El Diario Oficial de la Federación pública el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal del Derecho de Autor
Se fortalecen los derechos de las personas intérpretes o ejecutantes, frente al uso de la inteligencia artificial
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal del Derecho de Autor, impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).
La Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que dichas reformas colocan en el centro la protección de la voz, la imagen y el trabajo artístico de intérpretes y ejecutantes, especialmente ante el uso de tecnologías como la inteligencia artificial.
“Con este Decreto, el Estado mexicano establece un principio claro, la tecnología debe avanzar con reglas y derechos. En México la creatividad, la voz y la identidad de las y los intérpretes se respetan, se protegen y se remuneran con justicia”, afirmó.
Entre los aspectos más relevantes del Decreto se encuentran la protección de la imagen, la voz e identidad artística frente a usos no autorizados; la regulación de los contratos ante el uso de la inteligencia artificial, y la garantía de condiciones laborales dignas y equitativas. Asimismo, se reconoce formalmente a las personas intérpretes y ejecutantes, fortaleciendo su seguridad laboral dentro y fuera del país.
También, se incorporan mecanismos modernos de solución de controversias, que permiten una defensa ágil y accesible de sus derechos.
Con dichas reformas, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la defensa del trabajo artístico y con la construcción de un entorno en el que la innovación tecnológica se desarrolle con justicia y respeto a la dignidad de quienes sostienen la vida cultural del país.
Los cambios protegen los datos personales de los trabajadores, se evita la discriminación y se garantiza un trabajo digno.
Por unanimidad, con 86 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen para reformar el artículo tercero y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de evitar prácticas que condicionen el acceso al trabajo, entre ellas el llamado “buró laboral”.
El “Buró Laboral” es una base de datos no oficial que recopila información sobre el historial laboral de las personas trabajadoras, e incluye despidos, renuncias y conflictos laborales. Dicho listado no está regulado, pero a él recurren diversas empresas para filtrar candidatos y con ello se restringen oportunidades de empleo por razones ajenas a las calificaciones específicas requeridas para un puesto.
La base de datos es similar al Buró de Crédito en el ámbito financiero, y tiene consecuencias negativas en la vida de las personas trabajadoras por limitar el derecho al trabajo, generar exclusión social, debilitar los derechos laborales, fomentar un entorno de precarización y vulnerabilidad laboral.
Además de afectar la dinámica del mercado laboral, fomentar la cultura empresarial basada en el castigo y la desconfianza, es una forma moderna de discriminación que restringe las oportunidades de desarrollo profesional, por lo que con esta reforma se garantizan los procesos de contratación justos, equitativos y basados en méritos objetivos.
Al presentar el dictamen, el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que el Estado mexicano debe garantizar el acceso al trabajo por capacidades y méritos, y por ello el “buró laboral” es una práctica de discriminación que vulnera la dignidad de las personas trabajadoras y desnaturaliza el derecho al trabajo digno.
De ahí que la reforma busca proteger los datos personales de los trabajadores, restituir el sentido garantista del derecho laboral y dejar en claro que en México ningún trabajador debe ser castigado.
El Senador Saúl Monreal Ávila, de MORENA, señaló que este dictamen corrige una injusticia estructural que ha permanecido invisibilizada durante años en el mercado laboral mexicano, el llamado “Buró Laboral”, una práctica que no está en la ley, pero que afecta al trabajador.
Afirmó que el trabajo no puede estar condicionado por “listas negras”, pues cuando una persona es vetada por haber ejercido sus derechos, se está frente a un mecanismo de discriminación; “el Buró Laboral no evalúa capacidades ni mide talentos, sanciona la defensa de derechos”, añadió.
El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Integrar el sector al mercado es oportunidad para fortalecer productividad, señalan en foro.
Con el objetivo de construir consensos para reformar la Ley Federal del Trabajo e incluir a las personas migrantes al mercado laboral formal, fortalecer su integración social y su contribución al desarrollo del país, se realizó en el Senado de la República el foro “Trabajo sin fronteras: reforma laboral para la inclusión y la igualdad”.
Al respecto, el Senador Raúl Morón Orozco explicó que la intención del encuentro fue analizar la nueva realidad migratoria nacional, con una visión multisectorial que permita avanzar hacia una iniciativa de reforma sólida, humana y con impacto real.
Ante industriales, dirigentes de cámaras empresariales, representantes sociales, académicos y de la sociedad civil, el senador de MORENA y presidente de la Comisión de Educación afirmó que cuando se abren oportunidades y existen puentes en lugar de muros, se protege la dignidad del trabajo y la migración se convierte en desarrollo y no en tragedia.
Lamentó que en la actualidad haya personas con talento y ganas de salir adelante que se queden al margen, porque la legislación laboral y migratoria no se los permite; “es una desconexión que limita a la nación para fortalecer un auténtico modelo de economía social; por eso es importante hablar de inclusión laboral como un acto de justicia y de estrategia para el desarrollo nacional”, expuso.
Por otro lado, acusó que la migración es utilizada en muchos países como herramienta electoral, argumento de división y como justificación para políticas de persecución y de miedo, como lo viven miles de connacionales en varias ciudades de Estados Unidos.
Señaló que la Ley Federal del Trabajo fue concebida en un contexto histórico distinto, pero hoy existen disposiciones que generan discriminación y exclusión laboral, por lo que actualizarla es una responsabilidad.
“Este foro llega en un momento en que las decisiones legislativas pueden marcar una diferencia para miles de personas, entre continuar con un modelo endógeno que reconoce derechos laborales prioritariamente para los nacionales o un modelo de desarrollo de derechos humanos que trasciende las fronteras territoriales bajo una visión humanista”, recalcó.
Por su parte, la Secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, Karina Ruiz Ruiz, dijo que la discusión sobre una reforma a los artículos 7 y 154 de la Ley Federal del Trabajo no debe entenderse como una concesión sino como un ejercicio de congruencia normativa.
No se trata de enfrentar a trabajadores nacionales con trabajadores migrantes, apuntó, sino de comprender que la informalidad y la exclusión afectan al mercado laboral en su conjunto.
En tanto, el Senador Marko Cortés Mendoza, del PAN, manifestó que la reforma laboral para la inclusión y la igualdad no puede verse sólo como un tema legislativo, sino tiene que entenderse como una responsabilidad ética y social que responda a los desafíos actuales, ya que México es un país donde la movilidad es una constante.
Mencionó que la realidad que se vive impone nuevos retos y una responsabilidad para garantizar que la migración se atienda bajo un enfoque de derechos humanos, de legalidad y corresponsabilidad internacional.
Dana Graber Ladek, Jefa de la Organización Internacional para las Migraciones, indicó que México encara un déficit de talento en sectores clave, donde siete de cada 10 personas reportan dificultades para cubrir vacantes y estimaciones privadas prevén hasta 1.1 millones de nuevos puestos hacia 2027, con un faltante de mandos medios si no se aceleran la formulación y certificación de habilidades.
En este contexto, dijo que la integración de personas migrantes representa una oportunidad estratégica para fortalecer la productividad, cerrar brechas de habilidades y avanzar hacia un modelo económico más competitivo e inclusivo en México.
Joselin Barja Coria, Asociada Principal de Soluciones Duraderas-ACNUR, dijo que sólo en México en 2024, 78 mil 900 personas solicitaron la condición de refugiado buscando una oportunidad de inclusión.
En ese sentido, agregó que más de 50 mil personas refugiadas han participado en programas de inclusión social y laboral, y contribuyen anualmente con 275 millones de pesos en impuestos para la economía mexicana.
Para presentar el diagnóstico que podría derivar en la propuesta de iniciativa, Ana Gabriela Núñez Pérez, consultora externa de la Organización Integral de las Migraciones, afirmó que es necesario reconocer a México como país de origen, tránsito y retorno, una complejidad que se tiene que considerar para un entendimiento plasmado en la legislación y se traduzca en políticas públicas.
La evidencia demuestra que mantener barreras normativas que restringen el acceso al empleo formal generan efectos no deseados, como la violación a los derechos humanos y orilla a la informalidad, entre otros.
