Presidenta Sheinbaum firma decreto de nacionalidad única mexicana para aspirantes a la Presidencia, Gubernaturas y Jefatura de Gobierno

• Quien desee ser Gobernador o Gobernadora, Jefa de Gobierno, Jefe de Gobierno, Presidenta o Presidente deberá renunciar a su segunda nacionalidad previo a su registro en el INE

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto de reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política que establece que a partir de 2028 quien busque ocupar el cargo de Presidenta, Presidente, Gobernador, Gobernadora, Jefe o Jefa de Gobierno sólo tenga una nacionalidad: la mexicana; el cual será publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“A partir del 2028, quien quiera postularse al cargo de Gobernador o Gobernadora, Jefa de Gobierno, Jefe de Gobierno, Presidenta o Presidente de la República sólo puede ser mexicano. De eso se trata este decreto”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las Mañaneras del Pueblo”.

La Consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, destacó que la iniciativa fue aprobada tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, así como por 22 legislaturas.

Detalló que es una reforma que establece que únicamente se debe tener la nacionalidad mexicana, por lo que quien busque ser Gobernador o Gobernadora, Jefa de Gobierno, Jefe de Gobierno, Presidenta o Presidente debe renunciar a su segunda nacionalidad previo a registrarse ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Derogación de ultraje garantiza la libertad de expresión: congresistas

* Aprueban en comisiones del Congreso Local derogar el delito de ultraje, que criminaliza la crítica hacia personas servidoras públicas

* Resaltan Congresistas Emma Álvarez y Vladimir Hernández que esta reforma consolida la democracia y garantiza la libertad de expresión

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura Mexiquense aprobó eliminar del Código Penal estatal el delito de ultraje, con el fin de evitar restringir, de manera desproporcionada, la libertad de expresión, por considerar que criminaliza la crítica hacia las personas servidoras públicas.

Al avalar las iniciativas de la bancada de MC y de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), quien presidió la reunión, resaltó que la reforma consolida la democracia; mientras que el Legislador Vladimir Hernández Villegas (MORENA) aseguró que preserva los derechos humanos y la libertad de expresión.

De acuerdo con el dictamen, el delito de ultraje es contrario al ordenamiento constitucional y vulnera la libertad de expresión, un derecho fundamental reconocido en la Constitución y los tratados internacionales que México suscribe.

Enfatiza que, con la abrogación de este delito, se contribuye al respeto de los derechos humanos, la protección de las garantías constitucionales y la adecuación de la legislación local a los principios democráticos y los compromisos internacionales de la nación; además que se fortalece la libertad de expresión.

El dictamen, enriquecido con la opinión de representantes del gobierno estatal, precisa la derogación del Capítulo VI, del Subtítulo Segundo, del Título Primero, y los artículos 126 y 127, del Código Penal del Estado de México.

En estos, se define al ultraje como toda expresión, directa o indirecta, o toda acción ejecutada contra alguna persona servidora pública, estatal o municipal, o contra instituciones públicas, que pueda implicar ofensa o desprecio.

Además, indica que quien ejecute ultrajes contra instituciones públicas se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de 30 a 150 días multa. Así como que, si se cometieren en contra de una persona servidora pública, se impondrán de seis meses a un año de prisión y de 30 a 100 días multa.

Aprueba Comisión reforma para mejorar la accesibilidad en espacios públicos a personas con discapacidad o movilidad limitada

• Plantea crear cajones de estacionamiento cerca de las entradas principales de lugares públicos: Diputada Mercado Castro

La Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 16 votos, reformas a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para que todas las entradas principales a lugares y espacios públicos que cuenten con estacionamiento dispongan de cajones ubicados lo más cerca posible, que permitan el acceso fácil y rápido de personas con discapacidad o con movilidad limitada, los cuales serán identificados con el pictograma que corresponda.

La Presidenta de la Comisión, Diputada Patricia Mercado Castro (MC), subrayó que el tema central de la iniciativa que adiciona un párrafo a la fracción XVII del artículo 68, consiste en mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad o movilidad limitada.

Indicó que la propuesta coincide con los derechos y principios reconocidos por la Constitución Política y las leyes reglamentarias, así como con los diversos compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos de las personas con discapacidad y del derecho a la movilidad.

Comentó que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad considera a la accesibilidad universal como un derecho, por lo que debe asegurarse progresivamente la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos.

El Diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (PAN), promovente de la iniciativa, subrayó que es fundamental la reforma, ya que hay miles de ejemplos que, aunque hay cajones de estacionamiento para el acceso de personas con discapacidad o con movilidad limitada, se encuentran alejados de las entradas e inclusive algunos escondidos.

Por su parte, el Diputado César Agustín Hernández Pérez (MORENA) dijo que “hay algunas alcaldías que no cuentan con estacionamiento y eso obligaría a la autoridad a establecerlos”.

De MC, el Diputado Hugo Manuel Luna Vázquez planteó agregar un artículo transitorio en donde se le haga saber a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México sobre este tema, y se convierta en un compromiso implementarlo en sus propias normativas y reglamentos.

Informe

La presidenta de la Comisión informó sobre los avances y pendientes legislativos sobre la armonización de leyes generales y federales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Comentó que a fin de impulsar nuevamente este proceso desde la Comisión se han recopilado las propuestas en esta materia y la idea es hacer de estas minutas iniciativas para volverlas a presentar.

Agregó que se enviarán a las y los integrantes de la Comisión para que las conozcan. “Son 10 propuestas, puede ser una ley u otra, ya sea en los términos en cómo están las minutas o en los términos que ustedes consideren necesarios”.

El Diputado de MORENA, César Agustín Hernández Pérez, sugirió brindar a las y los integrantes de la Comisión la oportunidad de analizar las diez iniciativas pendientes. Asimismo, pidió que cada integrante entregue, a través de la secretaría técnica, un comunicado indicando las iniciativas que desee impulsar.

Del PAN, el Diputado Pedro Garza Treviño solicitó la lista de las leyes pendientes para aportar “inquietudes”, con el fin de armonizarlas y llevarlas con mayor presencia a estados y municipios.

Promueven reforma para que ejidos y pueblos originarios tengan preferencia en concesiones para uso del agua

* El Diputado Farias Bailon (MC) planteó modificar la Ley de Aguas Nacionales

El Diputado Francisco Javier Farias Bailon (MC) propuso reformar el artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales, a fin de establecer que los ejidos, pueblos indígenas y afromexicanos, y comunidades expuestas a severas sequías tendrán preferencia para obtener las concesiones y asignaciones respectivas para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales.

La iniciativa, enviada para dictamen a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, y para opinión a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, señala que el agua es un elemento esencial para el sustento y desarrollo del ser humano, de las sociedades y de todas las formas de vida que habitan en el planeta, ya que forma parte integral del ambiente y de los diferentes ecosistemas.

