▪El prestigio judicial se basa en el ejemplo; es necesario que la Corte “haga lo propio” y aborde las múltiples omisiones que afectan resolución de asuntos relevantes, señala.
La Presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera
Rivera, recordó que el prestigio judicial se basa en el ejemplo, por lo que
llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que “haga lo propio” y
aborde “las múltiples omisiones que actualmente afectan la resolución de casos
prioritarios para la vida pública del país”.
En declaraciones a los medios, la legisladora dio a conocer
que valora la posibilidad de ejercer la facultad que le confiere la ley, como
representante de la Cámara de Senadores, para exigir a la Corte la resolución
pronta y prioritaria de diversos asuntos que han acumulado años de retraso.
Por otra parte, aseguró que la Cámara de Senadores seguirá
haciendo lo necesario para lograr los acuerdos que cumplan la resolución de la
SCJN sobre los nombramientos en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales.
Lo anterior, acotó, porque lo realmente importante es que
las y los mexicanos puedan ejercer su derecho a la información plenamente.
La senadora presidenta insistió en que “es importante
recordar que el prestigio judicial se basa en la ejemplaridad, y esperamos que
la Suprema Corte también haga lo propio para abordar las múltiples omisiones
que actualmente afectan la resolución de casos prioritarios para la vida
pública del país”.
Refirió que el Poder Judicial también tiene atrasos
importantes como la resolución de la Ley de Austeridad Republicana, “porque han
esperado tantos años para resolverlo”, así como la resolución sobre quienes no
han pagado impuestos durante muchos años, “y que siguen detenidos por la
Suprema Corte”.
“Cómo es posible que la Suprema Corte resuelva de manera
inmediata dar entrada a una controversia constitucional por el caso de los
Libros de Texto y no pueda resolver si Ricardo Salinas Pliego tiene o no tiene
que pagar sus impuestos”, aseveró.
Dijo que el Senado tiene la obligación de cumplir con las
atribuciones que la Constitución le confiere, entre las cuales se encuentra la
designación o ratificación de distintas autoridades. Sin embargo, acotó, el
cumplimiento de tales deberes es complejo y no depende de la voluntad de una
sola persona ni de una sola fuerza política.
Ana Lilia Rivera recordó que el nombramiento o ratificación
de funcionarios, por parte de una Cámara legislativa, constituye, sobre todo,
un acto de naturaleza política, que requiere tejer acuerdos, construir
argumentos sólidos, convencer al otro de ellos y llegar a decisiones que, más
allá del propio juicio, sean en beneficio del país y de sus instituciones.
“En otras palabras: los procesos de nombramiento,
ratificación o designación encuentran en la Constitución su asidero jurídico,
pero la navegación para concretarlos requiere de la conjunción de múltiples
factores: voluntad política, capacidad de negociación y altura de miras para
construir consensos entre fuerzas con intereses, ideas y plataformas
distintas.
La Corte, agregó, es consciente de esta complejidad, como lo
ha evidenciado en numerosas resoluciones relacionadas con acciones del Poder
Legislativo Federal y “como Senado de la República estamos comprometidos con
dar cumplimiento a las sentencias de la Corte, siempre respetando estrictamente
el principio de separación de poderes”.
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