El Diputado Armando Corona (MORENA) pidió adicionar el artículo 3 Quáter a la Ley Federal del Trabajo
A fin de prohibir la publicación, difusión u ofrecimiento de vacantes u ofertas de empleo que contengan información falsa, inexacta, simulada o engañosa respecto de las condiciones reales del trabajo ofrecido, el Diputado Armando Corona Arvizu (MORENA) impulsa una iniciativa.
Pide adicionar el artículo 3 Quáter a la Ley Federal del Trabajo para considerar como oferta de empleo engañosa aquella en la que exista discrepancia sustancial entre lo anunciado y el trabajo efectivamente ofrecido, particularmente sobre el puesto o cargo a desempeñar, las funciones o actividades a realizar, el salario, forma o esquema de pago, la jornada laboral o modalidad de trabajo, y el tipo de contratación o prestaciones ofrecidas.
Propone que las personas físicas o morales que incurran en estas conductas serán sujetas a las sanciones previstas en esta ley, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas o civiles que resulten aplicables.
En el documento, enviado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el Diputado Corona Arvizu expone que, en un contexto de desaceleración económica, informalidad laboral y creciente competencia por los puestos de trabajo, las personas buscadoras de empleo enfrentan no solo la dificultad de acceder a una fuente de ingresos formal, sino también prácticas desleales y engañosas que lesionan su dignidad, su tiempo y sus recursos.
Refiere que en los últimos años el mercado laboral ha experimentado una transformación significativa derivada de la digitalización de los procesos de reclutamiento. Portales de empleo en línea, redes sociales, aplicaciones móviles y servicios de mensajería instantánea se han convertido en los principales canales para la difusión de vacantes laborales.
Menciona que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) más del 70 por ciento de las personas que buscan empleo en zonas urbanas utilizan medios digitales como su principal herramienta de búsqueda laboral.
Si bien estas plataformas han ampliado el acceso a oportunidades laborales, también han creado un entorno propicio para la proliferación de ofertas de empleo falsas, simuladas o engañosas, las cuales se publican sin verificación previa y con escasa o nula rendición de cuentas, subraya.
Estas prácticas, añade, consisten principalmente en anunciar vacantes con características específicas: puesto administrativo, salario fijo, jornada definida, contrato formal, que, al momento de presentarse la persona interesada, resultan ser actividades completamente distintas a las ofrecidas, como esquemas de venta por comisión, telemarketing agresivo, afiliaciones forzadas, trabajos puerta por puerta o incluso actividades sin relación laboral real.
Comenta que de acuerdo con portales especializados en empleo, como OCC Mundial y Computrabajo, una de las principales quejas de las personas usuarias es la existencia de vacantes engañosas que no corresponden con lo anunciado, e incluso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha reconocido que la intermediación laboral informal y digital representa uno de los principales retos para garantizar condiciones de trabajo decente en el país.
Por ello, la iniciativa busca atender esta problemática desde una perspectiva de justicia laboral preventiva, reconociendo que el engaño laboral no comienza en el centro de trabajo, sino desde el primer anuncio.
“Al prohibir expresamente la publicación de ofertas de empleo falsas o engañosas, se protege a las personas buscadoras de empleo, se fomenta la ética en los procesos de reclutamiento y se fortalece la confianza en el mercado laboral”, precisa.
Argumenta que su propuesta está dirigida a desalentar prácticas que afectan la productividad, la formalidad y la reputación del empleo en México, sin imponer cargas excesivas a las empresas que actúan con responsabilidad y buena fe, y establece un piso mínimo de transparencia que beneficia tanto a las personas trabajadoras como a los empleadores cumplidos.
Enfatiza que, en un contexto de transformación digital del trabajo, resulta indispensable que la legislación laboral evolucione para enfrentar los nuevos riesgos que surgen en el entorno en línea. “Regular y sancionar las ofertas laborales engañosas constituye una medida necesaria, proporcional y acorde con los estándares internacionales en materia de trabajo decente y derechos humanos”.
Con ese fin, la Diputada Reyes De la Torre (MC) planteó modificar la Ley Federal del Trabajo
La Diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) impulsa una iniciativa para adicionar la Ley Federal del Trabajo, a fin de que se conceda permiso a las personas trabajadoras para ausentarse de sus labores durante el tiempo estrictamente necesario para dar cumplimiento a órdenes, citaciones, requerimientos o mandatos emitidos por cualquier autoridad competente, ya sea en materia judicial, administrativa o de procuración e impartición de justicia.
Lo anterior, siempre que se trate de actos cuya observancia resulte obligatoria conforme a la Constitución y las leyes aplicables, sin que esto afecte su salario, antigüedad, pago de prima, bonos, vacaciones u otro derecho laboral adquirido.
La propuesta, que adiciona una fracción IX Bis al artículo 132 de dicha norma y turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, refiere que actualmente la Ley Federal del Trabajo no contempla un permiso expreso que permita a los empleados ausentarse de sus labores para atender citaciones o requerimientos judiciales o administrativos de carácter obligatorio.
Evidentemente, añade, esto deja en una desprotección normativa a las personas trabajadoras al colocarlas en una situación de incertidumbre ante la necesidad de acudir a las solicitudes o requerimientos que se le realizan y se contraponen con la posibilidad de perder su trabajo o ser amonestado por acudir a la cita de alguna autoridad competente.
Menciona que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2023 los órganos jurisdiccionales estatales de primera instancia recibieron dos millones 282 mil 806 asuntos, de los cuales el 41 por ciento fueron de carácter familiar.
Hace notar que en 2024 los juicios laborales aumentaron 494 por ciento en tres años, al pasar en 2021 de 18 mil 420 procedimientos de este tipo a 91 mil 49 en 2023, según datos del Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral del propio Instituto.
Dichos datos, agrega la iniciativa, reflejan el número de asuntos judiciales que tienen que resolver las autoridades en los que se ven inmersos los particulares y donde existe posibilidad que les sean violentados sus derechos sin tener una condicionante de exclusión en la norma que los proteja.
Refiere que el artículo 20 de la Constitución Política establece los principios del sistema penal acusatorio, entre ellos los de inmediación, continuidad y contradicción, que exigen la presencia física e ineludible de las partes, testigos y víctimas durante las audiencias del proceso penal.
Por ello, considera necesario eliminar los vacíos normativos que persisten en la Ley Federal del Trabajo al no existir disposición expresa que permita a las personas trabajadoras atender requerimientos de una autoridad judicial o administrativa sin riesgo de represalias o sanciones que afecten su salario, antigüedad, pago de prima, bonos, vacaciones u otro derecho laboral adquirido en su centro laboral.
Las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, que presiden la Diputada Maiella Gómez Maldonado (MORENA) y el Diputado Arturo Olivares Cerda (MORENA), respectivamente, aprobaron dos dictámenes en materia de salud mental y lactancia materna.
Maiella Gómez, comentó que las reservas serían desahogadas en el Pleno y remitió los dictámenes a la Mesa Directiva para efectos de trámites legislativos.
Salud mental :
Por mayoría, aprobaron el dictamen que adiciona la fracción XIX Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y adiciona la fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, sobre salud mental.
Busca que los patrones y titulares de las instituciones públicas, promuevan medidas para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, acorde a las actividades desarrolladas y al número de personas trabajadoras en los centros de trabajo, con la finalidad de garantizar el bienestar mental y emocional de las y los trabajadores.
El Diputado Amarante Gonzalo Gómez Alarcón (PT) comentó que este tipo de medidas y acuerdos son fundamentales para garantizar a los trabajadores mejores condiciones. “Desde el Partido del Trabajo vemos con buenos ojos estos cambios y, por eso, estamos a favor”.
Por el PAN, el Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba externó que ya existe una Norma Oficial Mexicana sobre la materia y ahora se pretenden elevar a rango de ley, pero no hay mecanismos sancionadores específicos ni procedimientos de verificación diferenciados de los que ya existen en la normatividad, y la duplicidad puede complicar su cumplimiento.
La Diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM), dijo que es importante que la salud mental se establezca en la Ley Federal del Trabajo, para que los patrones identifiquen, analicen y prevengan los factores de riesgo psicosocial acorde a las actividades desarrolladas y al número de trabajadores, con la finalidad de garantizar el bienestar mental de las y los trabajadores.
Lactancia materna :
Además, las instancias legislativas ratificaron por unanimidad el dictamen que reforma diversas disposiciones de las leyes federales de Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, en materia de lactancia materna.