Dentro de las diferentes fuentes que hay para obtener el vital líquido, el agua subterránea tiene una gran relevancia, no sólo por ser uno de los principales surtidores para consumo humano, sino también porque posee un papel ecológico fundamental en el equilibrio de la naturaleza y en la subsistencia de los seres vivos.

Indica que el agua de los pozos se destina para todo uso, principalmente para el doméstico o para abrevar al ganado y cultivar hortalizas en pequeñas superficies; también, hay familias que hierven el agua para beber y la mayoría la consumen directamente porque no perciben una relación entre el agua de pozo y problemas de salud.

Los pozos superficiales que explotan aguas subterráneas someras han sido una alternativa de relativamente bajo costo y tecnología simple para el abastecimiento de agua donde no hay o donde son insuficientes las aguas superficiales. A diferencia de los pozos profundos modernos, los pozos superficiales cavados a mano pueden ser costeados por familias de escasos recursos.

El documento explica que, a pesar de los grandes avances en la cobertura del servicio a zonas rurales, la calidad del servicio de agua potable en estas áreas es muy diferente del que se recibe en las áreas urbanas. En las zonas rurales, las redes públicas de agua potable trabajan escasamente, en el mejor de los casos, algunas horas al día y dos o tres días por semana.

Señala que en México la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es el organismo público responsable de la administración y regulación de las aguas nacionales, que incluyen las aguas superficiales y subterráneas.

Considera que el agua subterránea en México es una fuente primordial de abastecimiento de ciudades y zonas rurales, ya que más de 65 por ciento del volumen total de agua que estas urbes requieren para el desarrollo de sus actividades diarias provienen de los acuíferos del país, debido a que el mantenimiento de dichos espacios y de los servicios que estos proporcionan demanda el consumo de grandes cantidades de agua.

Tanto en las ciudades como en las comunidades rurales, la principal forma de extracción y abastecimiento del agua subterránea se lleva a cabo mediante la perforación de pozos verticales a distintas profundidades, pues la longitud a la que son excavados dependerá de la profundidad a la que se encuentren los mantos freáticos.

Destaca que es necesario que las autoridades actúen con la misma celeridad con la que se extiende la sequía y el cambio climático y poner especial atención a los lugares alejados de presas y de otro tipo de sistemas hídricos, ya que en territorios de difícil acceso y lejanos a grandes centros urbanos, el uso de pozos es la única fuente para obtener agua y más aún en tiempos en los que no hay lluvia.

Cámara de Diputados turna a Comisión de Puntos Constitucionales, minuta que reforma la Constitución Política en materia de lenguaje inclusivo

* La Mesa Directiva da trámite a comunicaciones de legisladora y dependencias federales

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales una minuta del Senado que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de lenguaje inclusivo.

El propósito es integrar los términos Presidenta de la República, gobernadoras, jefa de gobierno, presidenta municipal y persona titular del Ejecutivo Federal, en los artículos 26, 35, 41, 55, 66, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 108, 111, 115, 116, 118, 127 y 133.

En la sesión matutina de este miércoles fue canalizada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público iniciativa de la Senadora Nora Ruvalcaba Gámez (MORENA), que reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Busca establecer que el porcentaje que se destine para la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los tipos de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria, se hará tomando en cuenta el número de planteles y estudiantes de educación de cada tipo, priorizando una asignación proporcional.

Precisa que la asignación al tipo educativo de educación media superior no podrá ser inferior al tipo de educación superior en su modalidad universitaria.

En otro tema, el Servicio de Administración Tributaria informó que las asignaciones o donaciones de mercancías de comercio exterior que han pasado a propiedad del Fisco Federal o se pueden disponer legalmente de ellas, que no resultan transferibles al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, durante el mes de noviembre de 2024, asignó un total de 527 bienes aptos para su uso, los cuales consistieron en bienes numismáticos. Se envió a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

Enseguida, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Sergio Gutiérrez Luna, dio a conocer que en términos de los artículos 100, 102 y 299 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán remitidas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Posteriormente, levantó la sesión y solicitó a las y los diputados permanecer en sus lugares para dar inicio a la sesión vespertina, en modalidad semipresencial.

Discusión y votación del PEF 2025 concluirá este jueves; se prevén reasignaciones por más de 30 mil mdp: Ricardo Monreal

* El presidente de la JUCOPO informa que también se votarán tres leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, y tres en materia de igualdad sustantiva

El Diputado Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), señaló que el propósito es concluir el jueves 12 la discusión y votación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, en el Pleno, con reasignaciones por más de 30 mil millones de pesos (mdp).

Informó que esta semana habrá sesiones el martes y miércoles de forma presencial y semipresencial, y “es probable que extendamos la sesión del miércoles hasta cuando concluyamos el análisis del Proyecto de Presupuesto”.

Subrayó que él dijo y preveía que habría reasignaciones del orden de los 20 mil millones de pesos, pero “quizás rebasen los 30 mil millones de pesos, que es el ejercicio que estamos haciendo en este momento”.

Puntualizó que habrá ajustes a la baja en los presupuestos de los órganos electorales, del Poder Judicial y de órganos autónomos, y al alza fundamentalmente a los rubros de educación --donde se consideran a las universidades públicas--, infraestructura carretera, caminos artesanales, campo mexicano y cultura.

Respecto al rubro de cultura, detalló que se reasignarán más recursos al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y al Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Añadió que esta semana, también se discutirán y votarán tres leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, y tres en materia de igualdad sustantiva.

Aprueba Senado de la República reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas

* Las modificaciones y adiciones a dicha Ley forman parte de la legislación secundaria sobra la reforma judicial

El Pleno del Senado de la República avaló el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, relacionadas a la reforma judicial.

Con 77 votos a favor y 31 en contra, fue aprobada en lo general; mientras que, en lo particular, se avaló con 74 a favor y 28 en contra, tras ser retirada la reserva de la Senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, de MORENA, y rechazada la reserva del Senador Néstor Camarilla Medina, del PRI.

Estás modificaciones y adiciones, consisten en la armonización con la reforma constitucional en materia de responsabilidades de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Con el proyecto, se incorpora un lenguaje incluyente con la intención de promover la igualdad y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su género, identidad, orientación sexual, origen étnico, discapacidad, entre otros.

También se evita la discriminación y se contribuye a crear un ambiente más justo y equitativo, que ayuda a dar visibilidad a grupos que históricamente han sido marginados, a la vez que reconoce a todas las personas en función de su dignidad humana.

El dictamen adiciona como criterio el de la “buena administración”, como parte de la actuación de las personas servidoras públicas, porque este concepto hace referencia al derecho humano a que los asuntos comunes y colectivos estén ordenados de forma y manera que prime un ambiente de bienestar general e integral para el pueblo en su conjunto.

Un tercer elemento, son las adecuaciones que permitirán considerar como falta administrativa no grave la inobservancia del Código de Ética y los diversos Códigos de Conducta, que son instrumentos que establece principios, valores y reglas de integridad para que los servidores públicos actúen en beneficio de la sociedad.

