Invita Poder Legislativo a participar en premio anticorrupción

* Extiende Congreso Mexiquense invitación a población e instituciones del sector público, privado y social a participar en Premio Anual y Distintivo Anticorrupción

* Los reconocimientos son organizados por el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

El Congreso Mexiquense, a través del Diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (MORENA), Presidente de la Junta de Coordinación Política, extiende la invitación para participar en la primera edición del Premio Anual Anticorrupción del Estado de México y en la entrega del Distintivo Anticorrupción 2024, organizados por el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
A través del premio anual, dirigido a la ciudadanía, entes públicos y sectores privado y social, se reconocen las propuestas para generar soluciones creativas e innovadoras que contribuyan al combate de este flagelo. Entre los requisitos para participar están el contar con la residencia mexicana, presentar un proyecto enfocado al combate a la corrupción en el sector público mexiquense o para su mejoramiento, no haber recibido sanciones por faltas administrativas graves y no graves. Además, en el caso de personas servidoras públicas, no deberán haber sido inhabilitadas en el ejercicio de su función.

Dentro de los temas en los que se puede enfocar la participación están “Cero Corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023 – 2029”; “Cinco Ejes Estratégicos de la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios”; “Ciclo anticorrupción”; “Mejora de la gestión pública, servicios y atención ciudadana”; “Contrataciones públicas”, y “Mejores prácticas anticorrupción”.
Por otro lado, con el Distintivo Anticorrupción, se reconoce a las instituciones del sector público, privado y social, que se hayan destacado por implementar acciones significativas en materia anticorrupción en el Estado de México y sus municipios, con el propósito de reducir la corrupción e incrementar los esfuerzos por combatirla.
Para el sector público, la convocatoria establece entre los requisitos que se deberá contar con residencia en el Estado de México; pertenecer al ámbito estatal o municipal; pertenecer a los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, organismos constitucionales autónomos y organismos del nivel estatal o municipal; ser un Sistema Municipal Anticorrupción; llevar a cabo las acciones anticorrupción de manera regular; y realizar el registro de su participación y de su propuesta.
Respecto al sector privado, se solicita ser una empresa privada o de medios de comunicación, institución académica o centro de investigación, asociación u organización civil, estar en el Estado de México, y realizar el registro de su participación y de su propuesta.
En ambos casos, la propuesta especificará los resultados obtenidos por implementar acciones significativas en materia anticorrupción, así como el tiempo estimado para concluir su implementación, ejecución y evaluación.
El registro de propuestas tiene como límite el 25 de noviembre, en cumplimiento a los requisitos establecidos, y se deberá contar con al menos cinco proyectos o propuestas por categoría, o se declarará desierta.
Asimismo, serán evaluadas por una comisión y el jurado determinará a la persona o ente ganador.
Consulta la información completa de las convocatorias en el siguiente enlace: https://sesaemm.gob.mx/premio_y_distintivo_anual_anticorrupcion/

Gerardo Pliego: corrupción, mal de males del servicio público

* Se instaló la Comisión legislativa de Combate a la Corrupción; la preside Gerardo Pliego

* 56.8% de mexiquenses consideran la corrupción el segundo mayor problema de la entidad

Al instalar la Comisión de Combate a la Corrupción de la LXII Legislatura Mexiquense, su Presidente, el Diputado Gerardo Pliego Santana (MORENA) expuso que esta práctica es el mal de males en el sector público, un impedimento real de la sana convivencia, responsable del atraso en el desarrollo de los pueblos y la mala actuación del gobierno, además que impide un mejor destino a las nuevas generaciones.

Señaló a la Comisión le corresponde la vigilancia de las dependencias que reciben recursos públicos; fortalecer en la materia legislativa el derecho a la verdad, la justicia y la seguridad jurídica; que no han sido suficientes los sistemas anticorrupción, y recalcó que la corrupción no tiene cabida en la Cuarta Transformación de la Vida Pública del país.

En la reunión, la Congresista Yareli Anai Esparza Acevedo (PT) reconoció que es un pendiente el fortalecer y mejorar la operación de las políticas anticorrupción; la Legisladora Lilia Urbina Salazar (PRI) llamó a implementar estrategias que erradiquen esas políticas y recuperen la confianza ciudadana en las instituciones.

Por MORENA, el parlamentario Octavio Martínez Vargas señaló que el Sistema Anticorrupción y su Comité de Participación Ciudadano no han dado resultados y que hay observaciones a Ecatepec sin sancionar; el Diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida indicó que el fortalecimiento de las instituciones democráticas depende de la erradicación de este flagelo; la Diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza dijo que el 56.8 % (9.6 millones) de mexiquenses señala la corrupción como el segundo mayor problema estatal.

