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martes, 12 de noviembre de 2024

Proponen considerar como faltas administrativas graves de un servidor público el acoso sexual y el hostigamiento

• La Diputada Lilia Aguilar (PT) sugiere adicionar la Ley General de Responsabilidades Administrativas


Para considerar el acoso sexual y el hostigamiento como faltas administrativas graves de un servidor público, la Diputada Lilia Aguilar Gil (PT), impulsa iniciativa que adiciona una fracción I Bis y XVII Bis al artículo 3 y un artículo 64 Quater de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El documento, enviado a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, define el acoso sexual, como cualquier comportamiento físico o verbal de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona; en particular, cuando se crea un entorno laboral intimidatorio, degradante u ofensivo.

Mientras que el hostigamiento lo define como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; el ejercicio del poder relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

Precisa que es el asedio reiterado a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales.

Aguilar Gil expone que el objetivo es que los sujetos que sean sancionados por hechos de acoso y hostigamiento sexual queden inscritos en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma Digital Nacional y se haga público.

Refiere que la ley no contempla actualmente el hostigamiento y el acoso sexual laboral como una falta administrativa en los tres tipos (graves, no graves y de particulares), y en el apartado de faltas graves, solo se considera el cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de la información privilegiada, abuso de funciones, conflictos de interés, contrataciones indebidas, enriquecimiento indebido, simulación, tráfico de influencias, encubrimiento y desacato.

Entre los tipos de violencia contra el género femenino, subraya, se encuentra el hostigamiento y acoso sexual laboral, los cuales son una forma de violencia y discriminación.

Indica que el acoso sexual afecta negativamente a la persona trabajadora y al proceso, repercute sobre la satisfacción laboral, aumenta el ausentismo y disminuye el ritmo de trabajo. Tiene consecuencias psicológicas, estrés, ansiedad, depresión, estado de nerviosismo, desesperación, impotencia, y consecuencias físicas como trastornos del sueño, dolores de cabeza, náuseas e hipertensión, entre otros.

Menciona que para lograr ambientes laborales igualitarios y equitativos es necesario que las instituciones sean espacios libres de todo tipo de violencia contra las mujeres; por ello, es se deben impulsar políticas de actuación para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo, que es la principal forma de violencia que “sufrimos las mujeres al desarrollar nuestros trabajos.

Comenta que la Ley Federal de Trabajo define y sanciona dichos actos, no obstante, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no se encuentran definidos dichos actos que pueden ser ejercidos por servidores públicos, por ello, que la propuesta pretende introducir los conceptos en dicho ordenamiento y en aras de tener concordancia con el Código Penal Federal y la Ley Federal de Trabajo, se utilicen las mismas definiciones.

jueves, 31 de octubre de 2024

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción inició sus trabajos de la LXVI Legislatura

* Esta instancia será plural y deliberativa; habrá de colaborar para crear un mejor andamiaje jurídico que combata la corrupción: Diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT)


Al instalar la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, su presidente, el Diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), aseguró que esta instancia legislativa será plural y deliberativa, y con el trabajo de todas y todos sus integrantes habrá de colaborar para crear un mejor andamiaje jurídico que combata la corrupción y mejore los procesos de transparencia.

“Todos los que integramos esta Comisión analizaremos con detalle y pulcritud los dictámenes que nos podrán permitir construir un nuevo marco de transparencia y combate a la corrupción”, dijo.

Destacó la importancia de que en el plan de trabajo —que se aprobará en los próximos días— se revisen temas tan importantes como las fiscalías anticorrupción, las reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores públicos, y la legislación penal.

Tenemos que mejorar la normatividad en la Ley General de Transparencia y de Protección de Datos Personales para hacerla más asequible a los ciudadanos y que puedan rendir mejores cuentas todos los sectores públicos del país, puntualizó.

Intervención de diputadas y diputados


La Diputada Graciela Domínguez Nava (MORENA) resaltó que aun cuando hay avances en la lucha contra la corrupción es importante consolidar un cambio institucional que garantice la continuidad de la política. Se debe realizar una arquitectura de sistemas de información que permita cruzar información entre instituciones para monitorear, rastrear y sancionar los actos de corrupción.

En tanto, el Diputado Gildardo Pérez Gabino (MC) dijo que la corrupción “es un cáncer que daña a la sociedad y no tiene distingos”. Para su grupo parlamentario, dijo, la transparencia y rendición de cuentas, en el ámbito local, estatal y federal son sinónimos de buen gobierno y contribuyen a su buen ejercicio. Externó su apoyo para combatir “este flagelo que daña a las instituciones y la imagen del país”.

Del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba manifestó su compromiso de trabajar por un México más honesto, transparente y libre de corrupción. Destacó la importancia de la Comisión por la responsabilidad de abordar temas apremiantes como el combate a la corrupción, la promoción de la transparencia y el fortalecimiento de la rendición de cuentas. Expresó su apoyo para construir gobiernos más transparentes, profesionalizados y cercanos a la ciudadanía.

Javier Vázquez Calixto, Diputado del PT, comentó que su grupo parlamentario reafirma su disposición en el combate a la corrupción y “seguiremos luchando y combatiendo por la transparencia del ejercicio público”. Indicó que “nuestro papel en esta comisión es vigilar y asegurar que cada peso destinado al pueblo se use con justicia y claridad. La transparencia no es sólo una herramienta de control, sino también un puente de confianza entre la ciudadanía y sus representantes”.

A su vez, el Diputado Arturo Yáñez Cuéllar comentó que el grupo parlamentario del PRI le apuesta al diálogo y “seremos promotores de la transparencia”. Subrayó que la transparencia y el acceso a la información son derechos fundamentales que no deben estar bajo ninguna dependencia ni mucho menos en manos equivocadas. “En el PRI le apostamos a que se privilegie el trabajo serio, profesional e imparcial que nos represente a todas y todos”.

Irais Virginia Reyes De la Torre, Diputada de MC, sostuvo que ningún Estado, gobierno y municipio está exento de tener actos de corrupción, la cual no obedece a un partido, sino que es algo que permea en nuestra sociedad y por eso “todos tenemos la responsabilidad de hacer algo”. Consideró que existe un gran reto en estos tres años de la Legislatura: “enmendar un fallido sistema nacional anticorrupción”.

La Diputada Elena Edith Segura Trejo (MORENA) señaló que para su grupo parlamentario la transparencia, rendición de cuentas y la erradicación de las prácticas institucionales indebidas son los pilares del Estado, de ahí que las políticas públicas deben impedir la discrecionalidad, fortalecer los mecanismos legales para limitarla y asegurar que todos los funcionarios rindan cuentas. “Necesitamos avanzar en mecanismos que permitan una mejor rendición de cuentas, pero también una mejor vigilancia sobre la aplicación de los recursos”.

En su turno, el Diputado Israel Betanzos Cortés (PRI) se pronunció por construir un México unido, fuerte, sólido y dar las herramientas solidarias que permitan brindar a las y los ciudadanos esas garantías. “La corrupción no es un tema de hacer una política, sino una política de altura y con miras”. Aseguró que su grupo parlamentario siempre estará apoyando y coadyuvando por el bien de las y los mexicanos.

Del PAN, el Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández resaltó que el gran reto es que a diez años de la reforma constitucional en materia de transparencia y anticorrupción, hay un rezago en el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Destacó la importancia de trabajar para que México pueda revertir el rezago en materia de indicadores de transparencia y anticorrupción. Además, “esta Comisión está obligada a defender que exista un órgano garante del acceso a la información para los ciudadanos y de la protección de datos personales”.

La Diputada Claudia Selene Ávila Flores (MORENA) afirmó que la corrupción es un asunto sistémico. “Estamos conscientes en el grupo parlamentario de Morena que tenemos que seguir avanzando en la consolidación dentro del sistema democrático de este pilar de transparencia y rendición de cuentas” para fortalecer el sistema democrático y tener un gobierno transparente.

La Diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) estimó que se deben hacer ajustes a la ley para fortalecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y no desaparecerlo. Expresó su preocupación por que no hay una política nacional anticorrupción; hay información reservada y ya se convirtió en una regla las adjudicaciones directas y no realizar licitaciones.

La Diputada Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno (MORENA) dijo que se deben reinventar mecanismos sobre las políticas que se han llevado a cabo y las instituciones que existen, pero no han dado resultados, para que estén acordes a lo que se vive y hacia dónde queremos caminar. Comentó que en Hidalgo se puso en práctica un protocolo anticorrupción como un tema de semaforización de los servidores públicos.