Estos instrumentos propiciarán ambientes laborales adecuados, fomentarán su actuación ética y responsable, y erradicarán conductas que representen actos de corrupción, por lo que su incorporación como motivo para imputar una responsabilidad administrativa no grave tendrá consecuencias, lo que se traduce en un cumplimiento de las disposiciones y principios que fomentan el Código de Ética y diversos Códigos de Conductas.

Con la modificación a la fracción V del artículo nueve de la Ley General, se otorga al Tribunal de Disciplina Judicial la atribución de investigar e imponer las sanciones que correspondan a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, por faltas administrativas; de igual manera, se otorga la facultad a los Tribunales de Disciplina Judicial de las entidades federativas y de la Ciudad de México para que puedan realizar lo propio con las personas servidoras públicas de los poderes judiciales locales.

La reforma fue remitida a la Cámara de Diputados para su discusión y, en su caso, aprobación

Proponen reforma para garantizar atención y detección oportuna a menores con diabetes mellitus tipo 1

* La Diputada González González (PRI) pidió modificar las leyes generales de Salud y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

La Diputada Ana Isabel González González, del PRI, presentó una iniciativa para que dentro de la protección materno-infantil se incluya a niñas, niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1, además de promover su diagnóstico y atención terapéutica y procurarles el acceso a la insulina, de acuerdo a lo que le indique su médico.

La reforma a las leyes generales de Salud y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes indica que la Federación y las entidades federativas en la ejecución de la prestación gratuita de servicios de salud, a través de sus órganos auxiliares, coordinará las políticas públicas que garanticen la atención de personas con diabetes, en sus diferentes tipos, priorizando el interés superior de la niñez.

Establece que la Secretaría de Salud implementará programas de educación, prevención, información, socialización y detección de la diabetes de manera permanente, en las dependencias y hospitales del sector, con el propósito de frenar el incremento de esta enfermedad.

Fomentará la educación terapéutica a las personas que padezcan diabetes, incluyendo a sus familias, con la finalidad de propiciar un estilo de vida saludable en su entorno inmediato, que aminore la percepción de aislamiento del enfermo, aumente la eficacia en su propio tratamiento y contribuya a prevenir o retrasar la aparición de nuevos casos.

Creará y administrará un registro de personas con diabetes en sus diferentes tipos y subtipos, con el objetivo de contar con información veraz, precisa, oportuna, completa, fidedigna y verificable; procurará la celebración de convenios con las diversas instancias y prestadores de salud.

Asimismo, observará y resguardará la información del registro de personas con diabetes en sus diferentes tipos y subtipos, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

La propuesta, turnada a las Comisiones Unidas de Salud, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, menciona que para la Secretaría de Salud la diabetes mellitus tipo 1 se presenta en la niñez y juventud; la gestacional, puede deberse a hormonas asociadas al embarazo y se relaciona con medicamentos esteroides que incrementan la glucosa.

Según la OMS, la diabetes mellitus tipo 1 no se puede prevenir, por lo que puede ocasionar a largo plazo problemas crónicos y la defunción prematura en la población infantil y juvenil. Aunque representa solo una minoría de la carga total de la diabetes en la población más joven, se requiere atención inmediata del Estado mexicano.

Explica que resulta esencial promover entre las niñas, niños y adolescentes con diabetes mellitis tipo 1 una educación terapéutica, es decir un tratamiento personalizado, pues gran parte del éxito es su atención efectiva.

“No es conveniente ni aceptable que la educación sea la misma para los tres tipos de diabetes que existen en México, por lo que se requiere establecer una diferenciación puntual entre la educación para diabetes, tipo 1, tipo 2 y gestacional”.

Menciona que, según datos de la Federación Mexicana de Diabetes 2021, los costos por tratamiento son de entre 50 mil y 90 mil pesos anualmente, con gran impacto a las familias mexicanas. Los hogares gastan en promedio 15 mil 799 pesos mensuales, lo que se traduce que necesitarían cinco veces más de ingresos para vivir con diabetes mellitus tipo 1.

Con esta reforma se garantizaría que quienes no cuentan con servicio médico, o que viven en zonas vulnerables, tengan acceso a la insulina; de allí la importancia de esta iniciativa para que, en caso de ser diagnosticados niñas, niños y adolescentes se pueda atender y mejorar su calidad de vida, enfatiza.

Senado de la República emite declaratoria de aprobación de reforma en materia de vivienda

* Permitirá el otorgamiento de créditos baratos y suficientes para la adquisición, mejora, obtención de suelo o construcción de vivienda.

La Cámara de Senadores emitió la declaratoria de aprobación del proyecto de decreto por el que se establece un sistema de vivienda con orientación social para las y los trabajadores, lo que permitirá el otorgamiento de créditos baratos y suficientes para la adquisición, mejora, obtención de suelo o construcción de un inmueble para vivir.

En la sesión vespertina de este miércoles, la secretaría de la Mesa Directiva realizó el cómputo de los congresos estatales que han dado su respaldo a la reforma al artículo 123 de la Constitución, que prevé términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a la vivienda en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirla en propiedad.

Entre sus disposiciones, la reforma precisa que la mensualidad del arrendamiento social no pueda exceder el 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras.

Los 18 congresos que emitieron sus votos aprobatorios al proyecto son: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y de la Ciudad de México.

El documento fue remitido a la Cámara de Diputados para que realice la declaratoria correspondiente.

Realiza SAGUA rehabilitación del pozo “Poniente 5” en Nezahualcóyotl; apoya con suministro de agua en la zona

* Con tres camiones tipo cisterna se ha suministrado agua potable a las colonias Reforma, Loma Bonita, Estado de México y El Sol

La Secretaría del Agua (SAGUA), a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), puso a disposición del municipio de Nezahualcóyotl tres camiones tipo cisterna para la dotación de agua potable a las colonias afectadas por los trabajos en diversos pozos del Ramal Mixquic, a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

La CAEM también realiza labores de inspección y rehabilitación en la bomba sumergible, el transformador y otras piezas del pozo “Poniente 5”, que abastece del vital líquido a algunas colonias de dicha demarcación.

Hasta el momento, se ha suministrado agua potable con camiones tipo cisterna a las colonias Reforma, Loma Bonita, Estado de México y El Sol.

Asimismo, se mantiene una estrecha coordinación con el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nezahualcóyotl (ODAPAS) para atender la demanda hídrica de la ciudadanía y garantizar el derecho humano al agua en el municipio.

Senado de la República emite declaratoria de aprobación de reforma sobre supremacía constitucional

* El documento fue remitido al Diario Oficial de la Federación para su publicación

La Cámara de Senadores emitió la declaratoria de aprobación de la reforma que establece la improcedencia de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o juicios de amparo contra las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez que realizó la declaratoria constitucional, el Presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, instruyó a la Dirección Jurídica del Senado de la República para que de manera inmediata, una vez que sea promulgada, publicada y vigente la reforma en materia de impugnabilidad, solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el sobreseimiento de toda controversia en acción de inconstitucionalidad y juicios de amparo que se tramiten en contra de la reforma sobre el Poder Judicial y en contra de cualquier reforma emanada del poder reformador.

