Siete diputados morelenses son vinculados a crimen organizado y delitos

SDPNOTICIAS.

El más notorio de ellos es el exalcalde de Amacuzac, Alfonso Miranda Gallegos. Los órganos de inteligencia del gobierno federal y de Morelos detectaron que siete diputados locales estarían relacionados con el crimen organizado, entre ellos se encuentra: el petista Alfonso Miranda Gallegos, cuyo sobrino Santiago Mazari Miranda "El Carrete", funge como líder de "Los Rojos" en la entidad. Los Rojos son los rivales de Guerreros Unidos, quienes también operan en Morelos y se les adjudica la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, a raíz de la cual se iniciaron las indagatorias que condujeron a dicho hallazgo. De acuerdo con Milenio, unos informes probarían la presunta relación de Miranda Gallegos con "El Carrete", así como de otros legisladores que tienen vínculos sospechosos. Alfonso Miranda se desempeñó como presidente municipal de Amacuzac de 2009 a 2012; los informes dicen que en 2010, militares y federales se enfrentaron en contra de una banda delincuencial donde fallecieron tres. Tras los sucesos el entonces edil denunció allanamiento de morada y tortura a los habitantes por parte de militares. En agosto de 2011, una mujer denunció de manera formal ante la Procuraduría de Justicia de Morelos a los hermanos Miranda Gallegos: Alfonso y Cándido, posteriormente la mujer desapareció, según la hija de dicha mujer, "El Carrete" se ocultó en casa de su madre, amenazándola de muerte mientras era perseguido por el Ejército, abandonando en la propiedad joyas y ropa, las cuales reclamaron el exedil y su hermano. En 2012 el alcalde Noé Reynoso Nava denunció al exedil por amenazas y agresiones a su persona y su familia en su domicilio, por parte de hombres armados y encapuchados. Un año después, la PGJ de Morelos comenzó una investigación por la muerte del mando policial de Amacuzac, Justo Buenaventura Jaimes y su escolta, donde uno de los investigados fue Miranda Gallegos. Las denuncias continuaron para este año: la presidenta del Partido del Trabajo local, Tania Valentina Rodríguez, informó sobre la suspensión de derechos partidistas por una investigación interna tras denuncias de corrupción. El 23 de enero, Alfonso organizó una fiesta en su oficina donde un grupo norteño lo deleitó con narcocorridos, por lo cual no fue sancionado. En febrero se le volvió a investigar porque habría pagado la fianza de un expolicía, Pedro Ramos Hernández, quien fue detenido por lesiones dolosas contra un vecino de Amacuzac, además de que posteriormente se le acusó de cometer diversos secuestros en el sur de Morelos. Por otra parte, Noé Reynoso, responsabilizó públicamente al diputado Alfonso del secuestro de su padre y del asesinato del director de Seguridad Pública, Justo Buenaventura. Aunque Miranda Gallegos sea el más notorio, otros legisladores del Congreso morelense también estarían involucrados en ilícitos: el panista Javier Bolaños Aguilar, por actos de corrupción como titular de la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente, así como de negocios con el exgobernador Sergio Estrada Cajigal de los cuales resultaron 200 millones de pesos que no pudieron comprobarse. El priista Matías Nazario Morales es acusado de compra de voluntades y de participar en el desvío de 10 millones de pesos durante la campaña de Amado Orihuela Trejo para gobernador; además de su compañero de partido Manuel Martínez Garrigós, a quien se le acusa de administración fraudulenta y la desaparición de 40 vehículos. El ahora priista Juan Carlos Rivera Hernández también es acusado por irregularidades económicas durante su trayectoria política. Mientras el verde ecologista Ángel García Yáñez es relacionado con actos de extorsión desde su puesto en la Comisión de Hacienda del Congreso de Morelos. Por su parte, el comisionado estatal de Seguridad de Morelos, Alberto Capella, fue citado a declarar ante los diputados tras informar que algunos miembros estaban involucrados con la delincuencia, para lo cual exigieron pruebas. Con información de Milenio