Por último, la Diputada Claudia Rivera Vivanco (MORENA) afirmó que la transparencia es una herramienta fundamental en el combate a la corrupción, la cual tiene que ver también con el combate a la impunidad y a la práctica de corruptelas de cuello blanco. Es un círculo donde se requiere de dos, “pero con uno que ponga un alto se van cambiando las cosas”.


La corrupción socava los fundamentos del Estado de derecho


Alejandro Encinas Nájera, Subsecretario Anticorrupción y de Buen Gobierno, afirmó que los temas que revisa la comisión son determinantes para la prosperidad compartida. “Tenemos que poner el dedo sobre la corrupción porque socava los fundamentos del Estado de derecho, inhibe las inversiones, genera inequidad en el acceso a los servicios públicos y porque ciertas minorías pueden llegar a capturar procesos legislativos y también la regulación o la hechura de políticas públicas que se hacen desde el Ejecutivo. “La corrupción sí destruye los fundamentos de la convivencia social”

Reconoció que si bien se han hecho avances muy importantes desde el Ejecutivo, “tenemos que consolidar esta lucha en contra de la corrupción y a favor del buen gobierno. Por eso, la Función Pública está evolucionando y se va a transformar en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que se ponga en el centro no sólo el enfoque sancionador y correctivo, sino también el enfoque preventivo” que tiene que ver, por ejemplo, con la profesionalización y dignificación de la carrera del servidor público, con la modernización administrativa y la mejora continua, con el uso de tecnologías.

martes, 20 de agosto de 2024

Plantean establecer plazos máximos para concluir investigaciones por presuntas faltas administrativas

• El Diputado Cardona Pérez (PT) impulsa reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas


El Diputado Rodolfo Cardona Pérez (PT) presentó una iniciativa que modifica los artículos 91 y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de establecer un plazo máximo de 365 días naturales para finalizar una investigación cuando exista una denuncia por presunta responsabilidad de faltas administrativas cometidas por servidores públicos o particulares.

Instituye que una vez que inicie formalmente la investigación, es decir, que se le haya notificado al denunciante, al área interna o a la autoridad gubernamental o externa que practicó la auditoría al inicio de la investigación, la autoridad investigadora tendrá como plazo máximo 365 días naturales para finalizar la investigación correspondiente.

Indica que se podrá informar al denunciante o al superior jerárquico, con 15 días hábiles previos al cumplimiento del plazo señalado anteriormente, la necesidad de realizar una investigación complementaria, que tendrá una duración máxima de 183 días naturales más, a partir del cumplimiento del primer plazo.

Agrega que una vez admitida la denuncia por la autoridad investigadora, ésta última tendrá la obligación de informar cada 90 días naturales al denunciante sobre el avance que guarda la investigación, informándole el carácter de confidencial y respetando los datos personales de las partes en dicho informe.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, menciona que la corrupción tiene repercusiones negativas en todos los aspectos de la sociedad y está profundamente ligada a los conflictos y a la inestabilidad, pone en peligro el desarrollo social y económico y las instituciones democráticas y el Estado de derecho.

En su fundamentación asegura que el personal que integra las contralorías ha externado comentarios en el sentido de que la Ley de Responsabilidades Administrativas, tanto la general como las estatales, no son claras en el apartado de las investigaciones por la comisión de presuntas faltas administrativas.

Puntualiza que el personal dentro de los mismos órganos internos de control desconoce completamente el funcionamiento de los sistemas anticorrupción, lo que puede ser considerado como un reto a enfrentar tanto por el gobierno como por las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil.

“La corrupción no sólo sigue al conflicto, sino que a menudo es una de sus causas fundamentales; alimenta los conflictos e inhibe los procesos de paz al socavar el Estado de derecho, agravar la pobreza y facilitar el uso ilícito de recursos”, describe.

Enfatiza que la prevención de este delito, el fomento de la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones son fundamentales para alcanzar las metas previstas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales el Estado mexicano ha mostrado su compromiso con los mismos.

viernes, 19 de abril de 2024

Comisión aprueba seis dictámenes que impulsan la transparencia y rendición de cuentas


Avala tercera entrega de informes individuales de la ASF y el Informe General Ejecutivo del Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022


La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el Diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), aprobó seis dictámenes en materia de declaración de procedencia, juicio político, adecuación normativa, desempeño de servidores públicos, testigo social, los cuales fueron remitidos a la Mesa Directiva para su trámite legislativo.

Declaración de procedencia y de juicio político

Las y los integrantes de la Comisión aprobaron con 25 votos a favor, el dictamen por el que se reforman los artículos 10, 11, 12, 34 y 35 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de declaración de procedencia y de juicio político.

Romero Hicks dijo que este dictamen busca garantizar la pluralidad, la proporcionalidad y la equidad de género en la conformación de la Sección Instructora y la figura del juicio político y la declaración de procedencia al incrementar a los integrantes de cuatro a cinco, además, hacen precisiones conceptuales que permiten dar certidumbre a estos procesos parlamentarios.

La Diputada Martha Alicia Arreola Martínez (MORENA) mencionó que el dictamen pretende modificar a la Sección Instructora y a la Sección de Enjuiciamiento de la Cámara de Senadores, las cuales actualmente se conforman de cuatro integrantes, lo que podría dar lugar a decisiones empatadas que no encuentren una solución. Agregó que la integración impar garantizará que se alcance una decisión de mayoría.

La Diputada Lidia Pérez Barcenas (MORENA) resaltó que el proyecto busca garantizar que las resoluciones de las secciones no terminen empatadas, asegurar la imparcialidad y la objetividad en los procesos de dictaminación y estar en concordancia con la Ley Orgánica del Congreso General y la normatividad interna de cada órgano legislativo.

Obra pública debe contar con proyecto ejecutivo terminado

La instancia legislativa ratificó con 24 votos a favor, el dictamen por el que se reforma el artículo 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para establecer como requisito fundamental el tener un proyecto ejecutivo.

Romero Hicks expresó que la finalidad es que toda obra pública cuente con el proyecto ejecutivo terminado para poder ser ejecutada. “Es una extraordinaria propuesta, pues como ha dicho el secretario de la Función Pública, el 80 por ciento de las tentaciones de corrupción vienen de adquisiciones y obra pública”.

Adecuación normativa

Con 24 votos a favor aprobó el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, en materia de adecuación normativa.

En este sentido, el presidente de esta instancia legislativa explicó que este dictamen trata de una armonización necesaria en el uso de las frases de “Distrito Federal” por la Ciudad de México y de Salarios Mínimos a UMAS, así como precisiones a las leyes de transparencia, las cuales deben apegarse a los procedimientos de contratación de la obra pública.

Desempeño de servidores públicos

Con 25 votos a favor, se avaló el dictamen que reforma el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de desempeño de los servidores públicos con eficiencia y transparencia.

El Diputado Romero Hicks indicó que se busca aumentar el catálogo de principios a los que se deben apegar las personas servidoras públicas en el desempeño de sus cargos. “El mayor antídoto contra la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas”.

Juan Guadalupe Torres Navarro, diputado de MORENA y promovente de la iniciativa, argumentó que se alimenta el espíritu de la rendición de cuentas y se fortalece el combate a la corrupción, al fomentar a servidoras y servidores públicos a acatar nuevos principios en su actuar como parte de la estructura del gobierno que se dedica a administrar los recursos de la gente. “Fortalece la lucha contra la corrupción e impunidad”.

Declaración de procedencia

Asimismo, las y los integrantes aprobaron con 26 votos a favor, el dictamen por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de declaración de procedencia.

Al respecto, Romero Hicks detalló que esta reforma establece que cuando la Cámara de Diputados declare el desafuero las legislaturas locales actúen en consecuencia.

Ampliar participación del testigo social

También, se aprobó por 25 votos a favor, el dictamen que reforma los artículos 26 Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 27 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en materia de testigo social.

Romero Hicks precisó que el dictamen atiende cuatro iniciativas de diputadas y diputados de Morena, PAN y MC, cuyo propósito es mejorar y ampliar la participación de los testigos sociales al momento de hacer las compras públicas y fortalecer la incidencia de la sociedad civil en el seguimiento y control del ejercicio de los recursos públicos.

Como promovente, la diputada Lidia Pérez Bárcenas (MORENA) aplaudió legislar sobre los testigos sociales en los procesos que establece la Ley de Obra Pública, en lo que se refiere a adjudicaciones o licitaciones públicas, así como transparentar los procesos, por medio de la participación de las asociaciones civiles y que los testigos se regulen y no sean personas que hayan sido inhabilitados.