Lo anterior, dijo, a efecto de salvaguardar la supremacía e inviolabilidad de la Carta Magna y “para que nadie se atreva a estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, aseguró que con la aprobación de este proyecto las y los senadores concretan “la más profunda de las reformas constitucionales en el país”.

Previamente, una vez que se reanudó la sesión de este jueves, el Presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó que el Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de declaratoria sobre la reforma al artículo 107 y la adición de un quinto párrafo al artículo 105 de la Carta Magna, acompañado de los votos aprobatorios de 23 congresos estatales.

Posteriormente, la Secretaría de la Mesa Directiva realizó el cómputo de las legislaturas estatales que hasta el momento han dado su respaldo al proyecto de decreto: las de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

De esta manera se confirmó la aprobación de la mayoría de los congresos estatales, por lo que el presidente de la Mesa Directiva expresó:

“La Cámara de Senadores declara que se aprueba el decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal”, por lo que el documento se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

Fernández Noroña explicó que la Presidencia de la Mesa Directiva seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente.

El artículo segundo transitorio de la reforma dispone que “los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto”.

Del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas acusó que los partidos que conforman la mayoría en el Congreso “están destruyendo la republica y al sistema judicial”, por eso, la historia los va a juzgar”; en ese sentido, propuso fortalecer el régimen democrático de México.

Desde su escaño, Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, criticó la celeridad con la que se aprobó la enmienda constitucional en los estados de la república, pues fue avalada en 23 congresos locales en 20 horas. “Hubo congresos que ni siquiera discutieron a favor o en contra. Hubo congresos que en 20 minutos hicieron el trámite. ¿A qué hora leen?, ¿a qué hora estudian?, ¿a qué hora tratan de comprender que están destruyendo al país?”, cuestionó.

Por MORENA, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, subrayó que ya se llevaron a cabo los procesos deliberativos para aprobar la supremacía de la Constitución Política, por lo que ahora se debe continuar con lo que establece la Carta Magna y elegir a las personas juzgadoras. “El pueblo nos está guiando correctamente y hay una soberanía popular que se está respetando”, manifestó.

Aprueba Senado de la República reforma en materia energética; envía el dictamen a las legislaturas estatales

* Los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna fueron avalados con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención

El Senado de la República aprobó la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, para modificar la naturaleza jurídica de las empresas del Estado en materia energética, proveer al pueblo de México de electricidad y servicios de Internet al menor precio posible.

La asamblea avaló el dictamen en lo general con 86 votos a favor de senadores de MORENA, PVEM, PT y uno de Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN; 39 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como una abstención de la Senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano.

En lo particular, senadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar los tres artículos del dictamen, pero no fueron aceptadas por la asamblea y los artículos reservados fueron aprobados en sus términos con 86 votos a favor y 39 en contra.

De esta manera, la reforma alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación, por lo que fue enviada a las legislaturas estatales para su consideración.

Con los cambios, se destaca en el dictamen, se elimina el concepto de “empresas productivas del Estado”, incorporado al texto constitucional por recomendaciones de organismos financieros internacionales, lo que desnaturalizó la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad y lo redujo a la mera obtención de utilidades.

Dicho concepto se reemplaza por el de “empresas públicas del Estado”, con lo que se devuelve a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad su carácter público para cumplir con su responsabilidad social.

La reforma establece que serán las leyes las que definirán cómo los actores privados podrán participar en la industria eléctrica, pero aclara que en ningún caso dichas actividades tendrán prioridad sobre la empresa pública del Estado, cuya misión principal es cumplir con su responsabilidad social y asegurar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad para toda la población.

Además, plantea que no se considerarán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en sectores estratégicos como el servicio de Internet que éste provea, así como la planificación y control del sistema eléctrico nacional.

Laura Itzel Castillo Juárez, de MORENA, expresó que el proyecto “da pasos firmes” para la recuperación de la soberanía energética del país, con lo que se revierten los cambios que se realizaron con la reforma energética de 2013, que lo único que pretendía era “desmantelar” a PEMEX y CFE, “para chatarrizarlas y entregarlas al mejor postor”.

Por Acción Nacional, Imelda Sanmiguel Sánchez aseguró que la reforma representa una regresión en materia energética, ya que pretende “endosarle” a las y los mexicanos el déficit bajo el que operan Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad; es decir que, se comprometerá el futuro de las siguientes generaciones, “bajo el argumento nacionalista de la soberanía energética”.

Mely Romero Celis, del PRI, advirtió que PEMEX y la CFE no tienen capacidad de generar los recursos necesarios para sostenerse sin colaboración de privados, por lo que “mucho menos podrán sostener la soberanía energética que se busca promover”; consideró, por tanto, que esta reforma únicamente “subsidia la ineficiencia” y es un “retroceso disfrazado de progreso”.

Virgilio Mendoza Amezcua, del PVEM, acusó que la reforma energética del 2013 dejó a ese sector “debilitado, endeudado y a merced de intereses económicos”, por lo que esta nueva enmienda permitirá corregir errores del pasado, impulsar todo el potencial de PEMEX y la CFE, desarrollar el servicio de Internet y aprovechar el litio, todo ello en beneficio del pueblo.

Alberto Anaya Gutiérrez, del PT, rechazó que la enmienda cierre la colaboración de la iniciativa privada para resolver el problema energético del país: “las puertas, incluso, están abiertas para el capital extranjero”, añadió; no obstante, enfatizó que sí se garantizará que el Estado mexicano conduzca los sectores eléctrico y petrolero, pues no pueden depender de privados.

Por Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich calificó la enmienda de “regresiva, contaminante y obsoleta”, entre otros factores, por omitir la transición a combustibles limpios; en ese sentido, subrayó que, aunque la descarbonización de la energía tiene grandes desafíos y costos, es necesaria para contribuir a la salud pública, particularmente la de las futuras generaciones.

El pleno senatorial también aprobó la licencia que solicitó el Senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, para separarse de sus funciones por tiempo indefinido, por lo que el Presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, le tomó la protesta a Tabita Ortiz Hernández como Senadora de la república.

Aprueban comisiones del Senado de la República reforma para fortalecer capacidad del Estado sobre sector energético

* El dictamen elimina del texto constitucional el concepto de “empresas productivas del Estado” y lo sustituye por el de “empresas públicas del Estado”

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos aprobaron la reforma constitucional que busca fortalecer las capacidades del Estado en el sector energético y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible.

Con 29 votos a favor y 10 en contra, los órganos legislativos dieron su respaldo a la minuta que envió la Cámara de Diputados al Senado de la República, para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política.

