Secretaría de las Mujeres fortalece el derecho a la tierra, el territorio y la autonomía de las mujeres indígenas y afromexicanas

• En cumplimiento del Compromiso 53 Presidencial, se ha garantizado el derecho a la propiedad de la tierra a 23 mil 365 mujeres con la entrega de 40 mil 498 documentos agrarios

• La Cartilla de Derechos de las Mujeres se ha traducido de manera digital a 69 variantes lingüísticas de 67 lenguas indígenas, y en formato físico ya se distribuye el material en 56 lenguas y dos variantes

• Esta dependencia acompaña las Asambleas Regionales de Consulta, organizadas por el INPI, para la construcción de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, la Secretaría de las Mujeres fortalece sus acciones en territorio para garantizar que las mujeres indígenas, afromexicanas y del campo ejerzan plenamente sus derechos, participen en la vida pública y accedan a la justicia agraria y la autonomía económica.

En cumplimiento del punto 53 de los 100 compromisos asumidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de septiembre de 2025 a junio de 2026 se reconoció la titularidad de derechos agrarios a 23 mil 365 mujeres a través de la entrega de 40 mil 498 documentos oficiales.

Como parte de este esfuerzo, entre enero y junio del presente año se otorgaron certezas jurídicas sobre la tierra a 459 mujeres indígenas en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz.

Además, la Secretaría de las Mujeres distribuirá próximamente un instrumento para difundir los derechos de las mujeres del campo; en la entrega se dará prioridad a municipios con alta representación indígena.

El material describe ocho derechos fundamentales que funcionan como herramientas de defensa, entre los que destacan la titularidad de la tierra, la igualdad en el territorio, el reconocimiento al trabajo agrícola y comunitario, y el acceso a un medio ambiente sano.

Con el fin de impulsar la economía de las comunidades originarias, se llevó a cabo en Puerto Escondido, Oaxaca, el Encuentro Regional de Mujeres Afromexicanas e Indígenas del Sector Pesquero y Acuícola, espacio de diálogo que reunió a trabajadoras de Oaxaca, Guerrero y Chiapas para escuchar sus necesidades e integrar su perspectiva en las políticas de desarrollo regional.

Estas acciones se suman a la estrategia de difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, la cual cuenta con traducción digital a 69 variantes lingüísticas de 67 lenguas indígenas, además de su distribución física en 56 lenguas y dos variantes.

En los territorios, la Red Nacional de Tejedoras de la Patria convierte esta herramienta en espacios de diálogo directo para que las mujeres conozcan y defiendan sus garantías.

De igual manera, se destinaron 39.9 millones de pesos a la Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras para desplegar 279 promotoras y brigadistas en 93 municipios prioritarios, incluidas zonas indígenas y rurales, para prevenir el embarazo infantil y erradicar las violencias sexuales.

Esta dependencia también acompaña las Asambleas Regionales de Consulta organizadas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) para la construcción de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, garantizando la inclusión de un capítulo específico dedicado a salvaguardar los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas.

Con estas acciones, el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, refrenda su compromiso con una política pública incluyente que reconoce la diversidad cultural y asegura el ejercicio pleno de los derechos territoriales y la autonomía de las mujeres indígenas y afromexicanas.

SEMARNAT y CONAFOR instalan nuevo Consejo Nacional Forestal más plural y paritario

• Alicia Bárcena Ibarra destaca mayor participación de mujeres y comunidades indígenas y afromexicanas

• Avance histórico el esquema de paridad total entre mujeres y hombres, afirmó Sergio Graf Montero

Durante la 36ª Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional Forestal (CONAF), la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, tomó protesta a las nuevas personas integrantes del Consejo para el periodo 2026–2029. En este marco, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) participó en la sesión como parte de este órgano de consulta, asesoría y participación social para la construcción, seguimiento y fortalecimiento de la política forestal nacional, previsto en el artículo 152 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

En su intervención, la Titular de la SEMARNAT y Presidenta del CONAF, Alicia Bárcena Ibarra enfatizó el trabajo conjunto con la Secretaría de las Mujeres.

“Por primera vez en la historia, el Consejo Nacional Forestal se constituye de manera paritaria. Eso sí que es un gran avance. Ahora ya tenemos una integración paritaria de hombres y mujeres, tanto en sus consejerías como en las coordinaciones de sus comités técnicos. La igualdad en realidad debe traducirse en una participación de esta naturaleza efectiva con capacidad de decisión, en donde las mujeres y los hombres, de manera paritaria, puedan ayudarnos a tomar las mejores decisiones de la política forestal”, enfatizó.