Establece que: “las dependencias y entidades en su carácter de patrones, así como los empleadores particulares garantizarán en sus lugares de trabajo de toda la clase trabajadora, tanto de los trabajadores particulares como los del Servicio del Estado, un espacio para realizar la extracción y conservación de leche materna, en un espacio adecuado, digno, privado, higiénico y accesible”.
El documento propone contemplar que entre las características que deban tener los lactarios se conserve el aspecto de un espacio adecuado, toda vez que estas comisiones consideran esencial que los lugares determinados para la realización de la alimentación de los neonatos, así como la extracción y conservación de la leche materna sean apropiados, conforme a las necesidades específicas de las mujeres y personas gestantes que puedan requerir.
La Diputada Maiella Gómez (MORENA), subrayó que la lactancia materna es fundamental, ya que el vínculo que se genera entre la madre y el hijo es valioso para el desarrollo del menor y hoy se está fortaleciendo esa oportunidad de la mujer y es un llamado a la concientización.
A su vez, el Diputado Ramírez Barba se manifestó a favor de la reforma, pero consideró que su incidencia será baja, ya que el país tiene serios problemas con la lactancia exclusiva, el cual es del 34.2 por ciento, es decir 7 de cada diez mujeres no la dan, y “hay dudas que sea por la ausencia de espacios exclusivos, pero sí debemos tenerlos”.
Por el PT, la Diputada Margarita García García resaltó que amamantar es proteger a los menores de casi todas las enfermedades y les da inmunidad; con la reforma, se están buscando los espacios necesarios, pero debe haber una concientización severa sobre lo primordial que es el amamantamiento desde que nacen.
De MORENA, el Diputado Fernando Mendoza Arce llamó a realizar campañas de concientización e información sobre la importancia de la lactancia para los recién nacidos. “Es un tema que ya está reglamentado, pero debe tener el sustento legal establecido en la reforma de ley”.
Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, Diputada del PAN, indicó que la maternidad no es una carga y reconocerla no es un favor, sino un acto de justicia. “En Acciona Nacional creemos en un México donde trabajar no sea sinónimo de sacrificio personal sino una vía legítima para alcanzar el bien común”.
El Diputado Gómez Alarcón (PT), consideró importante que las madres tengan los espacios de lactancia, pero es fundamental impulsar campañas de concientización, “porque yo he visto a mamás dar biberón con refresco, y esas campañas no solo deben evitar eso sino involucrar a los padres”.
Benavides Cobos destacó que ya existe una garantía para que las madres puedan amamantar a sus hijos, pero hoy ese derecho se amplía y mejora, ya que deberán hacerlo en un lugar limpio, higiénico y privado que será accesible para ellas y en un momento que no puedan llevarles a sus hijos, tengan el permiso para extraer su leche.
Dictámenes en sentido negativo :
Las comisiones unidas avalaron cuatro dictámenes que desechan iniciativas. La que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de plataformas digitales
Sobre el tema, la Diputada Maiella Gómez expresó que a finales de mes se conocerán los lineamientos de las reformas que regulan el empleo en plataformas digitales por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, por ello, se invitará al equipo del secretario para conocerlos
Por el PRI, el Diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez destacó la importancia de incorporar los derechos de los trabajadores en plataformas digitales, ya que millones de personas hoy laboran en ellas, sin acceso a prestaciones básicas; por ello, se debe dignificar el trabajo digital.
A su vez, el Diputado Ramírez Barba hizo mención que, en la normatividad vigente, ya se incluye el derecho de los trabajadores de plataformas como sujetos de aseguramiento obligatorio, de ahí que la reforma “resulta, a mi juicio, innecesario”.
De igual modo, el que desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de licencias para realizar donaciones de sangre.
El Diputado Ramírez Barba, señaló que la promoción de donaciones sanguíneas requiere estrategias multifactoriales, campañas educativas e incentivos fiscales, no únicamente medidas laborales aisladas sin sustento técnico.
La Diputada Jiménez Zamora, consideró que la propuesta no cuenta con los elementos suficientes para ser incorporada como obligación legal, no hay evidencia de que el principal obstáculo para donar sangre sea la falta de licencias laborales, cuando existen otros elementos, como el miedo, la falta de cultura y desconfianza.
A su vez, la Diputada Margarita García (PT) destacó el sentido humano de la propuesta; sin embargo, es un tema más de campañas de concientización en la ciudadanía sobre la donación de sangre y “esa no debe ser causa para ausentarse en el trabajo”.
También, el dictamen que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de permisos laborales.
El Diputado Ramírez Barba, mencionó que la Ley de Seguridad Social y la Ley del ISSSTE ya prevén las licencias por cáncer infantil, e invitó a los integrantes de la Comisión de Seguridad Social a plantear la idea de que cuando un menor esté grave en términos médicos, se puedan extender esas licencias.
La Diputada Margarita García resaltó que su grupo parlamentario siempre acompañará reformas que beneficien los derechos de las y los trabajadores, pero se debe analizar cuánto se gasta cuando un trabajador no se presenta a laborar, más en el sector salud.
Mientras que la Diputada María Magdalena Rosales Cruz (MORENA), pidió no desechar en este momento la iniciativa y emprender un análisis en mesas de trabajo sobre las licencias por cuidados maternos y paternos.
La Diputada Maiella Gómez explicó que la iniciativa proviene de la Legislatura pasada, pero al ser un tema de interés, “podemos en otro momento tener una mesa al respecto en el siguiente año legislativo”.
Asimismo, el dictamen que desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de discapacidad.
• La juventud no puede seguir enfrentando obstáculos para acceder a su primer empleo: Diputado Corona Arvizu (MORENA)
El Diputado Armando Corona Arvizu (MORENA) promueve una iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, para señalar que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de experiencia y que queda prohibido a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por esa razón.
La modificación al párrafo segundo del artículo 3º y la fracción I del artículo 133º de dicho ordenamiento, turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, argumenta que la juventud de México no puede seguir enfrentando obstáculos para acceder a su primer empleo, por lo que es urgente que desde el ámbito legislativo se promueva un cambio estructural que garantice su plena inclusión en el mercado laboral.
Por ello, agrega, la eliminación del requisito de experiencia previa no solo beneficiará a la juventud, sino fortalecerá el desarrollo económico y social del país, pero es necesario que las políticas públicas, así como el marco legal vigente se adapten para reflejar esta realidad y abrir oportunidades a quienes más lo necesitan.
Considera que este cambio no solo es cuestión de justicia social, sino de aprovechar el potencial de una generación que, si bien enfrenta retos, tiene la capacidad de contribuir de manera significativa al crecimiento económico del país.
Refiere que en muchos casos los jóvenes recién egresados de instituciones educativas tienen habilidades, conocimientos y competencias actualizadas, pero se les niega la oportunidad de demostrarlas debido a una exigencia que favorece la exclusión. Las empresas, al imponer este filtro, pierden la oportunidad de contar con talentos emergentes que podrían aportar nuevas ideas y perspectivas innovadoras.
Expone que México cuenta con una población juvenil significativa y que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía más del 30 por ciento de la población nacional está constituida por jóvenes entre los 15 y 29 años. Sin embargo, el mercado laboral no ha sido capaz de absorber a este sector de manera adecuada.
La tasa de desempleo juvenil --añade-- es considerablemente más alta que la del resto de la población, y una de las principales barreras identificadas es la falta de experiencia previa
De ahí que la reforma no solo resolvería una barrera injusta, sino crearía condiciones para contar con un mercado laboral más inclusivo, equitativo y próspero. También facilitaría el acceso de las personas jóvenes a las fuentes de trabajo, combatirá el desempleo juvenil y generará entornos más productivos.
Precisa que el desempleo juvenil tiene consecuencias profundas y duraderas en la vida de las personas, toda vez que afecta su desarrollo económico, su bienestar emocional, su autoestima y el sentido de pertenencia.
Estima que la falta de oportunidades laborales en edades tempranas puede conducir a la frustración, al desencanto con el sistema y, en algunos casos, a la migración o inmersión en economías informales o ilegales.
Además, señala, la exclusión laboral afecta a los sectores más vulnerables de la población juvenil, como a las mujeres, las personas con discapacidad y aquellos que viven en zonas rurales o marginadas.