El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (MORENA), también promovente, afirmó que la figura de testigo social es un mecanismo ciudadano en la gestión de las contrataciones públicas, representa a la sociedad civil, coadyuva para garantizar que los procedimientos de la gestión pública se realicen con apego a la legalidad, de ahí que se obligue como requisito de testigo social, su capacitación, a fin de fortalecer el combate a la corrupción.

Desde plataforma digital, y como promovente, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) mencionó que la figura de testigo social fortalece todo el sistema de anticorrupción y los esfuerzos de los tres niveles de gobierno, por ello se busca fortalecerla, ya que está acotada a ciertos temas. “Será una herramienta que se verá fortalecida para el combate contra la corrupción, y la democracia se verá fortalecida debido a la participación ciudadana en todas las actividades de gobierno”.

La Diputada Amalia Dolores García Medina (MC) consideró importante la reforma por la participación de la sociedad civil, dado que los testigos sociales tienen el mérito de no estar vinculados al poder público, y con el dictamen deberán ser personas que acrediten capacidad en la materia y no haber sido personas sancionadas administrativamente como servidores públicos.

Previamente, las y los integrantes de la Comisión aprobaron con 25 votos a favor, su opinión respecto de la tercera entrega de Informes Individuales de la Auditoría Superior de la Federación y el Informe General Ejecutivo del Resultado de Fiscalización Superior, ambas de la Cuenta Pública 2022.

lunes, 3 de julio de 2023

Necesario, apoyar a servidores públicos en condición de vulnerabilidad para presentar su declaración patrimonial

• El diputado Rodríguez Carrillo (MC) impulsa reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) propuso reformar el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para apoyar a las y los servidores públicos en condición de vulnerabilidad durante la presentación de sus declaraciones patrimonial y de intereses.

Mediante una iniciativa, establece que los entes públicos, a través de sus respectivos órganos internos de control, de manera permanente y particularmente durante el mes de mayo de cada año, destinarán los recursos humanos y el equipo informático necesario para apoyar a las personas servidoras públicas que, por su condición de vulnerabilidad, así lo requieran en la presentación de sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses.

El diputado explica que su propuesta tiene la finalidad de facilitar el proceso de presentación de las declaraciones para aquellas personas servidoras públicas que, por razones de discapacidad, falta de conocimientos en la materia, incapacidad para acceder a un equipo de cómputo o en los llenados de los formatos, se ven impedidas para realizar ese trámite. 

El documento indica que la presentación de la declaración patrimonial es fundamental para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en el sector público; a través de este mecanismo se busca garantizar que los funcionarios públicos cumplan con su deber de servir al interés público de manera honesta y responsable, evitando el enriquecimiento ilícito y la corrupción. 

Menciona que la normatividad señala la obligación para las secretarías, así como para los órganos internos de control de los entes públicos, según corresponda, de establecer mecanismos de difusión, capacitación, asesoría y apoyo para que los servidores públicos conozcan las reglas para la presentación de las declaraciones.

No obstante, estos mecanismos no son suficientes para solucionar la problemática a que se enfrentan aquellas personas servidoras públicas que presentan alguna vulnerabilidad por razones de discapacidad o de accesibilidad que les imposibilita cumplir con la obligación de presentar sus respectivas declaraciones, puesto que implican los mismos problemas e inclusive incrementan los esfuerzos que deben realizar.

La propuesta, enviada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, considera que presentar la declaración patrimonial en México es un proceso que conlleva una serie de complejidades y desafíos; una de ellas, radica en la extensa cantidad de información que se debe proporcionar. 

También, los funcionarios públicos están obligados a detallar minuciosamente todos sus bienes, ingresos, deudas y otros activos financieros. Esto implica recopilar documentación relevante, como escrituras, estados de cuenta, comprobantes de ingresos y otros documentos legales, lo cual puede resultar un proceso tedioso y engorroso. 

Además, la declaración patrimonial debe ser presentada de manera precisa y completa, sin omitir ningún dato relevante, ya que cualquier error o falta de información puede generar sanciones legales y poner en entredicho la integridad de la persona servidora pública. 

La eliminación de la discriminación en la búsqueda de la protección de los derechos humanos es un objetivo fundamental para promover la igualdad y la justicia en cualquier sociedad. Por ello, es esencial contar con leyes y políticas sólidas que prohíban la discriminación en todas sus formas, y garantizar la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos humanos para todas las personas, sin excepción.  

jueves, 22 de junio de 2023

Valida Comisión de Transparencia y Anticorrupción dictámenes sobre acceso a la justicia

• Garantizan el derecho de defensa a personas sujetas a procedimientos administrativos: diputado Romero Hicks

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Juan Carlos Romero Hicks, aprobó dos dictámenes para modificar las leyes Federal de Procedimiento Administrativo y la General de Responsabilidades Administrativas, en materia del pleno acceso a la justicia y homologación de la norma. 

Por unanimidad de 24 votos, avaló el proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción II del artículo 88 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, relativo al pleno acceso a la justicia. 

Establece que, en el caso del recurso de revisión que se tenga por no interpuesto y se deseche cuando no se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente, “la autoridad deberá prevenir al recurrente para que subsane la omisión, concediéndole un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación respectiva, para que presente la documentación; transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya desahogado la prevención, la autoridad procederá a desechar el recurso”.

Determina que los cinco días hábiles para subsanar lo establecido en la fracción II del artículo 88, es un tiempo razonable bajo el cual el interesado puede presentar la documentación solicitada, y que el plazo comenzará a correr al día siguiente en que surta efectos la notificación. 

Por lo tanto, agrega, “esto nos lleva a la conclusión de que sin importar el tiempo que se haya tomado la autoridad en acordar la prevención, el interesado tiene la certeza jurídica de que le será respetada su garantía de audiencia y el debido proceso”.

El diputado Romero Hicks explicó que este dictamen coadyuva a garantizar el derecho fundamental de defensa a las personas sujetas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a fin de escucharlas y no dejarlas indefensas cuando estén involucradas en algún proceso descrito en la ley.   

Al respecto, la diputada Lidia Pérez Barcenas (MORENA) comentó que con la reforma se busca garantizar el pleno acceso a la justicia y “me parece que la propuesta, a pesar de que es muy breve, solamente son dos líneas en esta ley, da certeza jurídica a los particulares y de esta manera garantizamos su derecho a la justicia y a defenderse”, por lo que celebró la propuesta de reforma y externó su apoyo.  

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba subrayó que la reforma “me parece que es algo muy positivo porque, además, encontró la coyuntura formal, dando el tiempo y las garantías durante un procedimiento administrativo de manera que no podrían desechar el recurso sin que se haya prevenido al interesado, ni que haya concluido el plazo para subsanar la omisión sin que la prevención haya sido atendida”. 

La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño comentó que estas propuestas resultan importantes en virtud de que tienen por objeto dar claridad y certeza a los ejercicios de los particulares en los diversos procedimientos administrativos, además de que con su aprobación se mejora la redacción de los artículos y se abona en el fortalecimiento del ejercicio de las garantías procesales.   

Ley General de Responsabilidades Administrativas

El segundo dictamen, aprobado por unanimidad de 26 votos, reforma el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de cambiar las palabras: “a la primera parte de este párrafo” por “al primer párrafo de este artículo”, así como el término: “penúltimo” por “cuarto”.   

El dictamen refiere que el artículo de la mencionada ley actualmente tiene inconsistencias y con la reforma se abona a dar certeza jurídica a las personas sujetas a los procedimientos descritos en esta normatividad.  

El diputado Romero Hicks señaló que el dictamen surge porque en ocasiones el resultado del trabajo legislativo genera algunas imperfecciones involuntarias, puesto que a veces se hacen modificaciones parciales sin analizar la norma de forma integral, lo que provoca confusiones o lagunas en su interpretación. 

Asimismo, dijo, la reforma incorpora precisiones que dan certeza jurídica a las personas sujetas y a los procedimientos descritos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.   

La proponente de la iniciativa, diputada Yesenia Galarza Castro , señaló que la reforma busca que se cumpla con el debido proceso y los principios en cada uno de los procedimientos administrativos, como lo ordenan las leyes. 

Agregó que es necesario establecer reglas claras y precisas que limiten, al máximo posible, cualquier tipo de incertidumbre que pudiera surgir con motivo de la redacción de los artículos de una ley. 

En tanto, la diputada Carmen Rocío González Alonso se pronunció a favor esta adecuación normativa, ya que las leyes deben ser precisas, claras, legibles y sin ambigüedades, para garantizar justicia a la ciudadanía.