La funcionaria destacó la incorporación del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

“Para realmente ser congruentes con el reconocimiento constitucional que le ha dado nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y el Congreso y toda la sociedad a esos sectores de la población. Se trata de que estén representadas en este Consejo con su identidad, con su pertenencia indígena o afromexicana y que además nos ayuden a vincularnos con mayor efectividad a las comunidades. Así es que buscamos justamente no solamente avanzar en una representación que tenga identidad, legitimidad y vínculo territorial, sino que también podamos lograr una mejor gobernanza en los territorios forestales”, resaltó.

Por su parte, el Director General de la CONAFOR y Presidente suplente del Consejo, Sergio Graf Montero destacó que “habrá más participación de las mujeres no sólo en las consejerías, sino también en las coordinaciones de los comités técnicos. Además, se creó por primera vez una representación de organizaciones y grupos de mujeres incorporando una voz específica dentro de la estructura del Consejo”.

En su turno, la representante de la Secretaría de las Mujeres, Erika Zavala Oropeza aseguró que las mujeres cuentan con esa dependencia para el desarrollo de su trabajo.

“Ya hemos iniciado con la Red Nacional de Mujeres Emprendedoras Forestales. No están solas y que estaremos de la mano con ustedes para todo lo que requieran para reconocer sus necesidades y colocarlas en la agenda del CONAF porque sabemos que es necesario trabajar en espacios de colaboración plena, efectiva y segura para las mujeres”, afirmó.

La nueva integración del CONAF representa un avance significativo en el fortalecimiento de la gobernanza forestal del país, al ampliar la representación de los distintos sectores vinculados al manejo, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales.

Como resultado del proceso de renovación impulsado por la CONAFOR, el CONAF quedó integrado por 89 instituciones y organizaciones, 25 instancias más que en el periodo anterior, fortaleciendo la pluralidad y representatividad del órgano colegiado.

Asimismo, en congruencia con la política de igualdad sustantiva que impulsa el Gobierno de México y la SEMARNAT, por primera vez el Consejo Nacional Forestal se integra bajo un esquema que promueve la participación paritaria entre mujeres y hombres, además de incorporar una Representación de Organizaciones y Grupos de Mujeres, que fortalece la participación de las mujeres en los espacios de diálogo, consulta y toma de decisiones del sector forestal.

Cabe señalar que, durante la sesión también se presentaron detalles de los resultados de la Convocatoria para la Incorporación y Refrendo de la membresía del Consejo Nacional Forestal para el periodo 2026–2029.

El Consejo Nacional Forestal constituye un espacio permanente de diálogo entre los gobiernos, comunidades forestales, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas profesionales del sector, academia, industria, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de mujeres, con el propósito de aportar opiniones y recomendaciones a los temas nacionales que tiene por objetivo el fortalecimiento del sector forestal del país.

La nueva integración del CONAF destaca por:

• La participación de 89 instituciones y organizaciones representativas del sector forestal
• Una integración paritaria entre mujeres y hombres
• La incorporación, por primera vez, de una Representación de Organizaciones y Grupos de Mujeres
• El fortalecimiento de la representación de comunidades forestales, pueblos indígenas y afromexicanos, academia, industria, organizaciones sociales y gobiernos estatales.
• La consolidación del CONAF como el principal órgano de consulta y participación social en materia forestal.

Con la instalación del Consejo Nacional Forestal para el periodo 2026–2029, la SEMARNAT y la CONAFOR refrendan su compromiso con una gobernanza forestal más incluyente, representativa y participativa, orientada a fortalecer el manejo sustentable de los ecosistemas forestales y el bienestar de las comunidades que dependen de ellos.

Congreso mexiquense someterá a consulta la armonización constitucional indígena

• Comisiones unidas del Congreso mexiquense acordaron someter a consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas el proyecto de decreto para armonizar la Constitución local con la Carta Magna nacional, reconociéndolos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía.

• Congresistas del PRI y MORENA destacaron que el proyecto, que conjunta iniciativas de la Diputada Leticia Mejía (PRI), la bancada de MC —coordinada por el Diputado Juan Zepeda— y la Gobernadora Delfina Gómez, atiende una deuda histórica.

Comisiones unidas del Congreso mexiquense acordaron consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre el proyecto de decreto que busca armonizar la Constitución local con la Carta Magna nacional, reconociéndolos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía para su libre determinación.

