·Interpone gobierno del Estado de México recursos de
revisión en juicios de amparo, donde los magistrados del Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito prohibieron el uso de
casi 10 millones de Libros de Texto Gratuitos ya entregados a los alumnos para
el ciclo escolar 2023-2024.
·La decisión del Tribunal Colegiado Federal daña gravemente
el interés superior de más de 3.1 millones de estudiantes mexiquenses de
educación básica, al privarles de una educación completa y de calidad,
afectando su libertad de elección y pensamiento sobre qué lecturas conocer o
no.
Toluca, Estado de México.- En representación de la gobernadora
del Estado de México, la Consejería Jurídica estatal interpuso recursos de
revisión en los juicios de amparo 1094/2023 y 1096/2023, promovidos por doce
padres de familia en contra de la impresión y distribución de los Libros de
Texto Gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, en los niveles educativos
preescolar, primaria y secundaria del Estado de México; donde el Segundo
Tribunal Colegiado del Segundo Circuito ordenó a los jueces tercero y cuarto de
distrito otorgar la suspensión de los actos de las autoridades educativas
federales y estatales para el efecto de que “… los alumnos que cursan los
grados de segundo a tercero de preescolar, primero a sexto de primaria y
segundo y tercero de secundaria, de las instituciones de educación
pertenecientes al Estado de México, no se les distribuyan los libros de texto
gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, o bien, en caso de haberse entregado,
no utilicen o aprovechen los mismos, ...”.
Esta resolución afecta la enseñanza de la totalidad del
alumnado de nivel básico al privarlos de una educación completa y de calidad,
obstaculizando el buen funcionamiento del diseño pedagógico de la Nueva Escuela
Mexicana, no obstante que quienes solicitaron el amparo fueron únicamente 12
padres de familia; consideraciones que los magistrados federales no tomaron en
cuenta al ordenar a los jueces de distrito emitir las suspensiones de los actos
de las autoridades educativas estatales.
Lo anterior con base a los lineamientos que en los recursos
de queja 343/2023 y 344/2023 les precisó el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Segundo Circuito, integrado por los magistrados
Isidro Manuel Muñoz Acevedo, Alberto Roldán Olvera y David Tagle Islas
(Secretario en funciones de Magistrado), para que la suspensión de los actos de
las autoridades educativas tuvieran efectos generales en millones de educandos
y no únicamente en los hijos de quienes
promovieron el amparo, violando las reglas básicas del juicio de amparo que
sólo es procedente a petición de la parte afectada.
La orden del Tribunal Colegiado a los jueces de distrito
daña gravemente a más de 3.1 millones de estudiantes de educación básica, a
quienes en un 85% ya se les han entregado los libros de texto gratuito,
afectando gravemente su derecho a la educación protegido por el artículo 3° de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La actual administración reitera su compromiso con las
niñas, niños y adolescentes mexiquenses a acceder a su derecho a una educación
basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que
garantice el respeto a su dignidad humana y el desarrollo armónico de sus
potencialidades y personalidad.
La determinación judicial viola este derecho de millones de
educandos, al prohibirles el uso de 9 millones 804 mil 777 libros de texto
gratuitos que ya se encuentran en sus manos; trastocando además su libertad de
pensamiento y expresión en su vertiente de poder elegir con entera libertad qué
material o lecturas adoptar en su formación personal. En la decisión de los
magistrados federales prevalece la ideología de unos pocos sobre la libertad de
pensamiento de millones de alumnos, padres de familia y maestros.
Los magistrados federales intentan imponer además una carga
económica desproporcionada a las familias y al sistema educativo estatal al
sugerir “la reimpresión de los libros de texto aprobados para el ciclo
inmediato anterior (2022-2023)”, omitiendo analizar y considerar las
condiciones económicas de las familias mexiquenses y la ausencia de previsión
presupuestal de las autoridades educativas para reimprimir millones de libros.
El gobierno del Estado de México ve con preocupación la
recurrente injerencia de las autoridades judiciales federales en el diseño,
implementación y ejecución de las políticas públicas del Estado Mexicano, que
constitucionalmente sólo competen a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
En este sentido, el gobierno del Estado de México respetuosamente
exhorta a los jueces y magistrados federales a ser sensibles a la realidad
social del país y emitir sus resoluciones respetando los marcos competenciales
de los Poderes de la Unión y de los Estados, limitando su actuación a lo que la
Constitución les encomienda para lograr una verdadera justicia en los casos
sujetos a su jurisdicción.
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