia “pues es una pena que no ha dado resultados”.

A nivel municipal, apuntó, se requiere pruebas rápidas para detección, así como programas de atención, pues es el nivel de gobierno más cercano a la gente. “No se debe ver nada más lo federal, sino también las secretarías estatales y lo que hacen los presidentes municipales en este tema”.

Testimonios de representantes de sociedad civil

Silvia Carmona Medina, activista en la defensa de las personas con VIH-Sida, señaló que la mayor parte de las mujeres que son diagnosticadas no asisten a las citas médicas por temor a la estigmatización, por lo que solicitó a las diputadas que se termine con la invisibilización y se garantice una atención médica adecuada, se promuevan campañas de uso del preservativo femenino y se vigile que los hospitales cuenten con los medicamentos antirretrovirales.

Mariana Iacono, activista de la comunidad argentina de mujeres con VIH, dijo vía teleconferencia que las mujeres portadoras del virus requieren toda la información para decidir sobre sus derechos reproductivos, así como tener la opción de amamantar o no, además de que no deben ser discriminadas. 

Hilda Esperanza Esquivel Cerda, representante de Redes de Mujeres con VIH en Latinoamérica ICW, planteó la necesidad de combatir el aislamiento de las mujeres con VIH-Sida, a través de su empoderamiento, a fin de que participen en la toma de decisiones que las afectan.

Andrea Luna, del Colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir, aseguró que muchas organizaciones han desaparecido por la falta de recursos y por los efectos de la pandemia de Covid-19. Señaló que los casos de contagios de VIH van en aumento, por lo que se requiere de trabajo con el sector salud, gobierno y asociaciones civiles.

Al dar su testimonio, María Antonieta Lozano, especialista en acompañamiento y atención a personas en su resultado positivo a su prueba de VIH, propuso crear un programa que apoye a las mujeres que padecen VIH-Sida, ya que un alto índice no accede a los medicamentos por falta de recursos. Además, solicitó que se realicen más pruebas de Papanicolaou, de VIH y sífilis, con el objetivo de lograr una detección oportuna.

En el evento, participaron representantes de diversas organizaciones civiles, quienes se pronunciaron por emprender medidas legislativas que se respalden con presupuestos para que las acciones se traduzcan en políticas públicas, atender el desabasto de antirretrovirales y promover el diagnóstico oportuno y la atención médica a los pacientes con VIH-Sida en los centros de readaptación social. 

Plantean reformas para garantizar movilidad y accesibilidad universal para adultos mayores

• Se pretende mejorar el entorno de las personas de la tercera edad para que puedan contar con una vida segura y de calidad

El diputado José Luis Garza Ochoa (PRI) presentó una iniciativa que reforma el artículo 5° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el propósito de garantizar su movilidad y accesibilidad universal.

El documento turnado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, también tiene como fin mejorar el entorno de las personas de la tercera edad para que puedan contar con una vida segura, de calidad y de bienestar, derechos garantizados en nuestra Constitución.

“Es imperativo promocionar los derechos fundamentales de todas las personas mayores, así como continuar trabajando en la erradicación de todas las formas de exclusión, creando entornos seguros de movilidad y, sobre todo, de protección, para hacer efectivos sus derechos fundamentales, consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, sostiene la iniciativa.

En su argumentación, indica que, ante el aumento sostenido del número de personas adultas mayores, se requiere de infraestructura para su movilidad universal en todos los espacios públicos, con el propósito de crear entornos que mejoren su calidad de vida y su bienestar social. 

Para ello, el Estado debe de legislar para los sectores más desprotegidos, como son las personas de la tercera edad, con el incremento de espacios adaptables a su edad y a sus necesidades, mediante los cuales puedan ejercer su derecho a desarrollarse de manera plena, a través de su accesibilidad universal.

La exposición de motivos detalla que la exclusión para la movilidad de los adultos mayores se manifiesta cuando se les impide el acceso a los servicios básicos o se les niega o condiciona la movilidad y la accesibilidad universal por cuestiones de su edad.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que en 2020 residían en nuestro país 15.1 millones de personas de 60 años o más, que representan el 12 por ciento de la población total nacional, mientras que por cada 100 niños o niñas con menos de 15 años hay 48 adultos mayores. 

Avalan en Comisión reformas en favor de adultos mayores y personas con discapacidad

 

• Validan también cuatro opiniones a iniciativas

En reunión semipresencial, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside la diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), aprobó reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, así como cuatro opiniones a iniciativas en materia de inclusión electoral.

El dictamen a las minutas con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 5 Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que se avaló por unanimidad, establece que las personas adultas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir del Estado una pensión no contributiva, de conformidad con el párrafo décimo quinto del artículo 4o. constitucional.

En el caso de las personas indígenas y afrodescendientes esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad.

Con 26 votos se aprobó el dictamen a la iniciativa que plantea la reforma de los artículos 6o. y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el fin de promover la creación de una ventanilla única de atención inclusiva en las instituciones públicas o privadas.