El proyecto, que será sometido a una consulta libre, informada, culturalmente adecuada, de buena fe y participativa antes de su dictaminación, reconoce a los pueblos indígenas como colectividades con continuidad histórica desde las sociedades precoloniales del territorio estatal, que conservan, desarrollan y transmiten total o parcialmente sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas.

El documento, que conjunta iniciativas de la Diputada Leticia Mejía García (PRI), la bancada de MC (coordinada por el Diputado Juan Manuel Zepeda Hernández), así como de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, también reconoce el derecho a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir, conforme a sus sistemas normativos y a las disposiciones legales aplicables, sus formas internas de gobierno, convivencia y organización social, económica, política y cultural.

De igual manera, establece la facultad de aplicar y desarrollar sus modelos para la regulación y resolución de conflictos internos.

Además, permitiría preservar la garantía de elegir, de acuerdo con sus sistemas normativos, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas de gobierno interno, garantizando que mujeres y hombres puedan votar y ser votados en condiciones de igualdad.

Plantea reconocer el derecho a preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural material e inmaterial; fomentar el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de sus lenguas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural; participar en la construcción de modelos educativos que reconozcan la composición pluricultural de la entidad, así como desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional y la partería para la atención de embarazos, parto y puerperio.

Busca definir su derecho a conservar y mejorar el hábitat, resguardar la bioculturalidad y la integridad de sus tierras, y mantener el derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes en los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género y pluriculturalidad.

De aprobarse por el Pleno del Congreso mexiquense, en los juicios y procedimientos de los que sean parte, individual o colectivamente, se deberían tomar en cuenta sus sistemas normativos y especificidades culturales, con respeto a los preceptos de las constituciones nacional y estatal.

Adicionalmente, tendrían que ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas, con pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística, así como poder ejercer su derecho al desarrollo integral con base en sus formas de organización con respeto a la integridad del medio ambiente y los recursos naturales.

Finalmente, a la consulta sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar cuando puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo.

Para tales efectos, el documento define obligaciones de autoridades para impulsar el desarrollo comunitario y regional, mediante el impulso de su economía y asignaciones presupuestales que sean administradas directamente por los pueblos y comunidades.

Asimismo, pretende proteger el patrimonio cultural, así como garantizar y fortalecer la educación indígena intercultural y plurilingüe; fomentar una relación intercultural libre de discriminación y racismo; asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud y a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad con pertinencia cultural; y facilitar el acceso a financiamiento para la construcción y mejoramiento de vivienda.

Busca garantizar y ampliar la red de comunicación, telecomunicación y nuevas tecnologías de la información, así como el acceso a los medios de comunicación e información en condiciones de dignidad, equidad e interculturalidad, protegiendo además a las comunidades y personas indígenas migrantes.

Respecto a los pueblos y comunidades afromexicanas, el proyecto refiere que se integran por descendientes de personas originarias de poblaciones del continente africano trasladadas y asentadas en el territorio estatal desde la época colonial, con formas propias de organización social, económica, política y cultural o parte de ellas.

Se propone reconocer y garantizar el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva en condiciones de igualdad sustantiva en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, en la toma de decisiones de carácter público, así como para el acceso a la educación, a la salud, a la propiedad y a la posesión de tierras.

En cuanto a la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana, se plantea una atención adecuada en sus propias lenguas para hacer efectivo el conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos de acceso a la educación, la salud, la tecnología, el arte, la cultura, el deporte y la capacitación para el trabajo.

Las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Desarrollo y Bienestar Social del Congreso mexiquense, por conducto de sus respectivas presidencias, se encargarán de la organización y realización de la consulta pública sobre el proyecto.

El acuerdo, avalado en reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, presidida por el Diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (MORENA), establece que este ejercicio se llevará a cabo conforme a los estándares constitucionales y convencionales, así como a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sus resultados serán presentados a dichas comisiones para la determinación correspondiente.

Cabe señalar que las propuestas para reformar la Constitución local buscan cumplir con lo mandatado por la reforma federal, que entró en vigor el 1 de octubre de 2024.

En referencia al documento, la Diputada Leticia Mejía, quien preside la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso mexiquense, destacó que se atiende una deuda con este sector.

