• Necesario, garantizar su
derecho a la salud en los centros penitenciarios: diputada Sodi Miranda
• De los más de 250 mil pacientes en México, 30 por ciento son mujeres: diputada García Moreno (MORENA)
La Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables, que preside la diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), llevó a cabo
el foro “Madres, Mujeres y Personas con VIH-Sida; Realidad y Retos”, para
conocer las problemáticas y necesidades que afectan a quienes viven con esta
enfermedad, entre ellas las mujeres recluidas en el sistema penitenciario, a
fin de garantizar sus derechos fundamentales y coadyuvar a la eliminación de
estigmas y discriminación.
La diputada resaltó que esta
Legislatura ha insistido en la vida de mujeres en reclusión, a fin de que
tengan medicamentos y espacios para sus hijas e hijos, y expresó la importancia
de realizar este tipo de eventos donde se comparten experiencias y
conocimientos para tener otra visión, la de quienes viven con dicha enfermedad,
y que “nos darán luces sobre estos temas, conocer los impactos y alcances de
nuestras decisiones”.
Consideró que “no estamos
cumpliendo con lo establecido como Estado”; además, la decisión de no destinar
recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil provocó que se dejaran
de implementar campañas y políticas de prevención y detección de VIH, las
cuales aún se realizan sin apoyo.
Añadió que, de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, del INEGI, el 17 por
ciento de las mujeres que viven con VIH-Sida no tiene tratamiento, y carece de
un diagnóstico temprano. “El derecho a la salud de quienes viven con Sida en
las cárceles es vulnerado y transgredido debido a la inexistencia de una
atención integral”.
Precisó que el rechazo y la
discriminación se suman a la falta de servicios, insumos y materiales de
higiene personal, lo que hace invivible esta situación. “Uno de los temas que
será fundamental para que podamos entender los alcances de esta condición, será
la criminalización del mismo espectro”.
Señaló que, según el Centro
Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida, siete de cada 10
personas con VIH sí saben que tienen el virus, pero el resto de las personas
infectadas lo ignoran y, por lo tanto, no tienen tratamiento, lo que, aunado al
desabasto de medicamentos, la interrupción de pruebas y tratamientos coloca a
los portadores en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, la diputada María
Clemente García Moreno (Morena), coordinadora de la Subcomisión de Atención a
Personas con VIH, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, refirió que
hay más de 250 mil pacientes en México atendidos en el IMSS, ISSSTE y otras
instituciones, donde las mujeres, mujeres heterosexuales, madres y trans,
representan al 30 por ciento.
Destacó que actualmente impulsa
una iniciativa para eliminar el concepto de “riesgo de contagio” del Código
Penal Federal, ya que es un tema de justicia “pues es una pena que no ha dado
resultados”.
A nivel municipal, apuntó, se
requiere pruebas rápidas para detección, así como programas de atención, pues
es el nivel de gobierno más cercano a la gente. “No se debe ver nada más lo
federal, sino también las secretarías estatales y lo que hacen los presidentes
municipales en este tema”.
Testimonios de representantes
de sociedad civil
Silvia Carmona Medina, activista
en la defensa de las personas con VIH-Sida, señaló que la mayor parte de las
mujeres que son diagnosticadas no asisten a las citas médicas por temor a la
estigmatización, por lo que solicitó a las diputadas que se termine con la
invisibilización y se garantice una atención médica adecuada, se promuevan
campañas de uso del preservativo femenino y se vigile que los hospitales
cuenten con los medicamentos antirretrovirales.
Mariana Iacono, activista de la
comunidad argentina de mujeres con VIH, dijo vía teleconferencia que las
mujeres portadoras del virus requieren toda la información para decidir sobre
sus derechos reproductivos, así como tener la opción de amamantar o no, además
de que no deben ser discriminadas.
Hilda Esperanza Esquivel Cerda,
representante de Redes de Mujeres con VIH en Latinoamérica ICW, planteó la
necesidad de combatir el aislamiento de las mujeres con VIH-Sida, a través de
su empoderamiento, a fin de que participen en la toma de decisiones que las
afectan.
Andrea Luna, del Colectivo Trans
por la Libertad de Ser y Decidir, aseguró que muchas organizaciones han
desaparecido por la falta de recursos y por los efectos de la pandemia de
Covid-19. Señaló que los casos de contagios de VIH van en aumento, por lo que
se requiere de trabajo con el sector salud, gobierno y asociaciones civiles.
Al dar su testimonio, María
Antonieta Lozano, especialista en acompañamiento y atención a personas en su
resultado positivo a su prueba de VIH, propuso crear un programa que apoye a
las mujeres que padecen VIH-Sida, ya que un alto índice no accede a los
medicamentos por falta de recursos. Además, solicitó que se realicen más
pruebas de Papanicolaou, de VIH y sífilis, con el objetivo de lograr una
detección oportuna.
En el evento, participaron representantes de diversas organizaciones civiles, quienes se pronunciaron por emprender medidas legislativas que se respalden con presupuestos para que las acciones se traduzcan en políticas públicas, atender el desabasto de antirretrovirales y promover el diagnóstico oportuno y la atención médica a los pacientes con VIH-Sida en los centros de readaptación social.
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