El proyecto de ley incluye un artículo para que quienes ocupen locutorios y cibercafés deban registrarse con documentos.
El gobierno de España busca impedir que los inmigrantes indocumentados realicen llamadas desde los locutorios y cibercafés o hagan uso de las conexiones a Internet de estos establecimientos.
A través de un artículo anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana, aprobado por el Consejo de Ministros, la normativa obliga a comercios privados como locutorios y cibercafés a "cumplir las obligaciones de registro documental e información impuestas por la autoridad competente".
En otras palabras, los usuarios deberán presentar su documentación. "Si una persona no tiene documentación no podrá hacer uso de los teléfonos o conexiones a Internet de los locutorios", señaló un portavoz del ministerio del Interior citado por los medios locales.
Una vez aprobada la ley, el ministerio redactará un reglamento para especificar los tipos de documentos que los comerciantes deberán exigir a sus clientes.
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