• Los temas: fomento de la economía social, plazo de prescripción y armonización.
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, aprobó
dictámenes, en temas de fomento de la economía social, plazo de la prescripción
para iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas y sobre la
armonización de denominaciones.
Fomento a la economía social
Se aprobó por unanimidad de 24 votos, el dictamen para
adicionar una fracción al artículo 22 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para que los comités de
adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias y entidades
tengan entre sus funciones el propiciar la participación de sociedades
cooperativas en las adquisiciones, los arrendamientos y los servicios del
sector público.
Además, se reforma la fracción V del artículo 23 para que
las comisiones consultivas mixtas de abastecimiento tengan como objetivo
promover acciones que propicien la proveeduría con sociedades cooperativas.
El presidente de la instancia legislativa, diputado Juan
Carlos Romero Hicks (PAN), precisó que la reforma busca incorporar la
participación de cooperativas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, con el objetivo de propiciar la oferta de
servicios de las dependencias y fortalecer al propio sector.
La diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (PAN),
promovente de la reforma, señaló que las cooperativas requieren del compromiso
de todos y este sector representa una parte fundamental de la economía del
país. El objetivo es que “las cooperativas tengan piso parejo en las compras
del gobierno, oportunidad que se le ha negado por años. No sólo se beneficiará
a las sociedades cooperativas, sino a miles de familias mexicanas que dependen
directa o indirectamente de este sector”.
El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) comentó que se ha
luchado para que haya trato acorde a las cooperativas que no tienen un fin de
lucro, que su objetivo fundamental es sumar esfuerzoS de un grupo de ciudadanas
y ciudadanos para lograr un ingreso. Subrayó que la reforma es un paso
importante y anunció que votaría en sus términos el dictamen.
Patricia Terrazas Baca, diputada del PAN, aplaudió que el
tema de las cooperativas se ponga sobre la mesa y por pensar en la economía de
esas pequeñas empresas que se unen con la finalidad de sacar adelante objetivos
comunes y la alimentación de muchas familias. “Nos ayuda a mitigar los efectos
de la pandemia, la inflación y la guerra en la economía”.
Desde plataforma digital, el diputado Daniel Gutiérrez
Gutiérrez (MORENA) destacó que es un dictamen importante para el sector social
del país, ya que da garantía en la equidad e igualdad. “Se abre la puerta para
apoyar al sector productivo del país; hablar de las cooperativas, es referirse
a los sectores productivos y sociales básicos de la nación y es fundamental”.
El diputado Augusto Gómez Villanueva (PRI) sostuvo que es
una propuesta que merece el apoyo de su grupo parlamentario y estimó que es importante
que se apruebe porque es el anunció de que “se va volver a tener interés por la
propiedad social”. Consideró importante recordar que la organización de la
familia y de los núcleos sociales de los pequeños poblados es esencial en el
régimen de las cooperativas.
De MC, la diputada Amalia Dolores García Medina expresó
estar de acuerdo con el dictamen, y dijo coincidir con la visión del impulso al
cooperativismo como una alternativa de la sociedad. Señaló que las cooperativas
deben ser protegidas e impulsadas como parte de una economía que fomenta esa
solidaridad y que es fundamental
Interrupción de la prescripción
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción ratificó con
23 votos a favor, el dictamen a la iniciativa que reforma los artículos 74 y
113 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de
prescripción, presentado por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (MORENA).
El diputado Romero Hicks destacó que se busca dejar en claro
el momento en el que se interrumpe el plazo de la prescripción para iniciar un
procedimiento de responsabilidades administrativas, con la finalidad de dar
plena certeza.
La diputada Lidia Pérez Bárcenas (MORENA) externó que la
reforma es importante, ya que le da certeza jurídica a los servidores públicos
que están sujetos a procedimientos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas, en cuanto al momento en que se interrumpe la prescripción de
las facultades de la autoridad sancionadora, ya que no hay claridad en la ley.
Armonizar denominaciones
Con 23 votos a favor, se avaló el dictamen a la minuta con
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para sustituir la denominación
del Distrito Federal por Ciudad de México y del titular por persona titular.
Se busca nombrar y remover a las personas titulares de los
órganos de control interno mediante los términos establecidos en la
Constitución Política de la Ciudad de México, ya que se armonizó la
denominación de la entidad en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.
El diputado Romero Hicks explicó que el dictamen es parte de
un conjunto de armonizaciones que se tienen pendientes sobre la denominación
que ya no existe del Distrito Federal por Ciudad de México en la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y así apegarnos a lo establecido
en la Constitución de la Ciudad de México.
Modificar términos
La Comisión avaló con 22 votos a favor, el dictamen que
reforma los artículos 2, 12 Bis, 26 Ter, 42 y 59 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada por el Congreso de la
Ciudad de México para modificar los términos de salario mínimo y Distrito
Federal por los de Unidad de Medida y Actualización y Ciudad de México.