Vía plataforma digital, la diputada María Asención Álvarez Solís (MC) confió en que la reforma abone a la atención de este sector.

Por su parte, la diputada Gabriela Sodi Miranda pidió el voto a favor y puntualizó que la Comisión insistirá en que es un derecho ganado para las personas adultas mayores.

Vía telemática, la diputada Janine Patricia Quijano Tapia (PVEM) mencionó que trabaja una iniciativa en materia de lugares de estacionamientos para adultos mayores y consideró oportuno unificarlas con el fin darles más poder.

Asimismo, los integrantes aprobaron, en bloque y con 27 votos, cuatro opiniones a iniciativas. Una reforma diversas disposiciones de las leyes generales de Partidos Políticos y la de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de inclusión electoral. El objetivo es garantizar los derechos políticos y promover la participación sin discriminación, con igualdad sustantiva y condiciones de equidad a personas con discapacidad.

Otra es a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuyo objetivo es adicionar en la fracción III Bis del artículo 2 Anexos Transversales: anexos del Presupuesto el Programa para la inclusión de las personas con discapacidad sin discriminación en el ejercicio de sus derechos.

Una opinión más es a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, con el objeto de garantizar la actividad política de grupos vulnerables y la participación de personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas y de la diversidad sexual.

Otra opinión es a diversas iniciativas relacionadas con el cumplimiento a la sentencia SUP-JDC-92/2022 y acumulados, y que legisla en materia de derechos políticos de personas con

discapacidad, cuyo fin es incluir el concepto de “ajuste razonable”, para garantizar el derecho al sufragio de las ciudadanas y los ciudadanos con discapacidad.

En el caso de las fórmulas para senadurías y diputaciones, tanto en el caso de mayoría relativa, como de representación proporcional, los partidos políticos deberán integrarlas con personas con discapacidad del mismo género y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres.

Asimismo, los partidos políticos en el uso de sus prerrogativas en radio y televisión incluirán la tecnología necesaria para el acceso de las personas con discapacidad a los mensajes. Asimismo, harán uso de la lengua de señas mexicanas en la elaboración de su propaganda que difundan por televisión.

Asuntos generales

La diputada Sodi Miranda informó que, con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, el 28 de febrero; del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo; del Día Mundial del Síndrome de Down, 21 de marzo, y del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, dos de abril, se propuso llevar a cabo el mes de Concientización sobre el Autismo.

Vía plataforma digital, la diputada Norma Aceves García (MORENA) solicitó que a estas actividades se agregue una reunión con la CONADIS para conocer cuánto se ha avanzado en el tema de pensiones y determinar la agenda legislativa en el “ánimo de sumar y ayudar a la institución”.

Concluye primera jornada del foro de consulta de la Ley General de Educación sobre educación inclusiva

• Solicitan mejor normatividad, infraestructura para personas con discapacidad y planes de estudio en sistemas braille y LSM
• El foro se realizó en cumplimiento a sentencia de la SCJN

Noviembre del 2022. Al finalizar la primera jornada del foro de consulta de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva, organizado por las Comisiones Unidas de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables, docentes, especialistas, padres y madres de familia, educandos con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil solicitaron una mejor normatividad para la inclusión educativa de las personas con discapacidad.

El foro se realizó en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por invalidar el capítulo de educación inclusiva en la Ley General de Educación, que entró en vigor en septiembre de 2019, debido a que no se consultó a las personas con discapacidad durante su proceso de análisis, discusión y aprobación.

La diputada Gabriela Sodi (PRD), presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, destacó la importancia de que las participaciones se expongan en el micrositio de la Comisión para que “podamos abrevar a las siguientes legislaturas en las necesidades de la educación inclusiva”. 

También asistieron las diputadas Flora Tania Cruz Santos (Morena), presidenta de la Comisión de Educación; Norma Angélica Aceves García (PRI), secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y Sayonara Vargas Rodríguez (PRI), secretaría de la Comisión de Educación. 

Docentes de varios estados de la República demandaron un mayor esfuerzo de autoridades y gobierno para que la inclusión educativa se materialice en todas las comunidades, así como en planteles regulares y de educación especial.

Plantearon la importancia de capacitar a las y los maestros, solicitaron presupuesto para contratar especialistas y que el espectro autismo se catalogue como discapacidad, debido a la necesidad de realizar diagnósticos claros a quienes padecen esta condición para que les permita ser incluidos en la educación.

Se abordó el tema de los censos municipales de la población en condiciones de discapacidad para garantizar su derecho a la educación, derribar las barreras de aprendizaje y equipar los centros escolares con infraestructura, libros en braille, materiales didácticos, intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) y especialistas, así como impulsar la inclusión en el nivel medio superior que asegure la estadía y permanencia de las y los educandos en la preparación de habilidades y competencias.

