Si bien estos ejercicios de transparencia se han implementado durante años, se ha llegado a obviar a los pueblos originarios: Raúl Bolaños-Cacho Cué.
Aunque los proyectos de infraestructura en México son
considerados como el “motor” del crecimiento, desarrollo y bienestar del país,
no se puede pasar por alto a la gente cuyo entorno se ve afectado por estas
obras, particularmente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, sostuvo
el Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué.
El legislador del PVEM afirmó que, si bien se han
implementado en los últimos años consultas públicas, previas al desarrollo de
proyectos, para conocer todas las voces de la sociedad, éstas no son
obligatorias y en algunos ejercicios de transparencia se “obvian” a estos
sectores, que reiteradamente han expresado su deseo de opinar respecto a los
planes que se vayan a implementar en sus territorios.
Ante este vacío legal, Bolaños-Cacho presentó en la Comisión
Permanente una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, a fin de incluir, en el artículo 34, la obligación
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de implementar una
consulta pública a comunidades, pueblos indígenas y afrodescendientes, previo a
que se implementen proyectos de infraestructura en las áreas y lugares donde
habitan.
Destacó que en México habitan más de 23 millones de personas
que se identifican como indígenas o afrodescendientes, según el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía; de esa cantidad, más de 50 por ciento
coincide en que la discriminación que padecen debe ser reconocida como un
problema social y que merece una respuesta puntual.
La iniciativa, turnada para su análisis a la Comisión de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, busca garantizar y
promover el respeto a los derechos de estos grupos sociales, como el derecho a
la no discriminación, a la cultura, a la historia y, no menos importante, a la
libre determinación.
Así, por ejemplo, los grupos indígenas y afrodescendientes
podrán conocer los efectos laterales de un proyecto de infraestructura, como el
impacto ambiental, desequilibrio ecológico o daño a la salud pública, además de
información y aspectos técnicos que les sean relevantes para tomar una
decisión.
El senador también precisó que con su propuesta se fortalece
el cumplimiento de los acuerdos internacionales que México ha adoptado, entre
ellos el objetivo número 10 de la Agenda 2030, relativo a la disminución de la
desigualdad.
“En el Partido Verde reconocemos que las consultas son un acto de justicia, un paso crucial para el desarrollo de la democracia y la inclusión, por lo que al integrar la perspectiva de estas comunidades se promueve una visión integral que contribuye al respeto de los pueblos originarios”, concluyó Bolaños-Cacho.
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