Impulsan iniciativa para garantizar atención médica y tratamientos necesarios a nacidos prematuramente

* La propuesta de la Diputada Verónica Martínez (PRI) se analiza en la Comisión de Salud

Con el fin de que las instituciones de salud pública garanticen la atención médica, insumos y tratamientos necesarios que requieren los nacidos de forma prematura, la Diputada Verónica Martínez García (PRI) pidió reformar los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Salud para su análisis, establece que la atención materno-infantil comprende acciones como atención, cuidados, detección oportuna y la aplicación de todos los tratamientos necesarios para estabilizarlos y controlar las complicaciones que presenten los nacidos prematuramente hasta su total recuperación, así como la revisión de retina y tamiz auditivo.

Estipula que en la organización y operación de los servicios de salud las autoridades sanitarias competentes establecerán los procedimientos y acciones jurídico administrativos que sean necesarios para garantizar la atención médica a los nacidos prematuramente, estabilizándolos hasta su total recuperación, ya sea por sí o en coordinación con instituciones privadas de salud.

En la exposición de motivos, indica que se establecerá la posibilidad de que las instituciones de salud tengan mecanismos administrativos adecuados para satisfacer las necesidades de los prematuros y de sus familias, al estabilizarlos y alcanzar su recuperación.

Menciona que se amplía la cobertura de los servicios médicos sobre todo de las personas con mayor vulnerabilidad y favorece para asegurar plenamente su acceso al derecho a la salud en cumplimiento a lo previsto en la legislación de la materia.

Refiere que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud un recién nacido se considera prematuro cuando nace vivo antes de completarse 37 semanas de embarazo.

Estima que la propuesta abonará a salvaguardar los derechos fundamentales de los derechohabientes y a fortalecer al sector público de salud en esta materia.

Otorgar a las instituciones de salud la capacidad de tomar decisiones y poner en práctica acciones preventivas específicas en relación con la atención a los neonatos prematuros contribuiría a fortalecer significativamente la Ley General de Salud, enfatiza.

También, salvaguardará el acceso oportuno y adecuado a la atención médica necesaria para los nacidos prematuros, evitará traslados innecesarios y optimizará la capacidad de respuesta de las instituciones de salud pública.

Además, abonará al fortalecimiento de las medidas orientadas a reducir la brecha de desigualdad que padecen las mujeres, sobre todo las más vulnerables al garantizarles el acceso universal a la salud sexual y reproductiva.

Puntualiza que la propuesta contribuye avanzar y redoblar esfuerzos para que las instituciones de salud pública garanticen la atención médica.

Impulsan iniciativa de reformas a la Ley General de Salud en materia de atención materno-infantil

• Fue presentada por la diputada María Rosete del Partido del Trabajo 

La diputada María Rosete del Partido del Trabajo planteó adicionar el artículo 61 Ter a la Ley General de Salud en materia de atención materno-infantil con el objeto que el personal de salud que atienda a una menor de edad embarazada deberá dar aviso a la unidad de Trabajo Social, para que conjuntamente con un profesional en psicología, entrevisten a la niña o adolescente y emitan un dictamen a fin de descartar que exista un riesgo que la presuma como víctima de violencia sexual.

La iniciativa, que se encuentra en la Comisión de Salud para su estudio, agrega que, en caso de identificar posibles signos de violencia sexual, deberán dar aviso inmediato al Ministerio Público como autoridad responsable para su conocimiento, debida investigación y garantizar la seguridad de la menor gestante. Expone que en México la tasa de violación de niñas y niños en 2020 fue de mil 764 por cada cien mil, y cinco mil por cada 100 mil habitantes en tocamientos no deseados. 

Menciona que la organización Ipas-México identificó que la violencia de género y específicamente la sexual son dos de los grandes factores responsables y detonantes de los altos números de embarazos en niñas de entre 10 y 14 años en el país. Agrega que la población de 17 años equivale a 40.26 millones, de las cuales 19.72 millones son niñas y adolescentes violentadas sexualmente.

La iniciativa señala que las víctimas, sin importar su género, sufren consecuencias sociales, conductuales y de salud mental; sin embargo, las mujeres, niñas y adolescentes soportan la carga más preocupante al ser vulnerables en su salud sexual y reproductiva con embarazos no deseados y abortos inseguros.

Indica que entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes. Al año, 340 mil nacimientos son de mujeres menores de 19 años, con una tasa de 77 nacimientos por cada mil embarazos.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que el 94 por ciento de quienes son abusadas sexualmente no suelen denunciar por temor a la violencia física, psicológica y emocional ejercida hacia ellas, y por la desconfianza en las autoridades o prejuicios sociales.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) subraya que, de cada 100 casos de agresiones cometidas en México, únicamente seis son denunciados, consignándose sólo a un tercio de dichas querellas.

La iniciativa indica que, de aprobarse, la reforma reducirá el índice de denuncias no realizadas por las víctimas, quienes, debido al temor, al riesgo de represalias, de ser culpadas, por vergüenza, o falta de apoyo, no presentan querella y/o denuncia ante la autoridad competente.