Familiares de personas con discapacidad pidieron que los planteles para dicho sector sean atendidos por personas con limitaciones, con la finalidad de contar con una mayor comprensión, ya que la mayoría de estas instalaciones están a cargo de personas sin discapacidad.

Solicitaron autobuses adaptados a personas con discapacidad que usan sillas de ruedas, modificar las leyes a partir de consultar a los pueblos y comunidades indígenas, así como a las personas con discapacidad. Asimismo, se pronunciaron por un Diseño Universal para el Aprendizaje, y que el sector de salud elabore un diagnóstico que valore las capacidades de aprendizaje.

Opinaron que se debe dar prioridad a los servicios de apoyo especializados, con capacitación de personal en escuelas de todos los niveles educativos, que la currícula de las escuelas normales abarque materias de inclusión, LSM o braille, que los planteles cuenten con infraestructura y se fortalezca la cultura de respeto a esos espacios por la seguridad de las personas con discapacidad.

Se resaltó la urgencia de contar con transporte y escuelas habilitadas a fin de evitar riesgos a este sector; de no ser así continuará la desigualdad. Se propuso la eliminación de barreras, a través de la constante capacitación de los docentes y, en este sentido, que la Secretaría de Educación Pública elabore un libro para que se incluya la cultura de respeto hacia las personas con discapacidad. 

Puntualizaron que el Estado debe garantizar el acceso a la educación para todas las alumnas y los alumnos, independientemente de su condición, con especial atención a personas vulnerables en riesgo de exclusión y promocionar un sistema flexible, es decir que utilice estrategias de enseñanza amplias y variadas que transformen la cultura de las escuelas.

Se solicitó que los profesores sean capacitados sobre lectoescritura braille y LSM, crear un departamento psicopedagógico en cada escuela que atienda de forma especializada a los alumnos, e impulsar prácticas, políticas y culturas inclusivas que fomenten la educación igualitaria y equitativa.

Presentan el libro “Desigualdades”, del economista Raymundo Campos Vázquez

La diputada Carmen Bautista Peláez (MORENA), integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, asistió a la presentación del libro “Desigualdades”, del economista Raymundo Campos Vázquez, en un evento realizado en la Biblioteca Legislativa de San Lázaro.

Para combatir la desigualdad se requiere educación de calidad, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, con igualdad de oportunidades y condiciones óptimas para la mujer, externó la diputada.

A la presentación del libro asistió como invitada especial la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, quien mencionó que ejemplares el libro “Desigualdades” ya están disponibles para consulta en la Biblioteca Legislativa.

La diputada Bautista Peláez también mencionó que las causas de la desigualdad radican en la recaudación fiscal baja del Gobierno que no puede financiar el desarrollo, así como la diversidad social de los territorios. Este problema debe ser tratado como asunto de seguridad nacional.

Mencionó que en Oaxaca existe una diversidad cultural y poblacional en los 571 municipios de la entidad. En 300 localidades todavía son válidos los usos y costumbres, por lo que los padres deciden el futuro matrimonial de sus hijas.

“Todavía existe el machismo en México”, situación que impide el progreso de las mujeres, lamentó.

El autor del libro, Raymundo Campos Vázquez, explicó que la desigualdad en México data desde el Siglo XVIII y el sur siempre ha sido la región con más rezago, sin importar el partido político que gobierne.

Mencionó que las causas de la desigualdad radican en la recaudación fiscal baja del Gobierno que no puede financiar el desarrollo, así como la diversidad social de los territorios. Este problema debe ser tratado como asunto de seguridad nacional.

Alexandra Haas Paciuc, directora ejecutiva de Oxfam México, mencionó que el libro debe ser referencia obligada para cualquier funcionario que pretenda integrar una agenda política.

Dijo que la composición sociodemográfica de los estados no origina la desigualdad en México, sino las malas decisiones de políticas públicas en la asignación presupuestal a los estados con mayor nivel de pobreza.

Proponen que el SIPINNA elabore un Registro Nacional de Orfandad

• El objetivo es brindar certeza y seguridad jurídica a las acciones integrales de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
• La diputada Raquel Bonilla Herrera (MORENA) impulsa una iniciativa para reformar la ley en la materia.

Con el propósito de que el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) elabore un Registro Nacional de Orfandad, la diputada Raquel Bonilla Herrera (MORENA), secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, impulsa una iniciativa.

El objetivo es brindar certeza y seguridad jurídica a las acciones integrales de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes que por cualquier situación se encuentren en orfandad, así como para acceder a los diversos programas sociales que implementen las autoridades federal, estatal, municipal o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para su atención.

La reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala que el SIPINNA celebrará instrumentos y mecanismos de coordinación con los registros civiles de las entidades federativas, a fin de obtener información y documentación actualizada de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.

Indica que el Sistema emprenderá acciones para la protección de las y los menores en situación de orfandad, enfocadas a promover, garantizar, proteger y restituir sus derechos; elaborará un diagnóstico de la problemática y sus causas como la muerte de la madre, con posterioridad al alumbramiento, accidentes, feminicidio u homicidio, enfermedad, desaparición de alguno o ambos padres o de quien ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia, así como protocolos de atención e indicadores de evaluación.

