Protegen a servidoras públicas ante despidos por embarazo

* El Congreso local prohibió rescindir la relación laboral de una servidora pública por estar embarazada.
* La propuesta fue presentada por el diputado Marco Antonio Cruz Cruz.

El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformas para que las instituciones públicas se abstengan de rescindir la relación laboral de una servidora pública por el hecho de encontrarse embarazada, en licencia de maternidad o durante su periodo de lactancia, o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie.

Al presentar el dictamen de la reforma a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México, por él impulsada, el diputado Marco Antonio Cruz Cruz, del grupo parlamentario de Morena, destacó que se salvaguardarán los derechos laborales de las servidoras públicas que se encuentran en estado de gravidez, que se les haya vencido su licencia de maternidad o que se encuentren en el periodo de lactancia.

El legislador reconoció a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social que respaldó esta iniciativa que salvaguarda los derechos laborales y reproductivos de las mujeres, así como los derechos de la infancia.

Resaltó que combinar maternidad y trabajo no es una tarea sencilla y equilibrar la vida laboral y familiar es un reto para las mujeres y más para las trabajadoras, que ven vulnerado su derecho a desarrollarse plenamente en el ámbito profesional.

Prohibirán despidos durante el embarazo

* Buscan salvaguardar sus derechos laborales y evitar que sean víctimas de discriminación.
* La iniciativa fue presentada por el diputado Marco Antonio Cruz.

A propuesta del diputado Marco Antonio Cruz Cruz (Morena), la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso mexiquense aprobó, por unanimidad, reformas para prohibir la rescisión de la relación laboral de una servidora pública por estar embarazada, con licencia de maternidad, o durante su periodo de lactancia, así como coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie.

En reunión de trabajo, las y los diputados aprobaron el dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México, el cual busca evitar el despido de servidoras públicas embarazadas o que hayan concluido el periodo de 90 días naturales que se le otorga para el parto, con lo que se busca salvaguardar sus derechos laborales y evitar que sean víctimas de discriminación.

El diputado Marco Antonio Cruz reconoció las contribuciones de los grupos parlamentarios para enriquecer la iniciativa y los diputados Abraham Saroné Campos (Morena) y Jesús Isidro Moreno Mercado (PRI) subrayaron que, pese a que en la Constitución ya se establecen los derechos de las personas trabajadoras, el hacerlo en la ley permitirá señalar con claridad la prohibición del despido y velar por los derechos de las mujeres en situación de embarazo.

Los legisladores Francisco Brian Rojas Cano y Gerardo Lamas Pombo, del PAN, resaltaron que la reforma fortalecerá los derechos de las servidoras públicas y la obligación de las instituciones públicas de no despedirlas ni coaccionarlas para que renuncien por estar en estado de gravidez, por lo que se mejorarán sus condiciones para salvaguardar sus derechos reproductivos y laborales.

Plantean que discriminación sea causa de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para el trabajador

• La diputada Kathia María Bolio Pinelo impulsa reformas a la Ley Federal del Trabajo.

La diputada Kathia María Bolio Pinelo (PAN) planteó reformar la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de que sea causa de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador, el ser víctima de cualquier tipo de discriminación por parte del patrón.

La iniciativa, que modifica el artículo 51 de dicha norma, considera que las y los trabajadores que son víctimas de discriminación deben contar con el derecho y la libertad de terminar su relación laboral si así lo deciden y que se les liquide conforme a la ley; es decir, con todo lo que corresponde como si fuera un despido injustificado, no como renuncia voluntaria, ya que existió un agravante que es la discriminación. 

Señala que la discriminación en el ámbito laboral “se encuentra más presente que nunca y sigue siendo invisible ante las autoridades”. Destaca que las personas con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes, indígenas, mujeres y jóvenes, son quienes más viven esta situación. 

Estos hechos injustificados, añade, suelen acompañarse de prejuicios que motivan al patrón a despedir a una empleada o empleado por vestir de una forma determinada, no cumplir con cierta apariencia física, tener las uñas o el cabello pintado, un tatuaje, VIH-sida, usar piercing, por ser de un determinado género, tener una orientación sexual diferente, una determinada identidad de género o por una expresión de género, entre otros. 

Esto, agrega, suele suceder en el sector público, pero más en el sector privado. Quien realiza este tipo de discriminación suele justificarse siempre con supuestos reglamentos internos que no están y nunca estarán por encima de las leyes, aunque se siga pretendiendo atentar a través de ellos contra las libertades de los seres humanos en los centros de trabajo. 

El documento, turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, destaca que en un centro laboral deben valorarse siempre los conocimientos, la preparación, el talento, las habilidades y las virtudes de las y los trabajadores, sin importar su apariencia, origen étnico, estado civil, ideología política, sexo, género, religión, condición social, discapacidades, edad, orientación sexual, identidad de género y expresión de género. 

Refiere que si bien es cierto que en el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo la discriminación está considerada, no se contempla como un elemento que es causal de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. Por ello, la importancia de fortalecer los derechos de las y los trabajadores al desempeñar sus labores sin ser víctima de ningún tipo de discriminación.