El dictamen elimina del texto constitucional el concepto de “empresas productivas del Estado” y lo sustituye por el de “empresas públicas del Estado”.

Además, precisa que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como el litio y el servicio de Internet que éste provea; ni la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible.

Dispone que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.

El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, mencionó que la reforma constitucional “revindica el patrimonio del pueblo de México, porque los recursos naturales energéticos serán para beneficio de la gente”.

Laura Itzel Castillo Juárez, Presidenta de la Comisión de Energía, dijo que el objetivo del proyecto es de carácter social y pretende que las empresas públicas del Estado sirvan para beneficio de la sociedad, sobre todo en las áreas de carácter estratégico como la electricidad, el Internet y el litio.

El Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, recordó que antes del año 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generaba 63 por ciento de la electricidad, mientras que las empresas privadas el 37 por ciento, pero en la administración de Enrique Peña Nieto esto se invirtió, y en 2021 el sector privado generó 62 por ciento de la electricidad y la CFE sólo 38 por ciento.

De MORENA, Beatriz Mojica Morga enfatizó que, entre otras cosas, la enmienda constitucional ayudará a “poner orden a los saqueos” de la industria de la electricidad, y servirá para llevar Internet a comunidades indígenas y afromexicanas apartadas, donde las empresas privadas no están interesadas en dar ese servicio a sus habitantes, lo que calificó como un problema de desigualdad.

Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, advirtió que esta reforma “no aborda las crisis financieras” de Petróleos Mexicanos y de la CFE, sino que les permite operar como empresas sin rentabilidad, lo que traerá pérdidas millonarias que, a su vez, impactarán en el bolsillo de los mexicanos.

Del PRI, Claudia Edith Anaya Mota aseguró que la reforma genera incertidumbre para el mercado nacional e internacional, porque no se garantiza certeza legal sobre la regulación del sector, pues se les dice a los particulares “ustedes ya no vengan a invertir, porque no los vamos a dejar entrar a la producción”.

Waldo Fernández González, del PVEM, expresó que el proyecto da certeza a la soberanía energética y al desarrollo económico del país, porque impulsa un mercado eficiente de la industria eléctrica con una expansión regulada por el Estado.

Por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, consideró que la mejor estrategia energética para México no es consolidar a la CFE y a Petróleos Mexicanos como actores preponderantes en el mercado, sino generar energía sostenible y permitir la competencia para que los ciudadanos accedan a servicios más baratos y limpios.

Alejandro González Yáñez, del PT, sostuvo que, con esta enmienda a la Carta Magna, el “nuevo Estado mexicano” pone orden, para que la CFE y Pemex se sigan desarrollando como empresas que garanticen el abasto de energía en el país.

La reforma que traslada la Guardia Nacional a la SEDENA ya es constitucional, declara la Cámara de Diputados

* La Mesa Directiva dio cuenta de la recepción de 26 votos aprobatorios de igual número de congresos locales

* El decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Tras contabilizar el voto aprobatorio de 26 congresos locales, la Cámara de Diputados declaró la constitucionalidad de las reformas a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Carta Magna, en materia de Guardia Nacional.

En funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (MORENA), dijo que una vez realizado el cómputo de votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, se emite la siguiente declaratoria:

“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, declara reformados y adicionados los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales”.

Previamente, la Secretaria de la Mesa Directiva, Diputada Julieta Villalpando Riquelme (MORENA), dio cuenta de la recepción de una comunicación del Senado en torno al proyecto de declaratoria.

Informó al Pleno que se recibieron 26 votos aprobatorios de las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas, y de la Ciudad de México.

Indicó que “en virtud del cómputo realizado la Secretaría da fe de la recepción de 26 votos aprobatorios a la minuta al proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. Se pide a todas y todos los presentes ponerse de pie”.

Entre lo reformado, se establece que la Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de Defensa Nacional (SEDENA), para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia.

Faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.

En los artículos transitorios, se da un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para que el Congreso de la Unión armonice el marco jurídico. Mientras tanto, la organización y funcionamiento de la Guardia Nacional continuará operando con apego a las disposiciones legales vigentes antes de la entrada en vigor del presente decreto.

Precisa que el Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se encargará de ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional que proponga el presidente de la República.

Además, la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional debe ostentar el grado de general de División de la Guardia Nacional en activo, y será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Sedena.

En tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con la mencionada jerarquía, dicha designación recaerá en un general de División del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública.

Respecto a las facultades del Ejecutivo Federal, éste podrá “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley”.

Los cambios constitucionales también estipulan que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que “tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”. Asimismo, que ningún extranjero podrá servir en la Fuerza Armada permanente, en tiempos de paz.

Destaca que el Ejecutivo Federal dispondrá lo conducente para que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y quede adscrito a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos.

El personal que pertenezca a los organismos especializados podrá continuar prestando sus servicios en la Guardia Nacional de manera temporal, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se transferirán a la SEDENA los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza, así como los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará, bajo la adscripción de la Secretaría del ramo de Seguridad Pública.

Celebra Adán Augusto López Hernández aval de reforma que garantiza derechos de pueblos originarios

* Todavía falta mucho por hacer, porque en México persiste la discriminación, reconoce presiente de la Junta de Coordinación Política

El Presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, celebró la aprobación de la reforma al artículo 2 de la Constitución Política, porque los pueblos indígenas y afromexicanos dejarán de ser considerados “sujetos de interés” y a partir de ahora serán “sujetos de derecho”.

Durante una ceremonia tradicional, organizada en el Senado de la República para celebrar la aprobación de la enmienda constitucional, el senador enfatizó que México tenía una deuda histórica con los pueblos originarios.

Por ello, destacó que la unanimidad que alcanzó el proyecto, en el pleno senatorial, no sólo representa un hecho histórico, sino una aportación de las y los legisladores para “cerrar una herida que todavía duele y lastima”.

Sin embargo, reconoció que aún falta mucho por hacer por los pueblos originarios, porque en este México persiste la discriminación, el racismo y el clasismo; y, en la medida en que lo entendamos y se acompañen propuestas como la reforma constitucional, cada día vamos a ir terminando con esos males”.

Edith López Hernández, Senadora de MORENA y organizadora de la ceremonia, reconoció que la reforma al artículo 2 de la Constitución, “no debe quedar sólo en letras, sino resonar entre los pueblos originarios para encaminar y encausar su trabajo”.

Al evento también asistió la Presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez Treviño, quien subrayó que el dictamen, aprobado esta mañana por el pleno senatorial, es una “victoria inmensa”, pues los pueblos y comunidades indígenas pasan de ser sujetos de interés a ser sujetos de derecho.

En la ceremonia, en la que se interpretó música tradicional indígena, con 14 artistas chiapanecos de San Juan Chamula, también asistieron los Senadores Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Karina Isabel Ruiz Ruiz, Laura Estrada Mauro y Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, de MORENA.