Con base en la anterior, destaca que es importante garantizar oportunidades laborales sin requisitos arbitrarios, ya que la falta de políticas inclusivas perpetúa la desigualdad y amplía la brecha social entre quienes logran insertarse en el mercado laboral y quienes no.
* La Diputada González Franco (MC) planteó cambios a la Ley Federal del Trabajo
La Diputada Amancay González Franco (MC) propuso reformar la Ley Federal del Trabajo, a fin de que sea obligación de los patrones permitir la realización de pausas activas, que son breves interrupciones de la actividad laboral destinadas a realizar movimientos físicos o ejercicios de relajación.
Señala que lo anterior posibilitará a todas las personas trabajadoras que desempeñan funciones que requieran largos periodos de permanecer estáticos en un sólo lugar, realizar actividad física para combatir los efectos del sedentarismo, como es el caso de oficinistas, guardias de seguridad, choferes y otros trabajadores cuyas obligaciones sean análogas.
La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo, precisa.
Las modificaciones a los artículos 132, 133 y 423 de dicha ley precisan que las pausas activas deberán tener como mínimo una duración de 40 minutos por jornada laboral, distribuidos en dos pausas activas de 20 minutos cada una, así como garantizar espacios adecuados.
Asimismo, establecen que queda prohibido a los patrones o sus representantes impedir que las personas trabajadoras disfruten de las pausas activas. El reglamento contendrá los tiempos y formas en que las personas trabajadoras tendrán acceso a dichas pausas en caso de que la actividad que realicen requiera de largos periodos de inmovilidad y sedentarismo.
En México, indica, la cultura laboral a menudo está asociada con largas jornadas y pocas interrupciones, lo que lleva a una acumulación de fatiga física y mental de los empleados.
Las pausas activas permiten reducir estos efectos negativos, incrementando la concentración y reduciendo la fatiga, y representan una medida preventiva sencilla, de bajo costo y fácil implementación, que puede generar mejoras significativas en la salud de los trabajadores y pueden llevarse a cabo en cualquier entorno de trabajo sin grandes modificaciones o recursos.
El documento, turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, señala que los cambios en los modelos de trabajo, especialmente con el incremento de empleos que requieren largas horas frente a computadoras en ambientes de oficina, han aumentado el problema del sedentarismo. La permanencia prolongada en una misma posición, ya sea de pie o sentado, ha sido asociada con múltiples problemas de salud.
Estudios realizados en México y otras partes del mundo, agrega, han documentado que una postura estática mantenida durante largos periodos puede provocar serios problemas circulatorios, várices, dolores de espalda y fatiga muscular.
Refiere que las pausas activas en el lugar de trabajo y en instituciones educativas han sido implementadas con éxito en varios países del mundo, donde han contribuido a mejorar la salud de los individuos, a incrementar la productividad y mejorar el ambiente laboral.
* La Cámara de Senadores remitió el proyecto al Ejecutivo Federal
Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo, para establecer un régimen laboral especial para las personas trabajadoras que se empleen bajo la modalidad de plataformas digitales.
La propuesta, aprobada con 113 votos, define al trabajo en plataformas digitales, los mecanismos que se emplean para laborar en este esquema, así como la naturaleza de la relación entre el empleador y empleado, tanto en derechos como en obligaciones de ambos.
Se establecen los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras, contratos, derechos colectivos y los casos de indemnización; el derecho al reparto de utilidades, las sanciones para los administradores de plataformas cuando se violen las normas que protegen a sus trabajadores.
También se fija el salario por tarea, servicio, obra o trabajo realizado, así como días de descanso, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Además, se incluye un registro de las horas trabajadas, emisión de recibos de pagos, inscripción en el Régimen Obligatorio de Seguridad Social y aportaciones al Infonavit, lo que se traduce en accesos a créditos y derecho a la vivienda.
De la misma forma, regula la flexibilidad de horario para trabajar con una o varias empresas; y se prevén las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
De acuerdo con la reforma, las empresas de plataformas digitales tendrán prohibido el cobro a las personas trabajadoras por la inscripción, uso, separación o conceptos similares, relacionados con la relación laboral; el trabajo de personas menores de edad; y la retención de dinero a las personas trabajadoras adicional a los conceptos establecidos en la Ley.
Además, prohíbe el encubrimiento o la simulación que busque desvirtuar el vínculo laboral mediante contratos de carácter civil, mercantil u otros; la prestación de servicios de puesta a disposición de personal propio o en beneficio de otra persona física o moral; así como manipular el ingreso de las personas trabajadoras para evitar su calificación como trabajadores subordinados de plataformas digitales.
La presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Geovanna Bañuelos de la Torre, indicó que durante casi una década a las personas que trabajan de plataformas digitales se les ha privado de derechos laborales adecuados, por lo cual la reforma formalizará a casi 70 mil mexicanas y mexicanos trabajadores.
Cynthia Iliana López Castro, de MORENA, dijo que esta reforma atiende una exigencia de los trabajadores de plataformas digitales, por ello desde aquí, dijo, queremos mandarles un mensaje: que la Presidenta Claudia Sheinbaum les cumple con esta propuesta que presentó para otorgarles seguridad social, derecho a una jubilación, incapacidad ante lesiones, licencia de maternidad y paternidad, así como a contar con un salario fijo y digno.
Por el PAN, Imelda Sanmiguel Sánchez refirió que este dictamen establece las condiciones necesarias para formalizar la relación laboral que existe entre las plataformas digitales y los trabajadores, para así garantizar sus derechos, pero sin perder las características especiales que requieren este tipo de servicios.
En tanto, la Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Simey Olvera Bautista, dijo que se trata de un nuevo esquema regulatorio que cuida a las y los trabajadores y los diferentes sectores inmersos en las plataformas digitales. Desde el Senado, abundó, se trabaja por el bienestar del pueblo de México, pues se busca que cuenten con estándares mínimos para que tengan certeza jurídica en su relación laboral.
En su intervención, Rolando Rodrigo Zapata Bello, del grupo parlamentario del PRI, señaló que "al adoptar prácticas laborales justas, garantizar la seguridad social y promover condiciones de trabajo dignas, las plataformas digitales no sólo benefician a los trabajadores, también fortalecen la confianza de la sociedad en su modelo de negocio, convirtiéndose en actores clave de un desarrollo inclusivo y sostenible".
Al manifestar el voto a favor del PVEM, Luis Alfonso Silva Romo asentó que es momento de que México sea uno de los países que reconozca a las y los trabajadores de plataformas digitales como pilares fundamentales en su economía, por lo que a través de las modificaciones se garantizan sus derechos, dentro de un marco que busca impulsar una prosperidad compartida.
Por el PT, Lizeth Sánchez García indicó que con el proyecto se garantizan los derechos laborales de los trabajadores de las plataformas digitales, con lo que se reconoce que nadie debe ser explotado en nombre de la innovación tecnológica, porque todos los mexicanos merecen trabajar en condiciones dignas y justas.
Clemente Castañeda Hoeflich, de MC, dijo que esta reforma representa un “paso significativo”, porque reconoce la relación laboral entre las personas trabajadoras y los empleadores de plataformas digitales. Además, contempla derechos como el tener un horario flexible y discontinuo, un salario con base en las tareas, servicio, obra o trabajo realizado y se establecen obligaciones para los gestores de estas plataformas.
Posteriormente, senadoras y senadores del PAN, PRI y MC presentaron reservas para modificar el dictamen, sin embargo, la asamblea no las aceptó y el documento quedó en sus términos, por lo que, con 80 votos a favor, 30 en contra y una abstención, fue aprobado en lo particular y enviado al Ejecutivo Federal.
* Modifica la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley Federal del Trabajo
La Mesa Directiva turnó a las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, y de Estudios Legislativos, la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y de la Ley Federal del Trabajo (LFT), enviada al Senado de la República por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Entre los cambios propuestos destaca que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) podrá establecer programas para otorgar a las personas trabajadoras acceso a vivienda mediante arrendamiento social, y que tendrá que otorgar bajo ese esquema los inmuebles que se construyan o que sean bienes recuperados.
Añade que, al cumplir un año de cotización continua, los trabajadores tendrán el derecho de participar en el programa de arrendamiento social de vivienda construida o administrada por el INFONAVIT que se encuentre cerca de su centro de trabajo, así como en los programas de opción de compra de dichas viviendas.