El diputado Romero Hicks destacó que el dictamen busca
modificar términos en lo relativo a la UMA y cambiar la denominación de
Distrito Federal, que ya no existe, por Ciudad de México en la Ley. Aplaudió
que sea una iniciativa del Congreso de la Ciudad de México.
La diputada Lidia Pérez Barcenas (MORENA) se congratuló por
el dictamen y que hoy se esté reformando la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Transparencia y máxima publicidad
El diputado Romero Hicks propuso que el dictamen que
adiciona un cuarto párrafo al artículo 41 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a establecer los
principios de ética, transparencia y máxima publicidad en las adjudicaciones
directas, se regresara para hacer una nueva redacción.
“Porque hay un espíritu de coincidencia; a nivel de
contenido, de detalle y alcance es donde algunas personas no encontraron la
manera de dar su voto a favor”, añadió.
El diputado Jaime Bueno Zertuche (PRI), promovente de la
iniciativa, explicó que la finalidad es asentar en la ley que las
contrataciones deben apegarse a tres principios básicos: ética, transparencia y
máxima publicidad. Resaltó que estos principios son fundamentales en el
ejercicio de la función pública.
La diputada Pérez Barcenas expresó que la iniciativa busca
establecer en la Ley, el tema de los principios de máxima publicidad y
transparencia, “pero al revisar la iniciativa, no vemos que haya una
armonización en toda la ley; en la primera parte, es donde debería considerarse
esos principios; es interesante y le daría la posibilidad a la ley de
armonizarla en todo su cuerpo”.
Desde plataforma digital, el diputado Augusto Gómez
Villanueva (PRI) externó su apoyo, pues significa un avance importante, “ya que
como está la ley no se manifiesta el respeto de las autoridades centrales a lo
que se ha denominado como la razón de un gobierno que habla de la
anticorrupción y de la austeridad; hay que lograr de manera gradual el
perfeccionamiento de la legislación y de las instituciones”.
Desechan dictamen
Con 24 votos a favor y dos en contra se aprobó el dictamen
que desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se proponía
reformar el artículo 4 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación en materia de auditorías a sindicatos que reciban recursos públicos,
a cargo de la diputada Margarita García García (PT).
El diputado Romero Hicks aclaró que la reforma ya se
encuentra atendida de acuerdo a la normatividad vigente y con los alcances
legalmente permitidos, ya que la iniciativa propone considerar a los sindicatos
de trabajadores al Servicio del Estado como entes públicos y entidades
fiscalizadas de tal forma que rindan cuentas.
La diputada Amalia Dolores García Medina (MC) recordó que se
ha vivido a lo largo de varios años un proceso que nos ha acercado a mayor
transparencia, rendición de cuentas y fiscalización cuando se refiere al uso de
recurso público. Señaló que el espíritu de la propuesta es poner el acento en
mecanismos que permitan una trasparencia y rendición de cuentas cuando hay
recurso público, sobre todo haciendo referencia a los sindicatos. Estimó que
habría que apoyar la iniciativa.
Mediante plataforma digital, el diputado Daniel Gutiérrez
Gutiérrez (MORENA) indicó que es una propuesta fundamental, pero al revisar el
artículo 4 en la fracción IX, se establece quiénes pueden ser fiscalizados por
la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Valdría la pena revisar y
analizar de forma profunda el tema y sin tintes políticos; cómo es posible que
sean los únicos que no sean auditados”.
Carmen Rocío González Alonso, diputada del PAN, a través de
la plataforma Zoom, expuso que la obligación ya está establecida, pero es
pertinente que en el Programa Anual de Auditorías se pueda solicitar a la ASF
una revisión a los recursos públicos que tienen los sindicatos y hacer un
análisis de cómo se están usando.
La diputada Pérez Barcenas señaló que las obligaciones de
transparencia están establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Obligación Pública, y de esas hay sindicatos que no han cumplido con esa
responsabilidad, pero eso tiene que ver con lo establecido en dicha ley, y la
propuesta plantea modificar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación que tiene que ver con otra cosa. Detalló que la ley ya establece
que cualquier recurso público puede ser fiscalizado.
Asuntos generales
En asuntos generales, Romero Hicks recordó que se han
identificado grandes segmentos a trabajar en el fututo, como son las
adquisiciones y obra pública y la revisión del Sistema Nacional Anticorrupción.
Dijo que el nuevo secretario técnico del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, Roberto Moreno Herrera, se
presentó ante la presidencia de la Comisión, por lo que pronto se le invitará.
También, manifestó su inquietud de que el Sistema de CompraNet no esté funcionando, “es delicado y me gustaría que todos nuestros equipos lo pudiéramos ver, para saber qué está ocurriendo y qué es lo que se debe corregir; es un sistema muy visible y hemos recibido diversas quejas”.