Aprueban comisiones del Senado de la República reforma a Guardia Nacional

* El dictamen recibió el respaldo de 25 votos a favor de MORENA, PVEM y PT; y 10 en contra de senadores del PAN, PRI y MC

Por mayoría, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron las reformas a la Guardia Nacional, para dotar al Estado mexicano de una fuerza de seguridad pública disciplinada y profesional, que permita enfrentar los desafíos y amenazas que representa el crimen organizado.

Los órganos legislativos, presididos por Ernestina Godoy Ramos y Citlalli Hernández Mora, avalaron el proyecto con 25 votos a favor de MORENA, PVEM y PT; y 10 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

En tono conciliador, el Presidente de la Junta de Coordinación Política e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Adán Augusto López Hernández, hizo un llamado a todas las fracciones parlamentarias para, independientemente de las diferencias políticas, construir entre todos un modelo de seguridad profesional, coordinado, que ayude a las regiones donde no existen policías municipales, y en aquellas entidades donde persiste el déficit de elementos de seguridad.

Por MORENA, Andrea Chávez Treviño, aclaró que la militarización que señalan quienes se oponen a la reforma evoca desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura que tuvieron lugar en las dictaduras de América Latina, para “exterminar” a militantes de izquierda, pero no tienen que ver con la Guardia Nacional, porque ni Andrés Manuel López Obrador ni Claudia Sheinbaum Pardo utilizarán a las Fuerzas Armadas para violentar derechos humanos.

Marko Cortés Mendoza subrayó que, para Acción Nacional la militarización no es la solución al problema de inseguridad del país, pues lo único que ello ha provocado son más muertos y violencia, por lo cual, propuso la construcción de un modelo de transición que permita impulsar una policía civil ordenada y fiscalizada por instancias nacionales e internacionales.

Del PRI, Carolina Viggiano Austria advirtió que, con la reforma, la Guardia Nacional pierde su carácter civil para convertirse de manera definitiva en un cuerpo policiaco militar, lo que la aleja de un esquema de seguridad pública centrado en la protección de la ciudadanía, así como de los principios de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos.

Juanita Guerra Mena, de la bancada del PVEM, aseveró que es responsabilidad del Poder Legislativo dotar al Estado Mexicano de los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar la paz y la seguridad interna, de ahí la importancia de consolidar a la Guardia Nacional como una institución profesional y permanente al servicio de las y los mexicanos.

Del PT, el Senador Alejandro González Yáñez expresó que no hay represión político-militar por parte del gobierno actual, y que durante la presente administración los homicidios dolosos se han reducido 18 por ciento, lo que refleja que “la estrategia de seguridad es totalmente exitosa”. Además, explicó que clasificar como terrorismo a la actividad de los cárteles mexicanos daría pie a la intromisión militar de gobiernos extranjeros.

Por Movimiento Ciudadano, el Senador Luis Donaldo Colosio Riojas destacó que esta reforma “es el clavo final al ataúd de la seguridad civil en México”, ya que representa la rendición del gobierno ante su responsabilidad de garantizar la seguridad de sus habitantes desde lo ciudadano.

Posteriormente, Ernestina Godoy Ramos informó que se presentaron ocho reservas al dictamen, mismas que, por acuerdo de los Grupos Parlamentarios, serán presentadas y tramitadas cuando el proyecto se discuta ante el pleno del Senado de la República.

Diputadas y diputados emiten postura sobre reforma para que salarios mínimos nunca estén por debajo de la inflación

• Participan representantes de MORENA, PAN, PVEM, PT, PRI y MC

Diputadas y diputados de MORENA, PAN, PVEM, PT, PRI y MC emitieron sus posturas sobre el dictamen que reforma el primer párrafo de la fracción VI del Apartado A y adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política, que establece que los salarios mínimos nunca deben estar por debajo de la inflación.

Es un reconocimiento directo a las y los trabajadores

El Diputado Joaquín Zebadúa Alva (MORENA) afirmó que el 80 por ciento de las y los mexicanos que han salido de la pobreza se debió a la política salarial aplicada durante este sexenio. “Por eso, nunca más un México sin un salario digno, donde los trabajadores, que son los más productivos del mundo, pierdan poder adquisitivo”.

Lucero Higareda Segura, Diputada de MORENA, resaltó que a partir de esta reforma ningún trabajador verá disminuido el poder adquisitivo de su salario por el aumento en los precios. “Es un reconocimiento directo al valor incalculable que las y los trabajadores aportan a nuestra sociedad y representa un acto de dignificación en sus labores en beneficio de la nación y una verdadera revolución en materia de justicia social”.

El Diputado Zenyazen Roberto Escobar García (MORENA) manifestó que con este cambio constitucional no solo se seguirá beneficiando a las maestras y maestros de nivel básico y tiempo completo, sino a policías, Guardia Nacional, integrantes de las Fuerzas Armadas, médicos y enfermeros, quienes recibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS. “La reforma dignifica a la clase trabajadora de México”.

Es tiempo de saldar la deuda histórica con los trabajadores

La Diputada Martha Amalia Moya Bastón (PAN) destacó la importancia de entender que, si bien un salario mínimo más alto puede mejorar el nivel de vida de los trabajadores en el corto plazo, las consecuencias a largo plazo pueden no ser siempre favorables. “El aumento del salario mínimo no es la panacea, se requieren más esfuerzos para generar empleos mejor remunerados”.

También del PAN, el Diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez indicó que con esta reforma llegó el momento de saldar la deuda histórica con aquellos trabajadores que más han dado al país, como los policías, enfermeras y enfermeros, médicos, maestras y maestros. Es un buen día para enmendar el desdén que se propinó a estos sectores durante la pandemia. “Se apoya que el salario mínimo no sea inferior a la inflación frente a una crisis en que las familias han perdido su poder adquisitivo”.

La reforma asegura mejores salarios

Por el PVEM, el Diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué expresó que la reforma asegura un ingreso mínimo que permite a las y los trabajadores satisfacer sus necesidades personales y familiares, y da acceso a un proyecto de vida digno. “Aplaudimos esta propuesta que considera de manera sobresaliente a todos esos hombres y mujeres, servidores públicos que laboran día con día para que estén firmes los tres pilares que requiere la población: paz, salud y educación”.

La Diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM) indicó que, aunque falta mucho para que el salario mínimo cubra todas las necesidades, con la reforma que hoy se discute se va por buen camino, ya que garantiza que éste aumente cada año cuando menos el mismo porcentaje que incrementa la inflación. “Fue precisamente la inflación la que hizo perder al salario mínimo casi el 80 por ciento de su poder adquisitivo en los últimos 40 años”.

También del PVEM, la Diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo afirmó que una política sólida de salarios mínimos tendrá un impacto positivo a nivel económico y eso se traduce en una mayor capacidad de consumo, una economía más dinámica y una reducción de la desigualdad. “Asegurar un salario justo para profesores, policías, médicos y otros trabajadores del Estado es un acto de justicia; habla de la construcción de una sociedad más equitativa”.