El diputado Ramírez Barba señaló que esta propuesta busca corregir la redacción y permitirá que las leyes sean las que medien todas las áreas y sean justas y lo más próximas a la ciudadanía. 

Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, diputada del PRI, señaló que su grupo parlamentario está a favor de esta adecuación legislativa, toda vez que entre menos interpretación jurídica exista, mayor será la eficiencia de las leyes para la ciudadanía. 

La diputada Pérez-Jaén Zermeño celebró la disposición al diálogo y el trabajo constructivo porque generan un ánimo de colaboración e intercambio argumentativo, con “mejores resultados del trabajo parlamentario que desarrollamos y esto ha permitido alcanzar los consensos necesarios en la Comisión”.  

En tanto, la diputada Pérez Barcenas dijo que el dictamen es breve, no hay un cambio sustantivo y “no está abonando nada”. Externó su apoyo porque la palabra “cuarto” da certeza respecto del procedimiento. “Vamos a votar a favor, pero no estamos de acuerdo, porque lo que se busca es hacer un trabajo que beneficie a la ciudadanía” y esta iniciativa solamente busca homologar.

viernes, 26 de mayo de 2023

Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobó dictamen sobre derechos de mujeres víctimas de violencia

• También avaló opinión a la tercera entrega de Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de supervisión, denuncia y sanción para servidores públicos que vulneren derechos humanos de mujeres víctimas de violencia.

Con 30 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones se avaló con modificaciones el documento enviado por la Cámara de Senadores, para agregar en el artículo 15 que en el diseño de las acciones de prevención se deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos e incorporar la perspectiva de género, con especial énfasis en temas de violencia de género.

Además, en el artículo 20 incluye el principio de paridad de género, agrega una fracción XII en el artículo 49 para establecer que incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público que incumpla con sus atribuciones con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, con especial énfasis en temas de violencia de género e interseccionalidad, debiendo realizar los procedimientos en el menor tiempo posible e impidiendo la revictimización.

En el artículo 124 se plantea que podrá ser decretada como medida cautelar la prohibición de establecer cualquier tipo de comunicación con la persona denunciante o quien haya sido perjudicada por la acción u omisión de la conducta denunciada, objeto de la presunta responsabilidad administrativa. 

El artículo 131 estipula que las pruebas serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, bajo un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad.

El diputado Romero Hicks explicó que se reconoce en este ordenamiento el tema de la paridad de género al garantizar el acceso de las mujeres a puestos de mando, la perspectiva de género para que las autoridades identifiquen la discriminación de mujeres y la interseccionalidad para que tomen en cuenta las desigualdades en los procesos y garantizar los derechos humanos de las personas sujetas a la ley.

A su vez, la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés (MORENA) señaló que se busca garantizar una vida libre de violencia en los diferentes ámbitos y materias. Además, dijo, abona a equilibrar la participación política de las mujeres en la administración pública, pues aún en muchos espacios de los diferentes órdenes de gobierno no hay igualdad de circunstancias para su participación.

 Del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández señaló que se trata de un asunto de gran relevancia que impulsa acciones de prevención, garantiza el respeto a los derechos humanos de las mujeres e incorpora la perspectiva de género, con énfasis en el tema de violencia de género.

El diputado del PT, Ángel Benjamín Robles Montoya, apoyó el dictamen con sus modificaciones y celebró que esta Legislatura siga avanzando en materia de género y que las diputadas y los diputados aporten soluciones desde sus ámbitos de competencias para combatir la violencia contra las mujeres. 

Enseguida, Olimpia Tamara Girón Hernández, diputada de MORENA, afirmó que en el tema de violencia se ha avanzado mucho y un dictamen como éste, suma aún más a estos esfuerzos. “Es algo que debemos ver todas y todos desde cualquier función de gobierno o poder”. 

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) expresó que las acciones contenidas en el dictamen contribuyen a erradicar la violencia contra las mujeres, fortalecen la legislación e impulsan políticas públicas contundentes para garantizar el acceso a una vida libre de violencia.

Del PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez manifestó su voto en pro del dictamen y celebró que la Legislatura apruebe reformas en favor de las mujeres y del ejercicio igualitario en la política y la vida diaria. 

En tanto, la diputada Amalia Dolores García Medina (MC) señaló que esta reforma permitirá mejores condiciones de vida para las mujeres, porque pone el acento en que el servicio público debe ser un espacio ético y de responsabilidad, de compromiso y actuación respetuosa de sus derechos humanos e integridad. 

De MORENA, el diputado Juan Guadalupe Torres Navarro respaldó el dictamen y reconoció que falta mucho por hacer, aunque se han alcanzado logros para erradicar el abuso y la agresión política de género. “Es una cultura con mucha historia, pero tenemos que cambiar, hacer publicidad hacia los ciudadanos y ciudadanas para cambiar esa conciencia y costumbre por el bien general de todos”.

Una vez aprobado, el dictamen se envió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su debido trámite legislativo. 

Opinión sobre entrega de Informes Individuales y del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

En la reunión, se aprobó la opinión respecto de la tercera entrega de Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.

El diputado Romero Hicks expresó que la fiscalización es una tarea fundamental del Poder Legislativo, “es la facultad de control sobre los otros dos Poderes de la Unión y el equilibrio que todos queremos en democracia. No podemos renunciar a la fiscalización porque sería renunciar a nuestra naturaleza”, subrayó.

En el documento se señala que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción recomienda a la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y a la Unidad de Evaluación y Control, exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a continuar brindando puntual seguimiento a las observaciones presentadas a los entes auditados en la Cuenta Pública 2021. 

Además, que esta Comisión se compromete a analizar y contemplar la sugerencia a la iniciativa que se menciona en la auditoría practicada a la Secretaría de la Función Pública, con el objetivo de observar las áreas de oportunidad en la legislación y fortalecer la función de control y fiscalización de esta Cámara.

Se sugiere establecer una ruta de trabajo conjunto con la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Vigilancia para detectar oportunidades que permitan agilizar la eficiencia del trabajo de la Auditoría.

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) señaló que se debe avanzar hacia mecanismos para dar seguimiento a la solventación de observaciones emitidas por la ASF, pues se conocen los informes, los avances y las observaciones, pero no si derivaron en un daño patrimonial, si se siguieron las acciones penales o administrativas correspondientes. Se pronunció por tomar en cuenta dichas situaciones al analizar el presupuesto de las dependencias observadas.

Por MORENA, el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, manifestó su voto a favor de la opinión y expresó que esos mecanismos ya existen pues la ASF debe informar los avances de las solventaciones y sus procedimientos.

La opinión fue aprobada por 23 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones. Posteriormente se remitió a la Comisión de Vigilancia de la ASF para el trámite legislativo.

viernes, 14 de abril de 2023

Diputadas y diputados aprobaron reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

• El dictamen se avaló por 426 votos y se remitió al Senado

En sesión presencial, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 426 votos reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el objeto de incluir el anexo transversal anticorrupción. 

El dictamen modifica los artículos 2, fracción III Bis; 23, párrafo sexto; 41 fracción II, inciso c); 107, fracción I, inciso b), sub inciso iv), y penúltimo párrafo, de dicho ordenamiento jurídico se remitió al Senado de la República para sus efectos Constitucionales.

El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción Juan Carlos Romero Hicks (PAN) afirmó que el Anexo transversal anticorrupción es un pendiente que se tiene desde el Poder Ejecutivo. “Se ha venido intentando por aproximaciones como parte complementaria del Presupuesto de Egresos de la Federación, pero ahora lo que queremos es que sea parte integral de la ley correspondiente”.

Apuntó que este Anexo es para conocer que los informes tengan la información suficiente para saber quién gasta, para qué y dónde se gasta, y este ejercicio transversal, para todo el aparato público, indica que no habrá excepción alguna en distinción en programas, ramos y autoridades.

“Tengámoslo suficientemente claro, todas las unidades responsables y los programas de inversión pública tienen que integrarse a este Anexo Anticorrupión. Seguimos avanzando con instrumentos que puedan dar eficacia”, subrayó.

En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González Robledo (MORENA) destacó que para elaborar el dictamen se tomó en cuenta dos iniciativas, una presentada por los integrantes de la comisión del Transparencia y Anticorrupción, y la otra por los miembros de la junta directiva de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública “es decir, este es el resultado del impulso de ambas comisiones y del apoyo mostrado de todos los grupos parlamentarios”.