El Legislador Octavio Martínez Vargas (MORENA) señaló un rezago acumulado de 90 años en la atención a pueblos y comunidades indígenas, por lo que la administración estatal actual, añadió, no ha esperado a reformas constitucionales para materializar programas, servicios y adecuaciones legales para su bienestar. Mientras que el Congresista Vladimir Hernández Villegas (MORENA) se pronunció por seguir avanzando en favor de las comunidades migrantes.

De la misma bancada, el Congresista Edmundo Luis Valdeña Bastida destacó las reformas progresivas a la Constitución nacional, así como la armonización estatal, cuya integración normativa es resultado. Asimismo, reconoció las coincidencias entre proponentes.

Respaldan en el Congreso del Edoméx armonización en materia de pueblos indígenas

* Comisiones legislativas iniciaron el análisis de las iniciativas del PRI, de MC y de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para armonizar la Constitución local con la reforma federal en materia de pueblos indígenas.

* El Diputado Carlos Martínez y las diputadas Leticia Mejía, Ruth Salinas, Nelly Rivera y Jennifer González coincidieron con representantes del gobierno estatal en los beneficios de la armonización.

* El análisis se continuará con personal del Poder Judicial y se perfila una consulta para que la armonización tenga un respaldo jurídico.

Las iniciativas de las bancadas del PRI y de MC, así como de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para armonizar la legislación local con la carta magna en materia de reconocimiento de derechos de pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas fueron respaldadas por diputados y diputadas de MORENA, PRI y MC, así como por representantes del gobierno estatal, al considerar que se trata de un acto de justicia para este sector poblacional.

Las propuestas para reformar la Constitución local buscan cumplir con lo mandatado por la reforma federal, que entró en vigor el 1 de octubre de 2024, la cual reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, garantizando sus derechos y participación en la vida política y social, abonando a su desarrollo integral.

Durante la reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura mexiquense, el Diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (MORENA) aseguró que se trata de una transformación estructural que coloca en el centro de la vida pública el reconocimiento pleno de sus derechos, con voz, autonomía y dignidad. Ante representantes del gobierno estatal, el legislador apuntó que las propuestas reconocen a estos sectores como sujetos colectivos de derechos y evitan verlos como objetos de política asistencial.

Como proponente, la Parlamentaria Leticia Mejía García (PRI) afirmó que la reforma representa un esfuerzo por el reconocimiento y protección de los derechos de estos sectores, y destacó que es una oportunidad de hacerles justicia. Resaltó que la armonización deberá sustentar el desarrollo de programas y acciones para atender las necesidades en materia de salud, infraestructura y desarrollo económico, así como en garantizar participación e inclusión con voz y voto efectivo en las decisiones que afectan a 500 mil personas indígenas y a 100 mil personas de otros pueblos originarios de la entidad.

Tras compartir su iniciativa, la Diputada Ruth Salinas Reyes (MC) subrayó que en el Estado de México aún prevalecen condiciones de marginación, discriminación y desigualdad económica, que limitan el acceso a oportunidades equitativas; por ello, indicó, los tres proyectos buscan cambiar esta situación.

Destacó la importancia de difundir las propuestas con los pueblos originarios, pues se plantea una nueva relación entre los pueblos indígenas, sociedad y Estado, privilegiando el pluralismo jurídico para reconocer el derecho de las comunidades y grupos de asociarse libremente en una población mayoritariamente indígena, así como que sus derechos estén por encima de cualquier derecho individual o comercial de personas jurídicas o colectivas.

También de MORENA, las parlamentarias Nelly Brigida Rivera Sánchez y Jennifer Nathalie González López concordaron en que las propuestas llevarán justicia a estos grupos históricamente vulnerados, y ayudarán a mejorar su calidad de vida, respetando sus usos y costumbres.

En sus participaciones, Manuel Quiñones Flores, encargado de despacho del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas; Mario Enrique Rosales Caballero y Erick Segundo Mañón Arredondo, subdirector de Normatividad y coordinador jurídico de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, de la Secretaría de Bienestar; y Javier de Jesús Domínguez González, encargado de despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial ‘Gaceta de Gobierno’, señalaron que las iniciativas ayudarán a garantizar los derechos de estos sectores y permitirán desarrollar soluciones a sus necesidades.

Durante la reunión se acordó elaborar un comparativo de las propuestas; analizarlo con funcionarios estatales y representantes de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial para enriquecer las iniciativas, y perfilar la elaboración de la consulta a los pueblos originarios y comunidades afromexicanas, para dar sustento jurídico a la armonización.