La reforma pone por delante los derechos de las y los trabajadores

El Diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) destacó que la reforma tiene como propósito que el salario siga en aumento, pues ha presentado un incremento de alrededor del 110 por ciento en términos reales. Para lograr construir un Estado de bienestar, subrayó, se deben modificar las condiciones sociales de producción en favor de los trabajadores hasta que se tenga la capacidad de adquisición de dos y media canastas básicas.

Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Diputado del mismo grupo parlamentarios, celebró la aprobación del dictamen respaldado por todas las fuerzas políticas, ya que pone por delante los derechos de las y los trabajadores y asegura que los salarios mínimos reflejen la necesidad real de la ciudadanía y el contexto económico del país, al establecer un mínimo para maestras, maestros, policías, guardias nacionales, médicos y enfermeras, lo cual significa un paso a la construcción de un país más justo y equitativo.

Se busca que las y los trabajadores tengan un salario digno

Del PRI, la Diputada Graciela Ortiz González comentó que la reforma asegura que cada trabajador y trabajadora tenga acceso a un salario digno, justo y eficiente, para garantizar una vida plena y libre de carencias. “El PRI seguirá siendo un partido comprometido con las causas que promueven la justicia social; sabemos que el salario digno no es solo un derecho humano, sino una herramienta indispensable para construir una sociedad más equitativa”.

Reafirmó su convicción de que el bienestar económico y social de la población es una prioridad ineludible que no puede esperar más. “Creemos que una nación se mide por la calidad de vida de su gente; por ello, apoyaremos todas las reformas que buscan cerrar las brechas de desigualdad y otorgar a cada persona las herramientas necesarias para un futuro próspero y equitativo”.

Es necesario generar nuevas condiciones para las y los trabajadores

El Diputado Gustavo Adolfo De Hoyos Walther (MC) dijo que se deben generar nuevas condiciones para que la mayoría de las y los trabajadores no tengan como aspiración el salario mínimo, sino que sea una garantía constitucional que ninguna persona que trabaja 40 horas a la semana padezca pobreza. “El objetivo real que se debe aspirar con políticas públicas adecuadas y dando seguridad a largo plazo, es que haya más empresas que puedan ofrecer salarios contractuales que vayan más allá de la garantía constitucional”.

Patricia Mercado Castro, Diputada de MC, se pronunció a favor de que exista una fijación anual de salarios mínimos para que nunca esté por debajo de la inflación. Con la propuesta de fijar un salario base para maestras y maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, se está reconociendo el valor de su trabajo.

Debaten sobre reformas a la Ley General de Salud con relación a la práctica de la partería tradicional

• El proyecto fue aprobado en febrero de 2024 y publicado en el Diario Oficial de la Federación

• El Sistema Nacional de Salud deberá promover el respeto, conocimiento y desarrollo, así como su práctica en condiciones dignas

Con el objetivo de promover, rescatar y visibilizar la importancia de la partería tradicional como un derecho cultural, se realizó el conversatorio “Por la igualdad epistémica. Reformas recientes a la Ley General de Salud”, en el Museo Nacional de Antropología (MNA), como parte de las actividades de la 35 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH).

El evento académico, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Investigadora de la Dirección de Etnografía y Antropología Social (DEAS), Amparo Sevilla Villalobos, inauguró el foro “Diálogos desde el Territorio. Patrimonio cultural y sustentabilidad. Pensar lo (im)posible en territorio maya”.

La antropóloga social explicó que las recientes reformas a la Ley General de Salud (LGS), en materia de partería tradicional, son resultado de un proyecto impulsado por la presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República, Susana Harp Iturribarría, “el cual contó con el asesoramiento de la Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Fanny Escobar Melo, las parteras María Cristina Galante, Aura Renata Gallegos y Nuria Landa, y una servidora”.

La experiencia y el saber de las parteras forman parte de lo que llamamos patrimonio inmaterial, apuntó, por lo que estas reformas buscan que “el Sistema Nacional de Salud promueva el respeto, conocimiento, desarrollo y práctica de la partería tradicional en condiciones dignas”.

El 26 de marzo de 2024 se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGS, en materia de partería tradicional, en el Diario Oficial de la Federación.

“La propuesta partió de una revisión crítica y cuidadosa del marco legal que incide en las políticas públicas de la partería tradicional, considerada una práctica cultural de origen ancestral que, de manera deliberada, se ha pretendido extinguir”, sostuvo Sevilla Villalobos.

La mesa del conversatorio estuvo conformada por la Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Fanny Escobar Melo; el Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Carlos Miguel Poot Grajales; la Comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de México de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Josefina Elizabeth Bravo Rangel, y el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Raymundo Espinoza Hernández.

En su intervención, la Antropóloga Escobar Melo puntualizó que se propuso cambiar los artículos 2, 6, 13, 61 Bis, 64, 83, 93, 389 Bis, 389 Bis 1 y 392 de la LGS, “porque encontramos que en estos artículos había elementos importantes que determinaban el lugar que las parteras tradicionales ocupan en el Sistema Nacional de Salud”; sin embargo, solo se reformaron los artículos 6, en dos de sus fracciones, 64, 389 Bis y 392.

A su vez, Poot Grajales consideró que la partería tradicional está sobrerregulada, lo que perjudica a las personas que realizan este oficio, el cual es practicado por mujeres, mayoritariamente.

Asimismo, destacó que el Proyecto de Norma Oficial Mexicana 20, para establecimientos de salud y la práctica de la partería, en la atención integral materna y neonatal, contraviene lo establecido en la LGS, por lo que debe ser revisada.

En su participación, Bravo Rangel destacó la instalación de la mesa de diálogo permanente interinstitucional e intersectorial, para promover el ejercicio de la partería tradicional indígena y afromexicana, la cual se realizó el 30 de julio de 2024, con la participación del sector salud, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la SEGOB, el Consejo Nacional de Población y el INAH, entre otras instituciones.

Finalmente, Espinoza Hernández subrayó que “se trata de un asunto cultural, donde se ponen en juego posiciones racistas y clasistas con sesgos cognitivos y epistémicos", por lo cual, todos estos elementos se manifiestan como juicios negativos sobre esta práctica ancestral que se deben combatir.

La FILAH es el encuentro literario, especializado en ciencias antropológicas, más importante de América Latina, este año cuenta con más de 400 actividades gratuitas y aptas para todo público. Consulta el programa en este enlace: www.feriadelibro.inah.gob.mx.

Reforma al artículo 30 constitucional, reivindicación histórica para mexicanos nacidos en el extranjero

• Ingresa Olga Sánchez Cordero a la Academia Mexicana de Derecho Internacional

La Senadora Olga Sánchez Cordero, Presidenta de la Comisión de Justicia, presentó la tesis denominada “Reforma al Artículo 30 Constitucional: La Gran Nación Mexicana Transterritorial”, con la que ingresó a la Academia Mexicana de Derecho Internacional como Académica de Número.