Mencionó que para los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023 ya se incluyó este Anexo Transversal, pero se carecía de un mandato legal expreso y con esta propuesta se brinda una mayor certeza jurídica al hacerlo obligatorio para los ejercicios fiscales subsecuentes, además de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento se garantiza que la asignación de recursos para la prevención y combate a la corrupción sea más transparente.

Subrayó que se contribuirá a conocer la efectividad de las acciones implementadas por el Estado mexicano contra la corrupción lo que permitirá diseñar e implementar políticas públicas más eficientes en la materia, y al estar contemplado en el presupuesto se asegura la continuidad y sostenibilidad de esta medida en el tiempo.

En su oportunidad, el diputado Jaime Bueno Zertuche reconoció que la corrupción aún persiste, por lo que es fundamental continuar con acciones que acaben con este mal que lastiman seriamente la vida pública y privada del país, por ello, agregó, el PRI dará su voto a favor porque “tenemos que unir esfuerzos para poner fin a este mal de una vez por todas y crear sistemas más sólidos para la transparencia, rendición de cuentas y para el combate serio, contundente y formal a la corrupción”.

De MC, el diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro anunció que votarían a favor del dictamen porque busca establecer la obligación de invertirle dinero al combate a la corrupción, si ya están en la Constitución los Sistemas de Transparencia y Anticorrupción y de Fiscalización, hay que dar la importancia presupuestal a estas materias. “La transparencia y el combate a la corrupción deben ser amuletos sagrados de la democracia#.

Discusión en lo general

Al hablar en favor del dictamen, el diputado Juan Guadalupe Torres Navarro (Morena) afirmó que el camino para diseñar un sistema anticorrupción ha estado avanzando. Mencionó que el objetivo del Anexo Transversal Anticorrupción es poner al alcance de la ciudadanía la información sobre quiénes son las autoridades responsables, así como los montos asignados a la prevención, detección, investigación y sanción de los hechos de corrupción; así como la fiscalización y control de los recursos públicos.

jueves, 8 de diciembre de 2022

Comisión de Transparencia aprobó dictamen para fomentar en las compras públicas la innovación y a tecnología

• También avaló reformas para sancionar hostigamiento y acoso sexual de servidores públicos

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), aprobó dos dictámenes que reforman las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de fomentar la claridad en las compras públicas de innovación y evitar el hostigamiento y acoso sexual.

Compras públicas de innovación


El primer dictamen aprobado plantea reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de compras públicas de innovación.

El diputado Romero Hicks expuso que el propósito de este dictamen es buscar que en las contrataciones por adjudicación directa se autorice la contratación de bienes o servicios que tengan aparejada una innovación tecnológica.

Al respecto, la promovente de la reforma, la diputada María Eugenia Hernández Pérez (MORENA) explicó que se toma como eje la necesidad de fortalecer a nuestras empresas nacionales de base tecnológica de impulsar el emprendimiento en el ámbito de la innovación y dar confianza a los centros de investigación y universidades. Las compras públicas en esta materia pueden juagar un papel fundamental para este sector”.

La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes (MORENA) señaló que es claro que las universidades y los centros de desarrollo tecnológico donde participan jóvenes y docentes han hecho gala de la aplicación de su conocimiento, por lo que esta modificación normativa permitirá incentivar el campo tecnológico.

Lidia Pérez Barcenas, diputada de MORENA, planteó que su voto sería a favor, pues se eliminó el carácter de excepción, ya que si bien es cierto que se considera importante que se incorpore a esta ley la tecnología es necesario que se someta a los procesos que establece la legislación.

La diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, aseguró que la modificación que se plantea contribuirá a que se incentive la tecnología y la innovación en la administración pública en sus tareas y atribuciones, al buscar que en las compras y adquisidores se privilegien a las innovaciones, por lo que dijo que su voto sería a favor.

Amalia Dolores García Medina, diputada de MC, apuntó que el espíritu de la iniciativa es que las instituciones de la administración pública vayan en el camino de la tecnología y el conocimiento del siglo XXI aprovechando estos avances. Resaltó que no se trata de más asignaciones, sino que la legislación prevea que en sus convocatorias participen empresas nacionales comprometidas con el desarrollo de la innovación.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) pidió que esta reforma se adecue a los parámetros internacionales en materia de adquisiciones y felicitó a los promoventes de esta propuesta.
 
Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, diputada del PRI, refirió que su voto sería a favor, toda vez que abona a que se perfeccione la norma e impulse la tecnología y la innovación en la administración pública.

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) expresó que su voto sería en sentido positivo, ya que se impulsa el desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito del servicio público, lo cual contribuirá que se otorguen servicios más ágiles para la ciudadanía.

La diputada del PAN, Carmen Rocío González Alonso mencionó que este dictamen da la apertura para que las licitaciones se ajusten a la promoción de empresas que fomentan la tecnología y la innovación.

Reformas sobre hostigamiento y acoso sexual


La Comisión también aprobó el dictamen con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de hostigamiento y acoso sexual.

El diputado Romero Hicks recordó que el documento deriva de una iniciativa presentada por el Congreso de Aguascalientes y dijo que históricamente como Poder Legislativo se tiene una deuda pendiente en garantizar el derecho a todas las personas a una vida libre de violencia, principalmente de las mujeres.

Añadió que con el dictamen se da un paso más para asegurar que toda conducta de un servidor público que involucre hostigamiento o acoso sexual sea castigada. Advirtió que la reforma es en el ámbito administrativo, pero hay otros, como el penal y laboral que deben incursionar. “Lo dejamos como una tarea para hacer una construcción común y no solamente quedarnos en materia administrativa”.

El diputado Ramírez Barba aplaudió que se avale una iniciativa de un congreso local. “Es un mensaje de que el congreso federal está siendo sensible a las necesidades, que están sintiendo y formulando para mejorar esta normativa”.

 A su vez, la diputada Pérez-Jaén Zermeño precisó que se busca fortalecer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, al incluir el hostigamiento y el acoso sexual como faltas administrativas graves. “Coincido con el sentido del dictamen y mi voto será a favor”.

La diputada García Medina se manifestó por mantener una relación federalista fluida, constante y en positivo, sobre todo cuando se pone en el centro los derechos humanos; hoy se pone en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, temas de hostigamiento y el acoso sexual; generalmente son las mujeres las que son víctimas.

El diputado Gómez Villanueva se congratuló por esta reforma ya que responde a una demanda de la sociedad civil en materia de género y dijo que es importante calificar como una falta grave el hostigamiento.

Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, diputada del PRI, destacó el federalismo que hoy retoma el Congreso Federal con la aprobación de la iniciativa, y que en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres hoy se avalen estas reformas, ya que su inclusión en el mercado laboral cada día es mayor, pero no necesariamente en las mejores condiciones.

El diputado Juan Guadalupe Torres Navarro (MORENA) expuso que da gusto que este tipo de iniciativas deriven de un congreso local. “Todos tenemos madre, hermanas e hijas, entonces por instinto de supervivencia y protección esto y más debemos hacer para que sean libres de cualquier violencia, más el hostigamiento y el abuso sexual; no solamente se da en el servicio público sino en cualquier ámbito laboral privado”.

Asuntos generales


El diputado Romero Hicks anunció que mañana en el Pleno habrá una efeméride por el Día Mundial Anticorrupción, por lo que la Junta de Coordinación Política solicitó que cada grupo parlamentario designe a una persona para tomar la palabra hasta por tres minutos.

Asimismo, informó a las y los diputados que se recibió comunicación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside el diputado Erasmo González Robledo (MORENA), en la cual se da a conocer que esta instancia presentará una iniciativa para que se incorpore en el cuerpo del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación el Anexo Transversal Anticorrupción.

En este sentido, la diputada Pérez Bárcenas argumentó que la Comisión ha promovido en dos años consecutivos en los ejercicios de Presupuesto de Egresos de la Federación, la incorporación del Anexo Transversal Anticorrupción, toda vez que en el cuerpo del Decreto no se menciona y sólo se incorpora el anexo.

La preocupación de esta instancia, agregó, ha sido que al no estar incorporado en el cuerpo del Decreto pudiera desaparecer, por lo que desde hace dos años en su opinión sugirió la incorporación del transitorio, lo mismo ocurrió este año. Sin embargo, apuntó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción trabajaron una metodología para poder incorporar a las dependencias en este Anexo Transversal.

jueves, 20 de octubre de 2022

Comisión aprobó dos dictámenes para proteger a las mujeres y promover la transparencia en adquisiciones

• También avaló su opinión al proyecto de PEF 2023

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), aprobó dos dictámenes que promueven la protección de las mujeres víctimas de violencia y refuerzan las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en materia de adquisiciones.

