El proyecto busca fomentar una conducta empresarial responsable, incluida la debida diligencia en materia de derechos humanos.
El Pleno del Senado
de la República avaló una reforma para que las cámaras empresariales de comercio,
servicios y turismo, además de principios éticos, promuevan entre sus afiliados
códigos de conducta que prevengan acciones de corrupción.
Con 90 votos, la Asamblea aprobó el dictamen que modifica la
Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, que también busca fomentar
una conducta empresarial responsable, incluida la debida diligencia en materia
de derechos humanos, así como el ejercicio de la legalidad, para evitar las
conductas anticompetitivas a que hace referencia la Ley Federal de Competencia
Económica.
Las y los senadores destacaron en el documento, que fue
remitido a la Cámara de Diputados, que una parte esencial de la conducta
empresarial responsable es la prevención de daños y riesgos, por ello, estas
organizaciones deben reconocer que sus actividades pueden tener consecuencias
negativas para el medio ambiente y la sociedad, por lo que se tienen que
mitigar.
Al presentar la propuesta, el Presidente de la Comisión de
Economía, Roberto Juan Moya Clemente, aseveró que con este proyecto el Senado
refrenda su compromiso para garantizar que las empresas respeten los derechos
fundamentales de los consumidores, además de que promuevan condiciones
laborales justas y contribuyan al desarrollo social.
En tanto, el presidente de la Comisión de Estudios
Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, afirmó que las empresas juegan
un papel crucial en el desarrollo económico y social de los países; sin
embargo, acotó, su influencia puede tener consecuencias negativas si no se
manejan de manera ética y responsable.
La Senadora de MORENA, Maura Hernández Fernández, consideró
que la aprobación de esta reforma ofrece la posibilidad de establecer un marco
legal que no sólo fomente una conducta empresarial responsable, sino que
también contribuya al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
Además, se aprobó un dictamen que actualiza los nombres de
las secretarías del Bienestar, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de
Economía y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la Ley de
Inversión Extranjera.
El proyecto de decreto por el que se reforman los artículos
23 y 24 de la Ley de Inversión Extranjera, aprobado con 86 votos a favor, fue
remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Al respecto, el Senador Roberto Moya Clemente indicó que cuando las instituciones gubernamentales cambian de nombre y las leyes no reflejan esas modificaciones, se genera un desfase entre la realidad operativa del gobierno y su identificación exacta, por lo que esta reforma es necesaria para dar certeza jurídica.
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