Se instruye a formular un protocolo de atención aplicable a
partir del próximo ciclo escolar.
Comisiones legislativas aprobaron lineamientos para la
atención y seguimiento de casos de bullying.
Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso local aprobaron por
unanimidad que, en los casos de acoso escolar o bullying, él o la acosadora
garanticen la reparación del daño moral y garanticen una indemnización o el
pago de daños y perjuicios.
En reunión de dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley
para Prevenir y Atender el Acoso Escolar de la entidad, las y los legisladores
establecieron que corresponderá a la Secretaría de Educación de la entidad
elaborar y expedir el protocolo de actuación aplicable ante los actos de
bullying en el ambiente escolar así, como su revisión y actualización anual.
Asimismo, se aplicará una encuesta semestral entre la
comunidad educativa para identificar las escuelas con mayor incidencia de
acoso, la que servirá para la instrumentación de acciones para atenderlo; que
el acoso se prohíbe y será considerado como tal cuando se lleve a cabo en
cualquier red social, aplicación o plataforma electrónica, además de que cada
tres meses las escuelas informarán a la Secretaría sobre los casos que
registren para respaldar el actuar de la autoridad.
El dictamen precisa que se considerará abuso el acoso
escolar, verbal, a través de plataformas digitales, así como el físico, que
genera repercusiones físicas, emocionales, morales y sociales, e instruye a la
Secretaría a dar vista al órgano interno de control que corresponda en caso de
incumplimiento de estas disposiciones, quien deberá determinar a qué ente,
público o privado, canalizará los casos que se presenten.
Incluye además un artículo transitorio para instruir a la
Secretaría que el protocolo deberá estar listo para su aplicación a partir del
próximo ciclo escolar.
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