El primer dictamen, aprobado por 30 votos a favor, plantea adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de promover la supervisión, denuncia y sanción de los servidores públicos que vulneren derechos humanos de mujeres víctimas de violencia.

El diputado Romero Hicks explicó que el dictamen busca fortalecer la paridad de género y la protección de la víctimas y denunciantes al promover la protección de los derechos humanos.

La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes (MORENA) consideró que la reforma beneficia a quienes mucho tiempo estuvieron olvidadas y para recordar que la ley es para todas y todos.

Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado del PAN, celebró la aprobación de este dictamen, ya que está enfocado a garantizar la paridad y en contra de la violencia de género. 

La diputada de MC, Amalia Dolores García Medina, indicó que la inclusión de las mujeres significa otorgarle calidad a la democracia, ya que no puede existir ésta sino se incluye a la paridad en la toma de decisiones; además, se garantiza que las mujeres no serán víctimas de acoso y violencia. 

Desde plataforma digital, la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) aplaudió el trabajo realizado desde la Comisión para hacer coincidir a dos legislaturas en el tema de las mujeres, en la toma de decisiones y supervisión.

Por el PRI, la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, mediante zoom destacó la importancia de la armonización legislativa para combatir la violencia contra las mujeres. “Hoy se abunda en un tema que parecía olvidado; sigamos impulsando los pendientes de la legislación secundaria, avanzar en la 3 de 3 y contribuir a eliminar la cultura de violencia que aún persiste hacia las mujeres”.

Daniel Gutiérrez Gutiérrez, diputado de MORENA, celebró que el dictamen sea en temas de equidad y perspectiva, “pero me preocupa que se le hayan quitado todas las sanciones, ya que se queda solo en buenas intenciones y eso de nada sirve; las sanciones son importantes para hacer cumplir la norma”.

El diputado del PVEM Jorge Luis Llaven Abarca, mencionó que se está llamado a legislar a favor de la paridad de género. “En el Partido Verde, estaremos siempre en contra de cualquier acto discriminatorio y violatorio de derechos humanos, más tratándose de mujeres víctimas de violencia cuando el agresor es un servidor público”.

Vía plataforma digital, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, diputada del PAN, aseguró que con la reforma podrá ser decretada como una medida cautelar la prohibición de establecer cualquier tipo de comunicación con la persona denunciante o quien haya sido perjudicada por la acción u omisión de la conducta denunciada.

Por el PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez mencionó que este dictamen trata de evitar que se vulneren los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia y reconoció que este sea un consenso de las y los integrantes de la Comisión, toda vez que plantea sancionar y erradicar la violencia.

La diputada Lidia Pérez Bárcenas (MORENA) expuso que el dictamen plantea sanciones para aquellos supuestos que pudieran cometer una acción que violente a las mujeres, por lo que anunció que su voto sería a favor. 

Wilbert Alberto Batun Chulim, diputado de MORENA, se pronunció a favor del dictamen, ya que contribuye al bienestar de las mujeres. 

En representación del PT, el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya manifestó que esta adecuación normativa abona a la lucha de las mujeres por erradicar la violencia en su contra y sancionar cuando se vulneren sus derechos humanos.

Transparencia en materia de adquisiciones

El segundo dictamen, aprobado por 30 votos a favor, busca adicionar y reformar la fracción XXVIII del artículo 70, fracción I del artículo 71 y fracción III al artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de reforzar las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en materia de adquisiciones.

El diputado Romero Hicks apuntó que la reforma establece el deber de publicar los documentos donde consten las razones y criterios que motivaron a una adjudicación directa sobre licitación pública y la invitación a cuando menos tres personas y, con ello, se cumpla la máxima publicidad y transparencia en el ejercicio del gasto público sin hacer distinciones en el método de adquisiciones.

Del PRI, la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz pidió el voto a favor, ya que hay temas que “en lugar de irse al cajón del olvido se les tiene que dar continuidad”.

Por su parte, el diputado Téllez Hernández celebró que este dictamen encuentre los consensos correspondientes para una votación positiva, pues el haber pasado una emergencia sanitaria llevó consigo la toma de decisiones para enfrentarla de manera clara especialmente en materia de salud; no obstante, subrayó, el espíritu de opacidad no debe prevalecer en compras durante emergencias 

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, también del PAN, dijo estar a favor de la reforma; sin embargo, señaló que en el cuerpo del dictamen se pone contingencia sanitaria, pero éste no está contemplado en la ley, por lo que se debe tener cuidado con el término.

La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) expuso que la disposición abona a la transparencia en materia de contrataciones públicas, pues se debe evitar la opacidad en el acceso a la información de carácter relevante. Dijo estar a favor de la prevención de la corrupción y la rendición de cuentas. 

A su vez, el diputado Robles Montoya subrayó que es necesario transparentar y negar la reserva de información para no difundir con apertura y transparencia porque se toman determinadas acciones como gobierno a nivel federal, estatal y municipal. 

El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (MORENA) resaltó que el dictamen significa transparentar o detallar un procedimiento de adjudicación directa, pues durante años se ha justificado por un procedimiento o porque hace falta por los tiempos. Consideró que se debe combatir la corrupción e impunidad”. 

El diputado Jorge Luis Llaven Abarca (PVEM) expresó su apoyo a este dictamen, toda vez que abona a la transparencia y a recobrar la confianza de la ciudadanía y en el trabajo con honestidad.

En tanto, la diputada Amalia Dolores García Medina (MC) comentó que las adjudicaciones directas son legales, por lo que se propone ratificar las razones y los criterios que las motivan.

La diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) expuso que esta reforma contribuirá a impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en las adjudicaciones directas, aunque esto ya se contempla en la legislación. 

Opinión al Proyecto del PEF 2023

Se aprobó con 26 votos a favor y seis abstenciones, la opinión de la Comisión referente al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023.

El diputado Romero Hicks explicó que esta votación no prejuzga cómo se avalará el Presupuesto de Egresos de la Federación, “y en lo que coincidimos es en la modificación e incorporación del transitorio”.

La diputada Alcalá Ruiz dijo que el voto de su grupo parlamentario sería en abstención por lo que implica el Anexo específico, pues, aunque no hay incrementos o reducciones, se desconoce si lo asignado es lo suficiente para el combate a la corrupción, y en lo sucesivo se debe conocer qué debe hacerse mejor.

La diputada Pérez Bárcenas celebró que la opinión no solo destaca el incremento del 78 por ciento del presupuesto en combate a la corrupción, también que se incorporen 12 nuevas dependencias y se agreguen los Objetivos de Desarrollo Sostenible en beneficio de la ciudadanía mexicana.

La diputada Pérez Valdez anunció que su voto será en abstención, ya que hay decrementos que pegan de manera tangible a la consolidación de las instituciones y no hay total transparencia en los recursos públicos para la erradicación de la corrupción. 

A su vez, la diputada González Alonso externó su preocupación de que se hable de un Anexo transversal anticorrupción, “cuando todos los temas que han generado ruido en el gobierno están reservados o se justifican con seguridad pública; es inquietante ese anexo, cuando no hay una verdadera rendición de cuentas en el gobierno”.

La diputada García Medina consideró vital fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, pues está frágil y tiene que robustecerse. Además, dijo que en el Anexo anticorrupción se agregan dependencias de las cuales “valdría la pena saber su objetivo, así como analizar las reducciones que se observan en la Secretaría de la Función Pública y la unidad de contrataciones públicas”.  

En tanto, la diputada Márquez Alkadef aplaudió la opinión emitida por la Comisión respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación 2023.

El diputado Téllez Hernández estimó adecuado el proyecto de la opinión que se remitirá a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, toda vez que destina montos adecuados a los organismos encargados de la transparencia, la función pública y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción. 

El diputado Gutiérrez Gutiérrez se pronunció a favor de la opinión, ya que las dependencias y Secretaría invierten de cada 100 pesos 84 para el combate a la corrupción, lo cual garantiza un eficiente gasto público del país.

La diputada Pérez-Jaén Zermeño apuntó que sorprende el aumento en el presupuesto para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), ya que se propone para el 2023, casi 83 millones de pesos más que lo destinado en el 2022, no obstante, apuntó que esta ampliación es para el campo de gastos personales.

