También, que se elimine todo estereotipo, prejuicio o sexismo que afecte el ejercicio o propicie la revictimización.
La Diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) propuso
que en el proceso penal acusatorio y oral sea derecho de las niñas,
adolescentes o mujeres víctimas u ofendidas que en todas las etapas y
actuaciones del proceso se observe la aplicación de la perspectiva de género y
la eliminación de todo estereotipo, prejuicio o sexismo que afecte el ejercicio
o propicie la revictimización, desigualdad, injusticia o jerarquización.
La iniciativa, que añade una fracción VIII al inciso C del
artículo 20 de la Constitución Política, enfatiza que en nuestro país las
mujeres sufren un “elevado nivel de violencia y de incesante inseguridad,
combinado desafortunadamente con un nulo acceso a la procuración e impartición
de justicia”.
Precisa que actualmente las mujeres únicamente encuentran
“menosprecio, maltrato, revictimización e incluso hasta ironía o sarcasmo” en
las instancias de la procuración de justicia, lo cual deja a las víctimas de
algún delito y sus familias con una condena permanente de impotencia e
injusticia que, incluso, se reproduce, aunque se trate del feminicidio.
El documento resalta que “ya no se puede permitir que la
carencia de la perspectiva de género en todos los procesos y protocolos de
procuración e impartición de justicia, cuando de violencia o delitos en contra
de las mujeres se trate, nos siga costando vidas de niñas, adolescentes y
mujeres, o bien, se traduzca en carpetas de investigación insuficientes e
incompletas que propician penas
ridículas para el agresor o el asesino”.
O “que esta carencia instale la puerta giratoria de la
impunidad para estos agresores o asesinos de niñas, adolescentes o mujeres en
todo nuestro país y al quedar libres continúen con la complacencia de nuestro
Estado de derecho y de la sociedad en su conjunto, atentando en contra de la
integridad y la vida de todas nosotras”.
Por ello, destaca la necesidad de instalar a nivel
constitucional la perspectiva de género en el actuar de las autoridades
encargadas de la procuración de justicia y de todos los procesos y protocolos
de atención, investigación, sanción y prevención de delitos en contra de las
niñas, adolescentes y mujeres.
Afirma que esta reforma constitucional permitirá a todas las
mujeres de este país, ante un delito, encontrar en los procesos legales el
acceso a la justicia pronta y expedita, en donde no se revictimice, señale o
prejuzgue y en donde los agresores sean castigados con todo rigor. Asimismo,
encontrar la protección, cuidado y ayuda institucional no solo para las
víctimas, sino también para sus familias. La iniciativa fue turnada a la
Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis.
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