El Registro estará regido por las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de protección de datos personales, de los derechos y el interés superior de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.

Las leyes federales y de las entidades federativas aplicarán estrategias, planes, programas, instrumentos y mecanismos de apoyos de carácter social, psicológico, salud, educativo para su atención inmediata, precisa.

Subraya que en nuestro país el tema de la orfandad se ha convertido en un problema de grandes dimensiones, debido a que esta situación en que se encuentran inmersos los menores de edad genera diversas desigualdades sociales y ocasiona que padezcan pobreza extrema obligándolos al trabajo infantil, así como ser víctimas de violencia física y sexual.

En México, indica, existen cerca de 212 mil 900 menores de edad en situación de orfandad por la pérdida de uno o ambos padres, 226 mil 700 si se suma el fallecimiento de los abuelos que tenían la custodia, y 314 mil 500, añadiendo la muerte de los abuelos que residían en el mismo hogar de los menores de edad.

Refiere que antes del inicio de la pandemia, en México había 33 mil niñas, niños y adolescentes en orfanatos, casas hogar o albergues en espera de que alguien los adoptara, y para 2022 la cifra podría ser de alrededor de 40 mil menores de edad en espera de una adopción.

Por ello, resalta que es trascendental garantizar el apoyo a este sector vulnerable, con medidas que avalen la entrega y acceso de los apoyos y becas, así como trato digno y restitución de sus derechos.

Las modificaciones a los artículos 4, 6, 7, 10, 26, 30 Bis, 30 Bis 1, 116, 101 Ter, 101 Ter 1, 101 Ter 2, y 125 de dicha ley, se turnaron a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables elaborará declaratoria por la muerte de Luz Raquel Padilla

• Es un tema que tenemos que afrontar: diputada Sodi Miranda

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, presidida por la diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), a través de la subcomisión de Autismo, elaborará una declaratoria en torno al caso de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, madre de un niño de 11 años con autismo, víctima de feminicidio en Jalisco.

La diputada Sodi Miranda solicitó a las diputadas Janine Patricia Quijano Tapia (PVEM) y Carolina Dávila Ramírez (PRI), integrantes de la citada subcomisión, quienes también son madres de hijos con autismo, que redacten el documento para que sean las voces de este evento tan dramático, que es un feminicidio causado a las mujeres cuidadoras.

Esperaremos, dijo, el documento para que las y los diputados que quieran enriquecerlo lo hagan y vaya muy bien elaborado, centrándose en la exigencia que han expresado las y los legisladores y dar seguimiento hasta el final.

Nos toca poner en la mesa la discusión sobre los grupos de las personas con discapacidad para que se atienda este caso y nos sumemos en una sola voz y que el documento se firme por todos quienes deseen involucrarse, subrayó. 

Apuntó que “es un tema que tenemos que afrontar y tomar decisiones; está en nuestras manos hacer las acotaciones, los discernimientos y abrir los espacios; estamos en una segunda etapa y nos estamos enfrentado a temas diversos que han surgido en la materia. Debemos tomar decisiones”.

Sobre la minuta enviada al Senado de la República en torno al Programa Nacional de Cuidados, precisó: “No podemos permitir que siga el impasse en el Senado, que defina si va a aprobar o no la propuesta”. No podemos seguir con este ritmo y “no está pasando nada” cuando se desarrollan muchas situaciones en la sociedad a través de los grupos con las variantes de discapacidad.

Es momento de ejecutar acciones reales y concretas, así como discutir temas, agregó.

Al respecto, la diputada del PRI, Carolina Dávila Ramírez, indicó que el asesinato de Luz Raquel Padilla no solamente fue un feminicidio, sino que se atentó contra la madre de un pequeño con autismo, una mamá que era la cuidadora primaria de quien necesitaba todas las atenciones. Lamentó que no hay presupuesto para apoyar a estos pequeños y sus familias. “Como legisladores y madres las exhorto a dar seguimiento hasta el punto final a esta situación; esto nos demuestra qué tan deficientes son nuestros programas y fiscalías”.

La diputada Janine Patricia Quijano Tapia (PVEM) calificó de indignante que los responsables sigan libres, por lo que exigió que la fiscalía los encuentre y enjuicie, llegando hasta las últimas instancias con mano dura. “Como mamá de un niño con autismo hemos sido señalados, pero imaginar que mi vida está en peligro porque mi hijo tiene una discapacidad es indignante”.

Por el PAN, la diputada Ana Teresa Aranda Orozco dijo que se debe generar empatía hacia las causas y personas con discapacidad, así como “ponerse en los pies del otro porque nos estamos deshumanizando”. Pidió que el gobierno haga campañas de difusión sobre estos padecimientos y que la gente entienda lo que una madre en esta situación enfrenta. 

