Subsanar condiciones de vulnerabilidad de trabajadores del campo, demandan en el Senado

Geovanna Bañuelos de la Torre y el senador Joel Padilla Peña piden garantizar derechos laborales de campesinos.

Senadores del Grupo Parlamentario del PT hicieron un llamado para subsanar las condiciones de vulnerabilidad de las personas trabajadoras en el campo, así como garantizar sus derechos laborales y seguridad social.

La Senadora Geovanna Bañuelos de la Torre y el Senador Joel Padilla Peña presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural evaluar la posibilidad de incrementar los apoyos a los pequeños productores.

Y que, en coordinación con las secretarías de Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Salud, fortalezcan las acciones que permitan un trabajo digno para los campesinos.

Bañuelos de la Torre y Padilla Peña señalaron que la pobreza en México es inexplicable en territorios capaces de producir alimentos suficientes para la totalidad de la población, ya que, paradójicamente, las zonas con mayor riqueza natural y biodiversidad son también aquellas donde se observan las cifras más altas de marginación.

Desafortunadamente, en la actualidad las y los campesinos se enfrentan a grandes barreras para hacer efectivos sus derechos fundamentales, sus salarios son cada día más bajos, tienen empleos informales y carecen de protección social y económica.

Este sector, advirtieron, día a día enfrenta condiciones de trabajo peligroso, debido a la exposición habitual a pesticidas y elementos químicos, tales como los fertilizantes y abonos industriales, así como jornadas extensas bajo temperaturas extremas y sin acceso a fuentes de agua potable adecuadas para el consumo humano.

Los legisladores consideraron en el documento, que inscribieron en la Gaceta Parlamentaria del 17 de abril, que es indispensable avanzar en el acceso a la protección integral de las personas trabajadoras del campo.

“Es tiempo de atender su problemática, dejar de ser indiferentes, brindarles mejores condiciones laborales y otorgarles la certeza de que contarán con servicios dignos para satisfacer sus necesidades de salud”, enfatizaron en el punto de acuerdo que fue turnado a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Garantizar seguridad social a hijos e hijas de madres víctimas de feminicidio, demandan en el Senado

La ONU detalla que la edad más peligrosa para ser mujer en México es entre los 20 y 24 años, advierte Senadora Verónica Martínez.

La Senadora Verónica Martínez García presentó una iniciativa para garantizar el derecho a la asistencia social a las hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio, así como el acceso a seguridad social a estos menores.

Mencionó que en el clima de inseguridad que se vive en el país, las víctimas indirectas enfrentan una situación “urgente y compleja”, especialmente en el contexto de la violencia de género que prevalece en México.

“Como autoridades debemos abordar de manera prioritaria la garantía de reparación del daño para niñas, niños y adolescentes que son víctimas indirectas del delito de feminicidio”, insistió en el proyecto que fue turnado a las comisiones de Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda.

Afirmó que esta tarea se vuelve más apremiante en casos donde el perpetrador del feminicidio es el padre de las víctimas indirectas, lo que los coloca en una posición de vulnerabilidad exacerbada.

La falta de seguridad social -dijo-, se convierte en un eslabón más en la cadena de desafíos que enfrentan los terceros afectados, que requieren respuestas integrales y acciones concretas para garantizar su bienestar y protección.

“De acuerdo con la infografía de Violencia Feminicida de ONU Mujeres, la edad más peligrosa para ser mujer en México es de entre los 20 y 24 años, ya que se aprecia un marcado aumento del 15.3 por ciento de feminicidios y el crecimiento de 14.9 por ciento para las edades de entre 25 y 29 años”.

Agregó que, en 2019, poco más de la mitad de estos delitos se cometieron contra mujeres de entre los 15 y 34 años; es decir, hubo mil 988 homicidios, señaló.

Además, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de las Mujeres, basados en la información suministrada por 26 entidades federativas, se identificaron 796 casos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad, debido a feminicidios durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019.

El proyecto adiciona un inciso N) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para establecer que tienen derecho a la asistencia social las hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio.

Además, incorpora una fracción VI al artículo 51 y una fracción X al artículo 52 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de que se le garantice el acceso a seguridad social a las y los menores de edad, que sean hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio.

La senadora del PRI reconoció que en el contexto de violencia que se vive en el país se agudiza la desatención de los servicios de seguridad social.

Por ello, consideró que proporcionar acceso a servicios médicos, psicológicos y educativos no sólo atiende las necesidades inmediatas de los menores afectados por feminicidios, sino que también sienta las bases para su recuperación y desarrollo a largo plazo.

“Al asegurar que estos niños cuenten con un respaldo integral, se les brinda la oportunidad de superar las adversidades, romper el ciclo de la violencia y construir un futuro más promisorio”, indicó.