La reforma se alinea con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Enriquecen iniciativa para que edificios y servicios públicos transiten hacia energías renovables.
Establecen principios para personas servidoras públicas y sanciones por faltas administrativas.
Por unanimidad, las comisiones de
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de
Justicia del Congreso local aprobaron ajustes al sistema de responsabilidades
de las personas servidoras públicas del Poder Judicial para armonizarlo con los
más recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con la iniciativa de reforma a la
Ley Orgánica del Poder Judicial estatal, impulsada por la Junta de Coordinación
Política, se establece la premisa de que las sanciones administrativas para las
y los servidores públicos se aplicarán por los actos u omisiones que afecten la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus
empleos, cargos o comisiones y la vulneración de dichos principios ameritará
procedimientos de responsabilidad administrativa.
La iniciativa, expuesta por
autoridades del Poder Judicial, establece reglas para que las faltas
administrativas se sancionen con amonestación, suspensión, destitución e
inhabilitación y de forma económica; cuando dichos actos u omisiones sean
graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años. También
favorece que las normas de acceso y permanencia en el Poder Judicial no sean
discriminatorias ni contravengan el principio de reinserción social
Además, establecen la noción de
la calidad de la o del servidor público y su obligación de presentar su
declaración patrimonial y de intereses; se distingue entre faltas graves y no
graves y sus sanciones; señala los supuestos y procedimientos aplicables para
impugnar la clasificación de las faltas administrativas no graves; añade el
principio de que no pueden imponerse dos veces por una sola conducta sanciones
de la misma naturaleza.
Durante la reunión se destacó que
la reforma responde a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió
ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad en contra de la LXI Legislatura
y el Ejecutivo estatal por la aprobación y publicación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial estatal, señalando temas como el derecho a la igualdad, no
discriminación, de acceso a un cargo público, a la seguridad jurídica y a la
libertad de trabajo, así como principio de legalidad.
La reforma impulsa una
legislación acorde con los criterios de última generación de la SCJN y evita
sentencias en contra del Estado de México y muestra que la entidad está
pendiente de lo mandatado por la Suprema Corte y actúa con eficiencia
interinstitucional.
Analizan transición energética en
edificios públicos de Edomex
Las Comisiones Unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales, de Legislación y Administración
Municipal y de Protección Ambiental y Cambio Climático recibieron las opiniones
de autoridades estatales de justicia y desarrollo económico sobre la iniciativa
para integrar energías limpias y renovables en edificios y alumbrado, entre
otros servicios públicos.
Coincidieron en que se alinea con
los objetivos de la Comisión Estatal de Energía, se pronunciaron por precisarla
para no invadir atribuciones de la federación, diferenciar los edificios
públicos de los que se encuentran en renta, además de proponer que se amplíen
los plazos para su puesta en marcha.
Las y los legisladores plantearon
privilegiar la renta de espacios que cuenten con paneles solares y respetar la
autonomía municipal ante los altos costos que implicaría la transición
energética, además de transparencia en la concesión e instalación de los
paneles, así como en el costo de adquisición y mantenimiento.
