Una “burla total”, postulación de Pavlovich por el PRI en Sonora: Padres del ABC

MILTON MARTÍNEZ

Retratos de los niños fallecidos en la guardería ABC. Foto: Miguel Dimayuga HERMOSILLO, Son. (proceso).- La elección de Claudia Pavlovich Arellano como abanderada del PRI a la gubernatura de la entidad es “una burla total” y “lastima” la memoria de los 49 niños que perdieron la vida en el incendio de la guardería ABC, el 5 de junio de 2009. Así lo aseguraron los padres de los infantes al recordar que en ese tiempo, en su calidad de diputada local por el Distrito 14 (Hermosillo Noreste), Pavlovich redactó una serie de cartas dirigidas al Juzgado Primero de Distrito, en las que manifestó la “alta solvencia moral e intachable honorabilidad” de los propietarios de la guardería ABC. Entre ellos destacan: Marcia Matilde Alta Gracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón; Gildardo Francisco Urquídez Serrano, exsecretario de Finanzas de Eduardo Bours; Sandra Lucía Téllez, concuña de Urquídez Serrano; Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer, compadre de Bours, y José Matiella Urquídez, apoderado legal de la nave industrial donde se encontraba la estancia infantil. Julio César Márquez, padre de “Yeyé”, uno de los niños que perdió la vida en el incendio, calificó de “terrible” la postulación de Claudia Pavlovich, y aseguró que “dolió tanto como aquel 5 de junio”. Añadió: “Son casi seis años de impunidad y de darse cuenta que para las instituciones y los institutos políticos como el PRI no significamos nada. La muerte de nuestros hijos no importó y a nadie ha recordado en esta elección que Pavlovich Arellano se coludió con los socios de la guardería”. La decisión priista, subrayó, “lastima” la memoria de los 49 niños fallecidos y evidencia la “falta de moral” de los militantes tricolores. Para Celia Lara, madre de Juanito, la sucesión del poder en México “es una maldita cadena de ambición, corrupción y maldad política”. El que hayan elegido a Claudia Pavlovich, apuntó, “es una burla total porque fue escogida para representar el cargo más importante en el estado y ya demostró que no tiene sentimiento ante un dolor tan grande como es perder a un hijo. “Esta persona no puede ser candidata, pues en su momento prefirió defender a los dueños de la guardería que a 49 niños indefensos y más de 70 lesionados”, enfatizó. Roberto Zavala, padre del pequeño Santiago de Jesús, aseguró que la recién electa precandidata priista fue “premiada por sus malas acciones”. “Los políticos nos envían un claro mensaje a todos los mexicanos: No nos interesan ustedes, ni los niños, sólo el beneficio nuestro. Esta es la manera en la que piensan, ajenos a la realidad”, externó. Y todavía peor, añadió, para la precandidatura priista contendieron con mayor ímpetu los senadores Claudia Pavlovich y Ernesto Gándara, alcalde de esta ciudad en 2009, ambos “autoimplicados” en el incendio de la guardería. “La primera por defender a los propietarios de la instancia infantil, y el segundo por actuar de manera omisa como presidente municipal”, concluyó. Juicio ciudadano El 5 de marzo de 2010 se organizó en la plaza Emiliana de Zubeldía, ubicada a un costado de la Universidad de Sonora, un juicio ciudadano contra los socios de la guardería. En aquella ocasión el “jurado ciudadano” declaró culpables a los inversionistas de la guardería ABC por no respetar las normas del Instituto Mexicano del Seguro Social y por no contratar personal capacitado. También por evadir la responsabilidad de atender a las víctimas, permitir la instalación de la guardería en una bodega junto a una gasolinera y no atender los dictámenes después de las inspecciones que se realizaron al inmueble. Los presuntos responsables de la muerte de 25 niñas y 24 niños, y de las lesiones ocasionadas a más de 70 menores, nunca fueron encarcelados. A la mayoría simplemente se les separó del cargo. La más reciente noticia emitida por la Procuraduría General de la República en relación con la tragedia de la guardería ABC fue la del 2 de septiembre pasado, cuando dijo que los testimonios recabados por los padres de las víctimas eran insuficientes para fincar responsabilidades a los socios de la estancia infantil.