La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) señaló que el problema de fondo es que se carece de un sistema de cuidados para menores con discapacidad, adultos mayores y personas enfermas, siendo las mujeres las principales cuidadoras, lo que para ellas se convierte en una doble o hasta triple jornada. “No solamente no hay, sino que se ha desmantelado el poco sistema de cuidados que teníamos”.

También del PRI, la diputada Norma Angélica Aceves García llamó a visibilizar a las personas con discapacidad, sus derechos y que el contexto de la familia no se acote únicamente al trabajo de la Comisión, pues debe llegar más allá. “Les pido que nos ayuden a replicar este tema y la red de apoyo. Si más personas se involucran avanzaremos más rápido y con precisión”.

Por el PAN, la diputada Berenice Juárez Navarrete afirmó: “Tenemos que legislar para vincular a los tres órdenes de gobierno, en particular para sensibilizar a los presidentes municipales, directores generales y regidores; que atiendan las denuncias de violencia de género y a las personas con discapacidad, al prevalecer la falta de compromiso de muchos funcionarios”. Advirtió que los presupuestos y mecanismos han sido insuficientes para erradicar estos fenómenos. 

Del PAN, la diputada Mariela López Sosa apuntó que Luz Raquel Padilla Gutiérrez era madre de un niño de 11 años y no ha sido la única mujer violentada por el actuar de su hijo. “Es indignante la pérdida de valores en la sociedad y la falta de empatía con las personas que tienen alguna discapacidad”, por lo que las y los legisladores debemos ser la voz de quienes están en silencio. Refirió la creación de un foro en septiembre próximo para escuchar a esta población, hacer conciencia de la inclusión y estar al pendiente de sus necesidades. 

De MORENA, el diputado Pedro David Ortega Fonseca aseguró: “Estamos en la mejor disposición para trabajar en estos temas porque nos damos cuenta que, como ciudadanos, nos falta mucha conciencia en materia de discapacidad en todos los niveles de los servidores públicos”. Propuso ir en bloque y unidos como Comisión y expresó su decisión de firmar la declaratoria que se elaborará y realizar las acciones necesarias al respecto, porque tenemos que levantar la voz en este asunto tan delicado.

La diputada del PVEM, Ciria Yamile Salomón Durán consideró que se debe hacer un exhorto muy puntual al gobierno y a la procuración de justicia de Jalisco por este lamentable suceso. “Con firmeza y fuerza se debe hacer un pronunciamiento”, afirmó. 

Aprueban Opinión

Por otra parte, la Comisión aprobó por unanimidad la opinión en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación incluyente para personas con discapacidad, a cargo de la diputada Gabriela Sodi Miranda, del PRD. 

Lo anterior, al considerar que la propuesta se encuentra apegada a los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, concretamente en lo relativo a la no discriminación y de participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, a través de la educación, por lo que la propuesta se considera procedente.

La iniciativa busca reestablecer los artículos 61 al 68 de la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019, que fueron declarados inválidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sentencia a la Acción de inconstitucionalidad 121/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Aprobó Comisión de Atención a Grupos Vulnerables siete opiniones a iniciativas

En reunión semipresencial, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside la diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), aprobó, por unanimidad, siete opiniones a iniciativas en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, incentivos fiscales a empresas, y paridad de género.

La primera opinión fue a la Iniciativa que reforma el artículo 4 de la Constitución, presentada por la diputada Esther Martínez Romano, del PT; propone un sistema integral de salud para las personas con discapacidad. 

La presidenta de la Comisión dijo que se sugiere a la dictaminadora evaluar el impacto presupuestal y “si esta modificación es parte o no del INSABI”. 

La segunda opinión es a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de accesibilidad para personas con discapacidad. 

Sodi Miranda expresó que se propone que en ambas leyes se incluyan elementos de accesibilidad tanto a la información como al espacio físico, y se disponga de ayudas técnicas. Agregó que se plantea a la dictaminadora evaluar el impacto presupuestario y considerar la discriminación y denegación de ajustes razonables, toda vez que se corre el riesgo de afectar a los municipios más pobres. 

La diputada promovente, Norma Aceves García (PRI), dijo que es importante fortalecer la legislación con el objetivo de perfeccionar su incidencia y, sobre todo, ponerla al alcance de las personas con discapacidad. 

La tercera opinión, también a una iniciativa de la diputada Norma Angélica Aceves García, es en torno a reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de personas con discapacidad, con el fin de sustituir el concepto de “discapacitado por “personas con discapacidad” y eliminar el requisito de probar la discapacidad para acceder al 50 por ciento de descuento en el pasaporte de seis años.

La diputada Gabriela Sodi expresó que se sugiere a la dictaminadora evaluar el impacto presupuestal y observar con atención eliminar el requisito de probar la discapacidad, toda vez que las exenciones de este tipo afectan a las finanzas públicas y porque para evitar abusos debe existir una certificación de dicha discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Discapacidad. 

