La reforma eliminará estructuras burocráticas injustificadas y opacas: Azucena Cisneros.
Busca transferir sus funciones, presupuesto y personal a la Secretaría de Contraloría.
A fin de evitar la duplicidad de funciones y eficientar el
uso de los recursos públicos, la Diputada Azucena Cisneros Coss (MORENA)
propuso extinguir la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y
transferir sus funciones, presupuesto y personal como una Unidad Administrativa
de la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal.
En sesión deliberante, la Legisladora expuso que su
iniciativa de reformas a la Ley del Sistema Anticorrupción y a la Ley Orgánica
de la Administración Pública, ambas de la entidad, cual no modifica la
naturaleza ni las facultades del Sistema Estatal Anticorrupción, y solo busca
el funcionamiento administrativo adecuado, evitar duplicidad de funciones y la
creación de estructuras burocráticas injustificadas y opacas.
La Legisladora explicó que la Secretaría de la Contraloría
podría asumir las funciones del Sistema Anticorrupción, dadas sus atribuciones,
y que además cuenta con personal profesional en materia de combate a la
corrupción, así como con la infraestructura e información necesarias para el
cumplimiento de sus objetivos, lo cual ayudaría a eficientar el objeto del
Sistema Estatal Anticorrupción.
De acuerdo con la iniciativa, a casi siete años de la
entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción no existe evidencia sólida
a partir de la cual pueda afirmarse que existe un combate a la corrupción más
eficiente y efectivo, por lo que se vuelve fundamental examinar los
instrumentos legales que se emplean para prevenirla, combatirla y sancionarla.
La iniciativa, remitida a las comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, indica que aun cuando la legislación en materia
anticorrupción se encuentra homologada con los ordenamientos generales, la
creación de la Secretaría Ejecutiva carece de sustento constitucional, mientras
que la Ley Orgánica de la Administración Pública otorga facultades a la
Secretaría de la Contraloría para participar, colaborar e implementar las
acciones que acuerde el sistema e informar al Comité Coordinador.