Sobre los esquemas de arrendamiento social, señala que las personas trabajadoras derechohabientes tendrán derecho a utilizar su subcuenta de vivienda como mecanismo de garantía conforme a los programas, reglas, requisitos y criterios de prelación que establezca el Consejo de Administración del INFONAVIT.
Además, fija como obligación de las personas trabajadoras derechohabientes cuidar diligentemente la vivienda que se le otorgue como si fuera propia, así como desocuparla y entregarla al terminar el arrendamiento.
La iniciativa, además, prohíbe que las personas trabajadoras usen la vivienda para fines distintos a su habitación y residencia, así como darla en subarrendamiento, y que la enajenación de vivienda a favor de las personas trabajadoras derechohabientes dará preferencia a aquellas que no cuenten con vivienda propia.
En cuanto a la Ley Federal del Trabajo, se añade que los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos de rentas del Infonavit destinadas el arrendamiento social, y dichos descuentos no podrán sobrepasar el 30 por ciento.
Refiere que el organismo integrado de forma tripartita por el Gobierno Federal, patrón y trabajador coordinará el arrendamiento social de vivienda para su habitación por las personas trabajadoras, bajo criterios sociales, sin fines de lucro o especulación comercial y considerando su nivel salarial.
Dicho organismo también intervendrá en la administración de los inmuebles y viviendas que sean de su propiedad o se encuentren bajo su administración, a efecto de mantenerlas en condiciones de habitabilidad adecuada.
Se indica además que en los casos en que una persona trabajadora incapacitada haya adquirido una nueva relación de trabajo y la pierda, podría reiniciar el trámite de su cancelación del crédito ante el Infonavit cuantas veces le resulte necesario, siempre que no se revoque la determinación de su incapacidad en los términos de la Ley del Seguro Social.
* La iniciativa del Diputado Borboa Becerra (PAN) modifica la Ley del Impuesto Sobre la Renta; fue turnada a la Comisión de Hacienda para dictamen
El Diputado del PAN, Omar Antonio Borboa Becerra, presentó una iniciativa que reforma el párrafo tercero del artículo 186, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con la finalidad de otorgar un estímulo fiscal equivalente al 20 por ciento del salario efectivamente pagado a quien contrate personas de 45 a 64 años.
La propuesta, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señala que actualmente la citada ley sólo contempla a las personas de 65 años y más, pero deja fuera a un sector de la población que también es objeto de discriminación laboral por motivo de la edad.
Menciona que a pesar de que la Ley Federal del Trabajo prohíbe la discriminación laboral por edad en sus artículos 2º y 3º, en los hechos las contrataciones se limitan a ciertos rangos de edad, aunque las vacantes sean en teoría inclusivas.
Destaca que a pesar de que una oferta de empleo no especifique un rango de edad, la orden en las empresas es no contratar personas mayores de 35 años para puestos operativos y 45 años para cargos directivos, lo que significa que cumplir años marca la diferencia entre conseguir un empleo o quedarse esperando una llamada que nunca llega.
Según especialistas en recursos humanos, la discriminación laboral por edad es una realidad que lastima y se presenta tanto a nivel operativo como ejecutivo y parte del problema se vincula con estigmas, malas prácticas y áreas de recursos humanos que no han conseguido educar a los líderes en el sentido de que el talento no tiene edad, incluso establecen barreras que limitan aún más a los negocios en la contratación de los mejores perfiles, subraya.
Además, están convencidos de que la selección del personal debe ser objetiva e incluyente y que es posible demostrar con hechos que las personas mayores de 45 años tienen mayor estabilidad, que pueden seguir preparándose, que son capaces de aprender y que sí hay flexibilidad a distintos procesos.
Por ello, enfatiza que a mayor estabilidad laboral de las personas de 45 y más años, habrá mejor soporte en las finanzas gubernamentales, y se evitará mayor gasto público de impuestos en el área de salud y educación, así como mayor adeudo en el sistema de pagos hipotecarios de vivienda social a las instituciones bancarias.
Estima que contratar a personas mayores de 45 años puede traer beneficios para las empresas y la sociedad, pues al hacerlo los empleadores se benefician de ellos, al obtener experiencia y conocimientos, estabilidad y compromiso, mentoría y desarrollo, así como diversidad generacional, pues contrario a lo que se piensa, la inclusión de trabajadores de diferentes grupos de edad en un lugar de trabajo fomenta la diversidad de pensamiento y perspectiva.
Con base en lo anterior, Borboa Becerra puntualiza que su iniciativa busca que se reconozca y valore la experiencia y las habilidades que aportan los trabajadores mayores de 45 años, por lo que se propone otorgar un estímulo fiscal equivalente al 20 por ciento del salario efectivamente pagado a quien contrate personas de 45 a 64 años.
• La Diputada Benavides Cobos (PVEM) propone modificar la Ley Federal del Trabajo
Con el propósito de duplicar el aguinaldo de las y los trabajadores del país, para pasar del equivalente de 15 a 30 días de salario, la Diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM) impulsa iniciativa que reforma el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.
El documento, turnado a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, menciona que el aguinaldo forma parte del salario y se trata de un derecho que se recibe como retribución por la prestación de un servicio correspondiente a un año laborado o, en su caso, el pago proporcional al tiempo laborado.
Duplicar el aguinaldo, abunda, favorecerá al sector productivo, permitirá inyectar dinamismo a la economía nacional y contribuirá a la política de disminuir las desigualdades salariales entre los distintos sectores de la sociedad.
Benavides Cobos comenta que México es uno de los países con reconocimiento internacional por contar con calidad manufacturera y de su mano de obra; no obstante, hay más de 40 años de aprovechamiento desde la última reforma laboral en materia de aguinaldo; por ello, éste debe ser revisado y atendido.
Establecer en 30 días el aguinaldo, añade, es solo un acto de humanidad que tiene que pensarse y servir para unificar a la familia, pues la fecha en que se ejerce este derecho laboral se da durante meses en los que las familias mexicanas consumen más y hacen gastos necesarios y complementarios para satisfacer sus necesidades.
Relata que esta retribución es un derecho que no ha sufrido ningún cambio progresivo desde la reforma del 31 de diciembre de 1975, pese al encarecimiento de los productos, el cambio de estilo de vida de la sociedad y la variación de la moneda nacional ante otras divisas, lo cual ha provocado cambios en las economías de los países.
Menciona que Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Perú, Argentina, Guatemala y China son algunas de las naciones que establecen el aguinaldo en un valor equivalente a por lo menos 30 días de salario, o bien, a la doceava parte de la remuneración percibida durante un año laboral.
También, de acuerdo al país de que se trate, este derecho puede denominarse como aguinaldo, décimo tercer sueldo, prima, aguinaldo navideño, entre otras, y en algunos casos es pagado en dos partes; sin embargo, en esencia, el significado del aguinaldo representa el mismo concepto en todos los países, aunque la clara diferencia es el valor equivalente.
Argumenta que, en México, se trabajan dos mil 137 horas en promedio al año, es decir casi el doble del promedio estimado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), convirtiéndolo en uno de los que más horas labora a nivel mundial, debido a que en muchos de los escenarios la jornada laboral no se ve respetada por el empleador, pese a que la norma establece el pago de horas laborales extras, éstas no se pagan.
Por ello, la legisladora propone reformar el párrafo primero del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para que quede: “Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 30 días de salario, por lo menos”.
• Se armoniza la Ley Federal del Trabajo con el artículo 83 de la Constitución Política
La Cámara de Diputados aprobó, con 398 votos a favor, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer el 1º de octubre de cada seis años como día de descanso obligatorio con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, en lugar del 1º de diciembre.
El artículo transitorio subraya que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El documento que se canalizó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, se consideró de urgente resolución y se sometió a discusión y votación de inmediato, con fundamento en los artículos 59 numeral 3 y 82 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La finalidad de la reforma es armonizar la Ley Federal del Trabajo con el artículo 83 de la Constitución Política, para establecer que el 1° de octubre de cada seis años será día de descanso obligatorio, cuando corresponda la transmisión del Ejecutivo Federal, con motivo de la toma de protesta de la o el titular de ese Poder.