El diputado Gómez Villanueva dijo que el gobierno tiene sus prioridades en el PEF, las cuales son seguramente las dominantes y aunque se ha advertido que hay una cerrazón para atender las recomendaciones hechas, se debe tener un equilibrio con una visión no solo en la parte social, sino también en la infraestructura y lo que representa el presupuesto. 

El diputado Ramírez Barba comentó que se sigue pensando en la lógica de un presupuesto inercial; se necesita entender si es un presupuesto basado en resultados y si el incremento tiene que ver con una futura aprobación para una institución que haga compras consolidadas y se haga cargo de temas como la previsión de medicamentos y compras para la salud.

La diputada Terrazas Baca expuso que acompañarán el Anexo transversal 39; “no vamos a acompañar el presupuesto, porque es evidente que no hay dinero para lo que ralamente le importa a las y a los mexicanos. El Presidente no tiene como objetivo combatir la corrupción”.

jueves, 21 de julio de 2022

Comisión de Transparencia y Anticorrupción avaló dictámenes

• Los temas: fomento de la economía social, plazo de prescripción y armonización.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, aprobó dictámenes, en temas de fomento de la economía social, plazo de la prescripción para iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas y sobre la armonización de denominaciones.

Fomento a la economía social

Se aprobó por unanimidad de 24 votos, el dictamen para adicionar una fracción al artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para que los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias y entidades tengan entre sus funciones el propiciar la participación de sociedades cooperativas en las adquisiciones, los arrendamientos y los servicios del sector público.

Además, se reforma la fracción V del artículo 23 para que las comisiones consultivas mixtas de abastecimiento tengan como objetivo promover acciones que propicien la proveeduría con sociedades cooperativas.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), precisó que la reforma busca incorporar la participación de cooperativas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el objetivo de propiciar la oferta de servicios de las dependencias y fortalecer al propio sector.  

La diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (PAN), promovente de la reforma, señaló que las cooperativas requieren del compromiso de todos y este sector representa una parte fundamental de la economía del país. El objetivo es que “las cooperativas tengan piso parejo en las compras del gobierno, oportunidad que se le ha negado por años. No sólo se beneficiará a las sociedades cooperativas, sino a miles de familias mexicanas que dependen directa o indirectamente de este sector”.    

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) comentó que se ha luchado para que haya trato acorde a las cooperativas que no tienen un fin de lucro, que su objetivo fundamental es sumar esfuerzoS de un grupo de ciudadanas y ciudadanos para lograr un ingreso. Subrayó que la reforma es un paso importante y anunció que votaría en sus términos el dictamen.

Patricia Terrazas Baca, diputada del PAN, aplaudió que el tema de las cooperativas se ponga sobre la mesa y por pensar en la economía de esas pequeñas empresas que se unen con la finalidad de sacar adelante objetivos comunes y la alimentación de muchas familias. “Nos ayuda a mitigar los efectos de la pandemia, la inflación y la guerra en la economía”.

Desde plataforma digital, el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (MORENA) destacó que es un dictamen importante para el sector social del país, ya que da garantía en la equidad e igualdad. “Se abre la puerta para apoyar al sector productivo del país; hablar de las cooperativas, es referirse a los sectores productivos y sociales básicos de la nación y es fundamental”.

El diputado Augusto Gómez Villanueva (PRI) sostuvo que es una propuesta que merece el apoyo de su grupo parlamentario y estimó que es importante que se apruebe porque es el anunció de que “se va volver a tener interés por la propiedad social”. Consideró importante recordar que la organización de la familia y de los núcleos sociales de los pequeños poblados es esencial en el régimen de las cooperativas.  

De MC, la diputada Amalia Dolores García Medina expresó estar de acuerdo con el dictamen, y dijo coincidir con la visión del impulso al cooperativismo como una alternativa de la sociedad. Señaló que las cooperativas deben ser protegidas e impulsadas como parte de una economía que fomenta esa solidaridad y que es fundamental

Interrupción de la prescripción

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción ratificó con 23 votos a favor, el dictamen a la iniciativa que reforma los artículos 74 y 113 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de prescripción, presentado por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (MORENA).

El diputado Romero Hicks destacó que se busca dejar en claro el momento en el que se interrumpe el plazo de la prescripción para iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas, con la finalidad de dar plena certeza.  

La diputada Lidia Pérez Bárcenas (MORENA) externó que la reforma es importante, ya que le da certeza jurídica a los servidores públicos que están sujetos a procedimientos de la Ley de Responsabilidades Administrativas, en cuanto al momento en que se interrumpe la prescripción de las facultades de la autoridad sancionadora, ya que no hay claridad en la ley.

Armonizar denominaciones

Con 23 votos a favor, se avaló el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para sustituir la denominación del Distrito Federal por Ciudad de México y del titular por persona titular.

Se busca nombrar y remover a las personas titulares de los órganos de control interno mediante los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, ya que se armonizó la denominación de la entidad en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El diputado Romero Hicks explicó que el dictamen es parte de un conjunto de armonizaciones que se tienen pendientes sobre la denominación que ya no existe del Distrito Federal por Ciudad de México en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y así apegarnos a lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México.

Modificar términos

La Comisión avaló con 22 votos a favor, el dictamen que reforma los artículos 2, 12 Bis, 26 Ter, 42 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada por el Congreso de la Ciudad de México para modificar los términos de salario mínimo y Distrito Federal por los de Unidad de Medida y Actualización y Ciudad de México.

El diputado Romero Hicks destacó que el dictamen busca modificar términos en lo relativo a la UMA y cambiar la denominación de Distrito Federal, que ya no existe, por Ciudad de México en la Ley. Aplaudió que sea una iniciativa del Congreso de la Ciudad de México.

La diputada Lidia Pérez Barcenas (MORENA) se congratuló por el dictamen y que hoy se esté reformando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Transparencia y máxima publicidad

El diputado Romero Hicks propuso que el dictamen que adiciona un cuarto párrafo al artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a establecer los principios de ética, transparencia y máxima publicidad en las adjudicaciones directas, se regresara para hacer una nueva redacción.

“Porque hay un espíritu de coincidencia; a nivel de contenido, de detalle y alcance es donde algunas personas no encontraron la manera de dar su voto a favor”, añadió.

El diputado Jaime Bueno Zertuche (PRI), promovente de la iniciativa, explicó que la finalidad es asentar en la ley que las contrataciones deben apegarse a tres principios básicos: ética, transparencia y máxima publicidad. Resaltó que estos principios son fundamentales en el ejercicio de la función pública.  

La diputada Pérez Barcenas expresó que la iniciativa busca establecer en la Ley, el tema de los principios de máxima publicidad y transparencia, “pero al revisar la iniciativa, no vemos que haya una armonización en toda la ley; en la primera parte, es donde debería considerarse esos principios; es interesante y le daría la posibilidad a la ley de armonizarla en todo su cuerpo”.

Desde plataforma digital, el diputado Augusto Gómez Villanueva (PRI) externó su apoyo, pues significa un avance importante, “ya que como está la ley no se manifiesta el respeto de las autoridades centrales a lo que se ha denominado como la razón de un gobierno que habla de la anticorrupción y de la austeridad; hay que lograr de manera gradual el perfeccionamiento de la legislación y de las instituciones”.

Desechan dictamen

Con 24 votos a favor y dos en contra se aprobó el dictamen que desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se proponía reformar el artículo 4 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en materia de auditorías a sindicatos que reciban recursos públicos, a cargo de la diputada Margarita García García (PT).

El diputado Romero Hicks aclaró que la reforma ya se encuentra atendida de acuerdo a la normatividad vigente y con los alcances legalmente permitidos, ya que la iniciativa propone considerar a los sindicatos de trabajadores al Servicio del Estado como entes públicos y entidades fiscalizadas de tal forma que rindan cuentas.    

La diputada Amalia Dolores García Medina (MC) recordó que se ha vivido a lo largo de varios años un proceso que nos ha acercado a mayor transparencia, rendición de cuentas y fiscalización cuando se refiere al uso de recurso público. Señaló que el espíritu de la propuesta es poner el acento en mecanismos que permitan una trasparencia y rendición de cuentas cuando hay recurso público, sobre todo haciendo referencia a los sindicatos. Estimó que habría que apoyar la iniciativa.    

Mediante plataforma digital, el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (MORENA) indicó que es una propuesta fundamental, pero al revisar el artículo 4 en la fracción IX, se establece quiénes pueden ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Valdría la pena revisar y analizar de forma profunda el tema y sin tintes políticos; cómo es posible que sean los únicos que no sean auditados”.