También de MORENA, la Legisladora Yesica Yanet Rojas Hernández afirmó que les corresponde investigar y sancionar estos actos y promover una cultura de legalidad y transparencia; y el Parlamentario Edgar Samuel Ríos Moreno destacó que la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez es incorruptible, lo que impedirá que las y los servidores públicos sean presionados para cometer este tipo de actos.

En sus participaciones, Miroslava Carrillo Martínez, Titular del Órgano Superior de Fiscalización Estatal y participante del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), expuso que es complicada la coordinación con los municipios; Miguel Cortés Islas, Subsecretario de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría, apuntó que este rubro encabeza las metas del Plan de Desarrollo Estatal.

Guadalupe Olivo Torres, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SAEMM, celebró la instalación de la Comisión con la que trabajará de la mano; Rodrigo Archundia Barrientos, Titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, ofreció colaboración plena con la Legislatura; Gerardo Becker Ania, Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa Estatal, abogó por recuperar la confianza ciudadana.

José Martínez Vilchis, Titular del Instituto de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, destacó el anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la creación de una Agencia Nacional Anticorrupción; Víctor Romero Maldonado, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del SAEMM, aseguró que hay condiciones para ser un modelo nacional de lucha contra la corrupción.

En estos trabajos se designó como Secretaria Técnica a Mónica Fragoso Maldonado.

Presentarán CPC y OSC´s iniciativa para transparentar actuar del CUSAEM

• El presidente del Comité de Participación Ciudadana, José Guadalupe Luna, informó que se busca reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Seguridad de la entidad.
• El CUSAEM adeuda 4 mil 269 millones de pesos en cuotas al ISSEMyM.

Toluca, Estado de México, junio de 2022.- Para transparentar el actuar de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) y garantizar la certeza jurídica de los mismos, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de la entidad y Organizaciones de la Sociedad Civil presentarán ante la LXI Legislatura local una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de Seguridad del Estado de México.

En conferencia de prensa, el presidente del CPC, José Guadalupe Luna Hernández, e integrantes de la Subred de Sociedad Civil Organizada de la Red Ciudadana Anticorrupción informaron que se trata de una iniciativa ciudadana.

La misma surgió derivado de solicitudes de acceso a la información pública al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), sobre los saldos de deuda pendientes de pago de las dependencias del gobierno y los municipios mexiquenses, donde se reveló que, el CUSAEM tiene un adeudo de 4 mil 269 millones de pesos a Instituto.

El presidente del CPC destacó que la necesidad de proponer modificaciones al marco normativo tiene la finalidad de terminar con la laguna jurídica en la que se encuentra el CUSAEM, el alto margen de discrecionalidad que esto representa, la falta de certeza jurídica sobre su actuación y la posible comisión de actos de corrupción.

Alertó que el CUSAEM tiene la deuda mayor de instituciones al ISSEMyM, con 4 mil 269 millones, de los 5 mil 694 mdp.

Iniciativa

Precisó que con la iniciativa se busca, por un lado, mejorar la redacción al artículo 103 de la Ley de Seguridad del Estado de México para señalar en qué consisten las funciones del dicho organismo auxiliar a través del cual el Estado proporcionará servicios de protección, servicio, custodia, vigilancia y seguridad a dependencias y organismos públicos, sociedades mercantiles, asociaciones, instituciones educativas o particulares.

Dijo que sus tarifas por la prestación de esos servicios se tendrán que determinar en el Código Financiero y en la Ley de Ingresos, y los ingresos que perciban deberán de reportarse en el Presupuesto de Egresos del Estado de México.

Asimismo, que el personal que forma parte de dicho organismo deberá sujetarse a las disposiciones que establece la ley en materia de desarrollo policial, a las evaluaciones para contar con certificación, y que en el desempeño de sus funciones se conduzcan bajo los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, honradez, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

Además, estarán sujetos al control y fiscalización por parte de las instancias gubernamentales competentes.

De igual forma, se pretende reformar el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para que quede claro que los organismos auxiliares forman parte de los entes sujetos a control presupuestal.

“Esta iniciativa nos muestra el valor y participación de la sociedad civil en la identificación, prevención e investigación de posibles hechos de corrupción. El problema fundamental es investigar a dónde fueron a parar los ingresos que esas corporaciones tuvieron durante los últimos años”.

Por lo anterior dijo, en la iniciativa se plantea que, para la regularización de estos entes, la Secretaría de Finanzas deberá requerir los registros contables de los últimos 10 años, para analizar qué ingresos tuvieron, cómo se distribuyeron, y por qué los adeudos.

 “Si estos entes fueran presupuestalmente viables, regularizarlos e incorporarlos al régimen que planeta la reforma, y si estos entes no resultaran bajo ninguna perspectiva económicamente viables, plantear su extinción y darles la posibilidad de que se constituyan como particulares”.