El artículo 83 de la Constitución precisa que el Presidente o Presidenta entrará a ejercer su encargo el 1º de octubre y durará en él seis años, por lo que está desarmonizada la fracción VII del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo que prevé los días 1 de diciembre como de descanso obligatorio.
• La Diputada Chávez Flores (PRD) propuso modificar la Ley Federal del Trabajo
Con el objetivo de considerar el estrés como enfermedad de trabajo, la Diputada Macarena Chávez Flores (PRD) propuso adicionar los artículos 476-Bis y 476-Ter a la Ley Federal del Trabajo.
Asimismo, reformar el artículo 487 de dicha legislación para establecer que los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho, además de asistencia médica y quirúrgica, a la psicológica y psiquiátrica.
El proyecto de la Legisladora Chávez Flores, turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, explica en su fundamentación que el estrés laboral es un fenómeno cada vez más frecuente y de consecuencias importantes, las cuales afectan el bienestar físico y psicológico del trabajador; los problemas de salud relacionados con el estrés van en aumento cada día, debido a que las características de las labores a realizar dentro de un empleo han cambiado radicalmente en las últimas décadas.
“Anteriormente, los trabajos, en su mayoría, demandaban por lo general, solo fuerza muscular, pero actualmente requieren de un esfuerzo mental y, además, de un desgaste emocional; esto, aunado al considerable incremento en el ritmo de trabajo, pues un número menor de trabajadores deben alcanzar los mismos o incluso mayores resultados”, explica.
Puntualiza la necesidad de llevar a cabo un estudio de las consecuencias más importantes derivadas del vivir sometido al estrés en el día a día, cómo los efectos repercuten en el trabajador y en sus familiares y la manera en que afectan su bienestar físico y psicológico.
Menciona que la reforma está encaminada a proteger a los trabajadores que no logran identificarse a través de ninguna enfermedad descrita en la tabla de enfermedades, en virtud de que el enfermo cambia constantemente de sintomatología y los tratamientos no pueden tener la efectividad deseada, el médico tratante en determinados casos, debe señalar en el dictamen el “síndrome de etiología a determinar”.
Agrega que esto ayudará a evitar que se sature el sistema jurídico con demandas innecesarias, por lo que es primordial que se dé entrada a esta iniciativa para evitar problemas de tipo legal, proteger la integridad y la seguridad social del trabajador.
La iniciativa plantea que “se interpretará como estrés laboral, a consideración de dos dictámenes que ofrezca el médico del paciente de forma continua y positiva a su vez, con tal de poder determinarlo como enfermedad de trabajo, tomando en consideración las diferentes doctrinas de asociaciones o instituciones médicas renombradas”.
Precisa que “se entiende por dictámenes de forma continua a aquellos que acreditan que el paciente por ningún motivo haya roto con la incapacidad al haberse integrado al área laboral, o que, durante el periodo de su incapacidad, uno de los dos dictámenes difiera con la sintomatología descrita para el estrés, teniendo el paciente derecho a que se pueda reevaluar en caso de que el primer dictamen sea contradictorio con el segundo”.
Indica que “se entiende por dictámenes de forma positiva a los que deberían de corroborar la incapacidad por estrés laboral, no incurriendo en falta de ética médica por cuestiones inherentes al paciente, ya que tal hecho será sancionado conforme a lo establecido por las leyes aplicables”.
ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
(12 de junio)
• En 2022, un total de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17
años se encontraba en condición de trabajo infantil, cifra que representó
13.1 % de esa población.
• De esos 3.7 millones de niños y niñas, 2.1 millones realizaba ocupaciones no
permitidas. La inasistencia escolar se presentó en 42.7 % de los niños y en
32.8 % de las niñas.
• Las niñas y adolescentes de 5 a 17 años dedicaron más tiempo que los niños
y adolescentes a los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. El
30.8 % de ellas laboró más de 28 horas semanales; en cambio, solo 8.5 % de
ellos se encontró en esa situación.
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil busca concientizar sobre este problema entre niñas,
niños y adolescentes de todo el mundo. La Organización Internacional del Trabajo1 afirma que
deben eliminarse con urgencia, en especial, las peores formas de trabajo infantil debido al
riesgo que implican para su vida y salud.
Por tal motivo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con base en la Encuesta
Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, pone a disposición una serie de indicadores que
describen las condiciones laborales y actividades no remuneradas que realizaban niñas, niños
y adolescentes de 5 a 17 años que se encontraban en condición de trabajo infantil en ese año.
I. POBLACIÓN EN TRABAJO INFANTIL Y FORMAS DE TRABAJO
La ENTI 2022 estimó que la población de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años en México
fue de 28.4 millones. De esta población, 3.7 millones (13.1 %) se encontraban en condición
de trabajo infantil. Se observó una mayor presencia de niños en trabajo infantil, con 60.2 %
(2.2 millones) respecto a 39.8 % (1.5 millones) de las niñas. El mayor porcentaje de la
población en trabajo infantil estaba dentro del grupo de 15 a 17 años, con 48.9 por ciento.
Siguió la población de 10 a 14 años, con 40.4 % y, por último, la de 5 a 9 años, con 10.8 %
(ver gráfica 1)
Gráfica 1
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS EN CONDICIÓN DE TRABAJO INFANTIL
POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN SEXO
En 2022, de los 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo
infantil, 48.6 % (1.8 millones) se desempeñaba en ocupaciones no permitidas;
42.9 % (1.6 millones), en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y 8.5 %
(318 mil), en ambos tipos de actividades. Entre las niñas, 59.7 % realizaba principalmente
quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas por horarios prolongados,
mientras que 33.2 % estaba activa en alguna ocupación no permitida. El mayor
porcentaje de niños en trabajo infantil estaba en ocupación no permitida, con 58.8 por
ciento. Siguió quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas por horarios
prolongados, con 31.7 % (ver gráfica 2).
Gráfica 2
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS POR CONDICIÓN DE TRABAJO INFANTIL
Y FORMA DE TRABAJO, SEGÚN SEXO
Tres de cada 10 niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil no asistían a la escuela.
El porcentaje aumentó entre niños, pues 32.0 % no lo hacía. Entre las niñas, 27.0 %
estaba en esta condición. El porcentaje de la población de niños, niñas y adolescentes
que no asistía a la escuela aumentó entre quienes realizaban actividades en ocupaciones
no permitidas (39.9 %) y disminuyó para quienes realizaban quehaceres domésticos en
condiciones no adecuadas (21.1 %).
II. POBLACIÓN EN OCUPACIÓN NO PERMITIDA
Las ocupaciones no permitidas incluyen las labores que realizan quienes se encuentran por
debajo de la edad mínima para trabajar (menos de 15 años). Además, también abarca ciertas
condiciones y actividades que se consideran peligrosas.
En 2022, 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes realizaban ocupaciones no permitidas.
Esta población representaba 7.5 % del total de población de 5 a 17 años, y 57.1 % del total de
niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil. Entre quienes se encontraban en
ocupaciones no permitidas, 43.3 % lo estaba por no contar con la edad mínima para trabajar
y 56.7 %, por encontrarse en ocupaciones peligrosas. Según sexo, del total de niñas en
ocupación no permitida, 54.6 % se encontraba en una ocupación peligrosa y 45.4 % estaba
por debajo de la edad mínima. En los niños, la distribución fue de 57.4 y 42.6 %,
respectivamente.
De acuerdo con la clasificación de la posición de la ocupación, las niñas, niños y adolescentes
que se encontraban en ocupación no permitida, 58.1 % se identificaba como persona
subordinada y remunerada; 37.4 %, como persona trabajadora no remunerada y 4.3 %, como
trabajadora por cuenta propia. Según sexo, se observó un mayor porcentaje de niñas
ocupadas por cuenta propia (7.3 %) y un mayor porcentaje de niños subordinados y
remunerados, con 59.5 % (ver gráfica 3)
Gráfica 3
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS EN OCUPACIÓN NO PERMITIDA
POR POSICIÓN DE LA OCUPACIÓN, SEGÚN SEXO
2022
Nota: La distribución porcentual no suma 100 % porque no se grafica la categoría Otros trabajadores. Fuente: INEGI. ENTI 2022. Indicadores básicos, 2023.
