• El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo propone reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) impulsa
cambios a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, con el objetivo de garantizar el derecho a la información a las
mujeres que hayan sido violentadas, a fin de atender, prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra ellas.
La propuesta adiciona el artículo 53 Bis a dicha ley para
establecer que las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho de
acceso integral a la información, protección de datos personales y
acompañamiento individual, a través de las dependencias, organismos y oficinas
de la administración pública federal, estatal o municipal.
Asimismo, que la información comprenderá las medidas
contempladas en la ley relativas a su protección, seguridad, educación,
derechos y ayuda, así como la referente al lugar de prestación de los servicios
de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral.
Además, garantizar que las mujeres en situación de
discapacidad, víctimas de violencia de género, tengan acceso integral a la
información sobre sus derechos y los mecanismos, programas y medidas de
protección.
La información deberá ser accesible y comprensible a las
personas en situación de discapacidad, asegurando el idioma indígena según
corresponda, lenguaje de signos u otras modalidades y opciones de comunicación.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Igualdad de Género,
destaca la importancia de garantizar el acceso a la información, en razón de
ser un derecho fundamental para la prevención de la violencia y la discriminación
contra las mujeres.
Afirma que los estados tienen la obligación específica de
producir estadísticas, parámetros y estudios reales e información pertinente
sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres
y utilizarla como base para el diseño y evaluación de la eficacia de las
políticas públicas y demás medidas adoptadas.
Por ello, resalta la necesidad de especificar en la Ley la garantía de acceso a la información, para promover la cultura de la transparencia y capacitar a los funcionarios públicos en esa materia, con la finalidad de acrecentar los mecanismos disponibles para realizar solicitudes de información al Estado.