Por su parte, los integrantes de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil llamaron a dejar de lado el limbo jurídico en el que se encuentra el CUSAEM, así como la discrecionalidad y falta de transparencia y evitar actos de corrupción e ilegalidad. Dijeron que es necesario que la sociedad civil se organice y se empiece a enarbolar un estado abierto para fortalecer el sistema democrático del país y abonar a la credibilidad de las instituciones.

Tanto el CPC como las OSC llamaron a los legisladores locales para el pronto análisis de la iniciativa en comisiones, que se dictamine y se lleve al pleno a la brevedad.

32 municipios obstruyen funcionamiento de su sistema anticorrupción: José Guadalupe Luna

* Nuevas administraciones municipales ponen en riesgo Sistemas Anticorrupción.
* Propone CPC a integrantes de la LXI Legislatura que impulsen reforma para que declaraciones el 3 de 3 sean obligatorias y públicas para todos los candidatos a cargos de elección popular.

En conferencia de prensa el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández y la Maestra Claudia Margarita Hernández Flores, presidente e integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México respectivamente, dieron a conocer que al mes de enero de este año se tiene registrado que en 110 municipios de la entidad, se cumplió con la instalación los comités de participación ciudadana de sus respectivos sistemas municipales anticorrupción; sin embargo hay preocupación porque se  han detectado varios casos dónde prevalecen condiciones adversas para su operación.

Luna Hernández detalló que en 15 casos los comités han sufrido presión para que renuncien, 9 no han sido reconocidos ni recibidos por el alcalde en turno, en seis municipios pretenden reducir significativamente sus percepciones y los casos más casos graves son Nicolás Romero, donde el comité fue destituido por el gobierno anterior y no fue reinstalado por el actual, y Jaltenco donde el Ayuntamiento destituyó a los integrantes de comité, aun cuando no tenían facultades para ello.

El presidente del CPC reconoció que es posible que algunos ediles actúen erróneamente por desconocimiento de la Ley y sus atribuciones, por ello les exhortó a que se acerquen a Sistema Estatal y corrijan lo necesario para que el Sistema Anticorrupción Municipal funcione adecuadamente; pero no descartó que si persisten las complicaciones, podrían recurrir a otras instancias, recordando que este tipo de conductas pueden derivar en un procedimiento administrativo.

Pendiente la reforma para que aspirantes a cargos de elección deban presentar tres de tres de y hacerlas públicas

Por otra parte José Guadalupe Luna, junto con Mariel Miranda y Santiago Martínez, integrantes de la Asociación de Transparencia Mexicana, recordaron que desde el 8 de noviembre del 2021, hicieron llegar a cada uno de los integrantes de la LXI Legislatura del Estado de México, una propuesta de reforma a los artículos 97 y 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, para establecer la obligatoriedad de la declaración 3 de 3 para aspirantes a puestos de elección popular en la entidad.

De acuerdo a los activistas de dicha ONG, una disposición ayudaría a reconstruir la confianza ciudadana con la clase política en vía a las elecciones a la gubernatura mexiquense en el 2023 y nacionales en 2024.

Guadalupe Hernández destacó que en 2021, 2 de cada 3 electores del país no tuvieron acceso a la información clave relacionada a las y los candidatos para la emisión de un voto informado, pues no hubo información mínima indispensable sobre los candidatos y candidatas.

Refirió que la propuesta se planteó a cada legislador y legisladora en la idea que alguno o varios impulsarán dicha reforma al artículo 97 de la Ley de Transparencia, con base en sus potestades, para que al aprobarse, fuera obligatorio que se publiquen las declaraciones patrimonial y de intereses, así como la opinión de cumplimiento fiscal de todos los precandidatos y candidatos, y de sus suplentes a cargos de elección popular firmados con sus respectivos certificados de e-firma del Sistema de Administración Tributaria. 

Luna Hernández explicó que también se propuso reformar el Artículo 100, donde plantean se agreguen nuevas demandas sociales, incluida la declaración #3de3 contra la violencia de género. Además, al Código Electoral del Estado de México, la adición de una fracción al artículo 17, para que se presenten ante el Instituto, las versiones públicas de las declaraciones patrimonial y de intereses.

Finalmente, señaló que en 2021, de los 135 mil candidatos y candidatas propietarias de todo el país, solo el 5.4% presentó y publicó información para que las y los votantes ejercieran su voto, situación que no debería volver a ocurrir, y dado que a la fecha ningún representante popular ha impulsado el tema, hicieron un nuevo llamado para que lo analicen y hagan que se convierta en ley, para beneficio de la ciudadanía.