2 Ley Federal del Trabajo, artículo 175: «Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años: I. En
establecimientos no industriales después de las diez de la noche; II. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato,
cantinas o tabernas y centros de vicio; III. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres; y IV. En labores
peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se
presta, o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y
mental de los menores…»
Las niñas, niños y adolescentes en ocupación no permitida se concentraron en el sector
agropecuario, con 33 por ciento. Siguió el sector Servicios, con 23.2 %, y Comercio, con
21.5 por ciento. Según sexo, 39.0 % de los niños se ocupaba en actividades agropecuarias y
19.7 %, en servicios. Por su parte, 32.3 % de las niñas trabajaba en comercio y 32.2 %, en el
sector Servicios. El 33.5 % de niñas, niños y adolescentes en ocupación no permitida trabajaba
hasta 14 horas por semana, 18.1 % cumplía una jornada de 14 a 28 horas, 14.7 % tenía una
jornada laboral semanal de más de 48 horas, 12.4 %, de más de 36 a 48 horas, y 13.7 % no
tenía horario regular de trabajo.
Según sexo, se observó que los niños cumplían jornadas más largas en la ocupación no
permitida; 28.9 % trabajó más de 36 horas por semana, en contraste con 22.7 % de las niñas
que trabajaron más de 36 horas. Asimismo, 48.4 % de los niños laboró hasta 28 horas
semanales. En las niñas, el porcentaje fue de 59.7 por ciento. Cabe mencionar que 14.9 % de
los niños y 10.6 % de las niñas no tuvieron un horario regular de trabajo (ver gráfica 4).
Gráfica 4
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS EN OCUPACIÓN NO PERMITIDA
POR HORAS TRABAJADAS POR SEMANA, SEGÚN SEXO
III. QUEHACERES DOMÉSTICOS EN CONDICIONES NO ADECUADAS
Los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas son actividades sin remuneración
dedicadas a la producción de bienes y servicios para el consumo de los miembros del hogar.
Estas afectan la salud o integridad física de quienes las realizan, ya sea porque se llevan a
cabo en condiciones peligrosas o en horarios prolongados.
En 2022, de acuerdo con la ENTI, 1.9 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años
realizaban quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Lo anterior representó
6.7 % del total de población en ese rango de edad y 51.4 % del total de población
de 5 a 17 años en condición de trabajo infantil. Según sexo, y respecto al total de la población
de 5 a 17 años, 7.1 % (993 216) de las niñas y 6.4 % (924 620) de los niños se encontraban
en esta situación.
Según grupo de edad, 14.5 % de niñas, niños y adolescentes que realizaban quehaceres
domésticos en condiciones no adecuadas eran menores de 10 años. Por otro lado, 43.2 %
tenían entre 10 y 14 años y 42.2 %, de 15 a 17 años (ver gráfica 5).
Gráfica 5
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS EN QUEHACERES DOMÉSTICOS EN
CONDICIONES NO ADECUADAS, SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO
A la semana, el tiempo que 59.6 % de la población infantil dedicó a los quehaceres domésticos
fue de 14 horas, 20.1 % le dedicó entre 14 y 28, y 20.1 % superó las 28. Las niñas de 5 a 17
años dedicaron más tiempo que los niños a esta actividad: 23.3 % lo hizo más de 14 horas y
hasta 28, y 30.8 % realizó estas actividades más de 28 horas semanales. Para los niños, este
porcentaje fue de 16.7 y 8.5 %, respectivamente (ver gráfica 6).
Gráfica 6
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS EN QUEHACERES DOMÉSTICOS EN
CONDICIONES NO ADECUADAS POR NÚMERO DE HORAS OCUPADAS, SEGÚN SEXO
Para consultas de medios y periodistas, escribir a: comunicacionsocial@inegi.org.mx
o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, extensiones 321064, 321134 y 321241.
Dirección de Atención a Medios/ Dirección General Adjunta de Comunicación
• La Diputada Murillo Manríquez (PAN) busca reformar la Ley
Federal del Trabajo
La Diputada Sonia Murillo Manríquez (PAN) impulsa una
iniciativa que plantea reformar el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, a
fin de que las y los trabajadores cuenten con un espacio para su recreación y
actividades físicas y deportivas durante su descanso de media hora en jornadas
continuas.
La propuesta, enviada a la Comisión de Trabajo y
Previsión Social, busca crear una cultura laboral saludable y fomentar
ambientes flexibles para que las y los trabajadores puedan conciliar su vida
familiar y laboral; además, reduzcan el estrés e incrementen su compromiso con
la empresa.
Destaca que la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha declarado la urgencia de
incrementar la actividad física y deportiva entre todas las personas, lo cual
sólo es posible mediante cambios sistémicos y de comportamientos, toda vez que
se estima que los niveles de actividad física disminuyeron un 41 por ciento en
el ámbito mundial, mientras que los problemas de salud mental aumentaron al
doble entre la juventud.
El estudio de dicho organismo refiere que la actividad
física regular puede llegar a reducir en un 30 por ciento la obesidad, la
depresión y otros problemas de salud mental, así como aumentar en 40 por ciento
el rendimiento académico; además, podría sumar 12 billones de dólares de
beneficios económicos al Producto Interno Bruto (PIB) Mundial para 2040.
Apunta que el estudio del INEGI “Módulo de Práctica y
Ejercicio Físico” 2021, reveló que el 60.4 por ciento de la población mayor de
18 años dijo no ser activa físicamente, debido a que no realiza ejercicio
físico por la falta de tiempo, cansancio por el trabajo y problemas de salud.
La Diputada Murillo Manríquez considera que México aún está
lejos de tener los mejores estándares de activación física en comparación de
las grandes potencias, ya que mientras en Estados Unidos y Canadá el 20 por
ciento de su población se ejercita formalmente en un centro deportivo, en nuestro
país sólo lo hace el 3.7 por ciento.
Subraya que los factores por las que las personas no
realizan actividades físicas son los altos costos de los gimnasios, el estilo
de vida y la falta de espacios públicos para entrenamientos. Ante ello, las
políticas en la materia deben diseñarse en conjunto con los entes privados para
ofrecer áreas seguras para la activación física.
Sin embargo, la legisladora asegura que estas medidas no son
suficientes, pues se requieren generar políticas públicas que logren la
vinculación familiar, física y activa a una mayor productividad en los momentos
en las jornadas laborales.
Por ello, argumenta que cerca de la mitad de los
trabajadores sufre estrés laboral y uno de cada cuatro dice que la oficina es
su principal causa de estrés y que el 57 por ciento de los empleados cree que
este padecimiento afecta directamente su rendimiento.
Enfatiza que la promoción del deporte y cualquier actividad
de recreación puede producir hormonas favorables para la felicidad,
tranquilidad y bienestar, así como la generación de endorfina, serotonina y
dopamina.
Agrega que otros beneficios son la disminución de la
depresión, el insomnio, el consumo de medicamentos, enfermedades como Parkinson
y Alzheimer, y la generación de una mayor socialización.
• El Diputado Martínez Ventura (PT) pide reformar la Ley
Federal del Trabajo
El Diputado Luis Enrique Martínez Ventura (PT) planteó
reformar la Ley Federal del Trabajo, para establecer que los patrones deberán
proporcionar a las y los trabajadores información y capacitación sobre el uso y
aplicación de nuevas tecnologías digitales, como la inteligencia artificial,
que sean implementadas para mejorar la productividad en las empresas, con el
fin de actualizar y perfeccionar sus conocimientos y habilidades en relación
con estas herramientas.
La adición al artículo 153-C y la modificación a la fracción
IV del artículo 153-K de dicha ley también señalan que las recomendaciones que
formule el Comité Nacional de Productividad sobre planes y programas de
capacitación y adiestramiento también tendrán como propósito elevar la
competencia laboral; asimismo, deberán considerar el manejo de nuevas
tecnologías digitales, como la inteligencia artificial.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, señala que al incluir la capacitación en inteligencia artificial y
nuevas tecnologías como parte de las obligaciones de los empleadores y del
Comité Nacional de Productividad, se busca garantizar que las y los empleados
reciban la formación necesaria para adaptarse a los cambios tecnológicos y
mantenerse relevantes en el mercado laboral actual.
