La ausencia de una estrategia de seguridad pública nacional ha exacerbado el problema: diputada Chávez Flores (PRD).
La Diputada María Macarena Chávez Flores (PRD) promueve
reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de auxilio a
las víctimas de secuestro, para establecer que el Ministerio Público, en la
solicitud que haga a la autoridad judicial para una orden de cateo de un
domicilio o propiedad privada, también deberá señalar a la o las personas que
han de “auxiliarse o aprenderse”.
En la exposición de motivos, la legisladora subraya que las
modificaciones a los artículos 282 y 283, fracción III de dicho ordenamiento
resultan necesarias “con la intención de cubrir y proteger a las víctimas de
secuestro o de violencia intrafamiliar, asegurando que las órdenes de cateo
contarán con un respaldo mayor desde la Constitución y desde la ley secundaria,
en este caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales, para evitar
impunidad por lagunas en el marco jurídico mexicano”.
Señala que esta iniciativa tiene la intención de evitar
antinomias (contradicción entre dos preceptos legales) o lagunas en las normas
mexicanas, ya que las últimas reformas a la Carta Magna han generado
contradicciones y vacíos.
Refiere que el secuestro es un delito que lacera a la
sociedad, pues la violencia y crueldad con el que se realiza provocan secuelas
irreversibles entre las víctimas y sus familias, además de ser el hecho que
conlleva a cometer otros ilícitos, convirtiéndose en una industria lucrativa
ante la falta de una estrategia de seguridad pública nacional.
Precisa que en los países pobres en los que los gobernantes
no cubren las expectativas de su población en materia de seguridad, el
secuestro es una industria lucrativa.
En México, agrega, las bandas dedicadas a la privación de
personas van en aumento y actúan con total impunidad, por lo que menos del
cinco por ciento de los delincuentes son presentados ante un juez.
Subraya que, de acuerdo con informes de las propias
autoridades, el secuestro ha llegado a ser un delito tan fácil de perpetrar que
personas no profesionales planean, ejecutan y cobran los rescates haciendo más
difícil la prevención, pues hay mucho campo por cubrir por parte de las
autoridades en seguridad.
En este contexto, asegura que la ausencia de una estrategia
de seguridad pública nacional ha exacerbado el problema, por lo que se requiere
que las órdenes de cateo sean más precisas, con el objeto de cubrir y proteger
a las víctimas de secuestro o violencia intrafamiliar.
