STPS da a conocer disposiciones para el CLA, que fortalecerá el trabajo digno en el campo mexicano

• El nuevo mecanismo permitirá acreditar el cumplimiento laboral en toda la cadena de valor agrícola mediante un trámite digital, ágil y transparente.

• La plataforma digital VELAGRO permitirá realizar el trámite en línea y la STPS resolverá las solicitudes en un plazo máximo de cinco días hábiles.

• El mecanismo iniciará con programas piloto de 12 meses para distintos productos agrícolas, sin afectar las exportaciones durante su implementación.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones de carácter general que regulan la obtención del Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA), un instrumento que contribuirá a fortalecer el cumplimiento de los derechos laborales y las obligaciones de seguridad social en las cadenas de valor del sector agrícola orientado a la exportación.

El Certificado Laboral para la Agroexportación es un documento emitido por la STPS que acredita el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social de las personas físicas y morales que participan en la producción, procesamiento, comercialización y exportación de productos agrícolas. Su implementación busca impulsar condiciones de trabajo digno y fortalecer la confianza en los procesos productivos del campo mexicano.

Para facilitar su obtención, la Secretaría habilitó la plataforma digital VELAGRO como medio oficial de comunicación entre las personas solicitantes y la autoridad laboral. A través de este sistema se podrá realizar el trámite de manera electrónica, presentar la documentación requerida y dar seguimiento a las solicitudes.

Las disposiciones establecen que podrán solicitar el certificado productores, empresas, unidades de producción, centros de corte y empaque, intermediarios, prestadores de servicios y, en general, cualquier participante de la cadena de valor agrícola vinculado con actividades de producción, procesamiento, comercialización o exportación.

Entre la información requerida se encuentran la e.firma vigente, datos fiscales y patronales, así como información relacionada con los participantes de la cadena de valor y la documentación que permita acreditar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social. La STPS resolverá las solicitudes en un plazo máximo de cinco días hábiles; en caso de no emitir una determinación dentro de ese periodo, la solicitud se entenderá aprobada.

La vigencia del Certificado Laboral para la Agroexportación será determinada por la Secretaría con base en el nivel de cumplimiento de las obligaciones de seguridad social de quienes integran la cadena de valor correspondiente.

Asimismo, se pondrán en marcha programas piloto con una duración de 12 meses para los productos agrícolas que se determinen mediante acuerdos específicos. Durante esta etapa de implementación, la falta del certificado no impedirá la realización de trámites de exportación, lo que permitirá una adopción gradual del nuevo mecanismo.

Con estas acciones, la STPS fortalece las herramientas para promover el cumplimiento de la legislación laboral, impulsar el trabajo digno en el sector agrícola y contribuir a que las exportaciones mexicanas se desarrollen bajo estándares de responsabilidad laboral y social.

Acuerda la Comisión de Desarrollo Rural analizar proyecto de dictamen sobre productos agropecuarios

* La legisladora explicó que la propuesta quedó pendiente en la legislatura pasada y es de gran importancia para el campo

La Comisión de Desarrollo Rural, que preside la Senadora Mely Romero Celis, llevó a cabo su segunda reunión ordinaria de trabajo, a la que se convocó para analizar el dictamen por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 99 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de “emisión de lineamientos para productos agropecuarios”.

Sin embargo, en el encuentro los integrantes de órgano legislativo acordaron retirar del orden del día el proyecto, por considerar que se requiere un análisis más detallado de los cambios que plantea y por su impacto en el campo mexicano.

Romero Celis detalló que el dictamen aborda un tema extenso de interés para este sector productivo y explicó que lo devolvió la Mesa Directiva porque quedó pendiente en la legislatura pasada y “nosotros tenemos que ratificar el acuerdo”; sin embargo, algunos senadores consideraron que se requiere analizar con mayor profundidad el proyecto, porque es un documento extenso y debe tener valoraciones adicionales.

Precisó que “este dictamen tiene que ver con la certificación que se puede hacer por parte de la autoridad para la producción, comercialización, para darle valor agregado a la industrialización, a todo el proceso, a toda la cadena de los productos del campo. Esta facultando a la autoridad, es decir, a través de la Secretaría de Agricultura para emitir lineamientos”, señaló.

Romero Celis abundó que luego de analizarlo se debe regresar a Mesa Directiva como un dictamen aprobado o rechazado y este órgano directivo tendrá que tramitarlo ante el Pleno del Senado de la República, conforme a los artículos 182 y 211 del Reglamento y en la siguiente sesión de la comisión, el dictamen se someterá a discusión y votación.

Discusión y votación del PEF 2025 concluirá este jueves; se prevén reasignaciones por más de 30 mil mdp: Ricardo Monreal

* El presidente de la JUCOPO informa que también se votarán tres leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, y tres en materia de igualdad sustantiva

El Diputado Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), señaló que el propósito es concluir el jueves 12 la discusión y votación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, en el Pleno, con reasignaciones por más de 30 mil millones de pesos (mdp).

Informó que esta semana habrá sesiones el martes y miércoles de forma presencial y semipresencial, y “es probable que extendamos la sesión del miércoles hasta cuando concluyamos el análisis del Proyecto de Presupuesto”.

