Piden en Benito Juárez revisar normativa de 700 construcciones

Notimex | La diputada local Cipactli Dinorah Pizano Osorio solicitó al jefe delegacional en Benito Juárez, Jorge Romero Herrera, que detenga las casi 700 construcciones que se realizan actualmente, para revisar que se lleven con apego a la normativa vigente de desarrollo urbano.

En rueda de prensa, la legisladora local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) también pidió que se revisen todos los permisos y las licencias de construcción para evitar más accidentes en dicha demarcación y no tener que lamentar la pérdida de vidas humanas, como ocurrió el 4 de enero pasado en la colonia del Valle. Pizano Osorio señaló que la delegación Benito Juárez no cumple correctamente con sus obligaciones, ya que entre sus facultades está la de verificar desde su área de Protección Civil que las obras se hagan conforme a lo establecido en la obra ejecutiva y no lo hace. Una razón por la que se pide la suspensión es porque desde el sábado pasado están en vigor reformas al Código Penal que elevan las penas a quien cometa delito fraude específico, es decir, quien transmita o busque transferir la propiedad de un bien inmueble que no tenga documentos de zonificación, uso de suelo o derechos adquiridos, dijo. La legisladora sostuvo que se elevará la pena de dos a siete años de prisión cuando un servidor público sustraiga, destruya, oculte, inutilice o introduzca información o documentos que se encuentren bajo su custodia para la obtención de instrumentos relativos a la zonificación, uso de suelo o derechos adquiridos. "El servidor público que ilegalmente permita o expida certificados, autorizaciones o licencias en materia de uso de suelo, construcción de uso de suelo, construcción o inmuebles se hará acreedor de tres meses a dos años de prisión", resaltó. La diputada abundó que, además, se aumentará la sanción de cuatro a seis años y medio de prisión al director responsable de obra o corresponsable que autorice o permita el desarrollo de una construcción de la que otorgó su responsiva, sin apego a la normativa vigente de desarrollo urbano. Pizano Osorio explicó que también se sancionará a la persona que use documento público o privado falso, alterado o no reconocido por autoridad para la obtención de certificados relativos a la zonificación, uso de suelo o derechos adquiridos, sanción de cuatro a seis años seis meses. De igual manera y por primera vez, el Ministerio Público podrá ordenar la custodia de folio real correspondiente o el aseguramiento de una construcción materia de los delitos mencionados en el Código Penal del Distrito Federal, destacó la asambleísta.