¿Quién mueve realmente los hilos en el TSJCDMX? Crecen las denuncias contra la secretaria particular de Rafael Guerra

Ciudad de México, julio de 2026. Un nuevo escándalo sacude al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX). Señalamientos públicos, denuncias de empresarios y cuestionamientos sobre la independencia judicial colocan bajo los reflectores a Karen Nallely Miranda Reyes, Secretaria Particular del Magistrado Presidente Rafael Guerra Álvarez, quien ha sido acusada públicamente de ejercer una presunta influencia indebida en resoluciones judiciales y asuntos administrativos.

Las acusaciones han comenzado a encender las alarmas dentro y fuera del Poder Judicial capitalino. Diversas voces advierten que la supuesta intervención de una funcionaria administrativa en decisiones jurisdiccionales estaría poniendo en entredicho la autonomía de magistrados y jueces, además de abrir un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia y el combate a la corrupción.

Uno de los señalamientos más contundentes fue realizado por el Periodista Mario Maldonado, quien aseguró en su cuenta de X que durante las últimas semanas se han multiplicado las denuncias por un presunto tráfico de influencias al interior del TSJCDMX.

De acuerdo con la publicación, Karen Nallely Miranda Reyes habría acumulado un nivel de poder que, según las denuncias difundidas, le permitiría incidir sistemáticamente en resoluciones y sentencias del órgano judicial.

El comunicador también afirmó que empresarios y particulares han manifestado preocupación por lo que consideran una posible afectación a la independencia con la que deberían actuar los magistrados, situación que, de confirmarse, representaría un serio golpe a la credibilidad del sistema de justicia capitalino.

La polémica escaló hasta la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde una reportera expuso la existencia de quejas formales relacionadas con una presunta injerencia sistemática en sentencias y asuntos administrativos por parte de mandos medios del Tribunal, entre ellos la secretaria particular del magistrado presidente, así como oficinas de apoyo vinculadas directamente con la presidencia del TSJCDMX.

Ante los cuestionamientos, la mandataria federal fue clara al señalar que cualquier denuncia relacionada con posibles actos de corrupción o tráfico de influencias debe investigarse.

"Este tipo de denuncias deben ser atendidas y revisadas con estricto apego a la ley", respondió Sheinbaum, al tiempo que reiteró que en su administración "no hay impunidad" y que corresponde a las autoridades competentes esclarecer los hechos.

Hasta ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no ha informado públicamente sobre la apertura de una investigación derivada de estos señalamientos, ni Karen Nallely Miranda Reyes ha emitido un posicionamiento respecto de las acusaciones.

Mientras tanto, las preguntas continúan creciendo: ¿se trata únicamente de denuncias sin sustento o de un problema estructural dentro del máximo órgano de justicia capitalino? La respuesta podría definir no sólo el futuro de los involucrados, sino también la confianza ciudadana en la imparcialidad del Poder Judicial.

La Cámara de Diputados y el TSJCDMX suscriben convenio de colaboración para el intercambio de información

• Es fundamental el diálogo entre las instituciones y entre los poderes: diputado Creel Miranda
• El convenio significa una aportación con la que esta generación de servidores públicos contribuye al orden institucional: magistrado Guerra Álvarez 

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, suscribieron un convenio de colaboración para el intercambio de información, investigaciones, estudios, análisis y asesoría técnica en materia jurídica, política, económica y social.

Previo a la firma, Creel Miranda destacó en su mensaje que es fundamental el diálogo entre las instituciones y entre los poderes, tanto en el ámbito local como en el federal, porque no hay mejor instrumento en la democracia que el diálogo.

Señaló que éste es el enorme reto para nuestro país que es diverso y complejo, pero dentro de esta diversidad y complejidad, “es fundamental encontrar la unidad, y esa unidad se da a través del diálogo institucional” como es el caso de este convenio, que es reflejo de la democracia y de la madurez de nuestras instituciones. 

Creel Miranda celebró el convenio que tiene por objeto estrechar esa colaboración entre la Cámara de Diputados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el marco de la administración de justicia en el aspecto de género, especialmente por la paridad y la igualdad sustantiva.

“Pienso que un eje de nuestra colaboración puede empezar justamente a partir de esta reforma constitucional que hoy se promulga y particularmente en el área familiar, que tiene por objeto, entre otras cuestiones, dirimir las cuestiones de las pensiones alimenticias”, indicó. 

Por su parte, el magistrado Guerra Álvarez afirmó que el convenio significa “una aportación con la que esta generación de servidores públicos contribuye al orden institucional, el cual consolida nuestra vida democrática”. 

“Hoy, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y el Poder Judicial de la Ciudad de México, unen sus esfuerzos para el desarrollo de estudios y análisis de naturaleza política, económica y social que optimizan la coordinación y ejecución de las actividades legislativas y jurisdiccional”, externó. 

Guerra Álvarez destacó que estas dos instituciones se unen para no ser sujetos inertes del futuro, sino agentes activos de su propia evolución; “Nos une la necesidad de pesos y contrapesos que no sólo limiten y encaucen al poder público, sino que también lo adaptan y apuntalan”, dijo. 

“No podemos dar por hecho el tejido institucional que hemos heredado, tampoco pensar que el Estado funcionará por sí mismo si nosotros no asumimos la responsabilidad por mantener su dinamismo y capacidad para sostener la vida social”, abundó.

A su vez, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Felipe Fernando Macías Olvera, destacó que Santiago Creel ha buscado la profesionalización de la política y del trabajo parlamentario, porque es lo que las y los mexicanos necesitan, “políticos, diputadas y diputados, legisladores de primer nivel, preparados, que sepan legislar, que tengan sustento técnico jurídico, cuando presenten una ley”.

Lo anterior, dijo, porque lo que sucede en San Lázaro impacta en la vida de la vida de millones de personas, por lo que se congratuló de la firma del convenio al señalar que “no tengo la menor duda que traerá grandes beneficios para el trabajo legislativo y que será de gran impacto social para millones de mexicanos”. 

A la firma del convenio asistieron funcionarios de la Cámara de Diputados, Magistrados y Consejeros del TSJCDMX quienes trabajaron para el logro de este propósito, sobre todo los integrantes del Instituto de Estudios Judiciales; la Dirección General Jurídica; la Unidad de Transparencia; la Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica; y la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos.