- Comisiones unidas del Congreso mexiquense acordaron someter a consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas el proyecto de decreto para armonizar la Constitución local con la Carta Magna nacional, reconociéndolos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía.
- Congresistas del PRI y MORENA destacaron que el proyecto, que conjunta iniciativas de la Diputada Leticia Mejía (PRI), la bancada de MC —coordinada por el Diputado Juan Zepeda— y la Gobernadora Delfina Gómez, atiende una deuda histórica.
Comisiones unidas del Congreso mexiquense acordaron consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre el proyecto de decreto que busca armonizar la Constitución local con la Carta Magna nacional, reconociéndolos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía para su libre determinación.
El proyecto, que será sometido a una consulta libre, informada, culturalmente adecuada, de buena fe y participativa antes de su dictaminación, reconoce a los pueblos indígenas como colectividades con continuidad histórica desde las sociedades precoloniales del territorio estatal, que conservan, desarrollan y transmiten total o parcialmente sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas.
El documento, que conjunta iniciativas de la Diputada Leticia Mejía García (PRI), la bancada de MC (coordinada por el Diputado Juan Manuel Zepeda Hernández), así como de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, también reconoce el derecho a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir, conforme a sus sistemas normativos y a las disposiciones legales aplicables, sus formas internas de gobierno, convivencia y organización social, económica, política y cultural.
De igual manera, establece la facultad de aplicar y desarrollar sus modelos para la regulación y resolución de conflictos internos.
Además, permitiría preservar la garantía de elegir, de acuerdo con sus sistemas normativos, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas de gobierno interno, garantizando que mujeres y hombres puedan votar y ser votados en condiciones de igualdad.
Plantea reconocer el derecho a preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural material e inmaterial; fomentar el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de sus lenguas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural; participar en la construcción de modelos educativos que reconozcan la composición pluricultural de la entidad, así como desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional y la partería para la atención de embarazos, parto y puerperio.
Busca definir su derecho a conservar y mejorar el hábitat, resguardar la bioculturalidad y la integridad de sus tierras, y mantener el derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes en los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género y pluriculturalidad.
De aprobarse por el Pleno del Congreso mexiquense, en los juicios y procedimientos de los que sean parte, individual o colectivamente, se deberían tomar en cuenta sus sistemas normativos y especificidades culturales, con respeto a los preceptos de las constituciones nacional y estatal.
Adicionalmente, tendrían que ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas, con pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística, así como poder ejercer su derecho al desarrollo integral con base en sus formas de organización con respeto a la integridad del medio ambiente y los recursos naturales.
Finalmente, a la consulta sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar cuando puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo.
Para tales efectos, el documento define obligaciones de autoridades para impulsar el desarrollo comunitario y regional, mediante el impulso de su economía y asignaciones presupuestales que sean administradas directamente por los pueblos y comunidades.
Asimismo, pretende proteger el patrimonio cultural, así como garantizar y fortalecer la educación indígena intercultural y plurilingüe; fomentar una relación intercultural libre de discriminación y racismo; asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud y a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad con pertinencia cultural; y facilitar el acceso a financiamiento para la construcción y mejoramiento de vivienda.
Busca garantizar y ampliar la red de comunicación, telecomunicación y nuevas tecnologías de la información, así como el acceso a los medios de comunicación e información en condiciones de dignidad, equidad e interculturalidad, protegiendo además a las comunidades y personas indígenas migrantes.
Respecto a los pueblos y comunidades afromexicanas, el proyecto refiere que se integran por descendientes de personas originarias de poblaciones del continente africano trasladadas y asentadas en el territorio estatal desde la época colonial, con formas propias de organización social, económica, política y cultural o parte de ellas.
Se propone reconocer y garantizar el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva en condiciones de igualdad sustantiva en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, en la toma de decisiones de carácter público, así como para el acceso a la educación, a la salud, a la propiedad y a la posesión de tierras.
En cuanto a la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana, se plantea una atención adecuada en sus propias lenguas para hacer efectivo el conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos de acceso a la educación, la salud, la tecnología, el arte, la cultura, el deporte y la capacitación para el trabajo.
Las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Desarrollo y Bienestar Social del Congreso mexiquense, por conducto de sus respectivas presidencias, se encargarán de la organización y realización de la consulta pública sobre el proyecto.
El acuerdo, avalado en reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, presidida por el Diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (MORENA), establece que este ejercicio se llevará a cabo conforme a los estándares constitucionales y convencionales, así como a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sus resultados serán presentados a dichas comisiones para la determinación correspondiente.
Cabe señalar que las propuestas para reformar la Constitución local buscan cumplir con lo mandatado por la reforma federal, que entró en vigor el 1 de octubre de 2024.
En referencia al documento, la Diputada Leticia Mejía, quien preside la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso mexiquense, destacó que se atiende una deuda con este sector.
El Legislador Octavio Martínez Vargas (MORENA) señaló un rezago acumulado de 90 años en la atención a pueblos y comunidades indígenas, por lo que la administración estatal actual, añadió, no ha esperado a reformas constitucionales para materializar programas, servicios y adecuaciones legales para su bienestar. Mientras que el Congresista Vladimir Hernández Villegas (MORENA) se pronunció por seguir avanzando en favor de las comunidades migrantes.
De la misma bancada, el Congresista Edmundo Luis Valdeña Bastida destacó las reformas progresivas a la Constitución nacional, así como la armonización estatal, cuya integración normativa es resultado. Asimismo, reconoció las coincidencias entre proponentes.
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