• La difusión de vídeos o fotografías íntimas a través de redes sociales se ha incrementado
• La diputada Aguirre Maldonado (PRI) propuso reformar el artículo 199 Octies del Código Penal Federal
La diputada María de Jesús
Aguirre Maldonado (PRI) propuso reformar el artículo 199 Octies del Código
Penal Federal, para aumentar la pena por el delito de violación a la intimidad
sexual, y que esta sea de seis hasta doce años de cárcel, y multa de mil a mil
quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA).
El documento, turnado a la
Comisión de Justicia para dictamen, también elimina del mismo artículo el
término “que tenga la mayoría de edad”, por lo que comete el mencionado delito
aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos
o audios de contenido íntimo sexual de una persona, sin su consentimiento, su
aprobación o su autorización.
Actualmente, el delito se
sanciona con tres y hasta seis años de prisión y multa de 500 a mil UMA, y
establece que se comete violación a la intimidad sexual cuando la víctima sea
mayor de edad.
En el documento, turnado a la
Comisión de Justicia para su dictamen, refiere que, en los últimos años, la
difusión en redes sociales de vídeos o fotografías íntimas de terceros ha
aumentado considerablemente, lo cual se realiza sin pensar en el daño que se le
genera y sin saber que se comete un delito.
Menciona que de acuerdo a
estadísticas del Módulo sobre Ciber acoso (MOCIBA) del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), en 2017, el 17.7 por ciento de las usuarias de
Internet aseguró haber sido víctima de ciber acoso, porcentaje que aumentó a
22.8 por ciento en 2021.
Añade que datos del INEGI a julio
de 2022 señalan que del 36.7 por ciento de las mujeres que aseguraron ser
víctimas de ciber acoso, casi la mitad corresponde a casos de suplantación de
identidad.
Expresa que datos de ONU-Mujeres, destacan que durante la emergencia sanitaria por COVID-19 la violencia digital por razón de género se agravó contra mujeres y niñas, afectando su desarrollo y el pleno disfrute de sus derechos humanos a la dignidad, la libertad de expresión, acceso a la información, protección de datos personales y vida privada, así como a la justicia.
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