• Se busca que entidades federativas puedan expedir una
legislación, en relación con la prevención y gestión integral
• Y prohibir la entrega de determinados productos, envases, empaques y
embalajes de plásticos y poliestireno expandido
La diputada Karen Castrejón Trujillo (PVEM), presidenta de
la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentó una iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el artículo 100 de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).
El objetivo es que las entidades federativas puedan expedir una legislación, en
relación con la prevención y gestión integral, así como prohibir entregar
determinados productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y
poliestireno expandido que al desecharse se convierten en residuos.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
explica que con esta reforma las leyes estales tendrán correspondencia con la
prevención y gestión integral de los residuos sólidos y contener prohibiciones
sobre la entrega de determinados materiales plásticos que tardan mucho tiempo
en degradarse.
En la exposición de motivos explica que el 40 por ciento de los residuos
plásticos terminan en el ambiente y únicamente entre 5 y 10 por ciento de estos
realmente se reciclan. Añade que para 2040, la industria del plástico planea utilizar
el 19 por ciento del presupuesto de carbono de 1.5 grados.
Puntualiza que el costo de las externalidades de una tonelada de plásticos es
de mil dólares, mientras que el flujo anual de este material hacia los océanos
es de 11 millones de toneladas. Agrega que una tonelada de plástico emite 5
toneladas de CO2 y cada persona usa en promedio 46 kg al año.
“Una botella de plástico puede tardar hasta 500 años en degradarse
completamente”, subraya la iniciativa.
Menciona que, a partir de la revisión de las resoluciones de la (SCJN) en la materia, se desprende que las entidades
federativas, a través de sus leyes locales, pueden aumentar las obligaciones o
las prohibiciones que contiene una ley general.
Por ello, es necesario respaldar la voluntad de las entidades federativas para establecer en sus legislaciones locales, mayores requisitos respecto a la prohibición de ciertos materiales para la prevención de la generación de residuos plásticos.
La diputada Castrejón Trujillo expone en su iniciativa que no se trata de estigmatizar materiales o de generar y declarar la guerra a algunos sectores productivos, cuya importancia resulta innegable para las inversiones, la creación de empleo y desarrollo nacional; sin embargo, es indispensable velar por el interés colectivo expresado en muchas leyes ambientales locales.
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