Proponen que las dependencias federales destinen 50 por ciento de sus contrataciones de compras a las Mipymes

• El sector representa el 62.5 por ciento de la fuerza laboral y aporta el 52 por ciento del PIB: diputada Felipe Torres (PAN)

La Diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) propuso reformar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el propósito de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en las entidades federativas destinen a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) el 50 por ciento de sus contrataciones de servicios y obra pública.

 La iniciativa, turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, y suscrita por las y los legisladores del grupo parlamentario, busca establecer políticas y acciones que promuevan la capacitación, asesoría y consultoría, para fomentar la participación de Mipymes en dichos procesos.

Contempla que la Secretaría de Economía promueva el desarrollo de dichas capacidades, lo cual no sólo beneficiaría a estas unidades económicas, sino que se fomentaría el crecimiento económico, la competitividad, más y mejores empleos, y disminuiría su informalidad.

En su argumentación, Felipe Torres indica que las Mipymes representan a la mayoría de las empresas en México, toda vez que generan el 62.5 por ciento de la fuerza laboral y aportan el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Censo Económico 2018.

Apunta que a pesar de que son un motor importante para la economía y el empleo, enfrentan retos diversos como la baja productividad, el cierre de establecimientos, la falta de capacitación, acceso a créditos y financiamiento, apoyos gubernamentales, deficiente acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y pérdida de oportunidades para hacer negocios.

Menciona que sólo 0.30 por ciento de estas empresas participa en los procesos de compras públicas, de acuerdo con el sistema Compranet. 

Destaca que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), existen problemas subyacentes respecto a las compras de gobierno a las Mipymes, como lograr un piso parejo que les permita ser parte de la proveeduría del Estado, con reglas sencillas y transparentes.

Además, hay una enorme cantidad de requisitos y cierta discrecionalidad al momento de hacer una invitación y normalmente estas son realizadas a las empresas conocidas por los funcionarios. Por ello, cerca del 70 por ciento de los contratos han sido por adjudicación directa.

Ante este panorama, la Diputada Felipe Torres reitera la pertinencia de mejorar las capacidades de estas empresas como proveedoras del sector público. 

Proponen transporte escolar gratuito para estudiantes de escuelas públicas de nivel básico

• Se busca comprimir la circulación del parque vehicular en las ciudades: Diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN)

La Diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) presentó una iniciativa que reforma al artículo 43 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para establecer que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán proveer transporte público escolar gratuito para las niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de educación básica.

El documento, turnado a la Comisión de Movilidad para dictamen, con opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y suscrita por integrantes de su grupo parlamentario, plantea adicionar un párrafo quinto al artículo 43 de dicha legislación.

En la exposición de motivos, la legisladora refiere que la propuesta busca impactar en la movilidad urbana, particularmente en los municipios con una población superior a 100 mil habitantes, de modo que se comprima la circulación del parque vehicular, y se genere una opción que facilite a niñas, niños y adolescentes su acceso a los centros educativos.

Lo anterior, indica, en función de lo establecido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la ONU, que es “lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”.

Actualmente, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial señala que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán proveer en las localidades rurales e insulares transporte público gratuito a niñas, niños y adolescentes para llegar a sus escuelas.

Sin embargo, en los municipios urbanizados no se considera que la movilidad “también representa un obstáculo para el pleno acceso a la educación básica de niñas, niños y adolescentes”, manifiesta.

La diputada menciona que el derecho a la ciudad “es un concepto que permite orientar la acción gubernamental en lo que respecta a la gestión y planeación urbanas, siempre con relación al bienestar y calidad de vida de las y los habitantes de la urbe”.

De acuerdo con el programa ONU-Hábitat, el derecho a la ciudad es aquel que tienen todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna.

Por ello, señala que “los sistemas de movilidad urbana son elementos que contribuyen al goce de ciertos derechos o, por el contrario, a la violación de éstos y a mejorar o empeorar la calidad de vida de las personas”. 

Agrega que el derecho a la movilidad tiene un impacto directo en la garantía por un medio ambiente sano y en el ejercicio del derecho a la educación, “porque supone barreras físicas y económicas de acceso a la educación”.

Finalmente, subraya que la respuesta estándar al problema de movilidad urbana ha sido expandir la infraestructura, dejando de lado el impulso de sistemas de movilidad urbana alternativos, como el transporte público o sistemas no contaminantes no motorizados.