La cuarta opinión fue a las iniciativas que reforman y adicionan los artículos 35, 41, 53 y 56 de la Constitución, propuestas por las y el diputado Shamir Fernández Hernández (PRI), Esther Berenice Martínez Díaz (MORENA) y Pedro David Ortega Fonseca (MORENA). 

En este tema, la diputada Sodi Miranda indicó que las iniciativas se opinan en conjunto porque son dos productos originales que tienen coincidencia sobre la importancia y necesidad de garantizar los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad. Dijo que el planteamiento es muy similar, con excepción de que una de ellas propone una cuota numeraria del tres por ciento a favor de personas con discapacidad. 

La quinta opinión a la iniciativa del diputado Xavier Azuara Zúñiga, del PAN, reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de incentivos fiscales a empresas que contratan adultos mayores y personas con discapacidad. Propone que el fomento a la contratación vigente de 25 por ciento suba a 30 por ciento en el descuento del ISR del monto de pago. 

La diputada Gabriela Sodi Miranda dijo que la sexta opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de paridad de género, atención de calidad para personas con discapacidad y grupos vulnerables, plantea capacitar y contemplar políticas públicas a favor de este sector. 

La diputada promovente, Mónica Becerra Moreno (PRI), mencionó que la iniciativa tiene como objetivo velar por los derechos y la seguridad de todas las personas. 

La séptima opinión es a la iniciativa que reforma el párrafo Décimo Cuarto del artículo 4º de la Constitución. Sodi Miranda expresó que se propone simplificar la forma en que se otorga la atención a personas con discapacidad permanente, eliminando la condición de permanente, la edad y condición de vulnerabilidad múltiple para, únicamente, dejar la prioridad de en condición de pobreza. 

La diputada Norma Aceves García (PRI) indicó que es necesario actualizar el derecho consagrado en dicho artículo para actualizar el término discapacidad, y que se retire la priorización sobre los requerimientos de edad, dado que la pobreza no se elimina con la mayoría de edad.

La legisladora Ciria Yamile Salomón Durán (PVEM) consideró que se tiene que ver de dónde saldrán recursos porque se ampliará el espectro de beneficiarios, lo que “nos obligará a ser más diligentes con el ejercicio de recursos públicos”. 

Asuntos generales 

La presidenta de la comisión, diputada Gabriela Sodi Miranda, informó que ya se publicaron los criterios previos para el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023. Por ello, agregó, se conformará un equipo de trabajo para evaluarlos y establecer una ruta de trabajo con el Poder Ejecutivo y atender, desde antes de que llegue el Presupuesto, las inquietudes que se establecieron desde los trabajos para el gasto de este año.

Presentan a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables la “Plataforma Tecnológica APRENDEINEA”

• Para las personas con discapacidad la educación a distancia les permite acceder a la enseñanza: diputada Gabriela Sodi

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside la diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), llevó a cabo la segunda reunión de trabajo con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), cuya titular, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, presentó la “Plataforma Tecnológica APRENDEINEA”.

​Reyes Sahagún afirmó: “Necesitamos que la gente conozca y use la Plataforma APRENDEINEA para que ejerza el derecho a la educación. No se necesita permiso de nadie, se puede acceder de forma general; todos los materiales están dentro de la plataforma”.

Pidió que en las fábricas y empresas dejen estudiar una hora a las y los trabajadores, que les den un techo, una mesa, sillas y se puedan conectar a la red tecnológica.

La diputada Sodi Miranda destacó la relevancia de conocer del INEA qué ha hecho para atender la nueva realidad de aprendizaje, específicamente la plataforma para la educación a distancia, que tiene como soporte las tecnologías de la información.

En reunión semipresencial, subrayó que el INEA es una plataforma de acceso al sistema educativo para quienes no pueden continuar sus estudios en el sistema escolarizado, que es la realidad de muchas personas que viven con alguna discapacidad. La modalidad a distancia es una apuesta de acceso para el derecho a la educación e inclusión al sistema educativo.

Comentó que el INEA, encargado de coordinar los esfuerzos educativos para las personas adultas, tiene ahora un reto mayor: ampliar su oferta, a fin de ofrecer una alternativa en la formación básica de esta población y adaptarse a las nuevas realidades impuestas por la pandemia del Covid-19.

“No tengo duda que el INEA va más allá de las personas con rezago educativo. Debe ser una modalidad que facilite la inclusión de distintos tipos de personas en vulnerabilidad y debe, además, ser muy flexible para garantizar dicha inclusión a los diversos grupos en esta condición que requieren de apoyos especiales para satisfacer su derecho y obligación de contar con la educación básica”, apuntó.

Cuestionamientos de diputadas y diputados

La diputada Sodi Miranda comentó que las personas con discapacidad en segmentos y especificidades requieren atención muy precisa, por lo que preguntó si la plataforma tiene accesos auditivos y visuales, a fin de que la accesibilidad sea completa y qué se requiere para coadyuvar en lo que se necesite.

