• El presidente del Comité de Participación Ciudadana, José
Guadalupe Luna, informó que se busca reformar la Ley Orgánica de la
Administración Pública y la Ley de Seguridad de la entidad.
• El CUSAEM adeuda 4 mil 269 millones de pesos en cuotas al
ISSEMyM.
Toluca, Estado de México, junio de 2022.- Para transparentar
el actuar de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) y
garantizar la certeza jurídica de los mismos, el Comité de Participación
Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de la entidad y Organizaciones de la
Sociedad Civil presentarán ante la LXI Legislatura local una iniciativa de
reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de Seguridad
del Estado de México.
En conferencia de prensa, el presidente del CPC, José
Guadalupe Luna Hernández, e integrantes de la Subred de Sociedad Civil
Organizada de la Red Ciudadana Anticorrupción informaron que se trata de una
iniciativa ciudadana.
La misma surgió derivado de solicitudes de acceso a la
información pública al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios (ISSEMyM), sobre los saldos de deuda pendientes de pago de las
dependencias del gobierno y los municipios mexiquenses, donde se reveló que, el
CUSAEM tiene un adeudo de 4 mil 269 millones de pesos a Instituto.
El presidente del CPC destacó que la necesidad de proponer
modificaciones al marco normativo tiene la finalidad de terminar con la laguna
jurídica en la que se encuentra el CUSAEM, el alto margen de discrecionalidad
que esto representa, la falta de certeza jurídica sobre su actuación y la
posible comisión de actos de corrupción.
Alertó que el CUSAEM tiene la deuda mayor de instituciones
al ISSEMyM, con 4 mil 269 millones, de los 5 mil 694 mdp.
Iniciativa
Precisó que con la iniciativa se busca, por un lado, mejorar
la redacción al artículo 103 de la Ley de Seguridad del Estado de México para
señalar en qué consisten las funciones del dicho organismo auxiliar a través
del cual el Estado proporcionará servicios de protección, servicio, custodia,
vigilancia y seguridad a dependencias y organismos públicos, sociedades
mercantiles, asociaciones, instituciones educativas o particulares.
Dijo que sus tarifas por la prestación de esos servicios se
tendrán que determinar en el Código Financiero y en la Ley de Ingresos, y los
ingresos que perciban deberán de reportarse en el Presupuesto de Egresos del
Estado de México.
Asimismo, que el personal que forma parte de dicho organismo
deberá sujetarse a las disposiciones que establece la ley en materia de
desarrollo policial, a las evaluaciones para contar con certificación, y que en
el desempeño de sus funciones se conduzcan bajo los principios de autonomía,
eficiencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, honradez,
responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
Además, estarán sujetos al control y fiscalización por parte
de las instancias gubernamentales competentes.
De igual forma, se pretende reformar el artículo 45 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para que quede claro
que los organismos auxiliares forman parte de los entes sujetos a control
presupuestal.
“Esta iniciativa nos muestra el valor y participación de la
sociedad civil en la identificación, prevención e investigación de posibles
hechos de corrupción. El problema fundamental es investigar a dónde fueron a
parar los ingresos que esas corporaciones tuvieron durante los últimos años”.
Por lo anterior dijo, en la iniciativa se plantea que, para
la regularización de estos entes, la Secretaría de Finanzas deberá requerir los
registros contables de los últimos 10 años, para analizar qué ingresos
tuvieron, cómo se distribuyeron, y por qué los adeudos.
“Si estos entes fueran presupuestalmente viables,
regularizarlos e incorporarlos al régimen que planeta la reforma, y si estos
entes no resultaran bajo ninguna perspectiva económicamente viables, plantear
su extinción y darles la posibilidad de que se constituyan como particulares”.
Por su parte, los integrantes de la Red de Organizaciones de
la Sociedad Civil llamaron a dejar de lado el limbo jurídico en el que se
encuentra el CUSAEM, así como la discrecionalidad y falta de transparencia y
evitar actos de corrupción e ilegalidad. Dijeron que es necesario que la
sociedad civil se organice y se empiece a enarbolar un estado abierto para
fortalecer el sistema democrático del país y abonar a la credibilidad de las
instituciones.
Tanto el CPC como las OSC llamaron a los legisladores locales para el pronto análisis de la iniciativa en comisiones, que se dictamine y se lleve al pleno a la brevedad.
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