Piden en la Cámara de Diputados integrar a un representante de la Secretaría de Salud al Consejo del INALI

• La Diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo (PVEM) plantea reformar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

La Diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo (PVEM) propuso una iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para incorporar a una persona representante de la Secretaría de Salud al Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). 

En su exposición de motivos, el documento, turnado a la Comisión de Salud, señala que la reforma permitirá que la secretaría se coordine con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para contar con el personal intérprete y traductor que garantice a las personas indígenas la adecuada comunicación en todas las instituciones de salud del sector público.

Es decir, unidades, clínicas o centros de salud que corresponden al primer nivel de atención, así como hospitales y centros médicos que son de segundo y tercer nivel de atención.

Estima importante que los usuarios originarios de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas obtengan la información necesaria en materia de salud, en su lengua.

Añade que es conveniente establecer la responsabilidad de la Secretaría de Salud de contar con personas traductoras o intérpretes, a fin de garantizar la adecuada comunicación en todas las instituciones de salud del sector público, priorizando aquellas que se encuentran en regiones próximas o que están asentadas en las comunidades indígenas.

Pone como ejemplo que cuando las personas pacientes no logran comunicar los síntomas de las enfermedades que padecen, se vuele un proceso complicado para el personal médico expedir una receta y, en caso de proporcionarla, existe una probabilidad que no sea el tratamiento o diagnóstico adecuado.

En la mayoría de los casos los pacientes y familiares de quienes presentan alguna enfermedad no logran entender lo que significa su padecimiento, por lo que no lo dimensionan, ya que el lenguaje médico es especializado y con tecnicismos, que incluso una persona hablante del castellano podría tener dificultades para comprender. 

Por esta razón, la Diputada Trujillo Trujillo subraya la importancia de contar con personal de interpretación y traducción, que tenga conciencia plena de que su función será transmitir el significado de lo que el personal médico quiere comunicar al paciente y sus familiares. 

Refiere que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay 25.7 millones de personas catalogadas como indígenas, lo que representa el 21.5 por ciento de la población nacional; además, existen 64 mil 172 localidades con población indígena y de ellas 7.4 millones son hablantes de alguna lengua.

En este contexto, menciona que la presencia de personas intérpretes y traductoras en lenguas maternas en los centros de salud contribuirá a la lucha en contra de la discriminación hacia los pueblos originarios, ya que hasta la fecha existe personal médico que carece de empatía con pacientes indígenas.

El objetivo de la iniciativa es reconocer la urgencia de eliminar las barreras de discriminación hacia las personas de comunidades indígenas, así como establecer en el marco jurídico las disposiciones constitucionales y legales que garanticen sus derechos humanos.

Necesario, abrir espacios a las nuevas generaciones, coinciden jóvenes estudiantes en el Senado de la República

* Integrantes del Club de Oratoria y Debate de la UNAM realizaron el Primer Parlamento Universitario en el recinto Legislativo

La mañana de este sábado, fue inaugurado en el Senado de la República el Primer Parlamento Universitario organizado por el Club de Oratoria y Debate de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Invitados por el Senador Félix Salgado Macedonio, de MORENA, las y los jóvenes contrastaron ideas y opiniones, en las que coincidieron en la necesidad de abrir más espacios para las nuevas generaciones.

Como parte de sus actividades, simularon una sesión en la que presentaron iniciativas de reforma sobre temas como educación, seguridad, desarrollo territorial, transformación digital y empleo.

Además, con el fin de visibilizar a las comunidades indígenas y afromexicanas, al iniciar la actividad se ofreció un mensaje en lengua ayuuk mixe.

Durante alrededor de cinco horas, las y los universitarios, divididos en grupos parlamentarios de izquierda, centro y derecha, expresarán comentarios desde el Pleno de la Cámara de Senadores, en la sesión moderada por los propios jóvenes, que designaron a los integrantes de la Mesa Directiva, secretarías y coordinadores.

Concluye el curso introductorio a la Cámara de Diputados, impartido por el CEDIP

Concluyó el “Curso introductorio a la Cámara de Diputados”, impartido por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), que dirige Hasuba Villa Bedolla, el cual tuvo como objetivo presentar un panorama general de la estructura orgánica y funciones de esta cámara del Poder Legislativo.

César Benavides Olivares, Director de Estudios Parlamentarios del CEDIP, indicó que en este centro se proporcionan en forma objetiva, imparcial y oportuna, estudios, consultas, investigación parlamentaria y capacitación, que contribuyan al conocimiento de temas relacionados con el quehacer legislativo.

