México abre el petróleo a la inversión privada y extranjera

El PRI y la derecha aprueban en el Senado la reforma energética de Enrique Peña Nieto. La izquierda los califica de “traidores a la patria”. La ley debe ser ratificada por los diputados LUIS PABLO BEAUREGARD México -El País-.

Senadores de la izquierda mexicana, en contra de la reforma energética / EFE México pasó página a 75 años de nacionalismo en la industria energética. El Senado mexicano aprobó esta madrugada en lo general y en lo particular, en una maratoniana sesión que ha durado más de 20 horas, la apertura de la industria de los hidrocarburos a la inversión de empresas privadas nacionales y extranjeras. El Partido Revolucionario Institucional (PRI, el partido en el Gobierno) junto con el Partido Verde, aliados con la derecha, el Partido Acción Nacional (PAN) pusieron fin, con 95 votos en favor y 28 en contra, a la política energética que Lázaro Cárdenas inauguró en 1938 con la expropiación petrolera. La sesión tuvo algunos momentos de tensión por las protestas de la izquierda, que incluso tomó la tribuna al quejarse de ser orillada de la discusión. Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) acusaron que se “privatiza” la industria y señalaron como “traidores a la patria” a quienes aprobaron la llamada reforma energética, la última de gran calado que el presidente Enrique Peña Nieto se propuso en su primer año de Gobierno. La reforma modifica tres artículos de la Constitución, lo que fue una clara afrenta a la izquierda, que dejó claro desde el inicio de las negociaciones, en el seno de los acuerdos del Pacto por México, en septiembre de 2012, que no apoyarían leyes que tocaran textos de la carta magna referentes a la propiedad y explotación de los recursos energéticos. Con la modificación, se permite la entrada de las empresas de capital privado a la industria energética mexicana mediante contratos de servicios, de utilidad y producción compartida, así como de licencias. Sin embargo, el texto de la reforma deja una puerta abierta a otras modalidades de asociación entre las empresas y el Estado, luego de que los senadores añadieran la frase "entre otras" en el artículo cuarto transitorio del proyecto de reforma. El Estado, a través de una Comisión Nacional de Hidrocarburos, será el encargado de otorgar los contratos a las compañías para exploración y extracción. La iniciativa aprobada la medianoche del martes es mucho más ambiciosa que la presentada por el presidente Peña Nieto en agosto pasado, que solo contemplaba los contratos de utilidad compartida. Fue la derecha la que buscó un modelo más abierto a la inversión privada y el PRI secundó esa propuesta. La reforma no rompe con uno de los cimientos de la reforma cardenista, promulgada a finales de los 30 del siglo pasado. El petróleo seguirá siendo propiedad de la nación. Los senadores de izquierda, sin embargo, aseguran que esto es un engaño. “La licencia de contrato es lo mismo que una concesión. Se cede la propiedad del petróleo”, dijo la noche de este martes el senador Luis Sánchez Jiménez. Los senadores del partido en el Gobierno aseguran que las concesiones no podrán celebrarse en la explotación de petróleo, gas, minerales radioactivos ni en el sistema de distribución eléctrica del país. Las empresas extranjeras, no obstante, podrán incluir en sus informes contables las ganancias esperadas por explorar y explotar los yacimientos de hidrocarburos. Durante más de ocho horas, los senadores que representan al partido en el Gobierno subieron a la tribuna a explicar el declive en la producción petrolera en el país en los últimos años y por qué la industria requiere una cirugía mayor. “El estado de Texas produce más barriles de petróleo que nosotros”, dijo Humberto Mayans, del PRI. Los senadores de la izquierda, en cambio, defendían a Petróleos Mexicanos (Pemex) como una empresa próspera, la 14 a nivel mundial, cuyas ventas en 2012 representaron el 11 por ciento del PIB mexicano. Solicitaron, en más de una ocasión, que se hiciera un referendo en todo el país para consultar la apertura del sector. Y criticaron que la reforma no combatiera la corrupción que se ha presentado en la empresa. Dos senadores de la derecha votaron en contra de la iniciativa, oponiéndose al voto mayoritario de su bancada. Javier Corral, uno de ellos, señaló que “esta reforma necesaria solo debía de aprobarse si combate la corrupción en la industria. Nada propone para erradicarla. Lo que se avista no es nada prometedor”. La reforma le da un margen de dos años a las empresas públicas descentralizadas -Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)- para convertirse en “empresas productivas de Estado”, un término ambiguo que las llama a ser más competitivas y adoptar las mejores “prácticas a nivel internacional”. El nuevo esquema dibujado en la reforma otorga a Pemex prioridad a la hora de elegir yacimientos, con el permiso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. De esta forma se asegura seguir siendo competitiva frente a otras empresas que podrían comenzar a trabajar con mayor capacidad y mejor tecnología. Uno de los requisitos de la derecha para apoyar la reforma del Gobierno fue borrar al poderoso sindicato petrolero del Consejo de Administración de Pemex, donde tienen presencia desde hace más de 70 años y ocupan cinco de las 15 plazas que lo conforman. Este cambio, impulsado también por el PAN, probó la fama de pragmático que tiene Peña Nieto, que apoyó el golpe al sindicato que ha representado un bastión del partido tricolor al punto de enfrentar cargos penales por millonarios desvíos de recursos al PRI en campañas electorales. La ley aprobada crea también el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, una gran bolsa que gestionará las ganancias de Pemex. El dinero será destinado a pagar el gasto corriente, el presupuesto de egresos, a financiar proyectos de ciencia y tecnología y a cubrir la pensión universal, prometida por el ministro de Hacienda este año. La izquierda ha reservado la totalidad de la reforma, proponiendo modificaciones a cada párrafo que compone el dictamen que se ha aprobado en lo general. La sesión ha durado doce horas y todavía continúa. Aún existe una lista suficiente de oradores para que transcurran 12 horas más de la histórica sesión. Cuando ésta finalice el dictamen deberá pasar a la Cámara de Diputados, donde el PRI y el PAN, que tienen mayoría, han acordado aprobarla sin que pase por comisiones y evitar así que sea congelada. Después, 17 de los 32 Congresos estatales deberán ratificarla por tratarse de una modificación constitucional. Los trabajos del Senado ocurrieron en medio de estrictas medidas de seguridad. La sede de la llamada Cámara Alta, en el centro de la capital mexicana, fue resguardada desde la semana pasada por un fuerte cordón policial. Los simpatizantes del excandidato Andrés Manuel López Obrador montaron desde el miércoles pasado un cerco para tratar de evitar el voto de la iniciativa de ley. El líder de la izquierda no pudo estar en las protestas pues sufrió un infarto hace ocho días. Aunque sus seguidores se apersonaron en los alrededores del recinto senatorial, nunca en un número que rebasara por mucho el millar, la protesta no escaló más allá de obligar a los senadores a pernoctar en hoteles adyacentes a su sede. Ahora la Cámara de Diputados se prepra para recibir tanto el dictamen de ley como las protestas.