Buscan castigar por el delito de encubrimiento en casos de feminicidio, sea cual sea el vínculo con el imputado

• La diputada Laura Imelda Pérez Segura plantea adicionar un párrafo al artículo 400 del Código Penal Federal.
• Es necesario reforzar el derecho de acceso a la justicia, en este caso para las mujeres víctimas de feminicidio, añade.

Con la finalidad de aplicar prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días multa por el delito de encubrimiento en casos de feminicidio, sea cual sea el vínculo con el imputado, la diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) impulsa una iniciativa. 

El documento, que adiciona un párrafo al artículo 400 del Código Penal Federal, señala que las excusas absolutorias contenidas en los incisos a), b) y c) no serán aplicables tratándose del delito de feminicidio contemplado en el artículo 325. 

Dichas excusas son actualmente para los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines, el cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo, así como a los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad derivados de motivos nobles. 

La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión, precisa que las excusas absolutorias transgreden el mandato establecido en el artículo 17 de la Constitución Política, y afectan, en este caso, a las mujeres víctimas de feminicidio, revictimizándolas y entorpeciendo su pleno acceso a la justicia. 

Refiere que datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que de enero a febrero de 2022 el feminicidio se mantuvo como un delito constante, con un total de 155 casos a nivel nacional, cifra superior a la registrada de noviembre a diciembre de 2021. El Estado de México encabeza la lista, con 22 casos, seguido por Veracruz y Nuevo León, con 15 y 14, respectivamente. 

Indica que el delito de feminicidio, la forma más extrema de violencia contra la mujer, se mantiene como el principal reto del Estado para garantizar una vida libre de violencia y acceso a la justicia para las mujeres. 

Considera vital reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para todas las mujeres del país. Añade que el encubrimiento puede ser una de las principales vías de apoyo para los feminicidas, acción que puede obstaculizar, entre muchas otras cosas, la investigación, obtención de pruebas y el acceso a la justicia para la víctima. 

Expone que actualmente no se cuenta con una reforma al Código Penal Federal en materia de encubrimiento en feminicidio, por lo que es necesario reforzar el derecho de acceso a la justicia, en este caso para las mujeres víctimas de feminicidio, ya que es pieza clave para lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Comisión aprueba dictámenes en materia de conservación de derechos y capacitación a personal del sector salud

La Comisión de Seguridad Social, que preside la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena), avaló diversos dictámenes en materia de conservación de derechos, y capacitación y sensibilización para el personal que da servicio a los derechohabientes.

En reunión extraordinaria aprobó el proyecto de dictamen que reforma el primer párrafo y la fracción IV y se derogan las fracciones I, II y III y el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Seguro Social, en materia de conservación de derechos.

Establece que a la persona asegurada que haya dejado de estar sujeta al régimen obligatorio y reingrese a éste, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores. Asimismo, en los casos de personas pensionadas por invalidez que reingresen al régimen obligatorio, cotizarán en todos los seguros, con excepción del de invalidez y vida.

La diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena), dijo que junto con la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (PAN), también promovente de esta reforma, coincidieron en la necesidad de hacer la modificación, porque se encuentra en esta disposición una condición que es totalmente violatoria de derechos ya ganados de las y los trabajadores.

“Actualmente se encuentra como condición que las personas que ya cumplieron con sus semanas de cotización y pueden acceder a una pensión, que éstas pierden sus derechos cuando se ausentan o dejan de cotizar al Seguro Social durante más de seis años”, agregó.  

El diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) comentó que a la casa de enlace donde estaba llegaban personas de avanzada edad recorriendo distancias incalculables pidiendo ayuda para este problema. “Era gente que evidentemente no podía reincorporarse al mercado laboral, estamos hablando de personas adultas mayores de 94 años y rogaban que alguien los diera de alta”.

Asimismo, se avaló el dictamen que adiciona un párrafo al artículo 303 de la Ley del Seguro Social, y un párrafo al artículo 29 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

Indica que los servidores públicos del Instituto están obligados a observar, en el cumplimiento de sus obligaciones, los principios de responsabilidad, ética profesional, excelencia, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, calidez, buen trato y calidad en la prestación de los servicios.

El Instituto implementará de forma periódica y programada las estrategias de capacitación y actualización en materia de ética y protocolos que aseguren una atención digna y eficiente a los derechohabientes, con observancia del respeto a los derechos humanos, no discriminación e igualdad de género.

La diputada Socorro Irma Andazola Gómez (Morena), promovente de la iniciativa, señaló que esta reforma va encaminada a que el derechohabiente y su familia reciban un trato digno y justo. “En ocasiones dependencias de salud no tiene un buen trato a quien va a solicitar el servicio, por lo que los funcionarios y empleados deberán tratar a la gente con dignidad”.

La diputada Cisneros Luján comentó que no todo el personal de las instituciones de seguridad social, particularmente las que tienen a su cargo la atención médica y también instancias de la seguridad social, tienen un comportamiento que pudiésemos nosotros considerar indebido.

“Seriamos injustas e injustos si habláramos que todo el personal de las instituciones tiene este comportamiento, creo que son excepciones o situaciones que se llegan a dar en dependencias y desde este Poder Legislativo tenemos que ir trabajando para erradicar estas prácticas y, por lo tanto, impulsar la necesidad de visibilizar en las leyes la frase de buen trato como una obligación”, manifestó.

En la reunión, también se avaló un Punto de Acuerdo que exhorta a las y los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, para que establezcan un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de reconocer adeudos y regularizar el pago de las cuotas y aportaciones que tienen pendientes de cubrir de ejercicios anteriores, hasta 2021.