Después de que el pleno turnó a comisiones la notificación del Instituto Nacional Electoral (INE) para sancionar al mandatario estatal, el legislador lamentó que el tema se haya agendado para discutirse durante la madrugada de este viernes, como el último punto del orden del día, el 32, de la sesión del jueves, en un momento en que ya había pocos medios de comunicación en el Congreso.
Al menos 50 minutos antes de la discusión del punto, el legislador solicitó se le allegara el documento del acuerdo, que consistía en dos fojas, sin que fuera atendido.
Adicionalmente, recordó que la violación atribuida al mandatario estatal es de orden constitucional, al artículo sexto, que prohíbe a los servidores públicos la promoción de su nombre, voz e imagen, sancionable con multa, destitución e inhabilitación.
“Bajo una modalidad de gacetillas, fueron difundidas publicaciones del gobernador Eruviel Ávila en distintos medios de comunicación nacional, la misma nota, la misma imagen.
Es imposible justificar que no era una inserción pagada”, dijo.
A pesar de que el 06 de enero de 2015 el Gobierno estatal ya había sido apercibido por el INE de esta anomalía, lamentó, las gacetillas continuaron ese mes, en febrero y marzo.
“Fue hasta que el SAT solicita los contratos y se acredita la contraprestación con el Gobierno del Estado, cuando se demuestra que no eran notas ordinarias, sino convenios”, dijo.
Por eso, recordó, el 22 de junio de 2015 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelve la violación, acredita 43 publicaciones, y determina fundada la queja del procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra de Eruviel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México, y Raúl Vargas Herrera, coordinador general de Comunicación social del Gobierno del Estado de México.
También ordenó dar vista a la LVIII Legislatura del Estado de México sobre la responsabilidad de Ávila Villegas para que en el ámbito de sus atribuciones proceda a imponer la sanción correspondiente y para informar al INE en un término de 15 días hábiles sobre la sanción impuesta. “Tendrá que ser en el mes de agosto cuando debamos sancionar, estaremos en receso, quizá haya clausurado esta Legislatura sus trabajos; cuándo dictaminará la comisión, acaso existe un acuerdo entre los coordinadores parlamentarios para tratar, como se acostumbra, de darle una salida falsa, en términos de que esta Legislatura no esté en funciones”, cuestionó el perredista.
Martínez Vargas recordó que la reforma constitucional aludida se aprobó cuando fungió como integrante de la LX Legislatura federal, y que las sanciones previstas son de carácter económico, retiro del cargo o inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Es necesario, consideró, “que en el Estado de México se establezca una sanción ejemplar, en respeto a la Constitución, y no se trate de proteger al Ejecutivo, pues grave favor se haría al estado de derecho”.
Por tanto, adelantó: “abonaré, en mi condición de legislador e integrante de mi grupo parlamentario, para aplicar una de las sanciones que entonces establecimos en la Constitución: retirar del cargo al gobernador e inhabilitarlo para ocupar cargos de representación popular. Sólo depende de lo que estemos dispuestos a avanzar”.
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