Impunidad en la liberación del exdiputado priista acusado de feminicidio

Chiapas Paralelo. El Centro de Derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas expresó que el Juez Mariano Domínguez Hernández y el Ministerio Público Manuel de Jesús Cundapí Trejo, son cómplices de la impunidad que permitió la liberación del exdiputado de Ocosingo Elmar Díaz Solórzano, acusado de asesinar a su esposa Tatiana Trujillo.

Afirmó que la sentencia “tiene varias anomalías en la argumentación, es carente de una debida fundamentación y motivación”. El exlegislador federal y ex candidato a la diputación local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), señalado como “perpetrador directo del feminicidio” de la madre de sus dos hijos, fue liberado el pasado 1 de abril por violaciones al debido proceso “realizadas de manera deliberada por Mariano Domínguez Hernández, Juez del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocosingo y por Manuel de Jesús Cundapí Trejo, Ministerio Público Adscrito al Juzgado de Ocosingo”, afirmó el organismo. Los activistas afirman que no se estudió minuciosamente la totalidad de las pruebas existentes en el caso del feminicidio ocurrido el 19 de abril del 2010, como son peritajes y testimoniales, aportadas en el mismo; además omite en ella la perspectiva de género y no valora la violencia sistemática y pública a la que Tatiana estaba sometida por Elmar. Agregan también que se violan los derechos humanos de la familia a quienes se les negó información sobre la sentencia, dejándola en indefensión y falta de acceso a la justicia, siendo la más reciente la del pasado 3 de abril, cuando los familiares decidieron ir con el ministerio público Cundapí Trejo para impugnar el fallo de la sentencia, pero al preguntarle si les habían notificado la sentencia, contestó: “de tantos expedientes que firmo no sé si eso ya lo firmé”. Ese mismo día el Juez nuevamente, por segunda vez, negó el acceso al expediente a la familia. Al día siguiente 4 de abril el Secretario Penal del Juez dijo a los familiares, según denunció el Frayba, “que ya tenían la sentencia y que no se las podía notificar ya que no estaba el actuario. Al cuestionarle que ya se estaban retrasando en la notificación, éste cambió su versión y dijo que la sentencia aún no estaba. Fue hasta el lunes 7 de abril, una semana después de dictada la sentencia, que se les notificó a los familiares”. Ante estos hechos, queda patente la ineficacia del sistema de procuración e impartición de justicia en el estado de Chiapas; y con ello la permisividad y tolerancia a la violencia en contra de las mujeres, lo que alienta la repetición de hechos relacionados con violencia de género, como son los feminicidios, en contraste con los discursos ampliamente publicados y difundidos por el gobierno de Chiapas que en la práctica resultan vacíos. El Frayba lamenta que el caso no sea aíslado ya que recientemente fue liberado Romeo Poumian Flores responsable del feminicido de Citlalí de Lourde Molina Aguilar, situación que “ denota la falta de interés del Estado en hacer acciones efectivas en promover, proteger , respetar y garantizar los derechos humanos de las victimas y sus familiares”. El organismo que preside el obispo de Saltillo Raúl Vera López, manifestó “su indignación por la impunidad en el feminicidio de Tatiana y demás casos que configuran un patrón reiterado de las instancias de procuración, administración e impartición de justicia. Asimismo consideramos que el sistema jurídico del estado de Chiapas es responsable en acción y omisión en el acceso a la justicia hacia las víctimas”.