Subrayó que él dijo y preveía que habría reasignaciones del orden de los 20 mil millones de pesos, pero “quizás rebasen los 30 mil millones de pesos, que es el ejercicio que estamos haciendo en este momento”.

Puntualizó que habrá ajustes a la baja en los presupuestos de los órganos electorales, del Poder Judicial y de órganos autónomos, y al alza fundamentalmente a los rubros de educación --donde se consideran a las universidades públicas--, infraestructura carretera, caminos artesanales, campo mexicano y cultura.

Respecto al rubro de cultura, detalló que se reasignarán más recursos al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y al Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Añadió que esta semana, también se discutirán y votarán tres leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, y tres en materia de igualdad sustantiva.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprueba dictamen que declara como interés social la producción de fertilizantes

• Modifica los artículos 3, 6 y 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 426 votos a favor y 25 abstenciones, el dictamen que reforma y adiciona los artículos 3, 6 y 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el propósito de incluir como agentes de la sociedad rural a los a los participantes en la producción, transporte, distribución y comercialización de productos, insumos y fertilizantes.

El documento, enviado a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, también establece que se declara de interés social y orden público la cadena de producción de fertilizantes en el país.

Además, se estipula que se promoverá la inversión de los sectores social y privado y disminuirá la importación de insumos y fertilizantes del extranjero.

Al fundamentar el dictamen, el Diputado Maximiano Barboza Llamas (MORENA) apuntó que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se establece el compromiso y la importancia de rescatar al campo mexicano, a fin de lograr la autosuficiencia alimentaria mediante una política agropecuaria que permita aumentar la producción y bajar costos para conservar la soberanía nacional y no depender de las importaciones de alimentos ni de fertilizantes.

Señaló que, con el propósito es garantizar el derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad para toda la población como lo ordena el artículo 4° de la Constitución Política, este dictamen busca ampliar el concepto de agentes de la sociedad rural para incluir a los participantes en la producción, transformación, distribución y comercialización de fertilizantes.

Además, enfatizar que la cadena de suministros es un factor fundamental para lograr la autosuficiencia alimentaria y contribuir al bienestar de la población, así como declarar como de interés social y orden público a la cadena de producción de fertilizantes en el país, para contribuir a lograr la autosuficiencia alimentaria, rescatar al acampo y reducir considerablemente la importación de estos productos.

Barboza Llamas explicó que, debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los precios de los fertilizantes se incrementaron hasta en un 126 por ciento.

Por ello, agregó, que el dictamen no sólo es congruente con las acciones implementadas por el Ejecutivo, sino que favorece a la seguridad alimentaria, reduce las importaciones de fertilizantes, combate la inflación, cuida la balanza comercial agropecuaria, la rentabilidad del campo y, sobre todo, protege el bienestar de la ciudadanía.

Proponen en Senado de la República fortalecer derechos patrimoniales de mujeres jornaleras

 

· 12.7 por ciento, de las más de dos millones de personas que trabajan en el campo mexicano, son mujeres.

La Senadora Susana Harp Iturribarría advirtió que las mujeres jornaleras agrícolas padecen una situación de inequidad, desigualdad, discriminación y desventaja, pues la Ley Agraria vigente no las considera en operaciones de venta o arrendamiento de los derechos de una parcela ni gozan de los ingresos generados por ello.

Tradicionalmente son los hombres quienes deciden la inversión, el gasto familiar, el porcentaje de ahorro y, si se da el caso, la parte a la que puede tener acceso la cónyuge o la concubina por la venta de las producciones agropecuarias, lo que genera una situación de “servidumbre” de la mujer campesina, señaló la legisladora de MORENA.

Para garantizar los derechos patrimoniales de las jornaleras agrícolas, Harp Iturribarría propuso modificar Ley Agraria para que las esposas o concubinas de poseedores de tierras ejidales, tengan la posibilidad de adquirir los derechos de parcelas, y puedan decidir y beneficiarse a partes iguales por su arrendamiento o venta.

La senadora consideró la conveniencia de esta iniciativa, turnada apara su análisis a las comisiones de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, ante datos oficiales que indican que 12.7 por ciento, de las más de dos millones de personas que trabajan en el campo mexicano, son mujeres.

Ellas, expuso, cumplen jornadas laborales de hasta 13 horas y casi ninguna goza de seguridad social, además de que el cuidado de los hijos y del hogar se considera su obligación, lo que incrementa sus jornadas hasta a 19 horas diarias, sin olvidar que un alto porcentaje depende económicamente de su cónyuge ejidatario y trabajan sin gozar de salario.

No obstante, su importante labor, la norma vigente permite a los ejidatarios vender sus derechos parcelarios con el único requisito de notificar de ello a la esposa, sin obligación de avisarle del precio de venta ni la forma de pago; además, el ejidatario puede vender el patrimonio sin la obligación de compartir el ingreso generado por la operación.

Esta iniciativa, subrayó Susana Harp Iturribarría, tiene por objetivo garantizar los derechos patrimoniales de las mujeres jornaleras derivados de los que obtienen por el régimen matrimonial de mancomunidad, también llamado sociedad conyugal.

“Es indispensable avanzar en el acceso a la protección social de las mujeres jornaleras agrícolas, garantizar una vida libre de violencia y discriminación por razones de género y proteger sus derechos patrimoniales”, concluyó la senadora.