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viernes, 3 de mayo de 2024

Promueven iniciativa para garantizar seguridad social a mujeres divorciadas diagnosticadas con cáncer

• El Diputado Valencia García (PRD) plantea modificar las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Seguro Social y del ISSSTE

Para establecer que cuando una mujer divorciada sea diagnosticada con cáncer se solicite a la institución de seguridad social que continúe brindando la atención médica, el Diputado Francisco Antonio Valencia García (PRD) impulsa una iniciativa que reforma y adiciona tres leyes.

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia busca precisar que cuando la mujer haya sido diagnosticada con cáncer y el excónyuge goce de la prestación de seguridad social, se solicitará a la institución de seguridad social se continúe brindando la atención médica y hospitalaria hasta la remisión total de esta enfermedad.

En la Ley del Seguro Social plantea que independientemente del régimen de afiliación de la persona trabajadora, las beneficiarias con cualquier tipo de cáncer continuarán recibiendo los servicios que ampara este seguro, en caso de divorcio con la persona trabajadora, incluyendo la hospitalización.

Mientras que en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) propone determinar que sólo en caso de que la mujer divorciada del trabajador o trabajadora se encuentre bajo tratamiento de cáncer, este continuará hasta su total remisión.

El documento, enviado a las comisiones unidas de Igualdad de Género y de Seguridad Social, menciona que la finalidad de la reforma es garantizar el derecho a concluir el tratamiento de cáncer a la mujer que es beneficiada de un trabajador inscrito en algún régimen de seguridad social, bajo el supuesto de que el tratamiento dio inicio en el tiempo del vínculo matrimonial.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021 en México se registraron un millón 122 mil 249 defunciones, de las cuales 8 por ciento fue por tumores malignos (90 mil 123). La tasa de defunciones por esta causa aumentó de forma constante al pasar de 6.09 defunciones por cada 10 mil personas en 2010, a 7.06 en 2021.

Además, de las 46 mil 182 mujeres de 12 años o más que fallecieron por esta causa, el 37 por ciento estaba casada (17 mil 260), 23 por ciento viuda (10 mil 597) y 22 por ciento soltera (10 mil 307) al momento de morir.

La diputada Valencia García relata que de conformidad con el estudio “Estadística de divorcios 2022”, del INEGI, durante 2022 se registraron 166 mil 766 divorcios. 

Expone que investigadores y científicos estiman que los tipos de tratamiento utilizados actualmente para combatir los tumores malignos son: cirugías, radioterapia o terapia de radiación, quimioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida, terapia hormonal o endocrina y trasplantes de células madre.

Por ello, agregó, es necesario garantizar que estos tratamientos para las mujeres divorciadas diagnósticas con cáncer continúen en el sistema nacional de salud, por lo que urge proveer del marco legal para que no se suspendan.

martes, 23 de abril de 2024

Garantizar seguridad social a hijos e hijas de madres víctimas de feminicidio, demandan en el Senado


La ONU detalla que la edad más peligrosa para ser mujer en México es entre los 20 y 24 años, advierte Senadora Verónica Martínez.


La Senadora Verónica Martínez García presentó una iniciativa para garantizar el derecho a la asistencia social a las hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio, así como el acceso a seguridad social a estos menores.

Mencionó que en el clima de inseguridad que se vive en el país, las víctimas indirectas enfrentan una situación “urgente y compleja”, especialmente en el contexto de la violencia de género que prevalece en México.

“Como autoridades debemos abordar de manera prioritaria la garantía de reparación del daño para niñas, niños y adolescentes que son víctimas indirectas del delito de feminicidio”, insistió en el proyecto que fue turnado a las comisiones de Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda.

Afirmó que esta tarea se vuelve más apremiante en casos donde el perpetrador del feminicidio es el padre de las víctimas indirectas, lo que los coloca en una posición de vulnerabilidad exacerbada.

La falta de seguridad social -dijo-, se convierte en un eslabón más en la cadena de desafíos que enfrentan los terceros afectados, que requieren respuestas integrales y acciones concretas para garantizar su bienestar y protección.

“De acuerdo con la infografía de Violencia Feminicida de ONU Mujeres, la edad más peligrosa para ser mujer en México es de entre los 20 y 24 años, ya que se aprecia un marcado aumento del 15.3 por ciento de feminicidios y el crecimiento de 14.9 por ciento para las edades de entre 25 y 29 años”.

Agregó que, en 2019, poco más de la mitad de estos delitos se cometieron contra mujeres de entre los 15 y 34 años; es decir, hubo mil 988 homicidios, señaló.

Además, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de las Mujeres, basados en la información suministrada por 26 entidades federativas, se identificaron 796 casos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad, debido a feminicidios durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019.

El proyecto adiciona un inciso N) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para establecer que tienen derecho a la asistencia social las hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio.

Además, incorpora una fracción VI al artículo 51 y una fracción X al artículo 52 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de que se le garantice el acceso a seguridad social a las y los menores de edad, que sean hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio.

La senadora del PRI reconoció que en el contexto de violencia que se vive en el país se agudiza la desatención de los servicios de seguridad social.

Por ello, consideró que proporcionar acceso a servicios médicos, psicológicos y educativos no sólo atiende las necesidades inmediatas de los menores afectados por feminicidios, sino que también sienta las bases para su recuperación y desarrollo a largo plazo.

“Al asegurar que estos niños cuenten con un respaldo integral, se les brinda la oportunidad de superar las adversidades, romper el ciclo de la violencia y construir un futuro más promisorio”, indicó.