La diputada Janine Patricia Quijano Tapia (PVEM) señaló que el trabajo realizado en esta plataforma beneficiará a las personas con discapacidad y que se encuentran en vulnerabilidad. Consideró que también se debe incluir a las personas con autismo.

Adriana Esther Martínez Sánchez, diputada local de Veracruz (MORENA), dijo que ese tema debe estar en todo el país porque la tecnología es fundamental para que las personas en vulnerabilidad tengan acceso a la educación. “Es importante que todas y todos tengan acceso a la educación; un país sin educación no progresa” añadió.

La diputada de Morena, Luz Adriana Candelario Figueroa, cuestionó si las y los legisladores en sus casas de enlace pueden dar el acompañamiento y asesoramiento sobre esta plataforma a la gente de sus comunidades, aparte de los talleres de computación que ofrecen en apoyo a las y los jóvenes que abandonaron sus estudios debido a la extrema pobreza. Invitó a los gerentes de fábricas a que los ayuden a prepararse.

La diputada Mónica Herrera Villavicencio (MORENA) manifestó que se debe apoyar a la gente que no tiene primaria o secundaria y esta podría ser la respuesta. “Es un programa noble que no requiere de tanto presupuesto y que podemos agarrar esa bandera en nuestros distritos y municipios”.

Necesario, ejercer el derecho a la educación

Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), presentó la “Plataforma Tecnológica APRENDEINEA”, una modalidad de atención educativa.

Dijo que la plataforma incorpora los planteamientos de la nueva escuela mexicana, el tema de derechos humanos, la equidad de género, construcción para la paz y reconstrucción del tejido social.

También integra elementos de las tecnologías de la comunicación e información en una plataforma de accesibilidad total a cualquier persona, ya sea a través de la computadora, tablet o teléfono.

Indicó que esta plataforma permite atender y servir a distancia a todas aquellas personas en situaciones difíciles, atiende a migrantes nacionales, extranjeros, agrícolas, personas que tienen trabajo y horarios distintos, con diversas discapacidades o enfermedades.

También del INEA, Luis Manuel Gonzales explicó que la página para la plataforma es aprendeinea.inea.gob.mx, la cual está disponible en internet; el acceso es gratuito y cualquiera que lo ocupe puede abrir una cuenta, a fin de realizar estudios de primaria y secundaria.

Los funcionarios explicaron que los contenidos de la plataforma son en español y es compatible con todos los dispositivos para hacer el acceso más amigable a las personas con discapacidad.

Además, refirieron que cuenta con diversas modalidades educativas que no sustituyen a ningún tutor o maestro, pero sirve para personas con diversas discapacidades, es decir no tiene especificidad.

Aprueba Cámara de Diputados reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

• Establece que la Junta de Gobierno del CONADIS estará presidida por el titular de la Secretaría de Bienestar.

 

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que determina que la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), será presidida por el titular de la Secretaría de Bienestar, en lugar del secretario de Salud. 

El documento, que reforma el artículo 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, fue avalado con 482 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Se devolvió al Senado de la República para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional. 

Menciona que derivado de la modificación a los artículos 32 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, con las que se resectoriza la atención a las personas con discapacidad de la Secretaría de Salud a la Secretaría de Bienestar, es necesario adecuar el funcionamiento de la Junta de Gobierno del CONADIS, a fin de que sea presidido por el titular de la Secretaría de Bienestar.

Armonizar la ley 

En la fundamentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Gabriela Sodi Miranda del Partido de la Revolución Democrática, expresó que la finalidad es armonizarla con la reforma del 2 de enero de 2013, que resectorizó al CONADIS, que pasó del ámbito de la Secretaría de Salud a la Secretaría de Bienestar. 

Indicó que al momento de llevarse este cambio no se realizó la modificación en el artículo 45 de la Ley de Discapacidad, generándose una antinomia jurídica, porque en la redacción actual de la Ley de Administración Pública Federal, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad está sectorizado en la Secretaría de Bienestar, pero presidido por el titular de la Secretaría de Salud.  

Respaldo a casi dos millones de mexicanas y mexicanos 

La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho del Revolucionario Institucional, señaló que la minuta no solamente ajusta un término en la ley vigente; representa un cambio de fondo y el respaldo de este Congreso a casi dos millones de mexicanas y mexicanos con discapacidades. Es una estrategia sostenible hacia la inclusión, consideró. 

Realizan en San Lázaro Congreso Nacional de la Educación de Sordo y Lenguas de Señas Mexicana

• Se acompañarán esfuerzos y se asumirá la responsabilidad legislativa sobre el tema: diputada Sodi Miranda

Al inaugurar el Congreso Nacional de la Educación de Sordo y Lenguas de Señas Mexicana, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Gabriela Sodi Miranda del Partido de la Revolución Democrática, indicó que los integrantes de la LXV Legislatura acompañarán esfuerzos y asumirán el tramo de responsabilidad en los temas legislativos.