Explicó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación es un documento de política pública que forma parte del “paquete económico” elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En él se describe la cantidad, forma de distribución y destino de los recursos públicos para los tres poderes de la Unión, de los organismos constitucionalmente autónomos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales.

Apuntó que la revisión de la Cuenta Pública es otra de las facultades propias de la Cámara de Diputados que viene en mérito de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, y lo que se hace es ver que lo que se está gastando se realice de forma correcta. Asimismo, este documento es un informe técnico que integra la SHCP con información presupuestaria, programática y complementaria de los tres poderes, de los órganos autónomos y de las empresas productivas del Estado, respecto a un año de ejercicio fiscal.

Comentó que la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa anualmente la Cuenta Pública con el objetivo de evaluar los resultados de la gestión financiera y comprobar si se ajustó a los criterios del Presupuesto de Egresos de la Federación y verificar si se cumplieron los objetivos de los programas.

Beatriz Rojas Venegas, Titular de la Dirección de Estudios Legislativos del CEDIP, mencionó que a través de las iniciativas que se han presentado se han visibilizado legislativamente a dos grupos vulnerables que históricamente han quedado rezagados que son las mujeres y los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Resaltó que este reconocimiento es necesario en un escenario político de igualdad, porque fortalece la participación en cada uno de los procesos en la toma de las decisiones públicas.

Dijo que la perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, considerada como una metodología que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres que se justifican en razón de las diferencias biológicas entre mujeres y hombres.

Indicó que la discriminación es la distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado restringir el goce o ejercicio de los derechos humanos por origen étnico, cultura, sexo, género y edad, entre otros.

Refirió que en México se han emprendido diversas acciones y cambios legales para impulsar la paridad en los cargos públicos. “La perspectiva de género está orientada a observar, estudiar y transformar las diferencias culturales, económicas, políticas, en la construcción de las condiciones que generen desigualdades y se expresen en situaciones de discriminación”.

Alonso Monroy Caudillo, Titular de la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario del CEDIP, agradeció a las y los participantes por su intervención en este curso y les informó que en este organismo se tienen una serie de artículos publicados y cursos que pueden consultar para profundizar en estos temas.

Por unanimidad, Congreso Mexiquense aprueba reforma indígena

* Reforma promueve participación efectiva de comunidades indígenas y afromexicanas en decisiones que afectan sus territorios y recursos

* Se suma Congreso de EdoMéx a la aprobación de reforma enviada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

El Congreso Mexiquense avaló por unanimidad la minuta con proyecto de decreto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, enviada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

En su calidad de Constituyente Permanente, la LXII Legislatura mexiquense se sumó a los congresos de Baja California, Campeche, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, Colima, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla y Veracruz, los cuales aprobaron la reforma.

En sesión deliberante, congresistas mexiquenses aprobaron la reforma al artículo 2 de la Constitución Política para promover la participación efectiva de comunidades indígenas y afromexicanas en decisiones que afectan sus territorios y recursos, con lo que se fortalecerá el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios.

La reforma, expuesta en el pleno legislativo estatal por la Legisladora Yesica Yanet Rojas Hernández (MORENA), implica la capacidad de estos sectores de la población para definir su propio destino, sus formas de gobierno, administración de sus territorios y recursos naturales, y la preservación de sus culturas e idiomas.

Tras su aprobación, el Legislador Maurilio Hernández González (MORENA), Presidente de la Directiva, solicitó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios expedir el acuerdo correspondiente para enviarla a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para los efectos necesarios.

La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos realizó en Oaxaca el foro estatal “Autonomía y libertad indígena

• Diputadas, diputados, funcionarios y especialistas destacan la importancia de reconocer los derechos de este sector

La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, presidida por la Diputada Irma Juan Carlos (MORENA), llevó a cabo el Foro de Diálogo Estatal “Autonomía y libertad indígena” en la ciudad de Oaxaca, con el objetivo de analizar las iniciativas constitucionales enviadas por el Ejecutivo Federal.

Reconocer derechos a pueblos indígenas y afromexicanos

La Diputada Irma Juan Carlos expresó que con la aprobación de la reforma al artículo 2º constitucional los pueblos estarían reconocidos desde la Carta Magna, así como sus derechos fundamentales, los cuales “se nos han negado históricamente”.