En la ceremonia -que se llevó a cabo en la Antigua Casona de Xicoténcatl con la presencia de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera-, la ministra en retiro también recibió la Condecoración de la Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz.

Sánchez Cordero destacó que la reforma al artículo 30 de la Constitución de 2021, estableció el reconocimiento de la nacionalidad mexicana para todas y todos los mexicanos, que hayan nacido en México o no, hecho que habilitó al Estado Mexicano a buscar “una reivindicación histórica con la diáspora mexicana y su descendencia sin limitaciones generacionales”.

Destacó que en 2018 presentó al Senado la iniciativa para modificar dicho artículo, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión por unanimidad y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de mayo de 2021.

Con ello, “de un día para otro, la nación mexicana reconoció a millones de hijas e hijos, nietos, bisnietas y bisnietos nacidos en el extranjero, pero descendientes de personas de origen mexicano. Por eso hoy, la nación mexicana transterritorial tiene hasta un tercio de las y los mexicanos viviendo fuera de nuestras fronteras, o sea 37 millones”, subrayó.

Sin embargo, dijo que, a tres años de su entrada en vigor, continúa pendiente el rediseño de políticas públicas acorde al texto constitucional y a las necesidades de desarrollo de “La Gran Nación Mexicana Transterritorial”.

El trabajo expone el proceso histórico de la migración de connacionales hacia Estados Unidos, la dinámica de movilidad, el crecimiento de mexicanos en aquella nación, las modificaciones constitucionales en materia de nacionalidad, así como la necesidad de avanzar en la agenda pública para la implementación plena del texto vigente.

Destaca entre las conclusiones del proyecto que es urgente definir la legislación secundaria que permita desplegar las políticas públicas orientadas a hacer viable el ejercicio de los derechos de la nación mexicana, dentro y fuera del territorio, que el gobierno otorgue presupuesto para propiciar el despliegue de políticas orientadas a la integración de “La Gran Nación Mexicana Transterritorial”.

En el discurso de recepción, Norma Gabriela López Castañeda, de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, dijo que se trata de un trabajo sensato que cobija a más de 30 millones de personas en el mundo con orígenes mexicanos, brindándoles la protección del gobierno y reconociéndoles su importancia en el desarrollo sostenible de nuestro país.

Agregó que la reforma permite dar certidumbre jurídica a quienes integramos una nación, que mantiene lazos fraternos y que permite sembrar a los hijos de mexicanos y mexicanas que nacen en el exterior, el mismo aprecio que sus progenitores tienen por México.

El Doctor David Villanueva Lomelí agregó que como Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero caracterizó su gestión por distanciarse de los viejos modos de hacer política a través de la coerción y el uso de la información personal, e impulsó un ejercicio del cargo caracterizado por el respeto a la ley, la dignidad de las personas, la pluralidad, la transparencia y una visión democrática.

Agregó que, desde el 29 de agosto de 2021, se reintegró al Senado de la República en donde presidió la Mesa Directiva y desde septiembre de 2022 se ha desempeñado como Presidenta de la Comisión de Justicia, cuyo desempeño se ha marcado por la sobriedad en los gastos, por buscar persistentemente la unanimidad, por ser pluralista y ampliar el debate de género, la agenda feminista y la justicia cotidiana.

Ejemplo de este ejercicio de la responsabilidad legislativa, enfatizó, está la aprobación de productos legislativos como el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias

La Academia Mexicana de Derecho Internacional es una de las instituciones más antiguas de ciencia en México y del Continente Americano; está dedicada al estudio, codificación, desarrollo y promoción del derecho internacional, con especial interés entre los países latinoamericanos.

Manuel Reguera Rodríguez, Presidente del Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, fue el encargado de tomar la protesta a la senadora Olga Sánchez Cordero como integrante de esta institución.

Plantean que mujeres víctimas de violencia no tengan responsabilidad penal por defender su vida ante su agresor

La Diputada Marisol García Segura (MORENA) propone reformar el Código Penal Federal

La Diputada Marisol García Segura (MORENA) impulsa una iniciativa que plantea reformar los artículos 15 y 16 del Código Penal Federal, con el propósito de que ninguna mujer tenga responsabilidades penales por defender su vida ante su agresor o agresores, después de haber sido víctimas de violencia física, sexual o feminicida, o bien, defienda a un tercero en los mismos términos.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, estipula que, en los casos de violencia física, sexual o feminicida en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “no se aplicará el término exceso en la legítima defensa cuando se defienda un bien propio o ajeno”.

Refiere que el juzgador podrá imponer tratamiento psicológico a la persona que se defienda, así como medidas para la protección de su integridad y sus bienes.

La legisladora sostiene que otra finalidad de estas modificaciones es promover la obligación de juzgar con perspectiva de género por parte de las y los servidores públicos, así como de los entes encargados de impartir justicia en todos los casos relacionados con la violencia sexual, feminicida y de género.

Subraya que en México no hay estadísticas respecto al número de las mujeres encarceladas por defender su vida ante una situación de peligro, prueba de ello es que en los centros penitenciarios de mujeres este tipo de casos son criminalizados e invisibilizados, lo cual obstaculiza el acceso a la justicia.

“Las mujeres no deberían ser procesadas y sentenciadas, ya que cumplen con los criterios de la legítima defensa, pues no agredieron o asesinaron a sus agresores, sino que reaccionaron a un contexto de violencia extrema que lo demandaba”, puntualiza la diputada Sodi.

Reitera que las mujeres agredidas y que se defienden tienen dos opciones: ser víctimas de feminicidio o terminar encarceladas, lo cual añade es preocupante, pues las autoridades ignoran los protocolos de atención, los tratados y convenios internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, que tienen como objetivo permitir su acceso a la justicia.

Enfatiza que el sistema de justicia continúa sin tomar en cuenta el contexto que viven las mujeres, pese a conocer que el 70 por ciento, mayores de 15 años, son víctimas de violencia de género y que se asesina a 11 mujeres por día en este país.

Por otra parte, resalta que para las autoridades el veredicto del agresor, los signos de violencia que éste presente y el arma son pruebas suficientes para que las mujeres puedan ser condenadas, pues en la lógica machista de las y los operadores “las mujeres que matan” son culpables.

Argumenta que la invisibilización de la violencia contra las mujeres es palpable en la ausencia de estudios o estadísticas sobre la prevalencia de la violencia contra la mujer, así como la poca información que existe sobre la magnitud de los casos de legítima defensa que afectan principalmente a la mujer.

La diputada García Segura sostiene que la falta de datos en los casos de legítima defensa por mujeres víctimas de violencia sexual y feminicida obstruye el esfuerzo por elaborar estrategias de intervención concretas; de ahí la importancia de reformar el Código Penal Federal.