Carmen Rocío González Alonso, diputada del PAN, a través de la plataforma Zoom, expuso que la obligación ya está establecida, pero es pertinente que en el Programa Anual de Auditorías se pueda solicitar a la ASF una revisión a los recursos públicos que tienen los sindicatos y hacer un análisis de cómo se están usando.

La diputada Pérez Barcenas señaló que las obligaciones de transparencia están establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Obligación Pública, y de esas hay sindicatos que no han cumplido con esa responsabilidad, pero eso tiene que ver con lo establecido en dicha ley, y la propuesta plantea modificar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que tiene que ver con otra cosa. Detalló que la ley ya establece que cualquier recurso público puede ser fiscalizado.  

Asuntos generales

En asuntos generales, Romero Hicks recordó que se han identificado grandes segmentos a trabajar en el fututo, como son las adquisiciones y obra pública y la revisión del Sistema Nacional Anticorrupción.

Dijo que el nuevo secretario técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, Roberto Moreno Herrera, se presentó ante la presidencia de la Comisión, por lo que pronto se le invitará.

También, manifestó su inquietud de que el Sistema de CompraNet no esté funcionando, “es delicado y me gustaría que todos nuestros equipos lo pudiéramos ver, para saber qué está ocurriendo y qué es lo que se debe corregir; es un sistema muy visible y hemos recibido diversas quejas”.

jueves, 23 de junio de 2022

Comisión realizará conversatorios en materia de anticorrupción, transparencia y protección de datos

• Aprobó dictamen que garantiza la transparencia en el ámbito de defensa nacional.
• También emitió opiniones sobre procesos de obra pública y trabajo digno.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), anunció que realizará conversatorios para recoger ideas de los sistemas nacionales de Anticorrupción, de Transparencia, de Fiscalización y de Archivos, así como de la protección de datos personales.

Mencionó que en reunión de la Junta Directiva se acordó iniciar estos conversatorios, toda vez que se ha recibido la inclusión de legisladores en los grupos de construcción legislativa, los cuales tienen como tarea generar propuestas sobre corrupción en adquisiciones y obra pública, revisión de sistemas y protección de datos personales. 

Cecilia Márquez Alkadef Cortes, diputada de MORENA, pidió ser incluida en el grupo de datos personales para empezar a perseguir a quienes vulneran la seguridad, “ya que las y los mexicanos hemos sufrido vulneración; recibimos llamadas que no autorizamos, no creemos que sea prudente que se nos realicen por una serie de compañías que vulneran la seguridad de cada uno de las y los mexicanos”.

Abundó que ese banco de datos, que se desconoce cómo se obtiene y por qué se vende, se convierte en una ruleta cuando las compañías, principalmente las telefónicas que son instituciones de uso bancario, acosan a los ciudadanos, que además son presa de algunos grupos del crimen organizado que lo utilizan para hacer llamadas de extorsión.

Desde plataforma digital, la diputada Lidia Pérez Bárcenas (MORENA) solicitó que esos grupos de construcción legislativa no se consideren como subcomisiones, sino el vehículo para revisar los foros en donde se escuchen las diferentes voces sobre estos temas. “Que no se les asignen funciones de subcomisión ni de elaboración de dictámenes ni iniciativas”, propuso.

También de Morena, el diputado Juan Guadalupe Torres Navarro expuso que, en materia de adquisiciones y obra pública, en Mazatlán existe un caso de 400.8 millones de pesos en la compra de luminarias por adjudicación directa. “Es un robo descarado que se está haciendo”; por ello, planteó sumarse al grupo en la materia. 

Por el PT, el diputado Jesús Fernando García Hernández dijo que no se limite la participación a los diputados a que se integren a esta tarea legislativa.

El diputado de MORENA, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, propuso incluir el tema de que los titulares de las dependencias, las entidades federativas y los municipios firmen contratos de adquisiciones, a fin de evitar el desvío de recursos, ya que el problema de la corrupción en materia de adjudicaciones está en esos niveles de gobierno.

Patricia Terrazas Baca, diputada del PAN, expresó que el combate a la corrupción no es cosa de colores partidistas, puesaunque existen leyes en la materia, requieren ser modificadas para hacerlas más efectivas y que los juzgadores tengan la obligación de no corromperse.

De MC, la diputada Amalia Dolores García Medina pidió invitar a la comisionada ciudadana, María del Carmen Nava Polina, para que exponga la importancia de la información pública para las mujeres que están en reclusión, en proceso de reinserción y con familiares en situación de reclusión, para que puedan acceder a todos sus derechos.

Desde plataforma digital, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, diputada del PRI, aplaudió que se inicien estos foros de cara al segundo año de las tareas legislativas, para que rinda más y mejores frutos en los temas planteados.

Solicitó que ante los formatos semipresenciales se pueda acercar las labores de las y los legisladores a la población y que los mismos se puedan realizar en los estados, con la intención de concretar los objetivos trazados, principalmente en materia de protección de datos personales, ya que la ley tiene 12 años y en ese tiempo ha habido cambios en los temas electrónicos.

Avalan dictamen

Las y los integrantes de esta instancia legislativa aprobaron por 25 votos el dictamen por el que se reforman los artículos 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el objetivo de armonizar la norma referente al Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional en el tema de transparencia.

En el documento se argumenta que la Comandancia del Ejército sea el órgano responsable de la administración y desarrollo de las tropas, de las Armas, del Servicio de la Policía Militar y de los Cuerpos de Defensas Rurales, cuyas respectivas direcciones generales quedarán adscritas a la mencionada Comandancia, para realizar funciones propias de sus especialidades, gestión de requerimientos logísticos y asesoramiento en el ámbito de sus atribuciones.

Al respecto, el diputado del PAN, Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, proponente, explicó que la reforma busca cambiar la denominación del Estado Mayor de la Defensa Nacional por Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, ya que cuando se hacen cambios en una legislación es indispensable contemplar que existen otros ordenamientos que necesitan modificarse para no crear disparidades legales en el ámbito federal.

Emiten opiniones

También, las y los diputados aprobaron con 24 votos a favor y uno en contra, la opinión respecto a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a fin de que los tres niveles de gobierno fortalezcan la planeación en la ejecución de obra pública, transparenten los procesos de obra pública y mejoren la temporalidad de su ejecución.

Mediante plataforma digital, la diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) consideró atinado analizar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; sin embargo, planteó revisar los montos para los testigos sociales dentro del proceso licitatorio, y aplaudió los topes mínimos y máximos sobre las sanciones.

El presidente de la Comisión, diputado Juan Carlos Romero Hicks, solicitó a la diputada González Alonso (PAN) emita una nota a la instancia dictaminadora sobre sus dudas de los montos de los testigos sociales en el proceso licitatorio.

Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, pidió a la presidencia de la Comisión que si se envía una carta a la instancia dictaminadora con carácter personal e individual.

El diputado Romero Hicks, informó que el documento se remitirá a la Comisión de Infraestructura para su proceso legislativo correspondiente.

Asimismo, emitieron 25 votos a la opinión a favor de la iniciativa que reforma los artículos 2, fracción XIII, 29, 31, fracciones XXXIII y XXXIV, 41, 46, fracciones XVI y XVII, 53 y 81 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como a los artículos 6, 23, y 75 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de garantizar el trabajo digno en este ramo productivo.

La diputada Amalia García Medina (MC) mencionó que el trabajo digno y decente al que se refiere la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no es si hay buenas o malas conductas, sino de empleo en las mejores condiciones con todos los derechos, y una de las consideraciones es la cantidad de riesgos de quienes están laborando, específicamente en la seguridad de la salud en el trabajo.

Detalló que el 73 por ciento de los accidentes que tuvieron personas trabajadoras ocurrieron en obras de construcción privadas, normalmente en pequeñas en donde se carece de seguridad, mientras que el 27 por ciento en construcciones públicas. Consideró fundamental la prevención de riesgos y las medidas de revisión y supervisión rigurosas.

A su vez, la diputada González Alonso comentó que es urgente atender esta carencia de legislación en materia de seguridad e higiene para los trabajadores de la obra pública; sin embargo, celebró que en el análisis se proponga que no sea el ordenamiento que se sugiere, sino en un ámbito de seguridad social. 

El diputado Romero Hicks dio a conocer que el documento se remitirá a las comisiones de Infraestructura y de Comunicaciones y Transportes para su proceso legislativo.

Por otra parte, las y los integrantes de la Comisión aprobaron con 25 votos desechar diversas iniciativas de la LXIV Legislatura, turnadas a esta instancia, con fundamento en el artículo 287 del Reglamento de la Cámara de Diputados.