Indicó que es un gran día para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, pues estos espacios no existían, pero en este momento histórico y de transformación “participamos de manera activa y directa para incidir en las políticas públicas y en la legislación”.

Este foro de diálogo nacional, mencionó, es un espacio acordado desde la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, pues es la cámara de origen de 20 iniciativas de reformas legales y constitucionales planteadas por el titular del Ejecutivo Federal, de las cuales 18 serán dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales.  

Oaxaca, afirmó, es un estado pluricultural, plurilingüe y pluriétnico; por ello, es necesario escuchar a cada uno de los ponentes para defender esta propuesta de reforma construida desde las comunidades, y en más de 100 foros de consulta que se realizaron a nivel nacional.

La reforma recoge las necesidades y demandas históricas de los pueblos indígenas, un pendiente que el Estado mexicano ha tenido desde los acuerdos de San Andrés Larráinzar, como es reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y, con ello, el derecho a la consulta libre, previa e informada y culturalmente adecuada, añadió.

Puntualizó que hoy se tiene este foro estatal y mañana será el foro regional que tiene que ver con la participación de todos los pueblos que conforman la tercera circunscripción plurinominal, en este caso los estados del sur-sureste del país. 

El Diputado Hamlet García Almaguer (MORENA) afirmó que la aprobación de esta reforma supone el fortalecimiento de la capacidad de goce y ejercicio de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre su territorio y recursos naturales, e implicaría un paso para que se respeten profundamente sus derechos y de las generaciones venideras.

Destacó la trascendencia de la reforma, por el reconocimiento constitucional de la personalidad de los pueblos y comunidades indígenas, y reflexionó sobre sus posibles consecuencias en materia de goce y disfrute de los recursos naturales y la titularidad de tierras, entre otras.

A nombre del Congreso de Oaxaca, el diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio López Sánchez (MORENA), dio la bienvenida a las y los participantes, y precisó que este foro tiene por objeto promover el debate, análisis y socialización de las reformas constitucionales en materia indígena, porque el intercambio de ideas genera herramientas para construir argumentos.

Recordó que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos son parte fundamental de la nación mexicana, por lo que su reconocimiento como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio es respetar su identidad. 

Participantes

Hugo Aguilar Ortiz, Coordinador General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, señaló que la reforma constitucional planteada por el Ejecutivo es de gran importancia, ya que propone el reconocimiento de los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho público, lo cual tiene un impacto real en su calidad de vida.

Apuntó que estas modificaciones permitirán saldar la deuda histórica en los planes de justicia, al colocar como eje central la autonomía y la libertad, entendida en un plano individual, es decir a la dignidad de la persona; ambos elementos son piedras angulares en las que se construye un sistema jurídico estatal.

Larisa Ortiz Quintero, Magistrada del Tribunal Superior Agrario, destacó que se trata de un momento histórico e importante porque se viene de una lucha de por lo menos 50 años en la que se ha insistido en la necesidad de reformar la realidad que viven los pueblos y comunidades indígenas. 

Precisó que con esta reforma se reconoce al sujeto, lo que le permitirá ejercer plenamente sus derechos fundamentales, entre ellos la libre determinación a través de la autonomía, su personalidad jurídica con patrimonio propio y las prácticas de organización y trabajo gratuito en las comunidades. 

Amparo Arias Rivas, magistrada de la Segunda Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, señaló que con la reforma al artículo 2º constitucional el Estado cumpliría con su obligación de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho y dar una reparación de deuda histórica.

Sin embargo, dijo que se debe adecuar la normatividad administrativa, a fin de colocar los presupuestos en los pueblos y comunidades para que sean considerados como entidades públicas y receptoras de los actos administrativos.

Luis Enrique Cordero Aguilar, Magistrado de la Sala de Justicia Indígena y de la Quinta Sala Penal y del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, precisó que uno de los temas que se debe empujar en esta reforma es el del sistema de administración de justicia e incluir las justicias de los pueblos indígenas. 

Señaló la importancia de incluir expresamente la jurisdicción indígena en la Constitución, para tener un desarrollo legislativo más robusto y que estas comunidades puedan defender sus derechos ante los tribunales en diferentes materias.

Berta Ruth Arreola Ruíz, secretaria de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades indígenas y Afromexicanas de Oaxaca, mencionó que la propuesta más importante es que a nivel constitucional se reconozca la personalidad jurídica de las comunidades y pueblos afrodescendientes. 