En el Congreso, realizado en conmemoración del Día Nacional del Sordo, la legisladora señaló la importancia de que las y los diputados conozcan las necesidades de esta población, con el fin de reforzar, generar y modificar las políticas públicas. “La lengua de señas mexicana es un idioma nacional reconocido por las leyes como parte de la diversidad lingüística de nuestro país”, expresó.

A su vez, la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra de Movimiento Regeneración Nacional se dijo dispuesta a seguir construyendo puentes y lazos de comunicación con quienes ayudan a las personas con alguna discapacidad, porque todos merecen respeto dentro de los derechos humanos.

Participaciones de invitados

Luis Ramos Herrera, del Congreso Nacional de Educación para Sordos, explicó que los maestros y alumnos titulados sordos enfrentan diferentes dificultades, ya que la ley no señala que pueden ejercer en espacios públicos, por lo que se revisan leyes y estatutos para hacer más claros los marcos legales.

Álvaro Jiménez, de la Universidad de Gallaudet, comentó que hay quienes deciden trasladarse a otro país para buscar mejor estabilidad y aprendizaje para sus hijos sordos, pues en México hay muchas barreras.

En el encuentro, diversas personas sordas expresaron mediante el lenguaje de señas mexicana la importancia de seguir enseñando esta forma de comunicación a las nuevas generaciones, preservarla y evitar que se pierda, ya que es una herramienta que les permite desarrollarse en materia social, de educación y laboralmente.

Benjamín Moreno, quien es hijo de padres sordos, dijo que hay una carga de portavoz y atención a los padres, pero es una experiencia de falta de atención integral hacia las personas sordas, incluyendo la educación. “Como sociedad, para llamarnos incluyentes debemos expandir el lenguaje de señas hacia toda la persona mediante la impartición de una materia”.

Blanca Inés Valencia Vázquez, jefa de la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales, del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, explicó el proyecto realizado junto a la asociación PANAL y el Congreso Nacional de la Educación de Sordo y Lenguas de Señas Mexicana, para la enseñanza a personas sordas y el impulso a la lengua de señas.

Ernesto Elizondo, quien cursa la maestría en la UAM Xochimilco, dijo que los docentes no están preparados para recibir población con alguna discapacidad, lo que repercute en la calidad educativa y genera poco a poco exclusión. “En México hay una deserción alta que es mayor cuando se tiene discapacidad”. 

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables garantizará derechos de personas con discapacidad y adultos mayores

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, presidida por la diputada Gabriela Sodi, del grupo parlamentario del PRD, aprobó su programa anual de trabajo en el que destaca el compromiso de garantizar los derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores.

Sodi Miranda explicó que se prevé crear subcomisiones de trabajo para consulta previa sobre los derechos de las personas con discapacidad, que serán encabezadas por un secretario o secretaria de la comisión, además de una serie de reuniones con funcionarios encargados de atender a los grupos vulnerables.

En este sentido, la legisladora del PT, Dionicia Vázquez, expresó que con la construcción de este plan de trabajo se responderá a los grandes retos pendientes en materia de discapacidad. A su vez, Yamile Salomón del Partido Verde, resaltó que el plan de trabajo busca fomentar el Parlamento Abierto. 

Además, propuso mantener un diálogo con las secretarías de Bienestar y de Hacienda para el análisis de la restricción de la edad de las personas con discapacidad en cuanto a los programas enfocados a este sector de la sociedad. 

Promueven apertura de espacios laborales para personas con discapacidad

* Se debe fomentar la integración progresiva de personas con discapacidad en el sector público y privado: Alicia Mercado.

Con el propósito de abrir espacios laborales a personas con discapacidad, la diputada de MORENA Alicia Mercado Moreno propuso, exhortar a las y los titulares del Instituto Mexiquense para la Discapacidad, de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, a que realicen las gestiones necesarias para la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad en los distintos órganos públicos y privados. 

La también presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, explicó que se busca la participación progresiva de personas con discapacidad en al menos el 5% del total de las plantillas laborales. Tal como lo establece la Ley para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad del Estado de México. 

La legisladora apuntó que esta ley faculta al Instituto Mexiquense para la Discapacidad a impulsar y coordinar políticas públicas enfocadas en la inclusión laboral, y que con este fin se planteó que organismos públicos y privados participen en acciones que abran espacios que dignifiquen los conocimientos y habilidades que estas personas.

Plantean reformas para agilizar sesiones del Pleno Legislativo

Por su parte, el legislador Gerardo Ulloa Pérez propuso reformas para armonizar el marco jurídico del Poder Legislativo y hacer efectivo que la presentación de una iniciativa o cualquier otra proposición ante el Pleno se ajuste a diez minutos.

Además, si durante la presentación de una iniciativa se solicita al presentante alguna aclaración, el reloj, a cargo del o la presidenta de la directiva, se deberá detener y reanudar después de la aclaración o respuesta. La iniciativa de reforma al Reglamento del Poder Legislativo será analizada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.