Agrega que esta propuesta no solo beneficiaría a la clase
trabajadora al mejorar sus oportunidades de empleo y desarrollo profesional,
sino también contribuirá a impulsar la productividad y la competitividad de las
empresas mexicanas.
Martínez Ventura indica que al promover la capacitación en
inteligencia artificial se fomenta la innovación y la adopción tecnológica en
las empresas, lo que puede generar nuevas oportunidades de crecimiento
económico y creación de empleos.
Considera que al garantizar que las y los trabajadores estén
equipados con las habilidades necesarias para aprovechar las oportunidades que
ofrece la inteligencia artificial, se promueve un desarrollo económico más
inclusivo y sostenible para México en el contexto de la economía digital
global.
Por ello, concluye, las modificaciones a la legislación
laboral tienen como objetivo proteger sus derechos e intereses frente a los
desafíos planteados por la inteligencia artificial, así como fomentar un
entorno más dinámico y competitivo que impulse el crecimiento económico y el
bienestar social en el país.
Destaca Mícher Camarena que se busca reforzar el empoderamiento de mujeres en todos los sectores de la sociedad
Durante la LXIV y LXV Legislaturas, la Comisión para la Igualdad de Género, que preside la Senadora Martha Lucía Mícher Camarena, enfocó el trabajo legislativo en impulsar los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, erradicar la violencia en su contra y promover su empoderamiento en todos los espacios.
En su Informe de Labores 2018-2024, la Comisión destacó la aprobación de la llamada “Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres”, una reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política.
Su objetivo es suspender los derechos a las personas violentadoras y deudores alimentarios morosos, los cuales no podrán ser nombrados para ocupar un empleo, cargo, o comisión en el servicio público ni ser registrados para cargos de elección popular en los tres órdenes de gobierno.
Otra de las reformas trascendentes, fue la inclusión del principio de paridad de género en la Constitución, con el propósito de proteger y garantizar la igualdad sustantiva en aquellos espacios donde persisten desigualdades entre mujeres y hombres.
En materia de violencia política contra las mujeres, se garantizó que su participación en la política sin violencia, antes, durante y después de los procesos electorales, así como en el desempeño de los cargos públicos y en todo tipo de participación o actuación en dicho ámbito.
También se modificó la Carta Magna para ampliar la prisión preventiva oficiosa, que incluye los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, entre otros.
En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se realizaron importantes reformas:
En materia de Órdenes de Protección para las mujeres víctimas de violencia; se reguló la violencia digital y mediática; se reformó el procedimiento para la declaración y seguimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, adolescentes y niñas, para que sea más eficiente y en beneficio de las comunidades que viven altos índices de violencia.
De la misma forma, se agregó como una forma de violencia física, los ataques con ácido y sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes o inflamables; se regularon los Centros de Justicia para las Mujeres; se estableció la obligación de atender a las mujeres víctimas de violencia por medios digitales o remotos.
La Comisión para la Igualdad de Género impulsó la reforma para establecer la figura de la legítima defensa, para que se juzgue con perspectiva de género a las mujeres que responden a las violencias causadas por sus agresores; también se aprobó la reforma que define violencia por interpósita persona, o mejor conocida como violencia vicaria; y establecieron programas con el fin de atender a mujeres víctimas de violencia económica.
Por otro lado, en el Informe de este órgano legislativo se subraya que en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, se hizo el justo reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Y se reconoció la igualdad salarial, como una efectiva igualdad laboral en todos los centros de trabajo.
“Es cierto que hemos logrado un avance importante en el reconocimiento de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, pero aún nos falta un camino largo que recorrer, por eso estamos construyendo un proyecto basado en la igualdad y no discriminación, para lograr el acceso a una vida libre de violencias”, se puntualiza en el reporte.
Durante las LXIV y LXV Legislaturas fueron publicadas en el
DOF, 15 reformas a la Ley Federal del Trabajo aprobadas por Comisión del Senado
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el Senador
Napoleón Gómez Urrutia, publicó su informe de actividades relativas a los
trabajos de las Legislaturas LXIV y LXV, donde destaca que en este sexenio se
publicaron en el Diario Oficial de la Federación 15 reformas a la Ley Federal
del Trabajo, que fortalecen los derechos humanos y laborales de las personas
trabajadoras del país.
En el reporte se resalta que los Decretos publicados en el
DOF durante estos casi seis años, aprobados por la Comisión de Trabajo y
Previsión Social del Senado de la República, representan el 114 por ciento, en
comparación con los que se realizaron con los gobiernos desde Carlos Salinas de
Gortari a Enrique Peña Nieto.
Es decir, en casi seis años se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación más del doble de reformas a la Ley Federal del Trabajo
de las realizadas en las gestiones de los presidentes Carlos Salinas de
Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón
Hinojosa y Enrique Peña Nieto, los cuales, en su totalidad sólo suman siete.
Además, en este documento se detalla que las reformas a este
ordenamiento, publicadas en el Diario Oficial en este sexenio, incluyen las
relativas a la justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, que
se realizaron en mayo de 2019.
También las que se refieren a las licencias por cuidados
médicos, de junio de 2019; así como la prueba piloto de las modificaciones
legales que garantizan los derechos de las personas trabajadoras del hogar, de
julio de ese mismo año.
“La Comisión también aprobó, en 2022, el dictamen en materia
de derechos de personas trabajadoras del hogar que reformó únicamente la Ley
del Seguro Social (como segunda fase de la prueba piloto), y que otorgó a todas
y todos los trabajadores en este sector el derecho a la seguridad social básica
beneficiando a este grupo laboral y a todas sus familias”, resalta el
documento.
En enero de 2021, se publicó la reforma en materia de
teletrabajo y en marzo la referente a la fijación del salario mínimo por arriba
de la inflación.
Además, en abril de ese año, también se publicaron las
reformas para regular la subcontratación (outsourcing) y en julio las
adecuaciones a los artículos transitorios del Decreto publicado en materia de
subcontratación.
Mientras que, en 2022, entró en vigor la reforma que regula
las labores peligrosas o insalubres y la que concede a las personas
trabajadoras permisos para el ejercicio del voto en elecciones populares y procesos
de revocación de mandato.
También la que tiene que ver con vacaciones dignas, en
diciembre de 2022; y en noviembre de 2023 la que otorga licencias a padres y
madres con menores diagnosticados con algún tipo de cáncer; así como la que
actualiza la tabla de enfermedades de la Ley Federal del Trabajo.
En enero de este año, concluyeron su proceso legislativo las
modificaciones en materia de derechos laborales de las personas trabajadoras
del campo, y la que tiene el propósito de imponer multa a la persona empleadora
que no afilie a las personas trabajadoras al Instituto del Fondo Nacional para el
Consumo de los Trabajadores.
El informe detalla que las reformas que se encuentran en
proceso legislativo son en materia de permisos de paternidad; de derechos
laborales de personas adultas mayores; en materia de no discriminación salarial
entre mujeres y hombres; las referentes a la salud mental en el trabajo;
lactancia extendida; violencia y acoso laboral; inclusión laboral de las
personas con discapacidad y desconexión digital.
También en materia de uso de tecnología para labores de
seguridad en centros de trabajo; de protección de derechos de deportistas
profesionales; de derechos de las personas trabajadoras del arte; de derechos
de personas trabajadoras de la industria aeronáutica y para dotar a las
personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo
análogos de suficientes asientos o sillas con respaldo.
Además, las que se refieren al aumento de 15 a 30 días de
aguinaldo para las y los trabajadores en México; las que aumentan de cinco a 20
días de permiso de paternidad y adopción y 10 días más en caso de
complicaciones en el parto; y las que se refieren a la traducción a la lengua
indígena de las condiciones de trabajo en caso de que él o la trabajadora
pertenezca a alguna de las comunidades reconocidas en México.
Los y las legisladoras de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social realizaron diversos eventos relacionados con la labor legislativa, entre
los que destacan el foro “Mujeres: Violencia y Acoso Laboral”, y los
parlamentos abiertos titulados “Reforma a la Ley del Seguro Social en materia
de Personas Trabajadoras del Hogar” y “Vacaciones Dignas”, así como “Mujeres en
la Economía”.
También sostuvieron reuniones con el embajador de Estados
Unidos, Ken Salazar, con mujeres líderes sindicalistas de Latinoamérica y
Canadá, entre otras actividades.