Externó su deseo por que en estos foros se tomen las decisiones más acertadas para que la propuesta de reforma tenga éxito. “Tenemos que obrar con inteligencia y objetividad para que al finalizar estos foros se tome la ruta más asertiva para lograr el propósito”. 

Xóchitl López Santiago, Consejera Nacional de Pueblos Indígenas, puntualizó que la reforma al artículo 2º constitucional plantea el reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Pidió respetar sus formas de gobierno, organización comunitaria y jurisdicción indígena, y que se reconozcan los derechos de las comunidades indígenas residentes y migrantes. 

Propuso implementar una educación comunitaria, acceso efectivo a los servicios de salud, reconocer la medicina tradicional, preservar y desarrollar el patrimonio cultural, así como promover el uso y desarrollo de las lenguas.

María de los Ángeles Santiago Sánchez, Representante de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), indicó que esta reforma permite reconocer a los indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, lo cual los confiere de plena personalidad y capacidad jurídica para ejercer una libre determinación y autonomía para dejar de ser consideradas entidades de interés público y, con ello, garantizar su derecho a la asignación y ejercicio directo del presupuesto.

El Diputado local Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (MORENA), representante del Congreso de Chiapas, destacó la importancia de conservar las culturas indígenas y planteó construir centros educativos donde se imparta informática, medicina, economía, ingeniería, gramática y lingüística. 

Pidió una política intercultural de largo plazo, que el Estado establezca compromisos claros y que cada año se dedique una semana nacional del pluralismo para que los pueblos y comunidades expongan sus propuestas y demandas.

Necesario, fortalecer la participación de comunidades indígenas y afromexicanas en actividades turísticas

• El Diputado Chalé Cauich (PAN) plantea reformar la Ley General de Turismo

Con el propósito de fortalecer la participación y beneficio directo de las comunidades indígenas y afromexicanas en las actividades económicas en sus territorios, el Diputado Sergio Enrique Chalé Cauich (PAN) presentó una iniciativa que propone reformar el artículo 7 de la Ley General de Turismo.

La modificación a la fracción XVIII plantea establecer que le corresponde a la Secretaría de Turismo (SECTUR) promover, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), mecanismos que aseguren la participación directa de las comunidades anfitrionas, indígenas y afromexicanas, en la planificación, ejecución y administración de las actividades económicas en sus territorios, con el objetivo de fortalecer la participación y beneficio directo de estas comunidades en la actividad turística del país. 

En su fundamentación, señala que la coordinación entre la SECTUR y el INPI busca garantizar la inclusión y participación activa de las comunidades indígenas y afromexicanas en el desarrollo turístico nacional, lo cual, no solo es una obligación moral y social, sino una oportunidad de potenciar la riqueza cultural y tradicional de México.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Turismo, resalta que al fortalecer esta participación no solo se promueve un turismo más inclusivo y equitativo, sino también se ofrece a los visitantes una experiencia más auténtica, diversa y enriquecedora, consolidando a México como un destino turístico líder en sostenibilidad y respeto por la diversidad cultural. 

Anota que es esencial que las inversiones y los ingresos generados por el turismo en estas áreas sean reinvertidos de manera significativa en las mismas comunidades, para garantizar mejoras en infraestructura, educación, salud y otros servicios esenciales.

Indica que el turismo es una de las principales actividades económicas del país, ya que posee una diversidad cultural y natural inigualable, que lo convierte en uno de los destinos más atractivos a nivel mundial.

México, destaca, se distingue en el ámbito mundial por su riqueza y diversidad tanto cultural como natural. Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), se ha posicionado consistentemente entre los 10 principales destinos turísticos a nivel mundial en términos de llegadas de turistas internacionales.

Asimismo, la riqueza turística es respaldada por una vasta diversidad cultural, pues México es hogar de 68 pueblos indígenas y lenguas autóctonas con 364 variantes. Además, cuenta con 35 sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, de los cuales 27 son culturales, 6 naturales y 2 mixtos. 

El Diputado Chalé Cauich indicó que esta propuesta busca reconocer y garantizar el derecho de estas comunidades a ser partícipes de manera activa y directa en el desarrollo turístico, al asegurar que no solo sean observadoras, sino también beneficiarias y gestoras de su propio desarrollo. 

“Esta modificación no solo es justa y necesaria desde una perspectiva social y económica, sino que también contribuye a enriquecer y autentificar la experiencia turística, al permitir que el turista interactúe y conozca de primera mano las tradiciones, costumbres y saberes de estas comunidades”, comentó.